Apuntes y lecturas de la pandemia: la nueva normalidad


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Así que esto era la nueva normalidad: convivir con el riesgo permanente del virus mortal.

Desde el 9 de mayo, fecha de mi última entrada en este blog, han pasado muchas cosas. Entre otras, la discusión de que podría ser esa “nueva normalidad” que nos proponían nuestros dirigentes.

En paralelo al aplanamiento de la curva en los países europeos, filósofos, sociólogos o economistas reflexionaban sobre cómo sería nuestra nueva vida personal, como cambiaría nuestra identidad, nuestras relaciones sociales o económicas. Se partía del supuesto de que, una vez contenida la primera oleada, con medidas de distancia social y control se evitaría una segunda oleada y la epidemia quedaría limitada a brotes aislados. Pero no, todo era más sencillo: la nueva normalidad consiste en intentar hacer una vida normal con multitud de restricciones y con el peligro de contagiarse en cualquier momento. La nueva normalidad es vivir en la incertidumbre. En la nueva normalidad, la persistencia amenazadora del virus frena la recuperación económica y la normalización de las relaciones sociales.

Durante estos casi tres meses he estado dedicado a la investigación del tratamiento de la covid-19 en los telediarios y he tenido que interrumpir la publicación aquí de esta serie de apuntes y lecturas sobre la pandemia, en los que pretendía reflexionar sobre el nuevo mundo virtual, los peligros de la sociedad de la vigilancia, la nueva economía, la lucha contra la desinformación, los paralelismos con la emergencia climática… Hoy, cierro por el momento este ciclo con los apuntes de lo ocurrido en este tiempo. Veremos en septiembre si soy capaz de retomar esos temas.

No hemos aprendido nada

Pasado el pico de la enfermedad, otra vez en la calle, la inmensa mayoría mantiene las precauciones (España es uno de los países europeos en los que más se usa la mascarilla). Pero las reuniones familiares, la irresponsabilidad de algunos grupos de jóvenes, el ocio nocturno en lugares cerrados y las condiciones de hacinamiento de los temporeros  (¡qué gran vergüenza!) nos han abocado a una explosión de brotes, que en algunas comunidades aparenta ya ser una segunda oleada con contagio comunitario. Después del terrible trauma seguimos sin estar preparados para parar un segundo golpe.

La cuarentena es medicina del s. XIX. La lucha contra las epidemias en el siglo XXI se basan en la estrategia de tests, rastreos y aislamiento apoyado (TTSI, testing, tracing, supported isolation).

En España, la identificación de los casos corresponde a la asistencia primaria y el seguimiento a los servicios de salud pública.

La asistencia primaria, deficitaria después de los recortes de la crisis financiera, y desestructurada durante el pico de la pandemia, pese a todo, detecta los casos y el sistema realiza los tests en tiempos razonables. Por ahora…

En cambio, en ninguna comunidad se cuenta con un sistema de rastreo eficaz. La Universidad John Hopkins recomienda 30 rastreadores por 100.000 habitantes. Como toda recomendación es una cifra relativa, pero Madrid y Cataluña están, más o menos, en un 10% de lo deseable. El dato más significativo es que solo se identifica entre 0 y 3 contactos identificados por cada positivo, esto es, o no se rastrea o no se llega más allá del núcleo de convivencia.

Tampoco se está haciendo un aislamiento asistido. Ni siquiera un seguimiento efectivo de las personas aisladas en sus casas.

Comunidades autónomas como Madrid recaen en ocurrencias (nefastas, como la supuesta cartilla inmunitaria) o grandes proyectos, como el hospital de pandemias, cuando de lo que se trata es de que no sea necesario llegar al hospital. Pero, claro, reforzar la asistencia primaria o contratar rastreadores no permite cortar cintas rojas, repartir bocadillos de calamares ni, sobre todo, bombear dinero a las empresas amigas de construcción y multiservicios (que vienen a ser lo mismo, y de los mismos amigos).

Nada ha vuelto a saberse de la aplicación de seguimiento probada en La Gomera. Los programas de Digital Contact Tracing (DCT) pueden ser una herramienta eficaz. El reto es garantizar la privacidad y que no se conviertan en un mecanismo de control general. Intentaré dedicar una entrada más adelante a desarrollar este asunto, pero anticipo mis conclusiones:

  • Las DCT tienen que ser voluntarias, pero para que sean efectivas deben cubrir un porcentaje importante de la población, al menos un 30%. Por eso, requieren campañas de promoción y transparencia sobre la privacidad.
  •  Mediante bluetooth registran todos los contactos de proximidad con otros teléfonos con la aplicación activada. En caso de que un usuario indique el contagio, todos sus contactos de proximidad (con unos requisitos de distancia y tiempo de cercanía) reciben una alarma, de modo que puedan acudir a los dispositivos sanitarios para hacerse el test.
  • Estos datos tienen que tener una fecha de caducidad.
  • Los datos pueden ser eliminados por el usuario.
  • Tiene que ser una aplicación descentralizada, que no envié datos a ningún organismo.
  • Su uso tiene que estar vigilado por una autoridad independiente, en el caso español debiera de ser por Agencia de Protección de Datos.

Lamentablemente, las distintas aplicaciones de los países europeos no son interoperables, pese al acuerdo de la UE sobre compatibilidad.

Incapaces de proteger los derechos fundamentales

No, el Estado de Alarma no era una dictadura constitucional. Tan atacado que fue, ahora ninguna fuerza política se cuestiona las medidas de restricción adoptadas por las distintas comunidades autónomas, quizá porque se toman por gobiernos de todos los signos. Pero el hecho es que, con una interpretación extensiva de Ley Orgánica 3/86 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública se están haciendo confinamientos locales y, lo que es más grave, se negó el derecho de voto a centenares de ciudadanos contagiados en las recientes elecciones en Galicia y País Vasco, cuando con una resolución de la Junta Electoral Central se podría haber habilitado un sistema de recogida de votos con intervención notarial.

Como en la prevención, también se ha perdido el tiempo para aprobar una Ley Orgánica, con unas garantías específicas adaptadas a la presente pandemia y un control judicial ágil y flexible. Que yo sepa ni el gobierno ni los partidos de la oposición lo han considerado necesario.

Seguimos desunidos y sin un plan de país

Según avanzaba la desescalada, la crispación iba atemperándose. Mi personal barómetro de la desinformación (esto es, la basura informativa que me llega) mostraba también una menor actividad. Estos últimos días parece que las redes de la confusión, el engaño y el odio están de nuevo más activas.

El caso es que llegados a este punto no hemos sido capaces más que de pergeñar unas conclusiones muy generales en materia de recuperación económica, sanidad, relaciones con Europa y ni siquiera ha habido acuerdo en políticas sociales. Una comisión parlamentaria no era el lugar adecuado para llegar a un gran pacto de Estado y el resultado ha sido un compendio de buenas intenciones. El acuerdo tendría que haberse centrado en un plan económico que garantizara inversión productiva en transición energética, digital y cuidados, garantizase el blindaje de los servicios públicos y afrontara una reforma tributaria en profundidad, bajo principios de mayor progresividad. Y en lo político un pacto para dar el salto a un estado federal cooperativo.

En este punto, la Unión Europea nos ha puesto las tareas que no hemos sido capaces de afrontar. Aprovechar los 144.000 millones en subvenciones y créditos es el gran reto. Que ese dinero se va a aprovechar, como se hizo con los fondos estructurales y de cohesión, no me cabe duda, pero que eso lleve a una transformación hacia una sociedad más sostenible y cohesionada es otra cosa. El riesgo es que esos ingentes recursos sean secuestrados, una vez más, por las élites extractivas.

Duelo y responsabilidad

Positivo fue el homenaje oficial a las víctimas, el primer “funeral” cívico de nuestra democracia. Pero faltó mayor participación popular. El duelo se tiene que hacer privadamente en las familias, pero en cada institución, pública o privada, en cada asociación, en cada club, en cada ayuntamiento,  se tiene que reconocer el dolor de los más próximos y realizar un apoyo efectivo. El apoyo, la resolución de las situaciones administrativas derivadas, el seguimiento médico… es la mejor forma de superar el duelo.

A los tribunales han llegado ya una avalancha de querellas, que seguirán su curso. Cada tribunal fallará de una manera u otra, seguirán los recursos y los procedimientos se alargarán. Creo que en paralelo a la vía judicial debieran de establecerse unos criterios indemnizatorios por parte del Estado, sin necesidad de que los tribunales reconozcan su responsabilidad patrimonial. Y sé que es imposible en nuestras circunstancias de polarización política, pero  me parece ineludible una Comisión de la Verdad, de expertos independientes que diagnostiquen las causas de esas 45.000 muertes y establezcan las responsabilidades, sin imposición de ningún tipo de sanción.

El Estado nos protege

En la investigación realizada sobre los telediarios (presentada para su publicación a revistas científicas en el campo de la comunicación) ha resultado que el encuadre dominante en la información televisiva fue “el Estado nos protege”. Efectivamente, el Estado puso en juego todos sus recursos, logísticos y sanitarios. Y a diferencia de crisis anteriores ha intentado desplegar un escudo social (ERTEs, suspensión de actividad de los autónomos, moratorias de impuestos y alquileres, aceleración de la implantación del Ingreso Mínimo Vital).

Todas estas medidas están sujetas a condiciones y pasan por el filtro administrativo, lo que merman su efectividad. Se ha perdido la oportunidad de aplicar un subsidio general, compensable a través del IRPF, que hubiera servido de ensayo general para una verdadera renta básica. No es descartable que si sufrimos una nueva oleada y volvemos a los confinamientos, o si en el otoño la situación social empeora (lo que es muy probable) sean necesarios estos subsidios generales directos.

El Estado democrático se encuentra en una encrucijada. Sobrevirá y se reforzará si consigue movilizar todos sus recursos para mantener a raya el virus, reactivar la economía, proteger realmente a todos, poniendo por delante a los más necesitados, y logra los consensos para cambiar el modelo productivo a una economía sostenible. Si no, si deja detrás a amplios sectores populares, colapsará para dejar paso a estados ilibrales o directamente autoritarios.

LECTURAS

Una sola lectura de verano, este largo texto transgénero (relato-ensayo-investigación) de Ramonet.

Ramonet, Ignacio (2020). “Coronavirus a bordo… La odisea del ‘Zaandam’, crucero maldito”. Le Monde Diplomatique en español. 31-05-2o.

(Otras entradas sobre la covid-19 en este enlace)

 

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