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UNICEF/UNI448902/Mohammad Ajjour Amal, de 7 años, contempla su vecindario después de que las casas vecinas fueran arrasadas
Cuando las tropas aliadas liberaban los campos de exterminio instalados en el territorio alemán, obligaban a los vecinos de las poblaciones cercanas a visitar las instalaciones e incluso, a veces, a enterrar las masas de cadáveres apiladas.
Durante mucho tiempo, toda una generación de alemanes negó que conocieran la máquina genocida puesta en marcha por los nazis, que exterminó a 6 millones de judíos y centenares de miles de gitanos, discapacitados y opositores políticos. Era imposible que una operación que suponía el desplazamiento de millones de personas fuera ignorada, pero al menos aquellos alemanes podían alegar que no sabían porque era una operación que no se desarrollaba en público.
Nosotros no podemos decir que no sabíamos. El genocidio de Gaza se desarrolla ante nuestros ojos. Presenciamos hipnotizados ante las pantallas las atrocidades contra el pueblo palestino. Pese a que soy consciente de la dificultad de probar la intencionalidad de exterminar a un grupo humano (que es la esencia del delito de genocidio) creo que en este caso se dan una serie de elementos (crímenes contra la humanidad y declaraciones ) que avalan lo que parael historiador judío Raz Segal es un genocidio de manual:
Bombardeos indiscriminados sobre zonas densamente pobladas, con la excusa de que existen objetivos militares, con más de10.000 muertos civiles. un 4.000 niños y 25.000 heridos, la mayoría con quemaduras (a 6 de noviembre, 30 días después de que empezaran los bombardeos israelíes sobre Gaza).
El corte de los suministros (agua. alimentos, electricidad, medicamentos).
El ataque a hospitales y ambulancias.
Desplazamientos forzosos: un millón de gazatíes se han trasladado al sur de la Gaza, siguiendo las órdenes israelíes. lo que no ha evitado que sigan siendo bombardeados.
El ataque contra periodistas y el corte de las comunicaciones.
El recrudecimiento de los ataques de los colonos contra palestinos en Cisjordania.
Por último, y no menos importante, las declaraciones de responsables que deshumanizan a los palestinos (Vale la pena ver los 6 minutos del vídeo-que incluyo al final de esta entrada- en el que el periodista israelí Gideon Levy explica como durante 80 años el Estado de Israel ha encerrado a los palestinos en un apartheid físico y mental).
No se deben comparar estos hechos con el genocidio nazi y el Holocausto, un hecho histórico único, en el que se pretendió por primera vez exterminar de forma industrial a los pueblos judío y gitano (léase a Guillermo Altares «Que dejen en paz el Holocausto»), pero salvando todas las distancias, lo que pasa en Gaza es como si el Gueto de Varsovia hubiera sido bombardeado diariamente por aviones Stukas, una de las armas más avanzadas del momento.
Todo parece indicar que Israel pretende establecer una ocupación militar en el norte y desplazar a la población al sur y si puede expulsarla al Sinaí egipcio o a otros países. La solución de dos estados es inviable con 600.000 colonos en Cisjordania. El objetivo último de todas estas operaciones, repuesta a los crímenes execrables de Hamás es la definitiva constitución del Gran Israel, un estado judío desde el Jordán hasta en Mediterráneo, la tierra prometida entregada por Yahvé a su pueblo elegido.
Por muchas barrera que Israel erija, salvo que extermine a todos los palestinos, tarde o temprano habrá otro estallido de violencia. Hamás, además de una organización terrorista, es un movimiento social y religioso, que provee servicios y controla la administración de la Franja. Desmontar Hamás y depurar a todos los que han tenido relación con el movimiento puede ser tan peligroso como fue el desmantelamiento del partido-movimiento Baas en Irak, que trajo el surgimiento de Al Qaeda y el Estado Islámico. Los jóvenes terroristas que atacaron Israel eran niños o adolescentes en las anteriores ataques israelíes, el último en 2014.
¿Por qué no se puede hacer nada para parar el genocidio?
En estos días, todas las personas de buena voluntad se hacen esta pregunta. Según la conciencia y la disponibilidad de cada uno se puede firmar protestas, manifiestos, asistir a concentraciones… pero con muy poca capacidad de presionar.
Estados Unidos apoya cerradamente y arma a Israel. Como ya indiqué en otra entrada anterior, hay dos lobbies poderosísimos. Las judíos liberales, que en gran parte controlan la intelligetsia de las relaciones internacionales. El otro es la extrema derecha religiosa que ve en Israel la nueva Jerusalén, imprescindible para sus esperanzas mesiánicas. Además, Israel ha sido el gendarme norteamericano y no se puede dejar de apoyar a un aliado esencial para la supremacía estadounidense.
Como miembro permanente del Consejo de Seguridad, Washington ha vetado cualquier resolución pidiendo un alto el fuego y ha entorpecido el papel diplomático de la ONU. No admite más que pausas humanitarias puntuales, en la línea de Netayahu.
En Europa, sigue pesando la culpa del Holocausto, sobre todo en Alemania. En Francia, la comunidad judía es muy importante y ha sufrido en los últimos años reiterados ataques, de modo que decenas de miles de judío franceses han emigrado a Israel. En toda Europa cualquiera que critique al gobierno israelí o defienda los derechos palestinos es tachado de antisemita (este fue uno de los motivos de la caída del líder laborista Jeremy Corbyn).
El apoyo acrítico de la presidenta de la Comisión a Israel ha puesto en evidencia a la UE, por mucho que el responsable de la política exterior haya insistido, una y otra vez que la respuesta israelí debe respetar el derecho humanitario. Aunque la UE impusiera a Israel sanciones como lo ha hecho con Rusia serían muy poco eficaces, porque la dependencia europea del estado sionista es mínima, aunque podría causarle daños económicos poco relevantes. Sólo EEUU tiene la influencia para detener la matanza y no parece dispuesto a hacerlo, más allá de algunos alivios cosméticos.
En comparación con la agresión rusa a Ucrania está claro el doble rasero. Difícilmente, la UE podrá involucrarse en el futuro como mediador y estratega de la paz en la región.
El periodista judío, Gideon Levy, explica como durante 80 años el Estado de Israel haa tenido como política central la deshumanización y destrucción del pueblo palestino. Son 6 minutos imprescindibles.
La aviación israelí bombardea la ciudad de Gaza, uno de los territorios con mayor densidad de población del mundo, donde prácticamente es imposible diferenciar objetivos civiles y militares.
El David palestino (en este caso, los papeles se trastocan) ha herido en la frente al Goliat israelí no con una piedra, sino con una oleada de ataques por sorpresa contra militares y población civil, de enorme crueldad y características terroristas. Pero el Goliat israelí, lejos de quedar herido de muerte tiene capacidad, como Sansón, de sacudir con sus bombardeos las columnas del templo de Gaza, que amenaza con convertirse en un el cementerio de miles de civiles palestinos.
¡Qué difícil es enjuiciar la barbarie humana, cuando todo se ve con ojos sectarios!Por muchos que hayan sido los crímenes de Israel no está justificada la acción de Hamás contra los civiles, como los crimines de Estados Unidos, desde Hiroshima y Nagasaki a Chile no justifican los atentados del 11-S.
Sin pretender ser equidistante y poniendo por delante que las acciones de Hamas son gravísimas violaciones de los derechos humanos, que no merecen sino la más rotunda condena, como estos días he leído reiteradamente que hay una vara de medir distinta con los conflictos de Ucrania y Palestina, voy a intentar comparar los crímenes que ambos contextos se producen a la luz del derecho internacional humanitario.
El derecho internacional humanitario está codificado en losConvenios de Ginebra, que intentan proteger a los contendientes que ya no pueden combatir (heridos, prisioneros) y a la población civil, tanto e los conflictos internacionales, como en los internos.
Los crímenes contra el derecho humanitario son crímenes de guerra (por ejemplo, maltratar a los prisioneros). Un nivel mayor de gravedad son los crímenes de lesa humanidad:«cometidos como parte de un ataque general o sistemático contra civiles en tiempo de paz o de guerra, que incluyen tortura, desaparición forzada, homicidio, esclavización, deportación y actos de violencia sexual y de género, incluida la violación».
El genocidio es el exterminio sistemático de un grupo humano por razón de etnia, religión, política o nacionalidad.
La jurisdicción competente para juzgar todos estos delitos es el Tribunal Penal Internacional, con sede en La Haya, y creado por el Estatuto de Roma de 1998. Para que su jurisdicción sea efectiva tiene que ser previamente aceptada por los Estados, Ni Rusia, ni Estados Unidos, ni Israel son parte del tratado. Ucrania tiene una oficina de cooperación desde 2003 y Palestina no es un Estado (lo cual no quiere decir que los grupos irregulares no puedan ser juzgados, como ha ocurrido en el caso de varios países africanos.
El crimen original y punto de partida de los conflictos
El caso de Ucrania es más claro. El punto de partida está en el delito de agresión (tipificado en el Estatuto de Roma del TPI) con la anexión por parte de Rusia de Crimea y parte del Donbás en 2014, culminada con la invasión total de 2022. Esta agresión está justificada por Rusia en una supuesta amenaza de la OTAN, pero en realidad lo que intenta es mantener un área de influencia rusa en el mundo post soviético.
Más complejo es el caso del conflicto entre Israel y Palestina. Israel nace en 1948 de una decisión de la Asamblea General de la ONU, apoyada por cuatro de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad (EE,UU, URSS, Reino Unido y Francia). Se trata como un asunto de descolonización, sin consultar ni tener en cuenta a la población palestina.
Los estados árabes vecinos lanzan un guerra contra el naciente estado (guerra de independencia para los israelíes), contienda en el que el ejército israelí se impone y -como han demostrado los propios historiadores israelíes- lleva a cabo acciones de limpieza étnica. Un millón de palestinos fueron expulsados o huyeron de sus hogares y se convirtieron en refugiados. El 80% de la población de Gaza son refugiados o descendientes de refugiados del 48. Para los palestinos es la Catástrofe, la Nakba
En la guerra de los Seis Días Israel conquistó a Egipto Gaza. a Jordania, Cisjordania y Jerusalén este y a Siria los Altos del Golán. Empieza la ocupación de los territorios donde reside la mayor parte de la población palestina y sobre estos territorios van asentando cada vez más población judía , en un agresivo proceso de colonización. prohibido por las leyes internacionales.
Israel nunca ha reconocido derechos a la población de los territorios ocupados y a las respuestas palestinas (la lucha guerrillera, la intifada de las piedras, los atentados suicidas, la intifada de los cuchillos) Israel ha reaccionado con enorme fuerza punitiva.
Los acuerdos de Oslo y la creación de Autoridad Autónoma Palestina tenían el horizonte de establecer dos estados en 1999. Pero la colonización israelí y medidas de seguridad, como el muro que divide Cisjordania lo hacen inviable. En el caso de Gaza, Israel considera que la ocupación es demasiado onerosa y evacua a sus tropas en 2006, desmontando previamente las colonias ilegalmente establecidos en el territorio. La Franja de 50 x 11 kms., donde viven 2 millones de palestinos, queda aislada del resto del mundo y se convierte desde 2007, después de que en 2006 ganara las elecciones el movimiento islamista Hamás y expulsara a los laicos de Fatah. en la mayor cárcel a cielo abierto del mundo (rodeada de una valla en teoría inexpugnable y solo con dos pasos de comunicación con Israel y uno con Egipto, que se abren con cuentagotas).
Resumiendo, el crimen original israelí reside en una ocupación y colonización que viola las resoluciones de la ONU, el derecho internacional y los derechos básicos de un pueblo sometido a todo tipo de crueldades y humillaciones, con desprecio absoluto de la condición de los civiles (Teresa Aranguren resume aquí esta historia). Piénsese que si un joven palestino comete un atentado, su casa (donde suelen convivir familias extensas) es inmediatamente demolida por el ejército israelí. Todo eso va amasando un explosivo sentimiento de odio, al que el islamismo da forma y justificación.
Crimines de lesa humanidad
El ataque sistemático a la población civil y a sus infraestructuras puede calificarse como crimen de lesa humanidad.
Rusia bombardea sistemáticamente las infraestructuras y las ciudades ucranianas, ocasionando un importante número de víctimas civiles. Pero en Ucrania, la población puede desplazarse. En Gaza, el territorio con más densidad de población del mundo no hay a donde huir. Los pasos a Israel y a Egipto están cerrados y la única protección la ofrece la bandera de la ONU en hospitales y escuelas. Como en anteriores campañas, los testimonios muestran que Israel no está respetando estos «santuarios».
No solo los bombardeos. Israel ha cortado los suministros de agua, electricidad y alimentos. El ministro de Defensa ha dicho que es la manera de tratar con «animales humanos». Por el momento, no parece que Israel esté dispuesto a aceptar corredores humanitarios y ha ordenado una imposible evacuación del norte de la Franja, mientras siguen los bombardeos, utilizando incluso bombas incendiarias de fósforo.
Crimines de guerra
El asesinato , encarcelamiento y tortura de civiles se encuadra entre los crimines de guerra.
En Ucrania, quedó bien acreditada que en la matanza de Bucha, el ejército ruso cometió crimines de guerra.
Hamas con su ataque a civiles (en el festival musical y en el ataque a kibutzs) con asesinatos y toma de rehenes civiles ha cometido crimines de guerra.
Durante todo 2023 el ejército israelí ha cometido crimines de guerra contra la población civil en sus incursiones en Cisjordania y protegiendo los desmanes de los colonos.
Genocidio
El crimen de genocidio puede englobar crimines de guerra, de lesa humanidad y otros, pero lo distintivo es la finalidad de exterminar a un grupo humano por razones de etnia, religión, nacionalidad o políticas. Por eso es tan difícil de probar porque habría que demostrar la intencionalidad de las autoridades que dan las órdenes persecutorias.
En el caso de Israel, un indicio de genocidio reside en las declaraciones de su ministro de Defensa, en las que al tiempo que anuncia el corte de los suministros básicos a la Franja, califica a los miembros de Hamás de «animales humanos» ¿cómo distinguir entre militantes y civiles ante esa amenaza de exterminio generalizado?
El hecho fundacional del estado de Israel es el genocidio nazi contra el pueblo judío, elevado a categoría religiosa como Soah, o sacrificio.
En las declaraciones de los responsables políticos y militares israelíes parecen resonar las palabras de venganza del profeta Amós (9:1-10):
«Después de eso vi a Dios. Estaba de pie, junto al altar, y me dijo: «Golpea la parte alta de las columnas del templo, para que el templo se derrumbe y caiga sobre la gente. ¡Nadie escapará con vida! Pero si alguno logra escapar, morirá en el campo de batalla»
La hibris de Putin y de la sociedad israelí
Siendo tan distintas ambas situaciones tanto en la guerra de Ucrania, como en el conflicto palestino, la hibris, la soberbia que ciega a los poderosos se encuentra en su origen.
Putin se creyó su propia propaganda. Pensó que con su indudable superioridad militar conquistaría Kiev en una semana y los ucranianos se reintegrarían felices en la «madre Rusia» y el resto del mundo asentiría dócilmente ante su poder nuclear. No contó con la resistencia ucraniana, ni con la unidad de la OTAN y la UE.
En Israel, hace mucho que se renunció a transitar por cualquier vía de negociación de paz. Se vivía en una falsa burbuja de seguridad, asumiendo que se podía mantener a los palestinos en un apartheid criminal, sin derechos, ni tierra, ni esperanza, pagando de tarde en tarde el precio de un atentado suicida aislado.
«Dispararemos a inocentes, les arrancaremos los ojos y les destrozaremos la cara, los expulsaremos, expropiaremos, robaremos, los secuestraremos de sus camas, los someteremos a limpieza étnica y, por supuesto, continuaremos con el increíble asedio a Gaza. Y supondremos que todo seguirá como si nada».
Para terminar dejo este documental «The Gatekeepers» (subtitulado en español) con antiguos jefes de los servicios secretos, interior y exterior, en el que advierten que no puede haber seguridad mientras no haya una solución al conflicto, que no puede haber paz solo por la imposición de la fuerza frente al otro.
Restos del naufragio de un pesquero en la playa de Cutro (Catania) en el que perecieron al menos 70 inmigrantes el 5 de marzo
Ante imágenes, como la que incluyo, de los restos de la enésima tragedia en la que el mar se traga a personas cuyo único delito era buscar un lugar seguro para huir de la persecución o simplemente poder desarrollar una vida digna me vienen a la mente mis sensaciones de las visita a Auschwitz.
En la foto se distingue, en primer término, lo que pueden ser los restos de un peluche o un pijama infantil. Entre las víctimas, al menos una decena eran niños.
En mis dos visitas al campo de exterminio de Auschwitz lo que más me impresionó, más que los terribles andenes de Birkenau o los restos de los crematorios o el hipócrita lema «El trabajo os hará libres» fueron los restos de ropas y enseres de las víctimas. En concreto, los zapatos de niños, exterminados por miles.
Zapatos de niños judíos asesinados en Auschwitz tomada de una exhibición en Oslo, Noruega Foto: Wolfmann Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0
No voy a decir que la política europea de migraciones pueda compararse con el genocidio judío y de otros pueblos, llevado a cabo por el nazismo porque ese fue un acontecimiento histórico único. Pero sí reitero, como he hecho otras veces en este blog, que la política de la «fortaleza europea» es criminal.
No sólo niega derechos humanos fundamentales, como el derecho de asilo, Criminaliza al migrante, como ha hecho Meloni, que ni siquiera ha visitado el lugar de la tragedia, El que huye de la persecución o el hambre no se le deja otra salida que acudir a los traficantes y pagar una fortuna para jugarse la vida y huir de lugares como Afganistán o Irán. Además, viola el derecho internacional (cuando hace más difícil el rescate en el mar, como en el caso de Italia) . O trata directamente a los inmigrantes como animales (Grecia; España y Marruecos en Melilla). Y es un gran negocio. Ahora se trata de construir miles de kilómetros de muros con fondos europeos.
¿Tan difícil sería establecer corredores seguros y oficinas de Servicio Exterior de la UE para pedir asilo? O, políticas de colaboración formativa y empleo por tiempo determinado.
Si no se hace nada, un genocidio en pequeñas porciones seguirá desarrollando ante nuestros ojos.
Dos sentencias recientes del Tribunal Supremo de Estados Unidos nos han conmocionado.
La que más repercusión ha tenido es la que declara inconstitucional la doctrina de la sentencia de 1973, Roe versus Wade, que hasta ahora había dado rango constitucional al derecho al aborto, que no podía ser coartado por los estados. Y la otra la que considera inconstitucional la ley del Estado de Nueva York que prohíbe portar armas en público.
Todos los análisis inciden en cómo los republicanos y la derecha evangélica y antiaborto han preparado la decisiva conquista del Tribunal Supremo y la importancia de Trump que en una sola presidencia ha nombrado a tres de los nueve jueces vitalicios y cómo en cambio a Obama el Senado le impidió ejercer su facultad de proponer un magistrado para la vacante que se produjo al final de su mandato.
Todo esto es así, pero hay un hilo doctrinal- el originalismo– que relaciona todas estas sentencias conservadoras y anucia nuevas decisiones que pueden limitar derechos como el matrimonio homosexual o loa anticonceptivos financiados con fondos públicos.
El Tribunal Supremo con su interpretación y control de la constitucionalidad ha modelado el derecho y la vida política y social de Estados Unidos.
Simplificado mucho, el originalismo defiende interpretar la Constitución en su literalidad, como la entendería una persona común en 1787, ignorando los cambios de contexto técnico, político, social y económico que desde entonces se ha producido. Es cómo si Lope y Calderón solo pudieran ser representados como se llevaban a escena en el Siglo de Oro.
El derecho anglosajón da a los jueces un papel de constructores de Derecho, mientras que en el derecho romano-germánico , el juez es la «boca de la ley». Nuestro Código Civil, en su art. 3, va más allá y ordena interpretar las normas «conforme la realidad del tiempo».
Ese quedarse en la literalidad se aprecia en la segunda enmienda:
“Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado Libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas” .
El derecho a portar armas no es un derecho absoluto, sino que está ligado a la existencia de las milicias que combatieron en la Guerra de Independencia. Los padres fundadores establecieron en sus enmiendas un verdadero Bill of Rights que solo pueden ser aplicados teniendo en cuenta las necesidades y las mentalidades presentes,
Ceremonia de arriado de la bandera china en Hong Kong. TYRONE SIU (REUTERS)
El régimen chino se define, desde 1949, como una «dictadura democrática popular«, en la línea de la URSS y los regímenes comunistas europeos, esto es, como dictadura del proletariado.
Pero en los último tiempos insiste en que se trata de una democracia con rasgos propios, que no hay una única democracia homologable y que los países occidentales no pueden reclamar la patente de democracia.
Veamos como soluciona los problemas esta peculiar democracia.
Xingiang
La región autónoma de mayoría iugur, musulmanes de religión y de etnia turquida, ha padecido episodio terroristas de carácter separatista. ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades? No luchar con medio policiales proporcionados y respetando los derechos humanos, sino culpabilizar y castigar a toda la población, sometida a un cruel proceso de reeducación. Los «archivos policiales de Xingiang«, una masiva filtración de documentos prueban prueba la magnitud de la persecución de la minoría uigur a través de fotografías del interior de centros de reeducación, fichas policiales y discursos de altos cargos del régimen comunista. Se trata del mayor internamiento de una minoría étnica religiosa desde el Holocausto. Los centros de internamiento se presentan como centros de formación profesional, pero ni el ingreso es voluntario ni se recibe ningún tipo de formación específica, ni los internados saben cuando podrás salir. Se calcula que más de un 12% de la población adulta ha sido objeto de esta «reeducación», que pretende erradicar la religión musulmana y la identidad iugur.
Lamentablemente, la visita a la región de la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet se ha desarrollado en un perfil bajo, sin declaraciones que denuncien la situación.
Covid 0
El virus SRAS-CoV-2 nació en China, que fue el primer país que se enfrentó a la covid 19, optando por la política de erradicación del virus, o Covid 0, mediante cuarentenas obligatorias y confinamiento de ciudades enteras. La política aparentemente funcionó. Mientras en los países occidentales los contagiados eran cientos de miles y los muertos millares, en China los contagiados era miles y los muertos decenas. Se presumió de lo exitoso de esta política y no se desarrollaron campañas de vacunación masiva.
Con la llegada al país de la variante omicron, mucho más contagiosa, todo cambió. Se recurrió de nuevo a confinamientos masivos, en concreto Shanghai, la capital comercial, ha estado paralizada dos meses, con miles de personas trasladadas a la fuerza a centros de cuarentena, sin la mínimas condiciones de habitabilidad. Pese al control del poder, las redes sociales se han llenado de protestas. Este confinamiento restará a China algunos puntos del PIB y empeorará la crisis de suministros del comercio mundial.
Esta es otra característica de un dictadura: aferrarse a una política, que sirvió en el pasado y con la que el régimen vincula su prestigio, aunque para ello se machaquen los derechos humanos.
Hong Kong
El Reino Unido retrotrajo el territorio a china en 1997, bajo el sobreentendido de que se respetarían las (limitadas) instituciones democráticas de la colonia. Es lo que se llamó «un país, dos sistemas». En los últimos años, a medida que los hongkonenses reclamaban una participación política efectiva, las autoridades continentales han impuesto leyes draconianas, que impiden la participación y persiguen la libre expresión.
Nada queda del principio «un país, dos sistemas», lo que, desde luego, no es un incentivo para la reintegración pacífica y voluntaria de Taiwan.
Falta de alternancia en el poder
Desde la muerte de Mao, el Partido Comunista evitó el culto a la personalidad y organizó un relevo ordenado de sus máximos dirigentes cada 5 años. Xi Jinping lleva ya tres lustros y su mandato se califica de nueva «era», a la altura de Mao.
La legitimidad de la dictadura china
En las últimas cuatro décadas, el régimen ha modernizado el país y sacado de la miseria a centenares de millones de personas.
La deslegitimación de las democracias liberales
La desafección de las clases populares hacia la democracia nace de que partidos y gobiernos socialdemócratas han olvidado los intereses de las clases populares, cuidando, en cambio los de las élites económicas y culturales (Piketty). Es necesario repolitizar la economía (Adam Tooze). No puede haber democracia sin libertades y derechos y sin alternancia en el poder; pero las democracias con una desigualdad creciente implosionarán o serán fagocitadas por la ultraderecha. Además, China es un modelo competidor en los países del sur global.
Bombardeo saudí sobre una ciudad de Yemen, una de la más terribles guerras olvidadas
Tenemos toda nuestra atención puesta en la guerra de Ucrania y mientras se desarrollan docenas de conflictos devastadores para pueblos enteros. Son las guerra olvidadas o, como las llaman En lo Que Somos, las guerras no televisadas.
Hay muchas razones para que esa guerras no se conozca o se olviden.
Ocurren en otros continentes, son a menudo luchas entre facciones de culturas que nos son desconocidas, son muy complejas, afectan poco a nuestros intereses más directos o es difícil informar sobre ellas, en algunos casos porque los periodistas, ya no es solo que corran riesgos por estar en en el campo de batalla, sino que directamente se convierten en objetivo de los contendientes, como ocurrió en Siria, donde los periodistas fueron secuestrados y degollados ante las cámaras por la distintas facciones islamistas. En cualquier caso, este olvido, es una de las causa de que estas guerras se prolonguen.
La mayor parte de estos conflictos se dan en el sur empobrecido; son guerras inciviles en las que luchan facciones, a menudo sin motivos propiamente políticos, más allá de controlar y explotar un territorio y suelen cursar con graves violaciones de los derechos y/o hambrunas. A menudo el origen se encuentra en los procesos de descolonización o en la intervención de las potencias occidentales, como en Libia. Una vez en marcha, una intervención para detenerla puede traer todavía peores consecuencias, desacreditando la responsabilidad de proteger, doctrina que autoriza la intervención para detener graves violaciones de los derechos humanos. No ha sido raro el caso de que un fuerza pacificadora de la ONU haya terminado por convertirse en un contendiente más, como en en el Congo.
Muchos de estos países solo pueden librarse la hambruna con los programas de alimentos de la ONU, que ahora tienen serias dificultades para suministrarse de grano, por el alza de los precios, consecuencia de la guerra de Ucrania, así que el riesgo de hambruna en todo el Cuerno de África es extremo. Casi todas dan lugar a oleadas de refugiados, de los cuales la mayor parte se quedan en los países vecinos, solo un pequeña parte llega a EUropa, que los acoge con cicatería, cuando no con hostilidad, sin considerar que huyen de guerras y genocidios, de mucha mayor gravedad que Ucrania.
La guerra de Etiopía empezó hace 16 meses, como una «operación policial» para impedir que se celebraran elecciones en la región norteña de Tigray, sin la autorización del gobierno de Adis Abeba.
El primer ministro Abiy Ahmed Ali (premio Nobel de la Paz 2019 por poner fin a la guerra con Eritrea) prohibió las elecciones en la provincia, con veleidades separatistas, del TIgray. Todo indica que Eritrea está interviniendo en la guerra a favor de Adis Abeba. Amnistía Internacional denuncia graves violaciones de los derechos humanos por ambas partes. Según Washington, 900.000 personas han muerto de hambre en estos 16 meses. Las últimas semanas los combates se han detenido, pero la situación humanitaria sigue siendo gravísima,
Yemen
Es uno de los conflictos que tiene su origen en el fracaso de las primaveras árabes. Y hasta que estallara la guerra de Etiopía era la peor crisis humanitaria del planeta, con 5 millones de personas al borde de la hambruna.
La revolución obligó al autócrata Alí Abdalá Salé a entregar el poder a su vicepresidente, Abd Rabbuh Mansur Hadi. Mientras en el sur la población protesta contra las duras condiciones impuestas por el FMI. en el norte se produce la insurrección del movimiento Ansar-Allah, formado por la minoría chíes de los hutíes.
Tras un guerra devastadora, los hutíes terminan por conquistar la capital, Saná. Arabia Saudí y sus aliados suníes del Golfo no pueden consentir que el país sea gobernado por chíes y llevan a Yemen la guerra que libran por todo Oriente Próximo con Irán, con continuos bombardeos de las ciudades controladas por los hutíes, que no desmerecen en su crueldad a los de Rusia en Siria y Ucrania.
La coalición suní recibió apoyo logístico y de inteligencia de Estados Unidos, Reino Unido y Francia.
Siria
Es el conflicto más grave dejado por las primaveras árabes. Bashir el Asad reaccionó con extrema crueldad a las protestas populares pacíficas. Estalló entonces una guerra civil, con la participación de multitud de grupos armados, entre ellos las organizaciones yihadistas, Al Qaeda y Estado Islámico (Daesh); este último llegó a dominar el norte de Siria y el norte de Irak y proclamar el Emirato Islámico.
El Assad, de la minoría alauí y confesión chií, quedó reducido a un pequeño reducto en el norte. Hoy vuelve a controlar prácticamente todo el país, gracias a la intervención rusa y a los milicianos chiíes llegados de toda la región, empezando por los libaneses de Hezbolá.
La aviación rusa bombardeó sin compasión, ciudades como Alepo o suburbios de Damasco, en poder de grupos enemigos. A cambio, ha recibido en el Mediterráneo la base de Tartus. También en Siria han intervenido los mercenarios de grupo Wagner.
Otros actores internacionales han sido Francia, Estados Unidos y de modo muy especial Turquía, que ha llevado a Siria su lucha contra los kurdos.
En más de una década, se han registrado 380.000 muertos y 11 millones (la mitad de la población) ha tenido que huir de sus casas.
Libia
En abril de 2011, como respuesta a la represión por parte de Gadafi de la protestas populares, se organizan en varias ciudades milicias armadas. Gadafi se prepara para retomar el control de la Cirenaica, la parte oriental del país, que siempre le había sido contraria. Para evitar un baño de sangre, las potencias occidentales fuerzan en el Consejo de Seguridad la Resolución 1973 (no vetada por Rusia), que autoriza la intervención y establece una zona de exclusión aérea para evitar graves violaciones de los derechos humanos; la resolución sería más adelante anulada. Los bombardeos de la OTAN y, sobre todo de Francia, terminan con Gadafi capturado e una alcantarilla. Las milicias victoriosas se enzarzan en una guerra de todos contra todos por el dominio del territorio.
En febrero de 2021, los militares derrocaron a Aung San Suu Kyi, que había ganado las elecciones con una clara mayoría. El Ejército reprime las protestas y los grupos de la resistencia se arman y comienza una guerra civil, en que tienen gran importancia las milicias étnicas,
Afganistán
Con la retirada de Estados Unidos y el control por parte de los taliban prácticamente de todo el país, han terminado dos décadas de guerra. Pero las sanciones y el aislamiento abocan al país a un crisis humanitaria.
Yihadismo en África
LA guerra de Libia fue un torbellino, que permitió que militantes yihadistas se introdujeran en los países del Sahel, especialmente Malí y Burkina Fasso, explotando las tradicionales diferencias entre la población tuareg y y el resto de las etnias. Para evitar la caída de Bamako, Francia envía un cuerpo expedicionario en la operación Serval, luego seguida de la operación Barkhane. La UE envía misiones de entrenamiento militar en las que participa España. Los militares golpistas de Malí, exigen la retirada de Francia y acuden a los mercenarios rusos de Wagner. Esta misma semana, las organizaciones de derechos humanos denuncian el asesinato de 300 civiles por el ejército y los milicianos.
En el Golfo de Guinea, Nigeria sufre desde hace una década el azote de Boco Haram. más reciente es la presencia de grupo yihadistas en Mozambique en la región norteña de Cabo Delgado.
Se calcula que murieron casi cinco millones y medio de personas. Muchos de aquellos grupos armados siguen activos, sobre todo en la Región de los Grandes Lagos.
Sahara
El apoyo a la marroquinidad del Sahara occidental por parte de España augura un reanudación de la guerra. La vergonzosa claudicación del gobierno Sánchez no impedirá que Marruecos siga chantajeando a España, al menos mientras la UE siga externalizando su política migratoria en autocracias como Marruecos, que no puede renunciar nunca a su reivindicación de Ceuta y Melilla, En esta situación, sin apoyos europeos, el Polisario tendrá que hacerse valer con alguna iniciativa militar, tanto para recuperar peso estratégico, como para insuflar algo de moral en los campamentos de Tinduf. Ya en 2020 hubo una ruptura de hostilidades en la frontera con Mauritania.
Sudán
En Sudán se desarrollan al menos tres conflictos:
Darfur. Todavía sigue la guerra étnica en esta región occidental, fronteriza con Chad, que entre 2003 y 2007, enfrentó a musulmanes (ganaderos) y sus terribles milicias yanyauid y a los agricultores negros, sometidos a una política de exterminio, que dejó 400.000 muertos. Con la toma del poder en Jartum por los militares en 2022, el conflicto se ha reactivado.
Sudán del Sur. Después de dos guerras contra el norte, árabe y musulmán, en 2011, las regiones de Sur, negros, animistas y cristianos se independizaron y se convirtieron en el 193º estado de la ONU. En 2013 estalló una guerra civil entre dos facciones, una liderada por el presidente Salva Kiir y su vicepresidente Riek Machar. Como en casi todos los conflictos africanos, las seculares luchas entre etnias son el telón del verdadero conflicto que se libra por el dominio de los recursos, en este caso el petróleo.
Lucha por la democracia. En 2019, las protestas populares logran derribar al dictador Omar al Bashid, el único jefe de Estado procesado por el Tribunal Penal Internacional por crímenes en Darfur. Se contituye un junta cívico-militar, que dirige un difícil transición, abruptamente detenida por un golpe militar en 2022.
Zonas de tensión
No son en este momento guerras abiertas, pero tienen un enorme potencial desestabilizador.
Palestina
Palestina es un bomba de relojería que puede estallar en cualquier momento. La población sometida al cruel apartheid israelí y abandonada por sus hermanos árabes puede rebelarse en cualquier momento.
Irán
Si no hubiera sido por la guerra de Ucrania, el acuerdo nuclear, roto por Trump, ya se habría renovado. A Rusia, firmante del acuerdo, comprometida en reciclar el material nuclear, ahora no le interesa la renovación, porque supondría levantar las sanciones y poner en el mercado petróleo iraní, alternativo al ruso. Mientras, Teherán sigue enriqueciendo uranio.
China-Taiwan
Pekín nunca renunciará a la isla de Taiwan, que considera parte histórica de China; así lo admite también la mayor parte de la comunidad internacional. Pero el fracaso del experimento de Hong Kong (un país, dos sistemas), imponiendo Pekín su autocracia en la ex colonia, ha hecho crecer el sentimiento nacionalista en Taiwan. Parece difícil un reunificación voluntaria. Estados Unido está rearmando a Taipéi.
Mientras, China desarrolla una política agresiva en el mar de la China, que le enfrenta con sus vecinos por el dominio de islas y recursos marinos.
El potencial de estos conflictos es altísimo.
China-India-Pakistán
Tres potencias nucleares, Pakistán y China mantienen una histórica alianza contra India, que disputa con China las cumbres del Himalaya.
Corea del Norte
Autocracia nuclear, gobernada por el imprevisible Kim Jong-un, que se esfuerza por demostrar su poder balístico, cuyas pruebas son, según los expertos, puro fake. No puede descartarse, que perfeccione sus armas y ponga en peligro la paz mundial.
Como han demostrado los casos de Irak y Libia, el mejor seguro de los dictadores son la armas nucleares.
El cadáver de un hombre con las manos atadas a la espalda yace en un calle de la pequeña localidad ucraniana de Bucha, cerca de Kiev. EFE/EPA/MIKHAIL PALINCHAK ATTENTION: GRAPHIC CONTENT
Hemos oído estos días calificar de insoportables a las imágenesque nos llegan de Bucha. El «caracter insoportable» de estas imágenes, testimonia los aparentes crímenes de guerra del ejército ruso contra la población civil de Ucrania. Crímenes aparentes: las imágenes podrían ser pruebas de cargo en un proceso, los testimonio recogidos por los reporteros internacionales también, pero es necesaria una investigación imparcial, como la que debería estar desarrollando ya el Tribunal Penal Internacional.
Lo que quiero subrayar en esta breve entrada es cómo los dirigentes europeos invocan es «carácter insoportable» para justificar una nueva ola de sanciones a Rusia.Lo que implícitamente están diciendo es que no actúan tanto por el crímen en sí, sino porque su representación visual es insoportable para sus opiniones públicas. Como ocurriera con la foto del pequeño Aylan, ahogado en una playa turca, hay un antes y un después de estas imágenes. A diferencia de la pipa de Magritte, estas imágenes en la práctica suplantan al acontecimiento.
Fotorreporteros y videorreporteros son el último eslabón de creadores, que empieza en Goya con sus Desastres de la Guerra, que representan el dolor de los otros para que tomemos conciencia y luchemos contra los criminales.El riesgo es que en nuestra civilización del espectáculo se banalicen y sean un entretenimiento más.
Hasta 2.500 inmigrantes han llegado a hacinarse en el muelle de Arguineguín con evidente vulneración de sus derechos más elementales
Perdonaréis que esta entrada tenga un tono inusualmente polémico. No me indigno fácilmente, pero la llamada «crisis» migratoria de Canarias me subleva. Creo que las políticas migratoria europea y española son injustas, inhumanas, ineficientes y perjudiciales para nuestras democracias y economías. Pienso que el enmarque informativo predominante es acomodaticio, poco esclarecedor, cuando no directamente xenófobo. Propongo otros encuadres, pero en esta ocasión -es un desahogo personal- casi sin referencia a otras fuentes.
No, no es una invasión
Llegados a Canarias en lo que va de año: en torno a 18.500 migrantes. Población de Mogán (Arguineguín): 2517 habitantes. Población de Canararias: 2.153.000 habitantes. Población de España: 47.329.981 habitantes. Población UE: 448 millones de habitantes. Para un pequeño municipio la llegada de un contingente de personas que sextuplican su población es un trauma; para una región insular, asistir e integrar a nuevos inmigrantes que supone un 0,86% de su población es un muy difícil reto; pero para España(0,039%) y no digamos para la UE (0,0041%), estas cifras son insignificantes.
No, no es una crisis migratoria, es una crisis de gestión de la inmigración
Desde mediados de 2019 era evidente que, reforzado el control del Estrecho, del Mediterráneo central y del Mediterráneo oriental, la ruta atlántica se estaba reactivando. Y no se tomaron medidas para poner en servicio los mecanismos de acogida creados durante la llamada «crisis de los cayucos» en 2006, cuando en un año llegaron a las islas 36.000 migrantes, desmontados después por el Partido Popular. Clamorosa ha sido la descoordinación entre el Ministerio de Migraciones, con su escasa capacidad de generar recursos y partidario de los traslados a la Península, el del Interior, guardián de la cárcel canaria, el de Defensa, puesto de perfil en la cesión de instalaciones y el de Exteriores, que solo ha reactivado ahora los contactos con los países de origen.
La criminal política de los enclaves cárcel
Lampedusa primero, Lesbos después de manera muy destacada, Ceuta y Melilla siempre, y ahora Canarias, territorios de soberanía europea no continentales, se han convertido en cárceles migratorias. La Unión Europea y sus miembros han decidido que los migrantes no deben llegar a territorio continental para evitar su movilidad por territorio Schengen. Que los que desembarcan en Arguineguín no lleguen a Estocolmo, Amsterdam o Varsovia.
Dentro de estos enclaves se crean campamentos cárceles, se niega el futuro al migrante; se le somete a trato degradante (que es si no mantener a miles de personas hacinadas en muelle, con tres bocadillos al día, con váteres químicos saturados y sin duchas ni agua corriente, ¡con separación temporal de los niños de sus madres!); se les deshumaniza y se hace imposible que los que tengan derecho de asilo o protección puedan ejercerlo (imposible o ineficiente asistencia letrada, devoluciones en caliente tristemente legitimadas esta semana por el Tribunal Constitucional). Que sepan que no saldrán de estas cárceles más o menos acondicionadas.
No importa que de esta manera la acogida sea imposible, que la solidaridad se trueque en estos lugares en xenofobia y que se puedan generar agravios territoriales, que en el caso de Canarias pueden hacer renacer, incluso, sentimientos independentistas.
La política migratoria de la fortaleza europea
Los enclaves cárcel son una de las manifestaciones más extremas de la idea xenófoba de que hay que proteger la fortaleza europea, nuestra riqueza, nuestro modo de vida, nuestra superior cultura, de los bárbaros que acechan a las puertas.
Progresivamente la Unión ha ido ampliando sus competencias migratorias, sobre la base de la distinción entre inmigración regular e irregular y entre derecho de asilo e inmigración económica. La Unión establece las condiciones de entrada y residencia legal de nacionales de terceros países en un Estado miembro, pero son estos los que establecen los cupos de inmigración legal en su territorio. La UE refuerza las fronteras con su propia policía migratoria, Frontex.
Desde el Convenio de Dublín de 1995 se supone que los sistemas de asilo de todos los estados miembros comparten unos mismos estándares en materia de derecho de asilo y el Estado al que llega el solicitante de protección es el que debe decidir si tiene o no derecho a la misma. Cuando Merkel abrió las fronteras alemanas en 2015 a los refugiados sirios el sistema de Dublín saltó por los aires y se hizo patente la falta de solidaridad entre los miembros con el fracaso absoluto del reparto por cuotas propuesto por la Comisión.
La respuesta ha sido externalizar el control migratorio: dinero y cooperación policial para que los bárbaros no nos invadan. Ciertamente no es lo mismo los 6.000 millones de euros del acuerdo de Turquía, entregados en el marco de programas concretos de asistencia a los migrantes, que pagar a Libia por encarcelar y violar los derechos de los migrantes o los acuerdos de devolución con Marruecos, Senegal o Mauritania. Pero con esta externalización Europa es más frágil: está bajo el continuo chantaje de Erdogan, Mohamed VI o de los señores de la guerra de Libia, un chantaje en el que no solo está en juego dinero, sino complejos intereses geoestratégicos.
La Comisaria de Interior, la sueca Ylva Johansson, a la que competen las migraciones ha presentado un plan que está muy lejos de suscitar la unanimidad, ni siquiera la mayoría cualificada que requieren las políticas migratorias. Pasa por agilizar los procedimientos de asilo, garantizar la acogida y la integración de los asilados, que Frontex controle direcamente las fronteras, expulsiones inmediatas a los inmigrantes económicos irregulares y mecanismos voluntarios de solidaridad entre los Estados (cuotas de acogida o dinero para los acogedores). En su visita a Canarias los testigos se refieren a Johanson como «haciéndose la sueca» ante las demandas de solidaridad de las autoridades locales.
Estas políticas han convertido nuestros mares en cementerios, han deshumanizado a los inmigrantes a su llegada, han causado dolor, han favorecido la xenofobia y la explotación laboral de los clandestinos.
El falso efecto llamada
La derecha, la extrema derecha y hasta los gobierno de centroizquierda agitan una y otra vez el espantajo del efecto llamada para negar la acogida, la normalización y hasta el trato humano a los llegados. Si los tratamos bien, si les permitimos quedarse e integrarse -dicen- cada vez vendrán más y seremos invadidos.
La realidad es que estas llegadas masivas en un lugar y momento dado responden a un efecto llamada inverso: puesto que la fortaleza está cerrada a cal y canto, cualquier hueco debe ser aprovechado. En los lugares de origen se produce una histeria colectiva, es ahora o nunca. Cuando se tapa esa brecha se busca otro resquicio y otra vez a empezar. Si la migración fuera ordenada y existieran oportunidades reales de emigrar para los que cumplieran determinadas condiciones esta fiebre colectiva se atemperaría.
Las mafias y el negocio de los muros
Los gobiernos europeos no se cansan de proclamar su lucha contra las mafias, como si ese fuera todo el problema. Las mafias son parte del problema, pero no su origen. Si no puedes viajar legalmente no te queda más remedio que ponerte en sus manos.
Pueden ser grupos delincuentes que tanto trafican con drogas como con seres humanos, como en el norte de Marruecos, que de una manera u otra actúan en connivencia con policías en los países de origen y con otros delincuentes en los de llegada. Pueden ser, también, puras terminaciones de milicias o grupos políticos militares como en el Sahel y Libia. O, simplemente, un pescador de Senegal que ve una buena oportunidad de negocio o un buen día decide echarse al mar con sus amigos para buscar una nueva vida.
Luchar contra las mafias no es detener a los patrones de las pateras, es desmontar el entramado de poder que hay detrás de ellas y eso es imposible si Europa sigue financiando a gobiernos no democráticos y a los oscuros poderes (militares, policiales, religiosos) en los que se sustentan.
Hay otro negocio más lucrativo que el de las mafias y es la industria de las fronteras. Según estudio del Overseas Development Institute (ODI) entre 2014 y 2016 los países de la UE gastaron 1.700 millones de euros en vallas, muros y sistemas de vigilancia, y otros nada menos que 15.300 millones en acuerdos con los países de salida. En España, la investigación de la Fundación por Causa ha rastreado el negocio migratorio: 350 empresas distintas han participado en 943 contratos diferentes, a los que España ha destinado a lo largo de 15 años más de 1.000 millones de euros.
Son muchos, en fin, los intereses, económicos y políticos, que alimentan la infamia.
Ordenar una inmigración necesaria para la prosperidad global
Las migraciones han sido uno de los grandes motores de la historia de la humanidad. Siempre nos hemos movido y lo seguiremos haciendo huyendo de la violencia o la pobreza, buscando una vida mejor. En la actual globalización las mercancías circulan libremente, las personas no.
No defiendo un mundo sin fronteras, porque supondría que los estados no podrían ya ejercer sus funciones básicas. Defiendo un derecho de refugio y asilo, que puedan invocar no solo los que huyen de la guerra o la persecución, también los afectados por el cambio climático, los desastres naturales o las pandemias. Defiendo que, además, se consagre un derecho universal a la emigración, conforme al cual se pueda acceder a otro país siempre que se cumplan las cualificaciones educativas y laborales en los términos establecidos por cada estado en un sistema de cuotas de inmigración.
Europa es un continente envejecido, África es un continente joven. Hoy la prosperidad económica está en Europa, pero puede que mañana el dinamismo de una población joven cambie las tornas. La inmigración puede ser el motor de una prosperidad compartida.
La inmigración clandestina es la base de un sistema de explotación económica en los países ricos. En los países de origen cercena las posibilidades de desarrollo autónomo, pues son los más formados los que emigran. Las remesas económicas sostienen a las familias, pero las hacen dependiente, a ellas y al país, de un dinero ganado con enorme sufrimiento, que en su inmensa mayoría se destina directamente al consumo.
Es imprescindible que haya posibilidad de una inmigración legal cumpliendo unos requisitos razonables. Un sistema de pasarelas, de entrada y salida legal y flexible, vinculado a inversiones económicas y experiencias de educación compartida, que permitan que, por ejemplo, un joven reciba formación profesional reglada en su país, que le dé acceso en Europa a un trabajo en prácticas o a una residencia temporal que, en determinadas condiciones, pueda convertirse en permanente. Los sistemas de visados por puntos de los países anglosajones privilegian la entrada de migrantes muy cualificados e ignoran la realidad de los puestos de trabajo menos cualificados que los nacionales no quieren ocupar.
La integración no es fácil. En Alemania, del más del millón de personas llegadas en 2015 hoy más de la mitad tienen trabajo, pero son los primeros que lo están perdiendo con la pandemia. El comunitarismo anglosajón crea guetos culturales y el integracionismo republicano francés fracasa ante el hecho de que la discriminación económica y la falta de horizontes lleva a muchos jóvenes de segundas y terceras generaciones a la radicalización islamista. La integración requiere dinero y generosidad, un compromiso firme del Estado y la sociedad de acogida, pero también la exigencia firme del respeto a los derechos humanos, especialmente los de las mujeres, por parte de los inmigrantes y a la aceptación de que sus normas religiosas no pueden ser impuestas en un estado laico.
En un mundo con enormes desequilibrios demográficos y de desarrollo las migraciones seguirán imparables. Lo que tenemos que decidir es si queremos una prosperidad compartida o si preferimos, en nombre de la preservación de nuestra sacrosanta identidad, mantener un sistema criminal.
Así que esto era la nueva normalidad: convivir con el riesgo permanente del virus mortal.
Desde el 9 de mayo, fecha de mi última entrada en este blog, han pasado muchas cosas. Entre otras, la discusión de que podría ser esa «nueva normalidad» que nos proponían nuestros dirigentes.
En paralelo al aplanamiento de la curva en los países europeos, filósofos, sociólogos o economistas reflexionaban sobre cómo sería nuestra nueva vida personal, como cambiaría nuestra identidad, nuestras relaciones sociales o económicas. Se partía del supuesto de que, una vez contenida la primera oleada, con medidas de distancia social y control se evitaría una segunda oleada y la epidemia quedaría limitada a brotes aislados. Pero no, todo era más sencillo: la nueva normalidad consiste en intentar hacer una vida normal con multitud de restricciones y con el peligro de contagiarse en cualquier momento. La nueva normalidad es vivir en la incertidumbre. En la nueva normalidad, la persistencia amenazadora del virus frena la recuperación económica y la normalización de las relaciones sociales.
Durante estos casi tres meses he estado dedicado a la investigación del tratamiento de la covid-19 en los telediarios y he tenido que interrumpir la publicación aquí de esta serie de apuntes y lecturas sobre la pandemia, en los que pretendía reflexionar sobre el nuevo mundo virtual, los peligros de la sociedad de la vigilancia, la nueva economía, la lucha contra la desinformación, los paralelismos con la emergencia climática… Hoy, cierro por el momento este ciclo con los apuntes de lo ocurrido en este tiempo. Veremos en septiembre si soy capaz de retomar esos temas.
No hemos aprendido nada
Pasado el pico de la enfermedad, otra vez en la calle, la inmensa mayoría mantiene las precauciones (España es uno de los países europeos en los que más se usa la mascarilla). Pero las reuniones familiares, la irresponsabilidad de algunos grupos de jóvenes, el ocio nocturno en lugares cerrados y las condiciones de hacinamiento de los temporeros (¡qué gran vergüenza!) nos han abocado a una explosión de brotes, que en algunas comunidades aparenta ya ser una segunda oleada con contagio comunitario. Después del terrible trauma seguimos sin estar preparados para parar un segundo golpe.
La cuarentena es medicina del s. XIX. La lucha contra las epidemias en el siglo XXI se basan en la estrategia de tests, rastreos y aislamiento apoyado (TTSI, testing, tracing, supported isolation).
En España, la identificación de los casos corresponde a la asistencia primaria y el seguimiento a los servicios de salud pública.
La asistencia primaria, deficitaria después de los recortes de la crisis financiera, y desestructurada durante el pico de la pandemia, pese a todo, detecta los casos y el sistema realiza los tests en tiempos razonables. Por ahora…
En cambio, en ninguna comunidad se cuenta con un sistema de rastreo eficaz. La Universidad John Hopkins recomienda 30 rastreadores por 100.000 habitantes. Como toda recomendación es una cifra relativa, pero Madrid y Cataluña están, más o menos, en un 10% de lo deseable. El dato más significativo es que solo se identifica entre 0 y 3 contactos identificados por cada positivo, esto es, o no se rastrea o no se llega más allá del núcleo de convivencia.
Tampoco se está haciendo un aislamiento asistido. Ni siquiera un seguimiento efectivo de las personas aisladas en sus casas.
Comunidades autónomas como Madrid recaen en ocurrencias (nefastas, como la supuesta cartilla inmunitaria) o grandes proyectos, como el hospital de pandemias, cuando de lo que se trata es de que no sea necesario llegar al hospital. Pero, claro, reforzar la asistencia primaria o contratar rastreadores no permite cortar cintas rojas, repartir bocadillos de calamares ni, sobre todo, bombear dinero a las empresas amigas de construcción y multiservicios (que vienen a ser lo mismo, y de los mismos amigos).
Nada ha vuelto a saberse de la aplicación de seguimiento probada en La Gomera. Los programas de Digital Contact Tracing (DCT) pueden ser una herramienta eficaz. El reto es garantizar la privacidad y que no se conviertan en un mecanismo de control general. Intentaré dedicar una entrada más adelante a desarrollar este asunto, pero anticipo mis conclusiones:
Las DCT tienen que ser voluntarias, pero para que sean efectivas deben cubrir un porcentaje importante de la población, al menos un 30%. Por eso, requieren campañas de promoción y transparencia sobre la privacidad.
Mediante bluetooth registran todos los contactos de proximidad con otros teléfonos con la aplicación activada. En caso de que un usuario indique el contagio, todos sus contactos de proximidad (con unos requisitos de distancia y tiempo de cercanía) reciben una alarma, de modo que puedan acudir a los dispositivos sanitarios para hacerse el test.
Estos datos tienen que tener una fecha de caducidad.
Los datos pueden ser eliminados por el usuario.
Tiene que ser una aplicación descentralizada, que no envié datos a ningún organismo.
Su uso tiene que estar vigilado por una autoridad independiente, en el caso español debiera de ser por Agencia de Protección de Datos.
No, el Estado de Alarma no era una dictadura constitucional. Tan atacado que fue, ahora ninguna fuerza política se cuestiona las medidas de restricción adoptadas por las distintas comunidades autónomas, quizá porque se toman por gobiernos de todos los signos. Pero el hecho es que, con una interpretación extensiva de Ley Orgánica 3/86 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública se están haciendo confinamientos locales y, lo que es más grave, se negó el derecho de voto a centenares de ciudadanos contagiados en las recientes elecciones en Galicia y País Vasco, cuando con una resolución de la Junta Electoral Central se podría haber habilitado un sistema de recogida de votos con intervención notarial.
Como en la prevención, también se ha perdido el tiempo para aprobar una Ley Orgánica, con unas garantías específicas adaptadas a la presente pandemia y un control judicial ágil y flexible. Que yo sepa ni el gobierno ni los partidos de la oposición lo han considerado necesario.
Seguimos desunidos y sin un plan de país
Según avanzaba la desescalada, la crispación iba atemperándose. Mi personal barómetro de la desinformación (esto es, la basura informativa que me llega) mostraba también una menor actividad. Estos últimos días parece que las redes de la confusión, el engaño y el odio están de nuevo más activas.
El caso es que llegados a este punto no hemos sido capaces más que de pergeñar unas conclusiones muy generales en materia de recuperación económica, sanidad, relaciones con Europa y ni siquiera ha habido acuerdo en políticas sociales. Una comisión parlamentaria no era el lugar adecuado para llegar a un gran pacto de Estado y el resultado ha sido un compendio de buenas intenciones. El acuerdo tendría que haberse centrado en un plan económico que garantizara inversión productiva en transición energética, digital y cuidados, garantizase el blindaje de los servicios públicos y afrontara una reforma tributaria en profundidad, bajo principios de mayor progresividad. Y en lo político un pacto para dar el salto a un estado federal cooperativo.
En este punto, la Unión Europea nos ha puesto las tareas que no hemos sido capaces de afrontar. Aprovechar los 144.000 millones en subvenciones y créditos es el gran reto. Que ese dinero se va a aprovechar, como se hizo con los fondos estructurales y de cohesión, no me cabe duda, pero que eso lleve a una transformación hacia una sociedad más sostenible y cohesionada es otra cosa. El riesgo es que esos ingentes recursos sean secuestrados, una vez más, por las élites extractivas.
Duelo y responsabilidad
Positivo fue el homenaje oficial a las víctimas, el primer «funeral» cívico de nuestra democracia. Pero faltó mayor participación popular. El duelo se tiene que hacer privadamente en las familias, pero en cada institución, pública o privada, en cada asociación, en cada club, en cada ayuntamiento, se tiene que reconocer el dolor de los más próximos y realizar un apoyo efectivo. El apoyo, la resolución de las situaciones administrativas derivadas, el seguimiento médico… es la mejor forma de superar el duelo.
A los tribunales han llegado ya una avalancha de querellas, que seguirán su curso. Cada tribunal fallará de una manera u otra, seguirán los recursos y los procedimientos se alargarán. Creo que en paralelo a la vía judicial debieran de establecerse unos criterios indemnizatorios por parte del Estado, sin necesidad de que los tribunales reconozcan su responsabilidad patrimonial. Y sé que es imposible en nuestras circunstancias de polarización política, pero me parece ineludible una Comisión de la Verdad, de expertos independientes que diagnostiquen las causas de esas 45.000 muertes y establezcan las responsabilidades, sin imposición de ningún tipo de sanción.
El Estado nos protege
En la investigación realizada sobre los telediarios (presentada para su publicación a revistas científicas en el campo de la comunicación) ha resultado que el encuadre dominante en la información televisiva fue «el Estado nos protege». Efectivamente, el Estado puso en juego todos sus recursos, logísticos y sanitarios. Y a diferencia de crisis anteriores ha intentado desplegar un escudo social (ERTEs, suspensión de actividad de los autónomos, moratorias de impuestos y alquileres, aceleración de la implantación del Ingreso Mínimo Vital).
Todas estas medidas están sujetas a condiciones y pasan por el filtro administrativo, lo que merman su efectividad. Se ha perdido la oportunidad de aplicar un subsidio general, compensable a través del IRPF, que hubiera servido de ensayo general para una verdadera renta básica. No es descartable que si sufrimos una nueva oleada y volvemos a los confinamientos, o si en el otoño la situación social empeora (lo que es muy probable) sean necesarios estos subsidios generales directos.
El Estado democrático se encuentra en una encrucijada. Sobrevirá y se reforzará si consigue movilizar todos sus recursos para mantener a raya el virus, reactivar la economía, proteger realmente a todos, poniendo por delante a los más necesitados, y logra los consensos para cambiar el modelo productivo a una economía sostenible. Si no, si deja detrás a amplios sectores populares, colapsará para dejar paso a estados ilibrales o directamente autoritarios.
LECTURAS
Una sola lectura de verano, este largo texto transgénero (relato-ensayo-investigación) de Ramonet.
«Defensores de la libertad» armados entran en el Capitolio de Kentucky
¡Nos están quitando nuestra libertad! ¡Movilicémonos! ¡Armémonos contra el abuso! ¡Tomemos las caducas instituciones representativas! ¡Nuestra libertad está por encima de todo y en el origen de todo!
Son los gritos de los grupos, que como los de la imagen, ocuparon las sedes de los Legislativos de distintos estados de EE.UU, en los que los gobernadores mantienen las medidas de confinamiento para luchar contra la Covid. Estos «patriotas» armados son un fenómeno muy estadounidense, promovido e instrumentalizado por Trump y la Fox, pero tienen una raíz ideológica muy profunda que es el libertarismo o anarcocapitalismo.
Para ellos, cada uno es responsable de si mismo y el Estado solo debe protegernos del crimen (contra la propiedad) y de los enemigos exteriores. La libertad, sobre todo la libertad económica, la libertad de empresa, son sacrosantas. Una versión extrema del liberalismo anglosajón, que, por cierto, ha sido el sustrato ideológico de las pequeñas iniciativas nacidas en garajes, que han terminado por convertirse en las poderosísimas plataformas tecnológicas que ponen hoy en jaque al Estado.
La pandemia ha exacerbado la tensión subyacente en toda democracia entre libertad y seguridad.
En las democracias, ante la amenaza cierta y temible del virus la ciudadanía puede aceptar sacrificios a la libertad, instrumentados por los gobiernos para debilitar los controles institucionales, subvertir el Estado de Derecho y convertirlo en una democracia iliberal.
En las democracias (?) iliberales y en las dictaduras la crisis es una gran oportunidad para hacer más todopoderoso al hombre fuerte, al mesías salvador. Trump, Bolsonaro, Putin, Lukashenko, Erdogan, Bukele, Duterte, Orban, Kazinsky, Modi … cada uno con su estilo y circunstancias han aprovechado la crisis para reforzar su poder, bien azuzando el terror al virus, bien utilizando el miedo a la recesión e invocando la sacrosanta libertad absoluta de «hacer lo que me dé la gana».
La pandemia ha favorecido violaciones flagrantes de los derechos humanos. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, somete a los maras presos a este tratamiento inhumano y alardea de ello
Hay algunos signos preocupantes en la opinión pública española, al menos en la fase más álgida de la pandemia. A la manipuladora y sesgada pregunta del CIS casi un 67% de los encuestados contestaron estar a favor de restringir y controlar las informaciones. Otro estudio español (Amat et al, ver referencia en Lecturas) muestran un deseo de liderazgos fuertes, predisposición a sacrificar las libertades y una tendencia a apoyar gobierno tecnocráticos.
En este clima, los ayer liberticidas hoy se convierten en libertarios y movilizan a sus huestes haciendo imposible un debate sereno.
Toda restricción de derechos tiene que estar legitimada por una norma legal de rango suficiente (en nuestro caso, ley orgánica), ser proporcional y limitada.
Ningún derecho es absoluto. Todo derecho tiene unos límites intrínsecos, esto es, debe ser ejercido conforme a su naturaleza y finalidad. Libertad de expresión no es dar la voz de fuego en un teatro abarrotado -declaró hace un siglo una sentencia del juez Holmes. Y todo derecho tiene unos límites extrínsecos, en cuanto que se relaciona con otros derechos. Se hace necesaria, así, la técnica de la ponderación, que en cada caso sopesa la importancia de cada derecho a la luz de su fundamento último, que es la dignidad humana, valora si su restricción es proporcional y modela su ejercicio para hacer ambos derechos compatibles en la medida de lo posible en unas circunstancias dadas. Es el abc de la práctica cotidiana de los tribunales, señaladamente de las cortes constitucionales.
En esta entrada me voy a ocupar del Estado de Alarma, y dejo para otras aspectos relacionados con los derechos fundamentales como la lucha contra la desinformación o las aplicaciones de registro y control del virus. Los tres asuntos tienen que ver con esa tensión entre libertad y seguridad consustancial a los derechos civiles y políticos.
El Estado de Alarma no es una dictadura constitucional
En todo el mundo los gobiernos ha tenido que tomar medidas extraordinarias, la más frecuente y radical ordenar el confinamiento de las poblaciones, lo que supone una restricción a derechos básicos, como la libertad de movimientos o reunión.
En las democracias es necesaria una ley habilitante previa o votada ad hoc (caso del Reino Unido). En toda Europa se ha evitado la declaración de un estado de excepción, reservada para graves distorsiones de orden político, que, por muy embridado constitucionalmente que esté, no deja de recordar la teoría totalitaria de Carl Schmitt, según la cual «soberano es quien decide sobre el estado de excepción».
En España solo conozco un caso de oposición radical a las medidas de confinamiento, en la línea del libertarismo anglosajón, que es este manifiesto de Joaquín Legina, Guillermo de la Dehesa, J.J. R. Calaza y A. Fernández Díaz. Califican los autores al Estado de Alarma de «arresto domiciliario». Pero más ampliamente, aceptando en términos generales la necesidad de la restricción de movimientos, se ha cuestionado la propiedad de la declaración de Estado de Alarma y, en concreto, desde la derecha política, su aplicación, con gruesas descalificaciones, como considerarlo una «dictadura constitucional», con constantes ataques en las redes sociales.
La Constitución Española, en su art. 116, remite a una ley orgánica la regulación de los estados de alarma, excepción y sitio, estableciendo solo diferencias procedimentales en su declaración, pero sin determinar los supuestos de hecho que justifiquen la declaración. El Estado de Alarma se declara por Decreto, sin autorización previa del Congreso. Su prórroga si exige la autorización parlamentaria. El Estado de Excepción se decreta también por el Gobierno, pero requiere la autorización previa del Congreso. El Estado de Sitio se declara por mayoría absoluta del Congreso, a propuesta del Gobierno.
La Ley Orgánica 4/1981, cumple el mandato constitucional, deslindando claramente los supuestos de los tres estados excepcionales.
Estado de Alarma, catástrofes, crisis sanitarias (como epidemias), paralización de los servicios públicos y situaciones de desabastecimiento (art. 4). Estado de Excepción, cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público, resulten gravemente alterados (art. 13). Estado de Sitio, cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional (art. 32).
Los efectos son también distintos. En el Estado de Alarma todas las autoridades, administraciones y funcionarios quedan a las órdenes de la Autoridad competente -el Gobierno en el caso de afectar a todo el territorio nacional (art. 9)- que puede limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos, practicar requisas temporales de bienes, imponer prestaciones personales, intervenir u ocupar transitoriamente industrias, impartir órdenes para garantizar el abastecimiento (art. 11). En cambio, en la declaración de Estado de Excepción se puede suspender un amplio elenco de derechos cívicos: el derecho a la libertad (incluida las limitaciones de la detención preventiva y el habeas corpus), la inviolabilidad de domicilio y el secreto de las comunicaciones, la libertad de residencia y circulación, la libertad de expresión y el derecho a recibir información, el secuestro de publicaciones sin mandato judicial, el derecho de reunión y manifestación, el derecho a la huelga y al conflicto colectivo.
El análisis jurídico no es una ciencia exacta y en el ejercicio de la abogacía se puede defender una posición y su contraria. Pero creo que basta la somera lectura de la L. O 4/81 para concluir que el Estado de Alarma está pensado para una situación como la que vivimos y que las restricciones a las libertades, sobre todo de movimientos, nada tienen que ver con una suspensión casi general de los derechos civiles que se expresan en el espacio público, que es lo que permite el Estado de Excepción.
Solo el Estado de Alarma permite el establecimiento de una mando único. Por eso es lógico que a los independentistas y, en general, los gobiernos autonómicos no les guste, pero sorprende que los nuevos centralizadores estén tan en contra.
Las medidas económicas extraordinarias no están vinculadas al Estado de Alarma (cada una tiene su propia norma y habilitación) y, por tanto, no decaen con el Estado de Alarma, en contra de lo que ha sugerido el Gobierno. (P.S. Las normas no decaen, pero sí algunas medidas cuya vigencia está vincula a la permanencia del Estado de Alarma).
El Estado de Alarma no puede cronificarse. Para evitar más prórrogas y como, lamentablemente, puede haber retrocesos en el desconfinamiento, lo que se requeriría sería una Ley Orgánica específica. Dudo mucho que en este momento el Gobierno lograra una mayoría absoluta en una votación final sobre el conjunto de la norma, como exige el art. 81 de la CE y, desde luego, no hay tiempo para su tramitación parlamentaria.
La actividad parlamentaria se ha mantenido, aunque prácticamente limitada al control general del Gobierno y al seguimiento de la enfermedad. En el momento presente, con las consiguientes precauciones y distancia social, se debieran de activar comisiones y procedimientos parlamentarios pendientes.
Por el momento, varios tribunales superiores y el Tribunal Constitucional se han pronunciado sobre la vigencia y ejercicio del derecho de manifestación, y han declarado, como no podía ser menos que ni está suspendido ni puede suspenderse por el Estado de Alarma. Lo que han ponderado es si la prohibición de manifestaciones sindicales por parte de los subdelegados del gobierno era o no proporcional para garantizar el bien protegido, esto es, los derechos a la salud y a la vida. Y, desde luego, no han «condenado» el Estado de Alarma, como uno de tantos mensaje desinformadores que se mueven en las redes sociales afirma.
Lasentencia del Tribunal Superior de Aragón declara que el Decreto de Estado de Alarma puede limitar los movimientos del ciudadano en mayor o menor medida, pero nunca impedir el libre ejercicio del derecho de manifestación y considera desproporcionada la prohibición, en cuanto que a esa fecha, ya se podían dar paseos con niños.
Por su parte el Tribunal Constitucional, en el auto por el que inadmite a trámite el recurso de amparo contra la decisión del Tribunal Superior de Galicia, que desestimó una demanda de manifestación sindical el 1 de mayo en Vigo, al valorar la proporcionalidad de la restricción considera que las precauciones propuestas por los convocantes (caravana de vehículos ocupados por una sola persona con mascarilla) no garantizan la seguridad del bien protegido, porque pueden obstaculizar el acceso a los hospitales. Me parece muy débil este razonamiento, pero ni el Constitucional ratifica el Estado de Alarma, ni el Superior de Aragón lo condena.
En mi opinión que el Estado de Alarma no sea ninguna forma de dictadura no es óbice para que se hayan cometido errores y extaralimitaciones.
Políticamente, creo que la gestión ha sido desastrosa.
El Gobierno, investido de esos poderes centralizadores, se ha aislado. No ha sido capaz de crear un cauce fluido de comunicación con todos los grupos parlamentarios. Claro que ningún partido está dispuesto a corresponsabilizarse de la situación.
Más diálogo ha habido con las comunidades autónomas, y aunque sus gobiernos se quejan de que en la conferencia de presidentes de los domingos Pedro Sánchez se ha limitado a comunicarles las medidas adoptadas, sí que ha existido interacción, intercambio y discusión de propuestas en la conferencia sectorial de Sanidad y entre el ministro de Sanidad y sus contrapartes autonómicos.
Jurídicamente se ha hecho un uso abusivo de la competencia sancionadora. Nadie ha explicado por qué debían de aplicarse las sanciones de la Ley de Seguridad Ciudadana, en lugar de las prevista en la Ley de Sanidad. El número de sanciones parece desproporcionado y la tipificación de la desobediencia debiera de ser más rigurosa, como recomendó el informe del Consejo de Estado. Todos hemos visto vídeos en las televisiones en los que sujetos que supuestamente no respetaban las normas han sido reducidos con una violencia innecesaria. Han faltado instrucciones para que los agentes actuaran con flexibilidad.
Fuera del Estado de Alarma, se han podido utilizar los decretos-leyes para colar disposiciones que nada tienen que ver con la finalidad de la norma o no responden a la extraordinaria y urgente necesidad que requieren estas normas, como es práctica lamentable y reitirada de todos los gobiernos. El Tribunal Constitucional ha admitido los recursos contra la disposición final segunda del Decreto-ley 8/2020 que permite al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, formar parte de la comisión delegada del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Veremos si entiende que este cambio organizativo responde a razones de extraordinaria y urgente necesidad.
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