Matanza de Noruega: ¿matan las ideas?


Anders Behring Breivik apretó el gatillo y puso las bombas. La policía y los fiscales deberán dilucidar si actuó completamente sólo o con colaboración o al menos en conexión con personas o grupos que compartieran sus delirantes ideas. Los tribunales le juzgarán y establecerán su responsabilidad penal.

La masacre plantea una vieja cuestión: ¿matan las ideas? ¿pueden ser las ideologías criminales? ¿son libres todas las ideas? ¿pueden establecerse límites a las ideologías del odio?

Breivik ha llevado a sus últimas consecuencias la ideología que impregna a los nuevos partidos de extrema derecha que proliferan en los países del norte (o en el norte de los países del sur, por ejemplo la Liga Norte). Su idea fuerza es que la inmigración, señaladamente la inmigración musulmana, va a imponer un cambio de la identidad europea. Europa, la tierra de la razón y la tolerancia, va perder sus señas de identidad; va a perder su religión cristiana, su pureza racial, su racionalidad y tolerancia. El islam, una religión retrógrada, se va a imponer y los culpables son los políticos que toleran la inmigración y propugnan una sociedad multicultural. El multiculturalismo es culpable.

El joven noruego puede ser un perturbado o un iluminado, depende como se mire. Su representación del mundo se ha nutrido del liberalismo, el fundamentalismo cristiano, la teoría del choque de civilizaciones y de los relatos exotericos en torno a los templarios. Al final, un cóctel que ha cristalizado en un manifiesto que es como el reverso especular del yihadismo y Al Qaeda, con su misma visión de cruzados o caballeros cristianos que luchan contra el enemigo musulmán.

Parece que una de las obras de cabecera del criminal era el breve ensayo de John Stuart Mill «On the liberty». Ni que decir que nada entendió, porque Mill, siguiendo la estela abierta por Milton dos siglos antes, defiende no ya la tolerancia, sino la confrontación de ideas para alcanzar la verdad. Doctrina que la jurisprudencia norteamericana concretó en la teoría de libre mercado de las ideas y, consecuentemente, en una amplia interpretación de la libertad de expresión, que protege actos simbólicos, como pueden ser quemar la bandera norteamericana o el Corán. No obstante, la libertad de expresión admite límites cuando exista un «clear and present danger». O dicho en palabras del juez Holmes: la libertad de expresión no autoriza a dar el grito de fuego en un teatro.

En Europa a partir de la II Guerra Mundial se comenzó por perseguir la defensa del nazismo o fascismo y la difusión del negacionismo de los crímenes nazis. A partir de ahí, muchas legislaciones europeas consideran delito la difusión y propaganda de las llamadas «doctrinas del odio», esto es, aquellas ideas que propugnan el odio o la discriminación. Recientemente, un tribunal holandés ha absuelto al ultraderechista Wilders de uno de estos delitos al considerar que al criticar al Islam como una doctrina totalitaria fundada en la dominación, violencia y opresión, no inducía a discriminación hacia los musulmanes.

Una cosa son las ideas y otra sus consecuencias prácticas. Por ejemplo, la doctrina del choque de civilizaciones, popularizada por Samuel Huntington hace una década, puede ser discutida en el ámbito académico y en el foro de los medios. Estamos en ámbitos racionales. Más allá, todos los líderes racistas o xenófobos, puede que sin ni siquiera leer la obra, la harán suya y la citarán como argumento de autoridad. Hasta ahí, habrá que confrontar esas ideologías con otras ideologías. Pero cuando se da un paso más y se proponen medidas discriminatorias atentatorias contra los derechos humanos se sobrepasa la libertad de expresión. Ni siquiera mediante la democracia directa, mediante referendum, se puede limitar derechos fundamentales, como se ha hecho en Suiza prohibiendo la construcción de mezquitas.

No, las ideas no delinquen. Pero ciertas ideas alimentan a los criminales. Hitler se nutrió del antisemitismo en gran parte de raíz cristiana y de distintas supercherías como los Protocolos de los Sabios de Sión. Entonces, un ser diabólico enajenó a un país culto y avanzado, pero que estaba empapado por una cultura autoritaria.

Hoy, los líderes ultraderechistas son postmodernos. Llevan el pelo oxigenado, son abiertamente homosexuales y apoyan  a Israel. No quieren derribar el estado de derecho, se conforman con dejarlo vacío de contenido. En este humus crecen los Anders Behring Breivik.

(Un ejemplo de las palabras del odio. Glenn Beck, el gurú del Tea Party, compara la acampada de los jóvenes laboristas noruegos con las juventudes hitlerianas)

Libertad de expresión, derecho al olvido, derechos de autor, Google y enlaces a películas


«No invocarás la libertad de expresión en vano»

Este debiera ser el título de esta entrada, pero por aquello del posicionamiento en los buscadores he compuesto un título por agregación que al final no dice nada.

No pretendo más que mostrar mi sorpresa por la ligereza con la que se quieren tapar todas las vergüenzas con el manto de la libertad de expresión.

Ante el riesgo de cierre, los agregadores de enlaces a películas dicen que ellos se limitan a ejercer la libertad de expresión.

Ahora el muy poderoso Google poco menos que amenaza con poner al Reino de España en la lista negra de los violadores de la libertad de expresión, porque la Agencia de Protección de Datos les requiere para que dejen de enlazar a publicaciones (principalmente boletines oficiales) en los que aparecen personas que quieren que sus referencias no sean recuperables.

En el primer caso estamos ante un conflicto entre libertad de información y derechos de autor. En el segundo, en un conflicto entre el derecho a la información y un nuevo desarrollo del derecho a la vida privada, el derecho al olvido, que corresponde a cualquier particular en relación a sus actividades sin trascendencia pública.

Estos conflictos entre dos libertades tienen que ser resueltos por las leyes y los tribunales ponderando y equilibrando los derechos e intereses en presencia para que las limitaciones que uno de ellos haya de sufrir en beneficio del otro sean mínimas.

Y es que -parece obvio recordarlo- ningún derecho es absoluto. Todos están interrelacionados y todos tienen que estar al servicio de los otros, pero en caso de conflicto tiene que predominar el que sea más esencial e irrenunciable para la dignidad personal.

Cada ordenamiento nacional aplica unos u otros equilibrios, pero en ninguno ni la libertad de expresión ni ningún otro derecho es absoluto. En Europa se da más peso a los derechos de la personalidad que en Estados Unidos, pero también allí la jurisprudencia (constitucional) del Tribunal Supremo considera la privacidad como un derecho irrenunciable.

Lo que ocurre es que los grandes conglomerados de Internet hacen una interpretación interesada de la libre expresión.

Termino con el optimismo liberal del preámbulo de nuestra Constitución de Cádiz:

 

«Como nada contribuye más a la ilustración y adelantamiento general de las naciones y a la conservación de su independencia que la libertad de publicar todas las ideas y pensamientos que puedan ser útiles y beneficiosas a los súbditos de un estado, la libertad de imprenta, verdadero vehículo de las luces, debe formar parte de la ley fundamental de la Monarquía, si los españoles desean sinceramente ser libres y dichosos.”

Derecho a saber y transparencia pública


¿Poder acceder a la información  pública es un derecho fundamental o una consecuencia de la obligación de transparencia de las instituciones públicas?

Esta es quizá la cuestión principal debatida el martes 28 de septiembre en la Jornada del Secretismo al Derecho a Saber, organizada por la Coalición Pro Acceso y Acess !Info Europa en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, para celebrar el Día Internacional del Derecho a Saber.

El derecho de acceso es presupuesto para la participación ciudadana y una democracia de calidad, como puso de manifiesto el profesor José Luis Martí. Sin embargo, España es, junto a Luxemburgo, Malta y Chipre, el único país de la UE sin una ley de acceso.

El anteproyecto de la Ley de Acceso a la Información no configura el acceso como un derecho fundamental, sino como una obligación de las instituciones públicas. Dicho en términos jurídicos, desarrolla en art. 105 b) de la Constitución y no el art. 20.1 a), que consagra el derecho a la libertad de expresión e información.

Como defendió el profesor de De Diego, la libertad de informar implica la libertad de investigar, de modo que en una interpretación global  en relación podel art. 19 de la Declaración de Derechos Humanos, que consagra la facultad de investigar, este derecho podría residenciarse en el art. 20 con carácter de derecho fundamental. En cambio, según reconoció el catedrático José Luis Piñar, antiguo director de la Agencia de Protección de Datos, la doctrina administrativa se pronuncia por considerar el acceso como una obligación impuesta a las administraciones.

No es una discusión académica. De que se considere derecho fundamental depende que las excepciones al acceso sean más o menos amplias y que los ciudadanos puedan exigirlo por la vía del amparo constitucional, pudiendo llegar hasta el Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sus demandas.

Paradójicamente, esta ley de la transparencia se tramita en la oscuridad. Las organizaciones manejan un anteproyecto filtrado, pero no oficial. Entre las deficiencias criticadas en la jornada destaca lo dilatado de los plazos y la limitación de acceder a la información de las empresas de capital público que no ejerzan un servicio público. Positivo se consideró que la gestión de las peticiones de acceso se otorgue a la Agencia de Protección de Datos.

La cultura del secretismo puede revertir con la entrada en vigor de la ley. Se puso como ejemplo México, con una ley avanzada. Pero, como demuestra el caso de México, donde la situación se ha degrado en los últimos tiempos, hace falta voluntad política para aplicar la ley.

En el caso de España, una directiva europea obligó a incorporar este derecho en la Ley de Medio Ambiente. Amigos de la Tierra consiguió publicar un mapa de los cultivos de transgénicos, después de una larga batalla legal y eso pese a que su petición de información a la Administración estaba avalada por la ley y la jurisprudencia europea.

Otra de las organizaciones asistentes, Pro Bono Publico, pide que las instituciones públicas abran sus datos en un formato accesible para que los ciudadano puedan explotarlos.

Ésta será una de las grandes cuestiones. El derecho no puede limitarse a responder a través de un órgano central las peticiones de información de los ciudadanos, sino que los datos deben ser fácilmente accesible a todos. Pero este acceso general no sólo plantea conflictos con la privacidad, sino la cuestión de qué aprovechamiento puede hacerse de esos datos. ¿Pueden aprovecharse con fines comerciales? ¿Cómo garantizar que los beneficios de su uso reviertan en la sociedad?.

En cualquier caso, los periodistas seguirán siendo necesarios para dar sentido a esa masa ingente de datos.

Pluralismo y subsidios


La subvención a un diario ultraderechista pone en cuestión la política de subsidios a la prensa de Suecia.

Me refería aquí hace un par de días a la propuesta de la Federación Europea de Periodistas de subvencionar el periodismo como un bien público. Suecia es uno de los pocos países donde todavía se mantienen las subvenciones a la prensa, que fuero comunes en Europa hasta hace 20 años.

La polémica ha estallado al conceder el Consejo independiente responsable de las subvenciones un subsidio de unos 300.000 € al diario ultraderechista Nationell Idag. El Consejo se defiende asegurando que el diario cumple con los requisitos objetivos exigidos: tirada, porcentaje de financiación por suscriptores y publicación de al menos mil metros de columnas de material informativo diario. Una de las componentes del Consejo ha dimitido y la Ministra de Cultura ha propuesto reformar el sistema.

El sistema de subvenciones intenta promover el pluralismo externo, esto es, que en un determinado ecosistema informativa haya el mayor número posible de voces diversas, o, dicho en términos del liberalismo norteamericano, que todos tengan la posibilidad de hacerse presentes en el «libre mercado de las ideas». Una de las maneras de garantizar el pluralismo externo es establecer normas anticoncentración; la otra es subvencionar el pluralismo.

El caso plantea algunas cuestiones al sistema de subvenciones públicas:

– En la época de la comunicación interactiva ¿tiene toda opción ideológica derecho a mantener un diario en papel y a recibir subvenciones para ello?

– ¿Puede subvencionarse con dinero público a los enemigos del pluralismo para lograr un mayor pluralismo?

– Si los requisitos no son puramente objetivos y se entra en la evaluación de la ideología ¿no se convertirán estas subvenciones en una herramienta de control político?

«Las riberas del mar océano» censurada en TVE por el Ministerio del Medio Ambiente, Rural y Marino


Las riberas del mar oceáno era uno de esos grandes documentales seña de identidad de TVE. Hoy El País informa que el Ministerio del Medio Ambiente, Rural y Marino, que invirtió 1,2 millones en la serie veta su emisión. Y el Ministerio lo confirma. Este el vídeo de la polémica, publicado también por El País.

En realidad el organismo que financió y el que veta no es el mismo. El que pagó era el Ministerio de Medio Ambiente dirigido por Cristina Narbona y el que censura es el Ministerio de Agricultura y Pesca que absorbió al anterior. Que la discrepancia fundamental resida en querer eliminar la denuncia de la corrupción indica bien cual es la actitud del nuevo ministerio.

Desde el punto de vista informativo, lo significativo es que el que paga manda. La financiación externa institucional ha venido siendo desde hace muchos años una forma de financiación pública encubierta de proyectos de calidad. TVE conseguía financiación, se realizaba un proyecto de prestigio, se daba satisfacción a un organismo oficial… y luego la serie se emitía en La Dos a una hora imposible.

Que yo tenga noticias está colaboración institucional no dio lugar a problemas sobre los contenidos, o por lo menos éstos no trascendieron. Pero lo que demuestra este caso es que TVE pliega la independencia que la ley le exige ante sus financiadores institucionales. Quien paga parece tener la última palabra sobre el contenido.

Habría que conocer los términos de los convenios firmados, pero la práctica parece demostrar que el financiador tiene unas competencias sobre el producto final incompatibles con la independencia de la radiotelevisión pública. Una vez más se demuestra que la independencia editorial se basa en la independencia económica.

Julio de Benito fue el director e inspirador de la serie. Julio nos dejó hace unos meses. Valga esta entrada como homenaje a su persona y a su coraje.

El acceso a Internet, un derecho fundamental


Casi cuatro de cada cinco personas en todo el mundo consideran que el acceso a Internet debiera tener la consideración de derecho fundamental. Así resulta de una encuesta mundial realizada por la BBC en 26 países (pdf) y a la que han respondido 27.000 adultos.

La encuesta se enmarca en una quincena que la BBC (radio, televisión y online) dedica a Internet, SeasonSuperpower, con elementos tan interesantes como Digital Giants, una serie de vídeos con personajes que están modelando lo que hoy es Internet, una superpotencia o un supepoder, esencial para participar en la vida comunitaria y social al comienzo de este siglo XXI.

La conclusión más rotunda de la encuesta es esa percepción mundial del acceso como un derecho fundamental. Pero el estudio tiene otros muchos datos dignos de análisis. Por ejemplo, en Europa una mayoría de los encuestados son partidarios de alguna forma de regulación gubernamental. En España, un 47% está a favor de la regulación y un 51% en contra. En nuestro país, Internet es, sobre todo, fuente de información. Los españoles se encuentran entre los que mejor podrían vivir sin Internet (un 70%) y a los que menos libertad ha aportado (sólo un 30% creen que ha aumentado su libertad).

Pero vuelvo a lo esencial. El convencimiento de que el acceso a la Red es un derecho fundamental es un hecho revolucionario. Internet ha configurado un nuevo ámbito comunicacional, el de la comunicación interactiva, el ciberespacio, que se suma al espacio de la comunicación natural y al de la comunicación mediática. En ese espacio podemos ejercer el derecho a la libertad de expresión e información, pero también los derechos de reunión, petición, el derecho a la educación, a la cultura y sirve cuando menos instrumentalmente a otros derechos sociales como el derecho a la salud. En otras palabras, la Red, el ciberespacio, es un ámbito, un foro público, especialmente relevante para el ejercicio de los derechos que nos hacen individuos, para los derechos humanos o derechos fundamentales.

Hay un aspecto instrumental y previo en estos derechos que es el derecho de acceso. Acceso que exige una conexión física, una conexión de banda ancha. Y un acceso en condiciones de igualdad y transparencia.

La primera manifestación se traduce en que los ciudadanos puedan exigir el derecho a la prestación del servicio, bien al estado, bien a las compañías de telecomunicaciones que prestan el el servicio público o de interés general. La tendencia es incluir el derecho de acceso, la conexión a la banda ancha, como una de las prestaciones del servicio básico de telecomunicaciones.

La segunda expresión de ese derecho es la neutralidad de la red, que todos los usuarios de la misma reciban el mismo trato de forma transparente. La presidencia española de la UE ha patinado al apuntarse temporalmente a la tesis de que las telefónicas discriminen a los usuarios.

Pero el derecho a Internet como derecho fundamental no se agota en el acceso. Todos los derechos que se ejercen en este ámbito tienen que estar garantizados, empezando por la libertad de expresión e información.

Internet era impensable en 1948, cuando el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) proclamaba el derecho a investigar, difundir y recibir informaciones, ideas y opiniones por cualquier medio, pero, justamente, ese consideración general de los medios hace que las actividades informativas en Internet (mejor que por Internet) queden perfectamente dentro del ámbito de la declaración.

La Red es más que un medio de comunicación, aunque los medios, los cibermedios, operen en este ámbito. El ejercicio de la libre expresión e información en el ciberespacio es un derecho tan fundamental como su manifestación en el espacio mediático. Algún juez en España (caso SER) todavía no se ha enterado.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos protege el secreto profesional


Cinco de los grandes medios británicos han ganado un caso histórico. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce y protege su derecho a mantener reservadas las fuentes anónimas.

Todo empezó el 27 de noviembre de 1971 cuando The Financial Times recibió un documento filtrado por una fuente anónima que advertía de una posible compra de la cervecera sudafricana SAB por la belga Interbrew. El periódico público la información y le siguieron The Times, The Guardian, The Independent y Reuters -los cinco demandante a los que el Tribunal de Estrasburgo ha dado la razón. Demandados por Interbrew para que revelaran su fuente. La High Court británica falló en su contra y ordenó a los medios que entregaran los documentos a la cervecera porque consideró más relevante el derecho de la  compañía a castigar la filtración que el de proteger la fuente. Esta sentencia ha sido ahora revocada por el Tribunal Europeo.

Los jueces europeos fallan por unanimidad que el derecho a la libertad de expresión e información, consagrado por el art. 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, incluye el derecho a proteger las fuentes anónimas. En la sentencia el Tribunal reafirma que «la protección de las fuentes periodísticas es una de las condiciones básicas de la libertad de prensa», como ha venido sosteniendo en su jurispruedencia. Examina si la restricción impuesta por el tribunal británico a este derecho es legítima y proporcionada en una sociedad democrática, en los términos del Convenio Europeo, y llega a la conclusión de que no, aunque la conducta de la fuente pueda ser ilegal, como en este caso al filtrar un documento interno protegido por el derecho mercantil. En esta ponderación el Tribunal juzga importante la conducta de la empresa, que no trató de impedir la publicación del documento y se limitó a pedir la revelación de la fuente una vez publicado.

Sentencia Financial Times LTC and others v. The United Kingdom

La tasa Tobin: la utopía es posible


En lo más álgido de la crisis un conspicuo capitalista español dijo que había que «poner en paréntesis el capitalismo». Superado lo peor de la crisis financiera, el personaje mencionado y el establecimiento económico en general vuelven a las andadas, como si nada hubiera pasado.

Pero si ha pasado. Más de cara a la galería que con voluntad real, los grandes poderes se apuntan a la regulación financiera. Impuestos del 50% sobre los «bonus» de los ejecutivos bancarios, como los que van a establecer Reino Unido, Francia y Alemania, hubieran sido anatema hace muy poco.

La Unión Europea ha dado un paso histórico. Recomienda al FMI la instauración de un impuesto sobre las transacciones financieras internacionales, en definitiva la tasa Tobin. Pensada por este economista discípulo de Keynes como una forma de luchar contra los movimientos especulativos de capitales, fue abrazada como una de las propuestas más concretas de los movimientos alternativos, y promovida sobre todo por ATTAC, que vieron también en ella una fuente de financiación para un fondo para luchar contra la pobreza.

Se nos decía que «no se puede» poner restricciones a unos mercados perfectos que crean riqueza. Hoy está claro que esos mercados ni son perfectos, ni han creado riqueza, sino que han empobrecido más, por ejemplo, a las clases medias. Hace poco Joaquín Almunia, Comisario de Asuntos Económicos, declaraba que era una idea bonita, pero poco práctica. Ahora se demuestra que la utopía puede ser posible, aunque el demonio estará, como siempre, en los detalles. Se nos decía que no había fondos para luchar contra la pobreza y se han derramado billones de dólares para salvar a los bancos.

Vivimos en un momento de aproximación entre el angélico y descomprometido «Yes, we can» de Obama y el militante «Otro mundo es posible» de los movimientos alternativos. A todos nos toca exigir a nuestros representantes que nos traicionen en los detalles.

(Una propuesta técnica para la instauración de este impuesto: ¿Se deberían pagar impuestos por consumir productos financieros? – Carlos Arenillas – El País de los Negocios, 20-12-09)

Transparencia en la blogesfera


La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos exige a partir de ahora a los blogeros que  apoyen un determinado producto que hagan públicos los pagos o regalos recibidos de las empresas del sector sobre el que hacen sus comentarios. El incumplimiento de esta obligación puede conllevar una multa de hasta 11.000 dólares.

La Comisión, que es el organismo público que protege a los consumidores, impone la misma normativa a los famosos que apoyen cualquier producto en sus redes sociales.

(Fuentes: Washington Post, CNET)

Esta normativa se enmarca en el derecho de protección de los consumidores, pero tiene raíces en el Derecho de la Información y desborda el ámbito de Estados Unidos.

La transparencia es una de las obligaciones esenciales que tiene que asumir las empresas para que la relación jurídico-informativa, de la que son parte también los profesionales el público y los profesionales, resulte equilibrada. El derecho a conocer del público tiene como correlato el derecho a saber quién nos informa y en función de que intereses. Por eso, muchas legislaciones han exigido que sea pública la propiedad de la empresa y sus principios editoriales. Y para ello, exigían, o bien la inscripción en un registro público de  estos datos, bien su publicación periódica por el propio medio.

La desrregulación que ha venido desarrollándose en los últimos 20 años se ha llevado por delante muchas de estas obligaciones. Si queremos saber la propiedad real de la empresa tendremos que hacer una labor detectivesca a través de la maraña de participaciones cruzadas de los grupos multimedia.

Otra dimensión de ese deber de transparencia es dar a conocer los conflictos de intereses que puedan existir en la labor informativa. Esta obligación, más que estrictamente jurídica, ha sido más a menudo recogida por los códigos deontológicos y ha tenido más una proyección interna en las redacciones, es decir, los trapos sucios se lavan en caso, sin dar mayor cuenta al público.

Hoy por hoy, uno de los mayores atentados a la transparencia viene dado por la ocultación de las empresas de relaciones públicas como fuente de informaciones. A través del Video News Realease se precocina una información que luego será asumida como propia por el periodista de turno. La información de la industria del espectáculo se basa en estos productos. Y qué decir de los viajes pagados a presentaciones, de las entrevistas «en exclusiva» que en realidad son pura y llanamente promociones comerciales. En un estudio (Fake TV News) de 2006 PrWatch.org encontró 36 noticias de televisión montadas con estos materiales de las que no se mencionaba su origen.

A diferencia de empresas y profesionales, los ciudadanos que mantienen un blog o un perfil en una red social, no están sujetos a ninguna obligación de transparencia. En su favor tienen una presunción social de actuación desinteresada. Nada más lejos de la realidad. Estas nuevas formas de información y expresión se orquestan por partidos, empresas, agencias de relaciones públicas y campañas publicitarias como un recurso más, prevaliéndose de la cándida aproximación de la mayor parte del público a estas plataformas.

Otros organismos de protección de los consumidores debieran de tomar nota de la normativa norteamericana. Y más allá, cualquier código deontológico adoptado por blogeros que quieran ofrecer una información fiable debiera exigir un mínimo de transparencia, como por ejemplo,  sus vinculaciones con organizaciones y empresas y pagos y regalos recibidos.

¿Quién esta en peligro en Latinoamérica? ¿Los medios poderosos o los periodistas independientes?


El diario El País dedicó ayer una doble página, con  llamada en portada, al «cerco a la prensa en el eje bolivariano».

La información más extensa, La prensa estorba en el eje bolivariano, estaba firmada por Maite Rico y era un elenco de las denuncias de los medios privados contra las políticas informativas en Venezuela, Ecuador, Bolovia y Nicaragua. Insultos, descalificaciones, acoso, leyes restrictivas y cierre de medios configuran -según la información- la estrategia de los gobiernos bolivarianos para domesticar la prensa, que consideran un poder más de la oligarquía.

No me sorprendió ni el contenido ni el estilo. El País está inmerso en una batalla con estos gobiernos. Convendría que Prisa recordara en estas informaciones sus intereses económicos en América Latina. Una política que le lleva a considerar la posibilidad de reelección de Chavez como el fin de la democracia, y democrático que Uribe utiilice todo tipo de trucos legislativos para sacar adelante un referendum que le permitirá la reelección. Un nuevo episodio de esta guerra es el encontronazo con Oliver Stone a propósito de su documental sobre los proyectos bolivarianos.

No puedo analizar con detalle las distintas políticas y medidas tomadas por estos líderes. No cabe duda que el populismo casa mal con el escrutinio de unos medios independientes. Muchas de las declaraciones de estas autoridades son amenazantes y traslucen el intento de poner los medios a su servicio. Algunas medidas son claramente atentatorias contra el derecho a la libertad de expresión e información, como las introducidas en Venezuela aprovechando la nueva ley de educación, que vienen a criminalizar cualquier protesta. Pero tampoco puede olvidarse que muchos de estos medios se encuentran inmersos en una guerra sucia contra esos gobiernos, en la que se alienta al golpe de estado y hasta el magnicidio. Por otra parte, en el sector de la radio y la televisión la situación de muchas de estas empresas era muy precaria, con licencias caducadas o invasión de frecuencias y los gobiernos lo que han hecho ha sido poner fin a situaciones irregulares de emisoras críticas.

Más me sorprendió la crónica de Soledad Gallego Díaz desde Buenos Aires, El matrimonio presidencial argentino, porque esperaba más equilibrio. Puede, efectivamente, que las iniciativas legislativas del gobierno vayan dirigidas contra el grupo Clarín, pero las medidas anticoncentración que recoge la crónica son bastantes sensatas y homologables con las de muchos países europeos. Por ejemplo, que no se posea una emisora de tv. en abierto y otra por cable en la misma zona, o que no se controle más del 35% de la audiencia. La estrategia de favorecer tres actores en el sector de la comunicación -los medios privados, los medios sociales y los medios públicos- puede ser utópica, pero no puede ser descalificada sin más.

Maite Rico (con un acceso privilegiado a la información suministrada por los servicios de seguridad colombianos en el caso de los ordenadores de Raúl Reyes) sostiene que «en otros lugares, como México, Centroamérica, Brasil o Colombia, la violencia contra los periodistas está ligada sobre todo al crimen organizado o la corrupción». Cierto, pero muchos de esos grupos criminales no son más que terminales de un poder político. Recibo un boletín de la Federación de Periodistas de Colombia (FECOLPER) y sus denuncias y llamamientos de auxilio me emocionan. Copio algunas.

«El ex alcalde de Valledupar, departamento del Cesar, Elías Ochoa, dos escoltas y seguidores, se tomaron la sede de la emisora Maravilla Estéreo, reclamando el derecho a réplica, en la mañana de hoy.  Un día antes, en el municipio de Barrancabermeja, región del Magdalena Medio, el periodista Alberto Santacruz Centeno, recibió una llamada amenazante de un presunto comandante del grupo paramilitar, Águilas Negras.» (28-08-09)

«El alcalde de Curillo, Caquetá, Esneider Mayorga, fue capturado por su presunta participación en el asesinato del periodista y líder cívico, Hernando Salas Rojas, el pasado 1 de septiembre. Dos días atrás, en Maicao, Guajira, el equipo del programa Radial Cívico, comunitario y cultural, Maicao en Marcha que se emite en la emisora Olímpica Estéreo, fueron amenazados por dos hombres, plenamente identificados, que portaban armas. … Hernando Salas Rojas, trabajaba para un canal local de T.V, a la vez que participaba en un comité para la derogatoria del mandato del alcalde municipal. Salas también conducía un taxi de servicio intermunicipal, de su propiedad, para cumplir con sus obligaciones económicas, pues el oficio periodístico no le producía ingresos suficientes». (4-09-09)

Valgan estas dos muestras. En Colombia los periodistas son masacrados por las Águilas Negras, la nueva encarnación de los paramilitares que Uribe dice haber erradicado. Muchos de los que luchan por la libertad de expresión y dan por ella su vida puede que nunca hayan pasado por una escuela de periodismo, no tengan ningún carnet o se ganen la vida como taxistas, pero son periodistas y ellos sí que están en peligro.

El ex alcalde de Valledupar, departamento del Cesar, Elías Ochoa, dos escoltas y seguidores, se tomaron la sede de la emisora Maravilla Estéreo, reclamando el derecho a réplica, en la mañana de hoy.  Un día antes, en el municipio de Barrancabermeja, región del Magdalena Medio, el periodista Alberto Santacruz Centeno, recibió una llamada amenazante de un presunto comandante del grupo paramilitar, Águilas Negras.