A las 7 de esta tarde se cerraban las urnas en los principales centros de RTVE. Los trabajadores han votado el Estatuto de Información de la Corporación, que ya comenté en una entrada anterior. Soy poco partidario de abusar del adjetivo histórico, pero en este caso, desde el punto de vista de la historia de la radiotelevisión pública y, por tanto para la comunicación pública y, en definitiva, para el desarrollo democrático de este país, ese estatuto supone un paso gigantesco. Gigantesco, porque crea un marco para que los profesionales puedan desarrollar su labor de informar con independencia personal y refuerza la independencia editorial de la Corporación al dotarla de unos órganos de control interno vigilantes de las obligaciones deontológicas y de la misión de servicio público que RTVE tiene asignada.
Los resultados provisionales anticipan una participación en torno al 52%, un voto favorable del 71%, un 22% en contra y el resto voto en blanco o nulo. Estos resultados requieren algún análisis.
En primer lugar, la participación puede considerarse buena, teniendo en cuenta que, como cualquier referendum, esta consulta era difícil que suscitara una gran movilización. Además, la peculiar estructura organizativa de la empresa impone una alta abstención técnica (diversidad de turnos, viajes, libranzas, diversidad de sedes). Piénsese que el referendum convocado hace dos años por los sindicatos para la aprobación del ERE, una cuestión en la que se jugaba el futuro de la empresa y el futuro personal de más de 4.000 trabajadores, logró una participación de un 56%. Además, una de las conquistas de este estatuto ha sido extender su ámbito más allá de los Servicios Informativos de RNE y TVE a todos los programas con contenidos informativos, y más de los periodistas a todos los profesionales del sonido, la imagen o el periodismo que aportan su contribución creativa al producto informativo (denominados por el Estatuto profesionales de la información audiovisual y sujetos de los derechos y deberes definidos por el texto). Pero el grado de concienciación de este instrumento era, lógicamente, menor fuera de los respectivos servicios informativos y la abstención de esos colectivos fuera de las grandes Redacciones ha podido ser menor.
¿Por qué un voto negativo significativo? El Estatuto se ha encontrado en su última etapa con un escollo importante, el rechazo del Comité General intercentros y de todos los sindicatos, salvo CGT. El Comité General Intercentros llegó a solicitar al Consejo de Administración la suspensión del referendum. Dos eran sus objeciones: la incompatibilidad de los delegados sindicales y miembros de los comités de empresa para ser vocales de los Consejos de Informativos y la falta de una representación a nivel territorial, esto es de unos consejos de informativos en las comunidades autónomas.
A la primera objeción, se puede responder que son dos esferas de representación distintas, una la profesional y otra la laboral. El Estatuto se esfuerza en delimitar estas esferas (por ejemplo, el reconocimiento de la condición de «profesional de la información audiovisual» no tiene consecuencias laborales ni salariales). El sentido común aconseja no sumar mandatos y tareas. Además, el Estatuto, que exige a los vocales que no se liberen de su puesto de trabajo. En cualquier caso, una incompatibilidad no puede nunca ser considerada una discriminación.
La segunda es de más calado. La Comisión Redactora que ha negociado el texto hoy votado con el Consejo de Administración luchó por lograr una representación profesional en las comunidades autónomas, pero el Consejo no lo aceptó, de modo que se llegó a un punto en que esta cuestión podía bloquear toda la negociación. La Comisión Redactora valoró que no se podía perder una ocasión histórica, máxime cuando se valoraba muy positivamente lo conseguido en la negociación. Pero esta falta de representación es el punto más débil de nuevo Estatuto, porque no sólo niega a cientos de trabajadores una instancia inmediata de representación y mediación, sino porque recarga a los consejos centrales y les da un carácter demasiado institucional.
Este hecho puede haber determinado el voto negativo en muchos centros territoriales, mientras que en Madrid y Barcelona (con reserva de vocales en los consejos centrales) el voto ha sido masivamente positivo.
Desde fuera de RTVE, creo que los sindicatos han cometido un grave error de juicio. Podrían haber mostrado su discrepancia, pero haber aprobado el proyecto, porque lo que estaba en juego era una reivindicación histórica. Una negociación, como la que ha alumbrado el Estatuto, se da una sola vez, no es un convenio colectivo, donde lo que no se consigue un año se puede ganar al siguiente.
Ahora ya sólo falta la promulgación formal por parte del Consejo de Administración. En las próximas semanas se celebraran las elecciones a los consejos. Una buena noticia para RTVE y para los partidarios de la radiotelevisión pública. Y toda una contradicción con la gestión de su presidente, que centra todos sus esfuerzos en una nueva sede que, por mucha que se niegue, no es más que una operación de especulación inmobiliaria.
Con todo, felicidades a los trabajadores de RTVE.
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