RTVE, imprescindible


A continuación recojo el texto a partir del cual se me cita en el reportaje de El País «La televisión de todos es mía». (Perdón por los largos párrafos, propios de un artículo y no de una entrada de un blog).

RTVE, imprescindible

El malhadado intento de injerencia editorial del Consejo de Administración de RTVE puede interpretarse como un síntoma de la crisis de la radiotelevisión pública. En realidad es manifestación de un mal más profundo: la partitocracia que contamina todo nuestro sistema político y nos ha degradado a una democracia de baja intensidad. El sistema de reparto de cargos institucionales ha desacreditado a instituciones esenciales como el Consejo del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o RTVE. Es urgente una regeneración democrática; es urgente un cambio de cultura.
La Ley 17/2006 pretendió la desgubernamentalización de RTVE confiriendo el nombramiento del Presidente, con facultades ejecutivas, y del Consejo de Administración a mayorías parlamentarias de 2/3. A los consejeros les exige cualificación y experiencia profesional, que intenta concretar bastante vagamente en formación superior o reconocida experiencia y en desempeño de funciones de alta dirección, control o asesoramiento desempeñadas durante un plazo de cinco años. Sin entrar a analizar si esta cualificación se da en todos los actuales consejeros, o en la trayectoria de algunos de ellos de plena vinculación a los partidos, una anécdota ilustra la falta de cultura de independencia institucional. La ley ordena que antes del nombramiento, los candidatos propuestos se sometan a una audiencia en la cámara respectiva (Congreso o Senado) para determinar su idoneidad. Pues bien, cuando los candidatos comparecieron en el Senado sus señorías no se molestaron en formularlos ni una sola pregunta. Si RTVE hoy no tiene presidente y sus consejeros no se renuevan, es por la misma razón que no se renueva el Tribunal Constitucional.
La política audiovisual de Rodríguez Zapatero se divide en dos períodos: una reforma y una contrarreforma. La reforma, la Ley 17/2006 que dio un estatuto de independencia, al menos formal a RTVE. Además, de la desgubernamentalización, la Ley instituyó órganos de control interno de defensa de la independencia profesional y editorial (los consejos de informativos) que en estos días han mostrado su virtualidad. No se trata, por tanto, de modificar esta ley (si acaso aclarar que los respectivos directores de informativos son los responsables editoriales y jurídicos de la información emitida). De lo que se trata, insisto, es cambiar de cultura.
En la segunda legislatura socialista llegó la contrarreforma, con la Ley 8/2009, que eliminó la publicidad de TVE, estableciendo un sistema de financiación, uno de cuyos pilares, una tasa sobre las telefónicas, se encuentra cuestionada en el ámbito europeo, con posibilidades de que el Tribunal Europeo termine por declararla contraria al derecho comunitario. RTVE ha entrado así en un peligrosísimo periodo de inestabilidad financiera. Además, la Ley 8/2009 impuso a TVE una serie de limitaciones en materia de adquisición de derechos cinematográficos y deportivos, que aboca a La Uno a competir en el mercado audiovisual con las manos atadas a la espalda.
La contrarreforma Zapatero pasó por suavizar las formas anticoncentración, que propició la adquisición de Cuatro por Mediaset y apunta a la consolidación de sólo dos grandes grupos audiovisuales. Contrarreforma que culminó con la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que terminó con el régimen de servicio público de las televisiones privadas y convirtió la licencia en un elemento patrimonial que prácticamente se otorga a perpetuidad. A ello se suma el fiasco de la TDT, con dos de los operadores nacionales dependientes de grandes grupos mediáticos emitiendo programas enlatados. No se ha constituido el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (al que se opone firmemente el PP y que de no existir será exigida por las instituciones europeas) ni tampoco se ha firmado el contrato programa para asignar los recursos necesarios al ambicioso mandato de servicio público que se ha encomendado a RTVE.
En este contexto, la radio y la televisión públicas son más necesarias que nunca. La radiotelevisión de servicio público es imprescindible en una sociedad democrática para promover la cohesión social, el pluralismo político, la diversidad cultural y lingüística, satisfacer el derecho a la información del público y las necesidades de entretenimiento acorde con los valores democráticos. Las funciones del servicio público audiovisual no pueden quedar en manos de compañías mercantiles que hace mucho tiempo dejaron de ser empresas periodísticas para convertirse en conglomerados financieros. Basta repasar el dial de la TDT para comprobar que sólo los canales de TVE aportan contenidos diversos y especializados. Y si nos referimos a la radio, sólo RNE mantiene un canal de noticias, otro de música clásica y otro centrado en música juvenil no sometido a la radiofórmula. Otro de los grandes logros es la televisión a la carta que pone los contenidos de RTVE (especialmente su rico archivo) a disposición de todos de forma interactiva.
La audiencia ha premiado a La Uno, en gran parte por la desaparición de la publicidad. Un retorno a los anuncios parece inviable, así que probablemente la única financiación estable puede llegar vía presupuestos, y esto en el período de contracción actual puede significar más austeridad. Si se desarrolla la producción propia (así se promete en el Convenio Colectivo que acaba de ser refrendado por los trabajadores) hay un cierto margen de maniobra.
El público y la mayoría de los profesionales aprecian que en esta etapa los programas informativos han logrado un aceptable grado de independencia, neutralidad y calidad. No así el PP que sigue utilizando la denuncia de la manipulación como arma arrojadiza. A falta de estudios científicos sobre el contenido, mi opinión es que se ha logrado la neutralidad y un pluralismo institucional sesgado por el bipartidismo, que se ha avanzado en la representación de la diversidad social, pero que queda todavía un camino que recorrer para lograr un pluralismo pleno. El marco jurídico institucional no es perfecto, pero sí aceptable. Reformas legislativas de un gobierno con mayoría absoluta que ataquen la independencia profesional y editorial serían inaceptables.

Hace unos días el presidente del Trust de la BBC (véase su curriculum: presidente del Partido Conservador, Gobernador de Hong Kong, Comisario Europeo, Rector de Oxford) decía que la Corporación es una fuerza moral. La BBC se ha ganado durante más de 80 años el aprecio de los británicos. RTVE construye con dificultad esa función pública, pero la reacción social y profesional de estos días es un buen síntoma.

El servicio público de la radiotelevisión, imprescindible para la democracia


La radiotelevisión de servicio público es imprescindible en una sociedad democrática para promover la cohesión social, el pluralismo político, la diversidad cultural y lingüística, satisfacer el derecho a la información del público y las necesidades de entretenimiento acorde con los valores democráticos.

Como no podía ser menos, los participantes (políticos, académicos, profesionales, sindicalistas y representantes sociales) en la Jornada «La radioletevisión pública y el porvenir de la democracia en España» (organizada por Teledetodos) estuvieron plenamente de acuerdo en esa valoración del servicio público audiovisual. Pero también, como es lógico, la discusión se centró en los modos en que RTVE y las televisiones públicas han de cumplir con esa función de modo eficaz y estable.

Reforma, contrarreforma y marco europeo

El profesor Bustamante expuso su tesis de que a la reforma democrática concretada en la ley de 2006 de RTVE siguió la contrarreforma articulada por la nueva financiación sin publicidad de 2009 y culminada por la Ley General de la Comunicación Audiovisual de 2010. Negando a RTVE una financiación estable, desvirtuando las normas anticoncentración, desrregulando y eliminando o suavizando las obligaciones públicas de los operadores comerciales se ha fortalecido el polo privado y debilitado el público. El sistema apunta a un oligopolio A3-T5, nefasto para la democracia.

Le tocó responder a la diputada socialista Meritxell Batet, quien no tuvo más remedio que remitirse como gran mérito a la desgubernamentalización de RTVE. Todos los participantes admitieron la desgubernamentalización, pero la mayoría denunció la utilización partidista no ya de los contenidos de TVE, pero sí del marco general audiovisual, a través de, por ejemplo, las comisiones de control o de los consejos audiovisuales autonómicos. Por cierto que Batet aseguró que el gobierno trabaja para crear antes del final de la legislatura el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.

Había expectación para ver cómo defendía el PP sus propuestas de reducción de canales de RTVE y privatización de las autonómicas. El diputado Ramón Moreno excusó su presencia en razón de la campaña electoral y envió una declaración genérica de apoyo al servicio público. (Declaración que, por cierto, se compagina mal con las recientes declaraciones de Gabriel Elorriaga, ajeno a la dirección del PP, pero activo en FAES mostrándose partidario de la eliminación de todas las televisiones públicas).

Bustamante insistió en que aunque el marco europeo pueda resultar limitativo es jurídicamente vinculante y tiene elementos suficientes para desarrollar una radiotelevisión pública de calidad al servicio de los ciudadanos.

La extensión del servicio público

El Protocolo de Amsterdam permite a los estados financiar a los organismos de radiotelevisión para llevar a cabo la función pública en los términos en que el propio estado miembro la haya definido, siempre que no altere con ello la competencia.

En la doctrina europea, y, sobre todo, en las comunicaciones y práctica de la Comisión Europea se ha asentado la idea de una subsidiaridad del servicio público, de modo que sólo los programas de servicio público podrían ser financiados con recursos públicos y siempre a su coste neto. Lógicamente, los operadores privados hacen una interpretación extrema de la subsidiaridad, de modo que sólo sería servicio público aquello que ellos no desarrollaran, así que la televisión pública quedaría reducida a conciertos, conferencias y sesudos documentales. Dicho de otro modo, la tele pública está para cubrir los «fallos del mercado».

El profesor Emili Prado defendió la consideración global de la programación de servicio público. Primero, porque unos programas van vinculados con otros y sólo de esta manera puede mantenerse una audiencia. Pero, sobre todo, porque en todos los programas tienen que manifestarse las funciones del servicio público, no sólo, por ejemplo, en los informativos, sino también en los programas de entretenimiento, producidos desde los valores de la cohesión social y la educación del gusto. Por su parte, Mónica Terribas, directora de TV3, aportó la experiencia de series juveniles que encarnaban esos valores con gran éxito de audiencia.

El nudo gordiano de la financiación

Unanimidad entre los participantes en considerar la supresión de la publicidad de TVE como una medida que no tenía más justificación que salvar los balances de las televisiones privadas. Y convencimiento de que el Tribunal de Luxemburgo fallará contra la tasa a las telecos. Ante el previsible caos financiero la diputada Batet aseguró que el gobierno tomaría en su momento las medidas apropiadas.

Desde el punto de vista de la audiencia la supresión de la publicidad ha sido una bendición para TVE. Pero ¿cuánto tiempo puede mantenerse ese liderazgo sin la adecuada financiación y con las nuevas limitaciones en la compra de derechos? No nos engañemos -se dijo por varios ponentes- el objetivo de las privadas no es sólo llevarse los ingresos publicitarios, sino también la audiencia. Porque los publicitarios no acudirán si no aumentan sus audiencias.

Se escucharon argumentos a favor de la publicidad en las televisiones públicas. Para el profesor Moragas, la televisión es un elemento imprescindible de un servicio público sostenible. Además, la supresión de los anuncios en TVE ha distorsionado el mercado publicitario. Las grandes empresas catalanas -dijo Terribas- quieren vincular su imagen a los valores de nuestra programación, no a los valores de la televisión basura. Pero se reconoció que la reintrodución de la publicidad en TVE sería nefasta para su imagen y posiblemente para su audiencia.

Hubo consenso en que el sistema de tasas sobre actividades más o menos relacionadas con lo audiovisual no era el camino. Pero no apareció un alternativa nítida. ¿Los presupuestos generales? ¿Un canon a pagar por los ciudadanos?

En mi opinión, puesto que la tasa a las privadas y el traspaso de la tasa del espectro radioeléctrico han pasado ya el filtro de Brusela, si el Tribunal de Luxemburgo tumba la tasa de las telecomunicaciones como es probable, no parece que haya otra solución que compensar lo perdido por vía presupuestaria, lo que, en los tiempos que corren, supondría una reducción más o menos drástica de la financiación real de RTVE.

La necesidad de regeneración democrática de las televisiones autonómicas

En la mesa de «televisión de proximidad» se habló, claro, de televisión autonómica y muy poco de televisión local y comunitaria. José Ignacio Pastor denunció la manipulación informativa y la degradación empresarial de la TVV, de cuyo Consejo de Administración es vicepresidente. Los sindicalistas trajeron el caso de la televisión «particular» (de Esperanza Aguirre): una redacción paralela («el lado oscuro de la fuerza) elabora los informativos de Telemadrid.

Lo más interesante de esta mesa fue contrastar dos modelos de televisiones autonómicas emblemáticas: TV3 y ETB. Miguel Ángel Idígoras, director de ETB, se quejó de la interferencia de los sindicatos nacionalistas y ultranacionalista. Ninguna cadena privada tendría nunca programación en euskera, hablado por el 30% de la población, pero ese techo impide a ETB alcanzar las audiencias de otras autonómicas. Terribas expuso las fortalezas de ETB: una cuota de audiencia de 20% en el conjunto de sus canales, una identificación del público, una redacción no dividida por líneas sectarias y una apuesta por la innovación.

El servicio público en la era digital: del PBS al PMS

PSB: «Public System Broadcasting «, sistema público de radiotelevisión. PSM: «Public System Media», sistema de medios públicos. El desafío de la era digital es pasar del PBS al PMS, de un servicio público de radiodifusión a un servicio público de contenidos audiovisuales e interactivos.

Fue Terribas quien (en la mesa de la televisión de proximidad) explicó mejor lo que puede ser el nuevo modelo centrado en los contenidos; contenidos producidos para los medios tradicionales y para las nuevas plataformas, con una concepción global y generados por redacciones integradas y periodistas multimedia (previo modificación del convenio laboral). Yolanda Sobero, presidenta del Consejo de Informativos de TVE, mostró su escepticismo sobre el modelo de profesional multimedia, en cuanto puede convertirse en un mero «hombre orquesta». Roberto Suárez, investigador en políticas de comunicación, abogó también por volver a las esencias del periodismo, colocando las tecnologías al servicio de los objetivos clásicos de una información de calidad.

Interesante debate también entre Eladio Gutiérrez, responsable que fue de Impulsa-TDT y Ricardo Villa, director de Medios Interactivos de RTVE. Gutiérrez reconoció el fracaso de la TDT como plataforma interactiva por falta de un canal de retorno, pero siguió apostando por el «broadcast» como el medio más eficaz y eficiente de difusión y como la esencia del servicio público, planteando el pago de los servicios interactivos y a la carta. Villa defendio, en cambio, un servicio público de acceso general en todas las plataformas.

Participación y derecho de acceso

En la mesa sobre participación social, los representantes de las organizaciones manifestaron una relativa satisfacción ante el desarrollo del derecho de acceso, pero desde el público se criticó la concepción reduccionista que ha aplicado el Consejo de Administración de RTVE, negando un verdadero derecho a las organizaciones representativas y ofreciendo una ronda de intervenciones a aquellas que no hayan tenido voz suficiente en la programación.
(En los próximos días el Canal UNED colgará los vídeos de las distintas mesas y las entrevistas a expertos extranjeros. Por mi parte, «retransmití» a través de Twitter los debates bajo la etiqueta #democraciaytv) (Vídeos en Teledetodos)

Televisión pública y televisión privada, cada vez más diferenciadas


Desde la aparición de las televisiones privadas, la televisión pública sufrió una degradación progresiva que llevó a una pérdida de identidad de TVE. A los ojos de gran parte del público, «todos los canales eran lo mismo». En el nuevo modelo, cuyas normas básicas son la Ley de la radio y la televisión de titularidad estatal y la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA), lo público y lo privado están en un proceso de nítida diferenciación. De cara al espectador, la desaparición de la publicidad en TVE ha marcado un ante y un después.

La reciente sentencia de la Audiencia Nacional, que declara como no ajustados a Derecho los servicios mínimos impuestos en las televisiones privadas durante la huelga general, es un paso más en este sentido.

La sentencia empieza a dar contenido (restrictivo) a la categoría de «servicio esencial», régimen jurídico al que, a partir de la LGCA están sujetos los operadores privados. De concesionarios del servicio público (Estatuto de 1980 y Ley de la Televisión Privada) han pasado a ser licenciatarios de un servicio de interés general.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional considera que los servicios mínimos (informativos de 20 minutos) impuestos por Orden del Ministerio de Industria ya no están justificados, pues ese servicio esencial (unos informativos reducidos) ya está satisfecho por los operadores públicos que siguen sometidos a un régimen de servicio público.

Veremos si el Tribunal Supremo y, en su caso, el Constitucional ratifican el criterio de la Audiencia, de modo que a partir de ahora no puedan imponerse servicios mínimos en las televisiones privadas. De lo que no cabe duda es que el servicio público cobra un nuevo valor.

Que la actividad de los operadores privados de televisión sea servicio esencial y no ya servicio público es arma de doble filo.

Los empresarios privados que, ciertamente, han visto consolidadas su posición con unas licencias casi a perpetuidad, se encuentran ahora que no ser servicio público estricto también tiene sus inconvenientes, como no poder imponer unos servicios informativos mínimos.

Los defensores de lo público, que ven ahora ven revalorizado el papel de la televisión pública, no deben tampoco olvidar que la LGCA impone a los titulares de esos servicios de interés general toda una serie de obligaciones de carácter público, formulado a menudo en términos muy genéricos, y que las siguientes batallas deberán librarse por concretar esas obligaciones y exigir su cumplimiento.

Urge el debate público sobre el proyecto de Ley General Audiovisual


«Aprobar una asignatura pendiente de nuestra democracia» es -nada menos- la intención con que se presenta el Proyecto de Ley General de la Comunicación Audioivisual, después de constatar que la aprobación de una norma que regule la comunicación audiosvisual no ha sido posible por falta de consenso.

¿Existe ahora ese consenso? Parece que sí… consenso entre el Gobierno y los operadores privados de televisión representados por UTECA. Como en tanto otros asuntos, el gobierno Zapatero ha preferido negociar de tapadillo con los poderosos.

El proyecto arrumba el concepto de servicio público, para regular el «mercado audiovisual», en el que operan dos sectores, el público y el privado, y uno tercer sector vergozante, el comunitario. El proyecto restringe el sector público, abre vías para la privatización de los canales autonómicos y, en general la externacionalización de la producción de todos los canales públicos. En cambio, favorece la concentración en el sector privado, amplia los derechos de los operadores privados, elimina deberes generales para todos los operadores y apenas desarrolla los derechos del público. Este «mercado audiovisual» estará regulado por un Consejo debilísimo. Las limitaciones a la publicidad de la Directiva europea se transponen con gran manga ancha.

Por el momento, las tomas de posición han venido de los sindicatos, y ahora del Foro de Organizaciones de Periodistas. En el ámbito académico, se anuncia la de ULEPICC. Sería necesaria una movilización de asociaciones de espectadores, investigadores, colectivos sociales y movimientos de izquierda para promover la contestación a la ley.

Los medios apenas han tocado el tema, mientras aplauden el proceso de jibarización de la radiotelevisión pública que traerá consigo el nuevo sistema de financiación. Hoy todo el mundo aplaude que desaparezca de TVE «Mira quién baila». El programa no me interesa y me parece inadmisible que haya sido imposible conocer las remuneraciones de los «bailones». Pero, que no se nos olvide, el formato lo inventó la BBC, modelo de servicio público. (Para otro día dejo las tribulaciones por las que está pasando la BBC)

Los sindicatos reclaman que la Ley General Audiovisual respete el concepto de servicio público


CC.OO y UGT exigen al gobierno la modificación del proyecto de Ley General Audiovisual.

En esencia, piden que se respete el tradicional concepto de servicio público de radio y televisión; que el gobierno central no abandone a las comunidades autónomas la regulación general de los medios audiovisuales; que no se abra la puerta a la privatización de los canales públicos autonómicos; que se respeten las condiciones originarias de concesiones y autorizaciones y que, en definitiva, se haga una ordenación del sector que permita el mantenimiento de los puestos de trabajo.

La posición de los sindicatos abre un debate general sobre el proyecto, hasta ahora reducido a polémicas puntuales (pornografía en abierto, sí o no) o defensa de intereses empresariales. Lo que advierten CC.OO y UGT es que el sector puede fragmentarse en regulaciones regionales, que den vía libre a la privatización de los canales públicos y pierdan de vista la consideración de los medios audiovisuales como un servicio, en los términos del art. 128 de la Constitución Española.

Confieso que tengo pendiente todavía un análisis del proyecto de ley. Por el momento, como aportación al debate, coloco el texto, publicado hoy 23 de octubre en el Boletín de las Cortes, aquí y en la página documentos (pdf).

El anteproyecto de la Ley General Audiovisual en el Observatorio de Medios de Comunicación y Sociedad


Acaba de aparecer el tercer número de la revista del Observatorio Medios de Comunicación y Sociedad de la Fundación 1º de Mayo de CC.OO (pdf). El análisis del anteproyecto de la Ley General Audiovisual está presente en dos trabajos, el de Ana Molano, en el que destacan las propuestas de CC.OO para modificar o incorporar al proyecto y en la entrevista que Carmen Rivas realiza a Enrique Bustamante. Como muestra recojo esta respuesta:

El Consejo de Ministros aprobó en el mes de junio el Anteproyecto de la Ley General del Audiovisual. ¿Cuál es su opinión sobre el mismo?

“El borrador es enormemente confuso. No tiene memoria económica, no tiene análisis del impacto de la supresión de la publicidad, de lo que va a pasar con el mercado publicitario del futuro. Es muy curioso que no tiene preámbulo, cuando la Ley Audiovisual está justificada por la existencia de más de una docena de leyes caóticas, contradictorias entre sí, pero también por la necesidad de regular un sector vital para la vida democrática española. Hay competencias que se atribuyen de nuevo al Gobierno, otras competencias a la CMT, otras parecen que se atribuyen al Consejo del Audiovisual. El Consejo Audiovisual no se sabe que competencias tendrá porque parece que le quitan la concesión de licencias y que prácticamente no va a tener capacidad de sanción. Es decir, la Ley es simplemente una versión drásticamente descafeinada del borrador que se manejó hace tres años, que fue aprobado por el Consejo de Estado y, desde luego, no es una Ley de regulación, es una Ley de liberalización, rozando el criterio puro de mercado. Creo que el borrador es tan inconsistente desde el punto de vista jurídico que tendrá que sufrir serias reformas en el proceso de trámite incluso por parte del gobierno. Desde luego no es la Ley que se prometió. No es una Ley que garantice para nada que el conjunto de la televisión y el audiovisual esté al servicio de la democracia española”.

En el mismo número hay un trabajo de Rafael Fraguas sobre la crisis de la prensa, donde desarrolla interesantes ideas sobre la inmediatismo que ha supuesto la informática. Y una revisión de Daniel Olmo del fenómeno publicitario en televisión, así como la postura ante la crisis de CC.OO por Juan Gómez. El número se cierra con un largo artículo de Enrique Bustamante sobre la evolución de los estudios sobre las industrias culturales.

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Gol a la TDT


El gobierno Zapatero autoriza en pleno agosto la televisión digital de pago. Y lo hace mediant Decreto-Ley por razones de urgente necesidad . Con razón, la urgencia es evidente, la liga está a punto de comenzar y la Sexta tiene que rentabilizar sus inversiones futbolísticas.

Supongo que ayer el ciberespacio español bulliría a favor y en contra, conforme la adscripión política y empresarial de cada cual. Me quedo simplemente con el sano escepticismo de Enric González.

Seguramente todo estará dicho, pero me apunto a la imagen fácil en una tarde de agosto: la Sexta ya ha ganado su trofeo, ya tiene su Canal Gol, pero el gol se lo ha  metido el gobierno a todos los españoles, al convertir la regulación del sector audiovisual en ocasión para hacer «mercedes» a sus amigos.

El interés general no consiste en facilitar una nueva plataforma de pago para el fútbol sino en establecer una regulación completa y ambiciosa de las posibilidades de la Televisión Digital Terrestre (TDT). Los gobiernos de Aznar apostaron por multiplicar los canales, dividiendo las concesiones entre el gobierno central y los gobiernos autonómicos, de modo que el espectro se ha repartido por razones de puro clientelismo político, de un signo u otro. El gobierno Zapatero ha seguido con el mismo modelo. El resultado es multiplicar la misma televisión comercial homogénea del modelo analógico.

La regulación de la TDT debiera seguir estas líneas básicas:

– Repartir los canales posibles entre la emisión convencional y la emisión en alta definición (HD).

– Diversificar los contenidos de servicio público con canales especializados, tanto de los operadores públicos, como de operadores privados.

– Reservar una parte de los canales para entidades locales sin ánimo de lucro.

– Explotar las posibilidades de interactividad de la TDT, para lo que es necesario una regulación técnica que unifique y exija unas prestaciones mínimas a los equipos decodificadores y medidas de fomento para que los operadores creen contenidos interactivos.

A base de favores a los amigos, cuando llegue la Ley Audiovisual tendrá que limitarse a unir los distintos remiendos.

Hoy ya tenemos a nuestra disposición una veintena de canales. Por una parte está la oferta de los canales nacionales analógicos. Por otra, los nuevos canales digitales que repiten el modelo de los anteriores a base de reposiciones. La única novedad son los canales sectarios de la derecha. Y ahora, el Gol de la Sexta.

900 prejubilaciones en la televisión pública francesa… sin publicidad

Denuncia de los bloques electorales


Representantes institucionales de la profesión periodística española presentan un manifiesto contra la imposición de bloques electorales en los medios públicos. La Asociación de la Prensa de Madrid y los Colegios de Periodistas de Cataluña y Galicia, con la adhesión de la Federación de Sindicatos de Periodistas y la presencia de representantes de los consejos profesionales de TVE y la radio pública catalana -por cierto ¿por qué se desactivó el Foro de Organizaciones de Periodistas- denuncian como limitación a la libertad de información la imposición por la Junta Electoral de unos tiempos dedicados a informar de la campaña de cada partido en las próximas elecciones europeas (Manifiesto-pdf).

Siempre he sido contrario a los bloques electorales y en este blog he explicado su generación y consecuencias. Pero tampoco creo que se pueda tratar una campaña electoral como cualquier otro acontecimiento informativo. Estas son algunas reflexiones para buscar una alternativa a los bloques.

El problema no es el equilibrio de tiempos sino su pauta diaria

Los medios públicos no pueden adoptar una posición de apoyo a ninguna opción electoral, por eso deben tratarlas a todas equilibridamente, recogiendo sus propuestas sustanciales y dando voz a sus candidatos. Ese tratamiento equilibrado tiene que traducirse en un equilibrio de tiempos, conforme a la importancia de cada opción y para ello el criterio más objetivo es la propia representación electoral. Un  criterio que, llevado a su extremo (como ocurre con la actual regulación) lleva a ignorar a cualquier nueva propuesta sin previa representación parlamentaria.

Lo que resulta inadmisible es cada candidatura tenga una cuota diaria de tiempo, que el medio debe de llenar, haya o no noticia, y sin posibilidad de dar más atención un día determinado a aquella candidatura con mayor protagonismo informativo, positivo o negativo. El equilibrio de tiempos debiera de valorarse en el conjunto de la cobertura informativa de la campaña.

El problema no son los tiempos sino los contenidos

Los actos electorales tienen muy distinto interés informativo. Este interés debe ser valorado por los responsables de los medios y no por los secretarios de comunicación de los partidos. Los actos electorales pueden ser una parte de la información electoral, pero no la única.

Incluso con el sistema actual de bloques impuestos, nada impide a las televisiones o radios públicas informar en profundidad sobre los programas (compararlos, buscar reacciones en la sociedad), informar e investigar los perfiles de los candidatos o profundizar en el contexto y los problemas políticos y sociales que rodean las elecciones. La información electoral debiera combinar estos elementos de profundización y esclarecimiento informativo con la cobertura de los actos electorales más relevantes de las candidaturas. Y todo ello con equilibrio de tratamiento y tiempos.

Radios y televisiones públicas no pueden ser simples emisores del material de los partidos

Los grandes partidos facilitan señal realizada de sus grandes actos, como es lógico muy favorable para el partido. Entregan también declaraciones, visitas a mercados y el material que quieren incluir en «su tiempo» del bloque electoral. Las radios y televisiones públicas son las únicas que pueden decidir que se incluye.

Los partidos deben dar facilidades y en ningún caso impedir el libre trabajo de periodistas y cámaras. Las televisiones públicas tienen que producir su propio material y sólo excepcionalmente recurrir al entregado por los partidos y en tal caso advirtiendo de su origen. Si los partidos quieren sus bloques, que los saquen de los telediarios.

Radios y televisiones públicas deben autorregularse en materia de información electoral

En el actual sistema son las Juntas Electorales las que establecen la pauta y controlan los contenidos. En realidad, los acuerdos de las Juntas se fraguan mediante pactos entre los dos grandes partidos, así que son éstos los que controlan esta información decisiva para la democracia.

Las radios y televisiones públicas debieran de elaborar un código o conjunto de buenas prácticas en materia electoral, que sirva de referencia a todos.  Tanto RTVE como la Corporación Catalana de Radio y Televisión tienen consejos profesionales de informativos que podrían ejercer un control interno. Para las Juntas Electorales quedaría la intervención previo recurso a sustanciar en un tiempo brevísimo que permitiera reparar los desequilibrios informativos durante la propia campaña.

Los bloques electorales son una manifestación más de la degradación informativa

Los medios, todos, son cada vez más dependientes de las fuentes instituciones, políticas y económicas. Los más dependientes son las televisiones, todas, las públicas y las privadas. La única manera de romper esa dependencia es hacer periodismo de calidad. Un grito de protesta debiera ser el boicot efectivo a cualquier comparecencia pública sin preguntas.

8.000 horas de servicio público


Más de 8.000 nuevas horas de programación tendrá que producir TVE para llenar el hueco que deje la publicidad a partir de septiembre, si el anteproyecto aprobado hoy por el Consejo de Ministros termina por convertirse en ley. Todo un reto para el servicio público.

Las protestas de los defensores de la televisión pública se justifican en la falta de consenso sobre este sistema de financiación. Finalmente, el gobierno ha renunciado al Decreto-Ley. Es una buena noticia que la norma se someta al debate parlamentario. Ya veremos cuantas plumas se deja un gobierno débil en las Cortes. El pecado original de una norma hecha a medida de las televisiones privadas es la falta de consenso en un tema que debiera resolverse, de una vez por todas, con un pacto de Estado.

Las telefónicas ya anuncian que subirán las tarifas y pondrán en rojo esa recarga en el recibo de los consumidores. Ni que decir tiene que se originará un movimiento de rechazo, muy en la línea de «no con mis impuestos». Y llegará un momento en que derogar estas tasas será muy popular. Y es que la ideología contra cualquier servicio público cada vez empapa más a amplias capas de la sociedad española, toda una victoria del neoliberalismo.

A veces conviene mirar un poco alrededor. En Francia, la televisión pública no tiene publicidad desde el 5 de enero a partir de las 20 horas. En las primeras semanas no ha existido un vuelco de las audiencias, pero las televisiones generalistas por vía hertziana han seguido perdiendo recursos publicitarios en favor de la TDT. La situación es especialmente grave para TF1 (la inspiradora de la reforma) que ha entrado en pérdidas.

TVE va a competir con las manos atadas. Será una batalla en inferioridad de condiciones, pero sus gestores y profesionales tienen que reinventar el servicio público:

-¿ Qué se hará con esas 8.000 horas? Espero que no se conviertan en autopromociones (entre otras cosas porque la Directiva de la Televisión Sin Fronteras también establece límites). Todas estas horas son la materia prima para crear espacios que satisfagan los intereses genuinos del público y no para dar satisfacción a lo que supuestamente interesa a la audiencia. Pero ¿puede elevarse la producción en más de un 10% con la misma plantilla y los mismos recursos? Si estas horas se rellenan de reemisiones, el espectador cambiará de canal.

– Reestructurar la programación. Que gozada ver una película sin interrupciones, pero ¿no está educada la audiencia en la fragmentación publicitaria y acostumbrados a usar las pausas para atender a sus obligaciones? Parece aconsejable que hasta la segunda parte del «prime time», cuando todo ya está más reposado, no se abuse de espacios sin interrupciones. El espacio de los bloques publicitarios podrían ocuparlo microespacios informativos y de servicio público.

– Liberarse del «share» y mirar al «rich». Los programadores y los editores de los informativos pueden ahora liberarse del «share», esto es, de la cuota de pantalla minuto a minuto. Pero tendrán que atender más que nunca al «rich», esto es a cuantos espectadores está dando servicio un determinado programa y la programación en su conjunto. Es hora también de pasar de lo cuantitativo a lo cualitativo: grado de satisfacción del público y adecuación a sus necesidades.

– Diversificar programas y servicios en las distintas cadenas y plataformas. Esas horas suplementarias son una oportunidad para una mayor diversidad de programas. No depender de la publicidad puede propiciar establecer un perfil más nítido de servicio público en La Dos. Ahora más que nunca sería necesario recuperar una marca de servicio público para todas las cadenas y plataformas, eliminada por la actual denominación y logos de las cadenas, que desde hace semanas parece quererse recuperar con la campaña «Altogether Now».

Forjar alianzas con el público. Que los colectivos más activos de la sociedad se sientan representados en la programación. Y que de una vez se haga realidad el derecho de acceso.

Para todo ello hace falta estabilidad y recursos incluso superiores a los actuales.

AÑADO EN LA COLUMNA DE LA DERECHA UNA ENCUESTA A FAVOR Y EN CONTRA DE LA MEDIDA.