Incertidumbre en RTVE tras la dimisión de Oliart


¡Qué poco duran los presidentes de la Corporación! Casi tan poco como los directores generales de RTVE.

Alberto Oliart se va con el fantasma de un conflicto de intereses, pero sean cuales sean los motivos de su dimisión el problema de fondo es, una vez más, la falta de sentido de estado de los dos partidos mayoritarios, que pactaron su nombramiento, pero le dejaron solo en una tarea que le sobrepasaba.

Uno de los logros de la reforma de Zapatero en 2006 fue desligar del gobierno el nombramiento del máximo gestor de RTVE. Es el Consejo de Administración el que elige de entre sus miembros al Presidente de la Corporación. Y, a su vez, los miembros del Consejo son elegidos por las cámaras por mayoría cualificada de 2/3 y por un período de 6 años que les desvincula de la duración de la legislatura.

Pero la letra de la ley se ha aplicado con los clásicos criterios partidistas. Sin poner en cuestión la competencia de los consejeros, lo cierto que su nombramiento forma parte del reparto de cargos institucionales y a los distintos cambalaches se encuentra supeditado. Cuando comparecieron los propuestos en la audiencia que establece la ley ante la correspondiente comisión del Senado, sus señorías se abstuvieron de preguntar a los candidatos. Todo estaba claro de antemano.

En el caso del Presidente, los dos nombramientos habidos se han pactado directamente, dando el asunto hecho al Consejo, que se ha limitado a ratificar el pacto. Y así, los presidentes han ido por un lado y el consejo (la mayoría y la minoría, enfrentadas) por otro.

En la primera legislatura de Zapatero los acuerdos entre gobierno y oposición eran prácticamente imposibles. No obstante, pareció muy fácil pactar el nombre de Luis Fernández. Periodista de raza y tiburón mediático pretendía convertir a TVE en una gran televisión privada. Con él, Mediapro colonizó TVE. La crisis inmobiliaria dejó sin sentido el pelotazo del cambio de sede.

Alberto Oliart llegó con el aura de la independencia y su carrera de servidor público, pero sin las capacidades mínimas no ya para la gestión, sino para dirigir la transformación en la era digital. Nepotismo en los nombramientos, un episodio final en el que si no ha fallado la ética, si lo ha hecho al menos la estética… se marcha Oliart con más pena que gloria.

Los retos de RTVE son de consideración. El Tribunal Europeo de Justicia probablemente fallará en contra de la tasa de las telefónica, colapsando en tal caso todo el sistema de financiación. La gestión de la producción es un caos, al rescindir contratos sin haber conseguido establecer una alternativa de producción propia. Pero el desafío mayor es el más que probable cambio de gobierno. Es la prueba del algodón del actual modelo de servicio público. ¿Cambiaría el PP la ley de RTVE y la Ley General Audiovisual? ¿Elimarán canales? ¿Se negarán a crear el Consejo Audiovisual, una exigencia del derecho comunitario? Y, sobre todo ¿respetará la independencia institucional de RTVE?

Y para estos desafíos los nombres que suenan son Gaiteiro, un gestor continuista, partidario de los recortes o Eduardo Zaplana (el Gran Manipulador de Canal Nou) porque se lleva bien con Rubalcaba y que sería la punta de lanza de Telefónica-Mediaset en RTVE. Menos mal que no le gusta a Rajoy. Y si el Tribunal Constitucional está como está ¿porque no va a estar RTVE durante meses sin presidente?

La radiotelevisión pública no se merece esto.

IMPORTANTE RECTIFICACIÓN

No es el Consejo de Administración el que elige al Presidente, como por error se dice en esta entrada. Es el Congreso de los Diputados por mayoría de 2/3 el que elige al que desempeñará el cargo de Presidente (art. 11.4 L. 17/2006), pero es el Consejo de Administración el que luego nombra al Presidente (art. 17.1). El Consejo de Administración ejerce la administración y gobierno de la Corporación y ejerce las funciones de dirección ejecutiva ordinaria por medio del Presidente (art. 9.2).

En cualquier caso, el sistema de nombramiento propicia el aislamiento del Presidente.

El servicio público de la radiotelevisión, imprescindible para la democracia


La radiotelevisión de servicio público es imprescindible en una sociedad democrática para promover la cohesión social, el pluralismo político, la diversidad cultural y lingüística, satisfacer el derecho a la información del público y las necesidades de entretenimiento acorde con los valores democráticos.

Como no podía ser menos, los participantes (políticos, académicos, profesionales, sindicalistas y representantes sociales) en la Jornada «La radioletevisión pública y el porvenir de la democracia en España» (organizada por Teledetodos) estuvieron plenamente de acuerdo en esa valoración del servicio público audiovisual. Pero también, como es lógico, la discusión se centró en los modos en que RTVE y las televisiones públicas han de cumplir con esa función de modo eficaz y estable.

Reforma, contrarreforma y marco europeo

El profesor Bustamante expuso su tesis de que a la reforma democrática concretada en la ley de 2006 de RTVE siguió la contrarreforma articulada por la nueva financiación sin publicidad de 2009 y culminada por la Ley General de la Comunicación Audiovisual de 2010. Negando a RTVE una financiación estable, desvirtuando las normas anticoncentración, desrregulando y eliminando o suavizando las obligaciones públicas de los operadores comerciales se ha fortalecido el polo privado y debilitado el público. El sistema apunta a un oligopolio A3-T5, nefasto para la democracia.

Le tocó responder a la diputada socialista Meritxell Batet, quien no tuvo más remedio que remitirse como gran mérito a la desgubernamentalización de RTVE. Todos los participantes admitieron la desgubernamentalización, pero la mayoría denunció la utilización partidista no ya de los contenidos de TVE, pero sí del marco general audiovisual, a través de, por ejemplo, las comisiones de control o de los consejos audiovisuales autonómicos. Por cierto que Batet aseguró que el gobierno trabaja para crear antes del final de la legislatura el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.

Había expectación para ver cómo defendía el PP sus propuestas de reducción de canales de RTVE y privatización de las autonómicas. El diputado Ramón Moreno excusó su presencia en razón de la campaña electoral y envió una declaración genérica de apoyo al servicio público. (Declaración que, por cierto, se compagina mal con las recientes declaraciones de Gabriel Elorriaga, ajeno a la dirección del PP, pero activo en FAES mostrándose partidario de la eliminación de todas las televisiones públicas).

Bustamante insistió en que aunque el marco europeo pueda resultar limitativo es jurídicamente vinculante y tiene elementos suficientes para desarrollar una radiotelevisión pública de calidad al servicio de los ciudadanos.

La extensión del servicio público

El Protocolo de Amsterdam permite a los estados financiar a los organismos de radiotelevisión para llevar a cabo la función pública en los términos en que el propio estado miembro la haya definido, siempre que no altere con ello la competencia.

En la doctrina europea, y, sobre todo, en las comunicaciones y práctica de la Comisión Europea se ha asentado la idea de una subsidiaridad del servicio público, de modo que sólo los programas de servicio público podrían ser financiados con recursos públicos y siempre a su coste neto. Lógicamente, los operadores privados hacen una interpretación extrema de la subsidiaridad, de modo que sólo sería servicio público aquello que ellos no desarrollaran, así que la televisión pública quedaría reducida a conciertos, conferencias y sesudos documentales. Dicho de otro modo, la tele pública está para cubrir los «fallos del mercado».

El profesor Emili Prado defendió la consideración global de la programación de servicio público. Primero, porque unos programas van vinculados con otros y sólo de esta manera puede mantenerse una audiencia. Pero, sobre todo, porque en todos los programas tienen que manifestarse las funciones del servicio público, no sólo, por ejemplo, en los informativos, sino también en los programas de entretenimiento, producidos desde los valores de la cohesión social y la educación del gusto. Por su parte, Mónica Terribas, directora de TV3, aportó la experiencia de series juveniles que encarnaban esos valores con gran éxito de audiencia.

El nudo gordiano de la financiación

Unanimidad entre los participantes en considerar la supresión de la publicidad de TVE como una medida que no tenía más justificación que salvar los balances de las televisiones privadas. Y convencimiento de que el Tribunal de Luxemburgo fallará contra la tasa a las telecos. Ante el previsible caos financiero la diputada Batet aseguró que el gobierno tomaría en su momento las medidas apropiadas.

Desde el punto de vista de la audiencia la supresión de la publicidad ha sido una bendición para TVE. Pero ¿cuánto tiempo puede mantenerse ese liderazgo sin la adecuada financiación y con las nuevas limitaciones en la compra de derechos? No nos engañemos -se dijo por varios ponentes- el objetivo de las privadas no es sólo llevarse los ingresos publicitarios, sino también la audiencia. Porque los publicitarios no acudirán si no aumentan sus audiencias.

Se escucharon argumentos a favor de la publicidad en las televisiones públicas. Para el profesor Moragas, la televisión es un elemento imprescindible de un servicio público sostenible. Además, la supresión de los anuncios en TVE ha distorsionado el mercado publicitario. Las grandes empresas catalanas -dijo Terribas- quieren vincular su imagen a los valores de nuestra programación, no a los valores de la televisión basura. Pero se reconoció que la reintrodución de la publicidad en TVE sería nefasta para su imagen y posiblemente para su audiencia.

Hubo consenso en que el sistema de tasas sobre actividades más o menos relacionadas con lo audiovisual no era el camino. Pero no apareció un alternativa nítida. ¿Los presupuestos generales? ¿Un canon a pagar por los ciudadanos?

En mi opinión, puesto que la tasa a las privadas y el traspaso de la tasa del espectro radioeléctrico han pasado ya el filtro de Brusela, si el Tribunal de Luxemburgo tumba la tasa de las telecomunicaciones como es probable, no parece que haya otra solución que compensar lo perdido por vía presupuestaria, lo que, en los tiempos que corren, supondría una reducción más o menos drástica de la financiación real de RTVE.

La necesidad de regeneración democrática de las televisiones autonómicas

En la mesa de «televisión de proximidad» se habló, claro, de televisión autonómica y muy poco de televisión local y comunitaria. José Ignacio Pastor denunció la manipulación informativa y la degradación empresarial de la TVV, de cuyo Consejo de Administración es vicepresidente. Los sindicalistas trajeron el caso de la televisión «particular» (de Esperanza Aguirre): una redacción paralela («el lado oscuro de la fuerza) elabora los informativos de Telemadrid.

Lo más interesante de esta mesa fue contrastar dos modelos de televisiones autonómicas emblemáticas: TV3 y ETB. Miguel Ángel Idígoras, director de ETB, se quejó de la interferencia de los sindicatos nacionalistas y ultranacionalista. Ninguna cadena privada tendría nunca programación en euskera, hablado por el 30% de la población, pero ese techo impide a ETB alcanzar las audiencias de otras autonómicas. Terribas expuso las fortalezas de ETB: una cuota de audiencia de 20% en el conjunto de sus canales, una identificación del público, una redacción no dividida por líneas sectarias y una apuesta por la innovación.

El servicio público en la era digital: del PBS al PMS

PSB: «Public System Broadcasting «, sistema público de radiotelevisión. PSM: «Public System Media», sistema de medios públicos. El desafío de la era digital es pasar del PBS al PMS, de un servicio público de radiodifusión a un servicio público de contenidos audiovisuales e interactivos.

Fue Terribas quien (en la mesa de la televisión de proximidad) explicó mejor lo que puede ser el nuevo modelo centrado en los contenidos; contenidos producidos para los medios tradicionales y para las nuevas plataformas, con una concepción global y generados por redacciones integradas y periodistas multimedia (previo modificación del convenio laboral). Yolanda Sobero, presidenta del Consejo de Informativos de TVE, mostró su escepticismo sobre el modelo de profesional multimedia, en cuanto puede convertirse en un mero «hombre orquesta». Roberto Suárez, investigador en políticas de comunicación, abogó también por volver a las esencias del periodismo, colocando las tecnologías al servicio de los objetivos clásicos de una información de calidad.

Interesante debate también entre Eladio Gutiérrez, responsable que fue de Impulsa-TDT y Ricardo Villa, director de Medios Interactivos de RTVE. Gutiérrez reconoció el fracaso de la TDT como plataforma interactiva por falta de un canal de retorno, pero siguió apostando por el «broadcast» como el medio más eficaz y eficiente de difusión y como la esencia del servicio público, planteando el pago de los servicios interactivos y a la carta. Villa defendio, en cambio, un servicio público de acceso general en todas las plataformas.

Participación y derecho de acceso

En la mesa sobre participación social, los representantes de las organizaciones manifestaron una relativa satisfacción ante el desarrollo del derecho de acceso, pero desde el público se criticó la concepción reduccionista que ha aplicado el Consejo de Administración de RTVE, negando un verdadero derecho a las organizaciones representativas y ofreciendo una ronda de intervenciones a aquellas que no hayan tenido voz suficiente en la programación.
(En los próximos días el Canal UNED colgará los vídeos de las distintas mesas y las entrevistas a expertos extranjeros. Por mi parte, «retransmití» a través de Twitter los debates bajo la etiqueta #democraciaytv) (Vídeos en Teledetodos)

Televisión pública y televisión privada, cada vez más diferenciadas


Desde la aparición de las televisiones privadas, la televisión pública sufrió una degradación progresiva que llevó a una pérdida de identidad de TVE. A los ojos de gran parte del público, «todos los canales eran lo mismo». En el nuevo modelo, cuyas normas básicas son la Ley de la radio y la televisión de titularidad estatal y la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA), lo público y lo privado están en un proceso de nítida diferenciación. De cara al espectador, la desaparición de la publicidad en TVE ha marcado un ante y un después.

La reciente sentencia de la Audiencia Nacional, que declara como no ajustados a Derecho los servicios mínimos impuestos en las televisiones privadas durante la huelga general, es un paso más en este sentido.

La sentencia empieza a dar contenido (restrictivo) a la categoría de «servicio esencial», régimen jurídico al que, a partir de la LGCA están sujetos los operadores privados. De concesionarios del servicio público (Estatuto de 1980 y Ley de la Televisión Privada) han pasado a ser licenciatarios de un servicio de interés general.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional considera que los servicios mínimos (informativos de 20 minutos) impuestos por Orden del Ministerio de Industria ya no están justificados, pues ese servicio esencial (unos informativos reducidos) ya está satisfecho por los operadores públicos que siguen sometidos a un régimen de servicio público.

Veremos si el Tribunal Supremo y, en su caso, el Constitucional ratifican el criterio de la Audiencia, de modo que a partir de ahora no puedan imponerse servicios mínimos en las televisiones privadas. De lo que no cabe duda es que el servicio público cobra un nuevo valor.

Que la actividad de los operadores privados de televisión sea servicio esencial y no ya servicio público es arma de doble filo.

Los empresarios privados que, ciertamente, han visto consolidadas su posición con unas licencias casi a perpetuidad, se encuentran ahora que no ser servicio público estricto también tiene sus inconvenientes, como no poder imponer unos servicios informativos mínimos.

Los defensores de lo público, que ven ahora ven revalorizado el papel de la televisión pública, no deben tampoco olvidar que la LGCA impone a los titulares de esos servicios de interés general toda una serie de obligaciones de carácter público, formulado a menudo en términos muy genéricos, y que las siguientes batallas deberán librarse por concretar esas obligaciones y exigir su cumplimiento.

Por un nuevo servicio público de la radio y la televisión


Teledetodos ha nacido hoy formalmente con el lanzamiento del Manifiesto en Defensa de Radiotelevisión Pública.

Que la lectura pública haya corrido a cargo de Paca Sauquillo, vieja luchadora en defensa de lo público y ahora presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios, más allá del honor, indica el espíritu con que nace este nuevo foro: poner radiotelevisión pública no ya sólo al servicio de la sociedad sino en relación dinámica con la misma en toda su diversidad.

El acto ha sido también una jornada de reflexión, con la participación de profesionales, académicos y distintos representantes de la sociedad. Me remito al resumen que fui haciendo en directo en Twitter (#Teledetodos).

Han sido mayoría las voces que han advertido de la inhibición del gobierno respecto al futuro de la rtv pública; de la inestabilidad financiera del nuevo sistema; de la degradación del pluralismo externo propiciada por la Ley General de la Comunicación Audoivisual; de los abusos de externalización de la producción… Pero también, en un panorama de claroscuros, los pasos dados en garantizar jurídicamente la independencia y el pluralismo interno de RTVE; la mejoría de su programación, el mayor aprecio por parte del público… Un nuevo marco jurídico e institucional cuyas conquistas deben ser preservadas sea cual sea el gobierno de turno.

Destacaría, no obstante, la insistencia en una consideración global del servicio público, no sólo ligado a una radio y televisión generalista dirigida a la inmensa mayoría, sino promotora de una variedad de plataformas tradicionales e interactivas, con unos contenidos segmentados para las inmensas mayorías.

El problema es que hay que dar las batallas del presente para no perder las del futuro.

Las batallas del presente son consolidar el servicio público, lograr su estabilidad y suficiencia financiera, profundizar en el pluralismo interno y neutralizar los intentos del PP de privatizar las televisiones autónomicas y dejar a TVE constreñida a un único múltiplex en la TDT.

Esta lucha no puede hacernos olvidar el gran reto del que depende el futuro: nuevos servicios capaces de superar un test de valor público añadido y crear mecanismos tanto interactivos como institucionales para un diálogo permanente con la sociedad en toda su diversidad.

(Materiales de las intervenciones. Mi intervención “El pluralismo interno, clave del servicio público de RTVE” Texto, resumen, presentación).

Teledetodos, una nueva plataforma de defensa de la radiotelevisión pública


Los defensores del servicio público de la radio y la televisión no podemos bajar la guardia. Las fuerzas que por razones políticas y económicas quieren desmontar el servicio público son muy poderosas. Su última ofensiva son las proposiciones de ley del Partido Popular para privatizar las televisiones autonómicas y reducir a un múltiplex (cuatro canales) a TVE.

Teledetodos nace con el espíritu de hacer llegar a la ciudadanía que el servicio público de que disfruta no se puede desmontar o degradar por medio de una insuficiente financiación.

Comienza su actividad con el lanzamiento de un MANIFIESTO EN DEFENSA DEL SERVICIO PÚBLICO AUDIOVISUAL. Comienza así:

«Es un derecho fundamental de los ciudadanos disponer de una oferta audiovisual diversa, gratuita y de calidad y de una información veraz, independiente y plural, que garantice también el acceso universal a la cultura y al entretenimiento, así como a las posibilidades que abre la sociedad de la información y el conocimiento en el nuevo entorno digital.

En ese sentido, un servicio público estatal de radio, televisión y servicios interactivos es crucial para salvaguardar la diversidad y la identidad cultural, el pluralismo, la cohesión social, la promoción de las libertades fundamentales y el propio funcionamiento de la democracia.»

El manifiesto solicita adhesiones personales e institucionales. El lunes 14 será su presentación en un ciclo de conferencias. Lo leera Francisca Sauquillo como representante de los consumidores y la sociedad entera.

Os dejo mi participación en esta conferencia: “El pluralismo interno, clave del servicio público de RTVE”. (Texto, resumen, presentación).

Cuatro + Telecinco/ Antena 3 + Sexta = > Pluralismo


En estos momentos, media tarde del viernes 23 de diciembre, se cierra la fusión entre las cadenas de televisión española Telecinco y Cuatro.

Según ABC, la nueva sociedad resultante estará participada en un 78% por Mediaset y en un 22% por Prisa, aunque su participación podría bajar en el futuro. La sociedad común operará, de momento, con sus dos cadenas, Telecinco y Cuatro. Prisa propondrá al director de Informativos de Cuatro durante el primer año, pero la decisión corresponde a Mediaset, que a partir del segundo año nombrará con completa libertad a los responsables editoriales de ambas cadenas.

Por su parte, la Sexta, esto es Contreras y Roure, negocian con Alejandro Echevarría y Paolo Vasile, la absorción por Antena 3.

Las fusiones han sido posibles merced al Decreto-Ley del pasado febrero que permitió a la concentración de los canales privados, siempre que no controlaran más de un 27% de la audiencia en el momento de la fusión (porcentaje superable posteriormente) y 8 canales digitales. Una norma a medida de los intereses de los poderosos e influyentes operadores privados de televisión, un regalo de un gobierno débil a los magnates de los medios.

Todos ellos harán magníficos negocios y, en concreto, Prisa, verá disminuida su deuda de 5000 millones de euros (un fardo que pesa sobre su independencia) en 500 millones que recibirá en metálico.

El año 2010 el ecosistema audiovisual cambia radicalmente. TVE sin publicidad, con una financiación incierta, recurrida por las telefónicas y revisada por Bruselas, líder de audiencia, perderá la primacía, dado que no puede competir en series, películas y deportes. Los informativos de las cadenas privadas, por mucho que mantengan marcas y logotipos, se dirigirán desde los  intereses políticos de Lara y Berlusconi.

¡Viva el pluralismo! ¡Viva el gobierno que promueve el pluralismo!

(Reacciones en Italia: Se consuma la venganza de Berlusconi)

Urge el debate público sobre el proyecto de Ley General Audiovisual


«Aprobar una asignatura pendiente de nuestra democracia» es -nada menos- la intención con que se presenta el Proyecto de Ley General de la Comunicación Audioivisual, después de constatar que la aprobación de una norma que regule la comunicación audiosvisual no ha sido posible por falta de consenso.

¿Existe ahora ese consenso? Parece que sí… consenso entre el Gobierno y los operadores privados de televisión representados por UTECA. Como en tanto otros asuntos, el gobierno Zapatero ha preferido negociar de tapadillo con los poderosos.

El proyecto arrumba el concepto de servicio público, para regular el «mercado audiovisual», en el que operan dos sectores, el público y el privado, y uno tercer sector vergozante, el comunitario. El proyecto restringe el sector público, abre vías para la privatización de los canales autonómicos y, en general la externacionalización de la producción de todos los canales públicos. En cambio, favorece la concentración en el sector privado, amplia los derechos de los operadores privados, elimina deberes generales para todos los operadores y apenas desarrolla los derechos del público. Este «mercado audiovisual» estará regulado por un Consejo debilísimo. Las limitaciones a la publicidad de la Directiva europea se transponen con gran manga ancha.

Por el momento, las tomas de posición han venido de los sindicatos, y ahora del Foro de Organizaciones de Periodistas. En el ámbito académico, se anuncia la de ULEPICC. Sería necesaria una movilización de asociaciones de espectadores, investigadores, colectivos sociales y movimientos de izquierda para promover la contestación a la ley.

Los medios apenas han tocado el tema, mientras aplauden el proceso de jibarización de la radiotelevisión pública que traerá consigo el nuevo sistema de financiación. Hoy todo el mundo aplaude que desaparezca de TVE «Mira quién baila». El programa no me interesa y me parece inadmisible que haya sido imposible conocer las remuneraciones de los «bailones». Pero, que no se nos olvide, el formato lo inventó la BBC, modelo de servicio público. (Para otro día dejo las tribulaciones por las que está pasando la BBC)

Los sindicatos reclaman que la Ley General Audiovisual respete el concepto de servicio público


CC.OO y UGT exigen al gobierno la modificación del proyecto de Ley General Audiovisual.

En esencia, piden que se respete el tradicional concepto de servicio público de radio y televisión; que el gobierno central no abandone a las comunidades autónomas la regulación general de los medios audiovisuales; que no se abra la puerta a la privatización de los canales públicos autonómicos; que se respeten las condiciones originarias de concesiones y autorizaciones y que, en definitiva, se haga una ordenación del sector que permita el mantenimiento de los puestos de trabajo.

La posición de los sindicatos abre un debate general sobre el proyecto, hasta ahora reducido a polémicas puntuales (pornografía en abierto, sí o no) o defensa de intereses empresariales. Lo que advierten CC.OO y UGT es que el sector puede fragmentarse en regulaciones regionales, que den vía libre a la privatización de los canales públicos y pierdan de vista la consideración de los medios audiovisuales como un servicio, en los términos del art. 128 de la Constitución Española.

Confieso que tengo pendiente todavía un análisis del proyecto de ley. Por el momento, como aportación al debate, coloco el texto, publicado hoy 23 de octubre en el Boletín de las Cortes, aquí y en la página documentos (pdf).

Gol a la TDT


El gobierno Zapatero autoriza en pleno agosto la televisión digital de pago. Y lo hace mediant Decreto-Ley por razones de urgente necesidad . Con razón, la urgencia es evidente, la liga está a punto de comenzar y la Sexta tiene que rentabilizar sus inversiones futbolísticas.

Supongo que ayer el ciberespacio español bulliría a favor y en contra, conforme la adscripión política y empresarial de cada cual. Me quedo simplemente con el sano escepticismo de Enric González.

Seguramente todo estará dicho, pero me apunto a la imagen fácil en una tarde de agosto: la Sexta ya ha ganado su trofeo, ya tiene su Canal Gol, pero el gol se lo ha  metido el gobierno a todos los españoles, al convertir la regulación del sector audiovisual en ocasión para hacer «mercedes» a sus amigos.

El interés general no consiste en facilitar una nueva plataforma de pago para el fútbol sino en establecer una regulación completa y ambiciosa de las posibilidades de la Televisión Digital Terrestre (TDT). Los gobiernos de Aznar apostaron por multiplicar los canales, dividiendo las concesiones entre el gobierno central y los gobiernos autonómicos, de modo que el espectro se ha repartido por razones de puro clientelismo político, de un signo u otro. El gobierno Zapatero ha seguido con el mismo modelo. El resultado es multiplicar la misma televisión comercial homogénea del modelo analógico.

La regulación de la TDT debiera seguir estas líneas básicas:

– Repartir los canales posibles entre la emisión convencional y la emisión en alta definición (HD).

– Diversificar los contenidos de servicio público con canales especializados, tanto de los operadores públicos, como de operadores privados.

– Reservar una parte de los canales para entidades locales sin ánimo de lucro.

– Explotar las posibilidades de interactividad de la TDT, para lo que es necesario una regulación técnica que unifique y exija unas prestaciones mínimas a los equipos decodificadores y medidas de fomento para que los operadores creen contenidos interactivos.

A base de favores a los amigos, cuando llegue la Ley Audiovisual tendrá que limitarse a unir los distintos remiendos.

Hoy ya tenemos a nuestra disposición una veintena de canales. Por una parte está la oferta de los canales nacionales analógicos. Por otra, los nuevos canales digitales que repiten el modelo de los anteriores a base de reposiciones. La única novedad son los canales sectarios de la derecha. Y ahora, el Gol de la Sexta.

900 prejubilaciones en la televisión pública francesa… sin publicidad