El Libro de Estilo de RTVE


Llevo un par de semanas dándole vueltas al Libro de Estilo de RTVE, sin terminar de decidirme a dedicarle un espacio en este blog.

Durante toda mi vida profesional he defendido la necesidad de un libro de estilo en la radiotelevisión pública e incluso formé parte de una comisión redactora (alguno de cuyos trabajos aparecen parcialmente recogidos en el documento). Me felicito, por tanto, de que por fin RTVE tenga «su» Libro de Estilo, pero no estoy muy seguro de su utilidad, en razón de su contenido y procedimiento de elaboración.

Transparencia

Para empezar, colgué el texto aprobado por el Consejo de Administración, ya que RTVE no difunde en su página este tipo de documentos. PERO LA DIRECTORA DE COMUNICACIÓN ME HA EXIGIDO RETIRAR ESTE DOCUMENTO QUE CALIFICA DE BORRADOR INTERNO ASÍ QUE PROCEDO A RETIRARLO. LO SIENTO.

El documento tiene, lógicamente, una función interna, pero también, como todo Libro de Estilo, debiera de ser un ejercicio de transparencia, de modo que el público pueda conocer los principios que rigen el tratamiento de la información en el medio.

En el caso de RTVE, esa publicidad es todavía más importante, puesto que tanto RNE como TVE han sido históricamente canteras profesionales en las que en gran medida se han gestado rutinas (buenas y malas) y jergas compartidas por los periodistas audiovisuales. Hoy, siguen siendo medios de referencia y garantes de una información de servicio público.

¿Qué es un Libro de Estilo?

No resulta fácil responder, porque de un medio a otro, de una empresa a otra, los libros de estilo resultan bastante heterogéneos.

Nacieron en los periódicos de calidad como normas de uso del lenguaje periodístico y guías prácticas sobre medidas, topónimos etc. En muchos casos se suman a estas reglas propiamente de estilo, normas éticas o de buena práctica que fijan los valores del medio. Y siempre subyace una voluntad de diferenciación, de establecer las características de contenido y formales que delimitan la personalidad editorial. El problema es que a menudo estos elementos se yuxtaponen sin una verdadera lógica interna. Y eso es lo que creo que ha ocurrido con el de RTVE.

Los libros de estilo son una referencia para el trabajo periodístico, recomendaciones, no normas deontológicas y menos jurídicas. Una norma deontológica impone una conducta,  mientras que una regla de buena práctica intenta establecer sugerencias pragmáticas, que habrá de adaptarse a las circunstancias concretas de cada caso. Los libros de estilo deben de incluir reglas de buena práctica, fundamentadas en normas deontológicas externas al libro.

Los libros han sido documentos estáticos, aprobados una vez y revisados de muy tarde en tarde con gran dificultad. Frente a este planteamiento, creo que hay que apostar por guías profesionales dinámicas, actualizadas constantemente y confrontadas con la práctica cotidiana. Así lo hace la BBC con sus editorial guidelines, en permanente discusión y revisión.

Procedimiento

Un documento de este tipo lógicamente tiene que ser elaborado por una comisión de profesionales con suficiente experiencia y autoridad reconocida entre sus compañeros. Pero esa comisión tiene que trabajar en interrelación con las redacciones (en este caso de RNE y TVE), sometiendo el borrador a debate, recogiendo propuestas y sugerencias y haciendo, de este modo, que la Redacción considere como propio el texto.

Esto no se ha hecho así e incluso se ha limitado a un puro trámite formal la participación de los Consejo de Informativos, que exige el Estatuto de Información de la Corporación (art. 49.d). El Consejo de Informativos de TVE hizo una revisión de todo el texto, pero todas sus propuestas (bastante razonables)  han sido rechazadas, lo que ha dado lugar a una protesta formal.

Que yo sepa, el Libro no se está difundiendo en las redacciones mediante seminarios o espacios de discusión. Si no se hace así seguramente será quedará en un tomo guardado en el cajón, que sólo se desempolvará cuando surja un conflicto, normalmente para pedir responsabilidad a un trabajador.

Contenido

El Libro tiene más contenido deontológico que de estilo. En general, sus recomedaciones o preceptos (no está muy clara su naturaleza) tienen buen sentido, pero los redactores parecen olvidar que el Estatuto de Informativos en su art. 9 incluye un completo código deontológico, más preciso y pactado entre los representantes de los informadores (elegidos con este fin) y el Consejo de Administración. Es más, a veces parece como si quisiera enmendar la plana al Estatuto de Informativos.

Las recomendaciones de Estilo son más de lenguaje que de tratamiento informativo en los distintos medios. En general, estos contenidos adolecen de obviedad, especialmente en lo referente a los nuevos medios interactivos.

Falta, a mi entender, el desarrollo de verdaderos elementos distintivos de RTVE, desde la perspectiva de la naturaleza de los medios audiovisuales. Aspectos como los de la rotulación, no son más que una mínima parte de este aspecto y no están especialmente bien resueltos.

Sólo me queda desear con este documento no sea más que un punto de partida para que los profesionales de RTVE profundicen en su compromiso de servicio público.

El expolio de TVE


Me llega este correo de un antiguo compañero de TVE. Me limito a reproducirlo. Por mi parte, sobran los comentarios.

Amigos míos:
Frente a la campaña interesada que se está haciendo desde el gobierno de cara a la opinión pública sobre las bondades de la retirada de la publicidad de TVE y a la creencia popular -también interesada desde el gobierno- de que los trabajadores estamos muy bien pagados y trabajamos más bien poco, algunos compañeros hemos decidido exponer a la luz pública la realidad de lo que está pasando aquí dentro y el futuro incierto que ahora mismo tenemos todos los trabajadores y trabajadoras de la Corporación RTVE.

Idealmente recurriríamos a los medios de comunicación para denunciar la situación del personal de CRTVE, pero experiencias anteriores demuestran que las distintas empresas de medios de este país han establecido pactos de silencio a la hora de informar sobre malestar de trabajadores, movilizaciones o huelgas en medios de comunicación por aquello de qué pasará cuando me toque a mí. Por si esto fuese poco, nunca antes desde la llegada de la democracia se había dado en este país tal concentración de medios de comunicación progubernamentales (SER, La Sexta, Cuatro, El País, etc).

Somos conscientes de las dificultades económicas que están atravesando muchos ciudadanos y de los índices de paro. También nos consta que el hecho de quejarnos en la coyuntura actual podría resultar para algunos, cuando menos, poco ético: al menos tenemos trabajo. No obstante, precisamente porque queremos conservar nuestros trabajos y porque nos negamos a que se engañe a la ciudadanía respecto de lo que pasa en una empresa que financian parcialmente con sus impuestos, nos gustaría hacer llegar este escrito a cuanta más gente mejor.

Vaya por delante la aclaración de que el personal de CRTVE no tiene categoría de funcionarios públicos. Se trata de personal laboral de una empresa pública. No tenemos ninguna plaza en propiedad y podemos perder nuestros puestos por ejemplo mediante un Expediente de Regulación de Empleo con las indemnizaciones que fija la ley o que en su caso se pactasen. Nada de esto sucede en el caso de los funcionarios.

Una vez aclarado este punto, pasamos a enumerar los problemas que se están viviendo en la empresa.

Desde hace algún tiempo, la mayor parte de los programas de RTVE están en manos de productoras aunque se le venden al público como programas de producción propia de RTVE cuando en realidad no hay trabajadores de la casa implicados en ellos pese a contar con personal y medios suficientes. Esto, que venía siendo lo normal en series y programas de ficción (“La señora”, “Aguila roja”, “Cuéntame”,…), se ha hecho extensivo ahora a la mayor parte de las retransmisiones deportivas y a las de la Lotería Nacional, adjudicadas a la empresa Mediapro, una de las principales accionistas de La Sexta a través del grupo Imagina. Mientras tanto en el parking de unidades móviles de Prado del Rey hay paradas 25 unidades móviles de televisión y su correspondiente personal sin hacer nada pero pagadas con dinero público.

El argumento esgrimido desde la dirección de la empresa es que el personal propio resulta más caro que la subcontratación a una productora para hacer el mismo trabajo. Para justificarlo ante el Consejo de Administración de CRTVE y el Parlamento se ha ideado una contabilidad perversa que funciona de la siguiente manera: se deja a los trabajadores parados asignándoles únicamente unas pocas horas de programas a la semana y entonces se dividen sus sueldos mensuales por el número de horas de programa que han hecho durante el mes –NO POR EL NÚMERO DE HORAS DE JORNADA LABORAL COMPLETA-. El resultado son unas cantidades desorbitadas por hora de trabajo. Como ejemplo particular el de la categoría de Técnico Superior de Imagen (cámaras, controles de cámara, gruistas, fotógrafos). Su sueldo base es de 1.224 euros mensuales. Según la empresa cada uno de estos profesionales le cuesta 76 euros por hora. De acuerdo a este cálculo para nuestra jornada de 35 horas semanales deberíamos estar ganando ¡10.640 euros al mes!. A renglón seguido se alega que como somos tan caros hay que darle el trabajo a una productora porque sale más barato. Es decir, nos dejan sin trabajo para poder justificar a posteriori la externalización.

La mayor parte de la subcontratación de servicios y programas se está dando a Mediapro o a empresas de su mismo grupo. No es ningún secreto que la empresa Mediapro, además de formar parte del grupo Imagina, accionista de La Sexta, está vinculada al PSOE habiéndose encargado de la campaña de este partido en las últimas elecciones generales. También se están externalizando programas y servicios que van a parar a la productora que dirige el marido de la ministra Carme Chacón.

Se invirtió dinero público en la compra de varias furgonetas equipadas con equipos de transmisión en directo vía satélite, denominadas Unidades Terrenas para hacer reportajes en directo en programas como “España Directo” y para informativos. Se firmó un acuerdo con los representantes de los trabajadores para aceptar unas condiciones especiales para operar estas unidades terrenas –por cierto poco justas para los trabajadores ya que se saltaban el convenio- y se dieron los cursos correspondientes para su manejo. Pues bien, estas unidades llevan más de un año paradas en los parkings de los centros de TVE y mientras se siguen subcontratando estos servicios a Overón, empresa participada por Mediapro.

La grabación del último discurso de Navidad del rey se realizó con una unidad móvil de Alta Definición subcontratada a otra empresa mientras que la de TVE se quedaba en el garage con la excusa de que era demasiado grande para instalarla en el Palacio de la Zarzuela cuando lo cierto es que si algo sobra allí es espacio.

Se reconvierte a trabajadores de edición de vídeo con años de experiencia a otras áreas, se dejan las cabinas de edición de vídeo sin utilizar y luego se subcontrata la edición de los programas adivinad a qué empresa….Efectivamente, a Mediapro. La excusa esta vez es que no tenemos editores de vídeo. Naturalmente, previamente se los han quitado de encima. Por otro lado, en RNE se ha externalizado mediante la contratación carísima de “colaboradores” ajenos a la empresa la mayor parte de la programación.

Con la llegada hace tres años del expresidente de la Corporación RTVE Luis Fernández, se introdujo también un equipo de nuevos directivos que se trajeron de otras televisiones y productoras –hasta un total de 97- y se apartó a los profesionales que llevaban toda la vida en la empresa de los mismos puestos de dirección. Incluso se crearon puestos de dirección que no existían previamente. Todo este equipo se contrató a golpe de talonario con sueldos astronómicos.

El recientemente cesado Javier Pons, exdirector de TVE, se ha marchado con una indemnización de 200.000 euros, su salario anual mientras estuvo en el cargo. Pons venía del entorno de La Sexta.

– Mientras tanto, la mayoría de los estudios de TVE se mantienen vacíos o con un programa al día en el mejor de los casos y a los trabajadores se les recortan los pluses y las dietas en los viajes cuando se les requiere para hacer retransmisiones o programas fuera de sus centros de trabajo, enviándoles, por ejemplo, a Sevilla para retransmitir una carrera de caballos, haciéndoles ir y volver el mismo día y dándoles un bocadillo para comer.

Esta es la realidad de RTVE. Al espectador solo le llega el hecho de que ahora tiene una televisión pública sin publicidad pero no se le dice por donde se está yendo el dinero ni que –a pesar de lo que difunden algunos medios- el presupuesto de CRTVE es de los más bajos de una radiotelevisión pública europea: mil setenta y cinco millones de euros frente a los más de cuatro mil millones de la BBC o a los tres mil de la televisión pública francesa, por citar a dos. Pero además la decisión tomada el año pasado por el gobierno de Zapatero y tramitada por la vía de urgencia mediante decreto ley -¿qué prisa habría?-, no se limitaba a quitar una de las fuentes de financiación de RTVE mediante la supresión de la publicidad, sino que se limitaba la programación en favor de las cadenas privadas. La propuesta es que el Estado financie la mitad del presupuesto y la otra mitad provenga de una tasa que se cobrará a las televisiones privadas y a las empresas de telecomunicaciones sobre sus ingresos. El resultado ha sido que no solo algunas de estas empresas se han negado a pagar esta tasa y la han recurrido en los tribunales, sino que además la Unión Europea la considera ilegal.

A fecha de hoy sigue sin estar claro de donde saldrá el dinero para cubrir la mitad que no financia el Estado de un presupuesto ya de por sí escaso. Sin embargo sigue habiendo productoras vinculadas a televisiones privadas aumentando su facturación a costa de la televisión pública mientras ésta mantiene a su personal sin trabajo y sus instalaciones y equipamiento parados.

Os pido que difundáis este mensaje en vuestro entorno ya que es la única manera de que la verdadera situación de la radiotelevisión pública llegue a la gente ajena a los medios y de que, entre todos, contribuyamos a salvar puestos de trabajo y a detener un sangrado del dinero de todos logrando una RTVE que realmente nos merezcamos y de la que podamos sentirnos orgullosos.

Un saludo.

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900 prejubilaciones en la televisión pública francesa… sin publicidad

8.000 horas de servicio público


Más de 8.000 nuevas horas de programación tendrá que producir TVE para llenar el hueco que deje la publicidad a partir de septiembre, si el anteproyecto aprobado hoy por el Consejo de Ministros termina por convertirse en ley. Todo un reto para el servicio público.

Las protestas de los defensores de la televisión pública se justifican en la falta de consenso sobre este sistema de financiación. Finalmente, el gobierno ha renunciado al Decreto-Ley. Es una buena noticia que la norma se someta al debate parlamentario. Ya veremos cuantas plumas se deja un gobierno débil en las Cortes. El pecado original de una norma hecha a medida de las televisiones privadas es la falta de consenso en un tema que debiera resolverse, de una vez por todas, con un pacto de Estado.

Las telefónicas ya anuncian que subirán las tarifas y pondrán en rojo esa recarga en el recibo de los consumidores. Ni que decir tiene que se originará un movimiento de rechazo, muy en la línea de «no con mis impuestos». Y llegará un momento en que derogar estas tasas será muy popular. Y es que la ideología contra cualquier servicio público cada vez empapa más a amplias capas de la sociedad española, toda una victoria del neoliberalismo.

A veces conviene mirar un poco alrededor. En Francia, la televisión pública no tiene publicidad desde el 5 de enero a partir de las 20 horas. En las primeras semanas no ha existido un vuelco de las audiencias, pero las televisiones generalistas por vía hertziana han seguido perdiendo recursos publicitarios en favor de la TDT. La situación es especialmente grave para TF1 (la inspiradora de la reforma) que ha entrado en pérdidas.

TVE va a competir con las manos atadas. Será una batalla en inferioridad de condiciones, pero sus gestores y profesionales tienen que reinventar el servicio público:

-¿ Qué se hará con esas 8.000 horas? Espero que no se conviertan en autopromociones (entre otras cosas porque la Directiva de la Televisión Sin Fronteras también establece límites). Todas estas horas son la materia prima para crear espacios que satisfagan los intereses genuinos del público y no para dar satisfacción a lo que supuestamente interesa a la audiencia. Pero ¿puede elevarse la producción en más de un 10% con la misma plantilla y los mismos recursos? Si estas horas se rellenan de reemisiones, el espectador cambiará de canal.

– Reestructurar la programación. Que gozada ver una película sin interrupciones, pero ¿no está educada la audiencia en la fragmentación publicitaria y acostumbrados a usar las pausas para atender a sus obligaciones? Parece aconsejable que hasta la segunda parte del «prime time», cuando todo ya está más reposado, no se abuse de espacios sin interrupciones. El espacio de los bloques publicitarios podrían ocuparlo microespacios informativos y de servicio público.

– Liberarse del «share» y mirar al «rich». Los programadores y los editores de los informativos pueden ahora liberarse del «share», esto es, de la cuota de pantalla minuto a minuto. Pero tendrán que atender más que nunca al «rich», esto es a cuantos espectadores está dando servicio un determinado programa y la programación en su conjunto. Es hora también de pasar de lo cuantitativo a lo cualitativo: grado de satisfacción del público y adecuación a sus necesidades.

– Diversificar programas y servicios en las distintas cadenas y plataformas. Esas horas suplementarias son una oportunidad para una mayor diversidad de programas. No depender de la publicidad puede propiciar establecer un perfil más nítido de servicio público en La Dos. Ahora más que nunca sería necesario recuperar una marca de servicio público para todas las cadenas y plataformas, eliminada por la actual denominación y logos de las cadenas, que desde hace semanas parece quererse recuperar con la campaña «Altogether Now».

Forjar alianzas con el público. Que los colectivos más activos de la sociedad se sientan representados en la programación. Y que de una vez se haga realidad el derecho de acceso.

Para todo ello hace falta estabilidad y recursos incluso superiores a los actuales.

AÑADO EN LA COLUMNA DE LA DERECHA UNA ENCUESTA A FAVOR Y EN CONTRA DE LA MEDIDA.

Sacar a RTVE del mercado


El gobierno cuece en el horno de la negociación con las televisiones privadas y los operadores telefónicos el Decreto Ley de la financiación de radiotelevisión pública que puede ser la puntilla final de RTVE.

Una vez más este gobierno débil recurre a la herramienta del Decreto Ley, alegando una urgencia inexistenta, si no es para salvar la cuenta de resultados de alguna televisión privada. Se priva a la sociedad de un verdadero debate, mientras se negocia de tapadillo porcentajes para que las cuentas aparentemente cuadren.

Vaya por delante que creo en una radiotelevisión pública sin publicidad. He valorado reiteradamente en este blog los pros y los contras,  a raíz de la iniciativa francesa que copia ahora Zapatero. Incluso, como ya he dicho, en la página 133 de mi tesis avancé un modelo de financiación parecido.

El problema es la suficiencia de esa financiación, que el gobierno dice garantizar aplicando porcentajes más o menos arbitrarios sobre los benficios de las televisiones privadas y las telefónicas. Las primeras serán las grandes ganadoras al repartirse el pastel de la publicidad de TVE. Pero las segundas no sacan un beneficio directo de este cambio -¿qué recibirán a cambio?. La pregunta es ¿cuanto tardarán unas y otras en tener una coyuntura política favorable para sacudirse este gravamen?

Lo más preocupante de todo es que parece que se pretende que TVE deje de hacer competencia a las privadas. El servicio público comporta obligaciones positivas y negativas. Es lógico que el porcentaje del presupuesto dedicado a financiar el cine nacional sea mayor en la pública que en las privadas, pero no que estas puedan dedicar ese dinero a financiar exclusivamente series.

No se puede atar las manos a TVE prohibiéndole competir o limitando su capacidad en los mercados del deporte y los éxitos de Hollywood. La buena administración de los recursos es responsabilidad del Consejo de Administración, que conforme a la ley vigente cesa automáticamente si genera pérdidas en dos ejercicios. Si la televisión pública no compite en los deportes y en las películas norteamericanas pierde dos importantísimos motores de audiencia. No nos engañemos: cuando cae la audiencia, cae la audiencia general de una cadena, los buenos programas y los malos programas. Sea cual sea nuestro concepto de calidad, es indudable que en esas dos categorías de programas, deportes y cine de Hollywood, hay productos dignos del servicio público, pero siempre con un alto precio.

Las privadas ganan. No sólo se repaten toda la tarta publicitaria. Además TVE -actual líder de audiencia- dejará de ser competencia.

Un servicio público sin audiencia deja de ser servicio público.

(Desde las radios y televisiones comunitarias se está gestando un manfiesto en favor de la televisión pública, al que se puede acceder, en parte, desde la Revista Latina de Comunicación Social y para el que se piden adhesiones de profesores y académicos.)

(El 7 de mayo los sindicatos de RTVE han llevado a cabo una jornada de movilización en defensa del sistema de financiación mixta -vía Presupuesto General del Estado y publicidad. Anteriormente entregaron un manifiesto a los grupos parlamentarios.)

¿Responde RTVE?


El pasado sábado 2 de mayo se emitió el primer programa de la Defensora del Espectador RTVE responde. Desde 2004, RTVE se ha dotado de la figura del Defensor del Espectador y el Radioyente. Los primeros cuatro años desempeñó el cargo Manuel Alonso Erausquín y hace un año fue nombrada Elena Sánchez. Ahora, en esta segunda etapa, se pone en marcha un programa mensual (media hora, los primeros sábados de mes, en La Dos, a las 20:30).

Los Ombudsman o Defensores del Público son figuras de autocontrol interno de los medios. Su función es la de servir de enlace entre los que hacen la información y los que la reciben con el fin de dar satisfacción a los posibles daños que esas informaciones originen, dar cauce a las críticas y confrontarlas con opiniones profesionales.

Su regulación interna suele ser muy flexible y lo que cuenta es la autoridad con que los defensores ejercen su función. Un Defensor que no investigue la denuncia de errores, críticas o violación de los principios editoriales o deontológicos es una figura puramente decorativa. Una parte de su función consiste en el escrutinio interno de las quejas recibidas. Para que esa función de autocontrol sea eficaz, los resultados de ese escrutinio interno deben de hacerse públicos. Es la mejor manera de que los editores e informadores sepan que tendrán que responder ante su público de los posibles errores, pero también de que podrán defenderse públicamente de las críticas infundadas. Así que, es habitual que exista un espacio reservado para el Defensor en el propio medio.

RTVE ha querido seguir este modelo. El resultado de este primer programa me ha resultado decepcionante. RTVE Responde es un espacio amable, parece que más pensado para satisfacer la curiosidad del público que para investigar sus quejas. La mayor parte de las quejas planteadas se resolvieron en una entrevista con el director de los Servicios Informativos, Fran Llorente, y el resto con los responsables de los espacios criticados. Muchas de estas críticas podían resolverse con una respuesta de parte, pues no tenían mayor entidad. Pero otras requerían escrutinio y debate. Por ejemplo, la alusión genérica a las iglesias evangélicas como sectas en una crónica desde Ángola durante el viaje del Papa merecía debate y más diversas opiniones profesionales y no podía despacharse con el manido argumento de la urgencia informativa. O las odiosas autopromociones y autobombos que llenan los telediarios no pueden justificarse como información. Lo mismo en el caso del machismo subyacente en la serie Pelotas, por  mucho que su responsable respondiera bastante satisfactoriamente.

Es cierto que ese debate entre público y profesionales se puede trasladar mejor a un periódico que la televisión, pero, compárese el programa con la Tribuna de la Defensora del Lector del diario El País, en concreto, la última, «Carla Bruni, la princesa Leticia y la fiebre rosa».

Al final del programa se recuperó un programa antecedente del actual, Tome la palabra, de 1981. Un cuarto de siglo después el tono no había cambiado tanto. En el programa emitido sobraban las felicitaciones y faltaba debate e investigación.

En cualquier caso, por mucho que sea manifiestamente mejorable, bienvenida RTVE responde, una tribuna para la crítica que no existe en ninguna otra televisión española.

La televisión que viene


Zapatero ayer anunció el próximo envío al Congreso de la tan dilatada Ley General Audiovisual. Y anticipó un elemento: una sustancial reducción de la publicidad en la televisión pública.

Como tantas veces, parece que se opta por el modelo francés: supresión de la publicidad en la televisión pública y a cambio, los realmente beneficiados, los operadores privados, son grabados con un nuevo impuesto o un recargo en alguno de los existentes, destinado a compensar la financiación perdida por TVE.

Me he referido aquí a este modelo (Las trampas, La utopía) y a la oposición que ha generado en Francia. Resumo argumentos:

– Bienvenida esa supresión, siempre que existan recursos suficientes para cumplir la misión de servicio público en las mismas o mejores condiciones.

– En época de recesión, es de temer una reducción de financiación, que redunde en jibarización de la televisión pública. Las privadas se verían doblemente beneficiadas: se quedarían con toda la tarta publicitaria y su competidor público se debilitaría.

– Los gestores, programadores y profesionales tienen el reto de diseñar una programación diversificada, de servicio a todos los sectores sociales, no sometida a la tiranía del «share», pero que no renuncie a audiencias masiva y al liderazgo social.

La otra pata de la estrategia gubernamental es favorece la concentración de los operadores privados. Para ello ha suavizado por Decreto-Ley las restricciones existentes. La Sexta es la novia que busca dote. Ofrece, a cambio, sus derechos deportivos. Para que estos sean más rentables el gobierno parece dispuesto a permitir la TDT de pago. En plena Semana Santa así lo anunció el Ministerio de Industria en una nota de prensa, que luego tuvo que retirar. Todo bastante descarado.

La TDT de pago ya fracasó una vez (Quiero Tv). ¿Funcionará ahora? Si la Sexta y Antena 3 se fusionan ¿apoyarán al gobierno?

El archivo de RTVE es patrimonio de todos


César Alierta ha visitado hoy Prado del Rey. Y se ha hecho la foto con Luis Fernández para anunciar un acuerdo estratégico entre Telefónica y RTVE del que no conocemos más extremos que el de que incluye un proyecto para digitalizar y explotar el archivo histórico de RTVE. La nota de prensa no puede ser más ambigua ni la información del Telediario más triunfalista.

¡Qué miedo da! Si el comunicado es ambiguo y farragoso al director de Teléfónica se le ve la oreja. De lo que se trata es de que el los programas e imágenes de TVE alimenten las plataformas interactivas de Telefónica (IpTV, teléfono). Las dos compañías tienen hace tiempo una colaboración tecnológica (por ejemplo TSA, filial de Teléfonica, ha desarrollado la digitalización de la Redacción de TVE). Ahora, esta alianza estratégica parece ser tanto tecnológica como comercial.

Los archivos de RTVE, su fondo documental, es la historia sonora y audiovisual de este país. En este sentido, es patrimonio cultural de todos. Pero es también un fondo de explotación para el propio funcionamiento del grupo público y un fondo con un potencial comercial inmenso en un entorno de plataformas multimedia.  En sus almacenes (el «voltio» en la jerja, deformación del inglés «vault) se acumulan documentos audiovisuales con diversos soportes analógicos, que para su explotación, y aún su conservación tienen que ser digitalizados. Otra cosa es el destino que se dé a tales fondos.

Desde la aparición de las autonómicas y privadas, y, sobre todo, a través de las productoras, los fondos han sido expoliados durante dos décadas por el procedimiento de la copia descontrolada que ha ido a parar a los archivos de la competencia o las productoras. Por supuesto me refiero a documentos informativos o simplemente imágenes de repertorio y no a programas o series. En la época de Caffarel comenzó la digitalización, que en la actualidad continua gracias a dotaciones presupuestarias del Acuerdo Marco. Por cierto, que Caffarel hizo algunos movimientos para sacar ese patrimonio de RTVE y constituir un organismo específico. Por su parte, Fernández anunció el año pasado en el Congreso de Periodismo Digital de Huesca que pondría los archivos digitalizados a disposición del público.

La constitución de un organismo específico ha sido el modelo francés. El Institute National de l’Audiovisuel (INA) recogió todos los archivos históricos de la radiotelevisión pública y ahora se nutre del depósito legal de todas las emisiones audiovisuales francesas. No es, por tanto, un fondo de explotación para la radiotelevisión pública, que para utilizar sus imágenes y sonidos tiene que pagar. Eso significa que las radiotelevisiones públicas mantienen sus fondos de explotación, pero están descargadas de las obligaciones culturales. En cambio, los archivos de la BBC son tanto archivos históricos, como archivos de explotación de las cadenas públicas de radio y televisión. Tanto el INA como la BBC permiten descargar y visionar una selección de imágenes, sonidos y programas completos. En el caso de la BBC, a través de su i-Player es posible acceder a toda la programación reciente, pero sólo desde ordenadores situados en el Reino Unido, esto es, sólo los contribuyentes británicos que pagan el canon. Hoy, muchas televisiones tienen habilitados sistemas en línea de venta de imágenes.

Creo que habría que distinguir entre distintos fondos y distintos usos:

– Información audiovisual histórica, por ejemplo, la que tenga más de 5 años de antigüedad:  tratamiento cultural y acceso abierto en Internet con calidad web. Acceso de pago a tarifas comerciales para televisiones y empresas. Acceso de pago reducido para instituciones culturales que pretendan reutilizar este material, a ser posible en el marco de acuerdos de cooperación. Acceso libre a investigadores.

Información audiovisual de actualidad: parecidas reglas de acceso, pero priorizando la explotación exclusiva de RTVE.

– Programación: explotación comercial y acceso libre en Internet con calidad web a la programación de la última semana y a una selección de la programación histórica, seleccionada con criterios culturales e históricos.

En fin, son algunas ideas que creo que están en consonancia con la misión de servicio público de RTVE.

TVE vs. BBC


La BBC es un referente de la televisión en todo el mundo. En España resulta común comparar TVE con el que se supone debiera de ser su modelo. Un grupo de investigadores, Grupo de Investigación sobre la Televisión Pública (GITEP), ha afrontado el reto de enfrentar dos expresiones del servicio público, como BBC y TVE, a la luz de las experiencias de productores e informadores y en dos terrenos característicos, la información y las teleseries. El GITEP está compuesto por Agustín García Matilla, María Lamuedra, Alejandra Walzrer y Tíscar Lara.

El GITEP convocó ayer 10 de febrero en Segocia, en la Facultad de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Valladolid, a profesiones de la BBC, TVE y profesores para exponer y debatir las primeras conclusiones de su investigación. Resumo a grandes rasgos este debate.

La tensión entre lo que interesa al público y el interés público forma parte de la esencia del servicio público de la radio y la televisión europeas. TVE, amén de su historia de dependencia política, es tributaria de los índices de audiencia… De una audiencia que se mide minuto a minuto. El «share» o cuota de pantalla es el espejo en el que se miran cada mañana los editores, según se manifiesta en la investigación. En la BBC, lo que cuenta es el alcance global, esto es, para cuantos ciudadanos el servicio público ha sido útil cada día. Para TVE, prácticamente la única evaluación externa (además de las críticas de los medios competidores) son los índices de audiencia. La BBC realiza periódicos estudios de opinión y desarrolla canales de interacción con su público. Prácticamente cada década se realiza un libro blanco, un escrutinio en profundidad del servicio público con unas propuestas de reforma para el futuro. En España, el Consejo para la Reforma de los Medios Públicos produjo un buen diagnóstico, sólo parciamente seguido. Con todo, la diferencia sustancial es el modelo de programación de la BBC. Según resulta de la encuesta realizada a profesionales, la BBC sigue una estrategia de diversificación de la programación en sus distintos canales y plataformas para satisfacer el interés del público con distintos contenidos, enfoques y presencia de todas las voces y minorías. TVE  despilfarra La Dos y el gobierno le ha negado una presencia suficiente en la TDT para deslindar contenidos y enfoques. La BBC es apreciada por los británicos como un elemento sustancial de su sociedad e identidad.

Orientación editorial. Las Guidelines (traducidas por la APM) son una guía viva para la actividad profesional, según el testimonio de los compañeros presentes en Segovia. Hay líneas de consulta permanente abiertas ante cualquier duda sobre el correcto tratamiento de una información. En TVE la única referencia es el código deontológico incluido en el Estatuto de Información.

Las telenovelas de la BBC. Coronation Street (40 años en antena) y Eastenders (30 años) son, según el profesor Hugh O’Donnell manifestación de la «esfera pública popular». Estas telenovelas no hacen nunca una referencia directa a la actualidad, pero sus conflictos dramáticos están extraídos de la actualidad. La contrarrevolución de Thatcher ha imbuido a los británicos de los principio neoliberales. Eastenders ha sido el último reducto de la ideología socialdemócrata.

Alianza con los ciudadanos. La principal conclusión del encuentro es que la supervivencia del servicio público depende de forjar sólidas alianzas con los ciudadanos. Para ello es vital usar los nuevos canales interactivos.

Acoso a la televisión pública


UTECA, el lobby de las televisiones privadas, acusa a TVE de que casi el 40% de sus programas no son de servicio público. Y se basa en un estudio encargado a un grupo de profesores de universidades madrileñas, dirigidos por el profesor Núñez Ladeveze (pdf). La respuesta de RTVE no se ha hecho esperar: UTECA miente y falsea sus propios datos.

No vale la pena analizar los respectivos comunicados en los que cada cual interpreta los datos como más conviene a sus intereses. Enseguida comentaré el informe, pero antes creo que conviene poner este episodio, verdadera serpiente audiovisual de otoño, en su contexto, que no es otro que el del continuo acoso por la vía de la deslegitimación de la radiotelevisión públicas en España y en toda Europa. UTECA, como el resto de sus colegas europeos, quisieran reducir el servicio público a una presencia testimonial en la audiencia y por eso interpreta el servicio público como limitado a una programación cultural poco atractiva. No es esa la realidad en Europa, donde todos los servicios compiten con las televisiones privadas. Y es que, desde el protocolo adicional al Tratado de Amsterdam (BOE 7-5-99), documentos) son los Estados los que definen las funciones que comprende el servicio público y pueden financiar esas funciones «siempre que no afecte al comercio y la competencia en un grado que sea contrario al interés común». El reto de los servicios públicos reside en mantener audiencias masivas (no necesariamente ser líder en todas las franjas horarias), diferenciando susproductos de sus competidores comerciales, como ya indiqué en una entrada anterior, al comentar el libro From Public Service Broadcasting to Public Service Media. El caso español sigue siendo anómalo, porque la financiación mixta, consagrada en la Ley 17/2006, tiene una composición casi al 50% (presupuesto 2008), con una presencia de la publicidad muy superior a la de países como Francia o Italia. En estas condiciones, parece un logro que el 63,7% de los programas emitidos por La Una y La Dos tengan un elevado grado de cumplimiento del servicio público, pues tal es la principal conclusión del informe en cuestión. Además, no debe olvidarse que RTVE desarrolla su función de servicio público de una forma todavía más nítida a través de 5 cadenas de radio y 6 canales de televisión, que se suman a las dos cadenas generalistas que con su publicidad financian a la Corporación.

Análisis del informe

El informe ha sido encargado por UTECA y ha analizado la programación de las dos cadenas desde 2005. Que sea un encargo no le resta mérito. Una cosa es el informe y otra la interpretación de UTECA. La metodología desarrollada ha consistido en establecer un Índice de Servicio Público, mediante el agregado de una serie de variables, según el siguiente cuadro:

De todos estos indicadores, los que resultan más relevantes son el género y la adecuación de los contenidos a la hora de protección infantil. Los géneros han sido tomados de la base de datos de Barlovento Comunicación y a cada uno se le ha asignado un valor, por ejemplo, 5 a la información, 2 a los espacios del corazón. Todos estos factores son de carácter objetivo, menos el de creatividad. Todos los factores me parecen relevantes para la misión de servicio público, pero no está tan claro su distinto valor y, sobre todo, la ausencia de otros relevantes, como por ejemplo el servicio a la cohesión territorial. Creo que esta investigación marca un camino para intentar construir un índice de servicio público a partir de las misiones definidas en la Ley 17/2006 y, sobre todo, del Mandato Marco, que concreta para el periodo de 9 años esa misión. Precisamente, la construcción de un índice fiable, aceptado por todos, puede ser un factor de legitimidad del servicio público. Un reto para los investigadores…