Estas son unas reflexiones no muy ordenadas, que me han suscitado los acontecimientos de los último tiempos. Esta entrada estaba casi terminada cuando la tarde del 20 de junio llega la noticia del procesamiento de Begoña Gómez.
No puedo analizar el caso Gómez en profundidad. Como profesor qu fui de un título propio de la UCM, me parece que, al menos lo que se refiere a la parte del sumario sobre la cátedra de la UCM, a cualquiera que consiga financiación para uno de estos cursos puede establecerlos, previa autorización de la universidad, que se lleva un porcentaje de la financiación y las tasas de los alumnos. También me ha parecido extemporáneo en este procedimiento las referencias a Fernando VIÏ y que se procese sin que la Audiencia Provincial resuelva los recursos pendientes. Es muy subjetivo, pero creo que en este caso ha habido un ensañamiento «el que pueda hacer que haga».
LO QUE SIGUE SON UNAS REFLEXIONES GENERALES SOBRE LA CORRUPCIÓN
Corrupción sistémica. Durante los últimos 50 años nuestra democracia se ha visto castigada por una corrupción sistémica, asociada a los dos prtidos mayoritarios. Ni antes, IU, ni luego Podemos (al que se quiso involucrar en casos inventados, «neurona» y «dina» montados por una policía corrupta) ni tampoco Sumar han tenido casos serios de corrupción.
Los españoles no somos justos ni benéficos, como nos pedía la Constitución de 1812. A nivel popular persiste una picaresca (con Iva o sin Iva), pero el gran daño lo produce la corrupción política, que además del daño económico al Estado, produce desafección democrática. La clave está en la impunidad que sienten los políticos y cundo se descubre un escándalo la respuesta es «y tú más».
Mejor no creer en los santos ni religiosos ni laicos (Zapatero). Su abogado tiene que demostrar la nulidad la prueba del volcado del teléfono de uno de los socios venezolanos de Plus Ultra, pero llama la atención que los estadounidenses hayan guardado ese volcado desde 2021.
No toda la corrupción es igual. La corrupción económica clásica se produce en la la licitación de obra o servicios públicos (a menudo con mordidas preestablecidas como el 1% de Pujol) estas mordidas terminan en los bolsillos de los políticos y también frecuentemente tiene una derivada de financiación ilegal (Gürtel). La corrupción más grave es la que atenta a los propios fundamentos del. Estado de Derecho como el terrorismo de Estado de los Gal y si se prueba la captura del poder legislativo por el «lobby» de Cristóbal Montoro. O, igualmente si se prueba, la manipulación de policías y fiscales parara desactivar causas judiciales (caso Leire Díez).
La muerte de la presunción de inocencia. Nuestra legislación se modificó hace unos años para que el concepto de imputado fuera sustituido por el de investigado. En un auto de investigación se comunica a una persona que se están investigando hechos presuntamente delictivos a los que aparece relacionado por indicios racionales. El auto de investigación lo que hace es describir unos indicios ni mucho menos probados y que se comunican al investigado para garantizar sus derechos y pueda preparar su defensa. Sin embargo, los medios en general siguen usando el término imputado que tiene una mayor carga de culpabilización. Y a partir de ahí viene la pena de telediario cada vez que se produce cualquier comparecencia judicial rodeado de fotógrafos. Y por supuesto para los comentaristas de tendencia contraria el auto de investigación se trata como si ya fuera una sentencia firme. La carga de la prueba se invierte: a partir del auto de investigación parece que es el investigado es incluido en el auto de investigación parece que a éste le corresponde presentar las pruebas de su inocencia y no a la acusación las pruebas de culpabidad.
La instrucción penal Somos el único país europeo -que yo sepa- en el que la instrucción penal sea competencia de un juez. En Europa la instrucción se encomienda a los ficales y el juez lo es de garantías. Es una reforma que por unas u otras razones se ha ido posponiendo. En general la carrera fiscal ha sido partidaria de la reforma y la judicial siempre ha puesto objeciones. Para que la reforma funcione y no atente al Estado de Derecho la fiscalía tendría que ser plenamente independiente y recibir más efectivos. No puede instruirse sin el auxilio policial; pero la polcía tiene que estar a las órdenes de los jueces o en el futuro de los fiscales. Por muy especializados (UCO y UDEF) y exitosos que sean no pueden funcionar autónomamente ni realizar investigaciones prospectivas.
La acción popular. Otra peculiaridad española es la acción popular. No creo que deba eliminarse, como anunció el gobierno, pero los jueces debieran ser más rigurosos y no admitirlas sobre la simple base de recortes de periódicos (aquí una entrada anterior)
Lawfare. Quiero creer que no existe el uso torcitero de la justicia con fines políticos; pero cuando se pacta la composición del CGPJ y la presidencia del TS y el negociador del PP dice que con ese nombramiento pactado con el PSOE el PP va a controlar la Sala II del Supremo (donde terminan todas las causas penales contra políticos «por la puerta de atrás», uno no puede por menos que dudar. Asociaciones judiales.
El Caso fiscal general puede ser un ejemplo de lawfare. Una nota informativa para desmentir un bulo de un señor que se arroga el derecho a difundir bulos porque tiene la «barba blanca». Penoso que la Sala II no admitiera el derecho al secreto profesional de los periodistas y no admitiera sus testimonios como prueba. No se puede decir en una sentencia que el autor del hecho delictivo (revelación de secretos) es el condenado o «alguien de su entorno». También lawfare es cuando se pacta el nombre dl presidente del TS y se justifica el pacto diciendo (Ignacio Cosidó) que «vamos a controlar por la puerta de atrás». No atenta contra la separación de poderes la crítica motivada de una sentencia. Sí atenta contra la separación de poderes lla manifestación de togas ante las sedes judiciales por anteproyecto de ley (amnistía)
Calidad de la Justicia.La Justicia en España es lenta y burocrática y pone por encima los procedimientos de los derechos de los justiciables, como en un reciente caso de error judicial que ha tenido a un inocente 15años en la cárcel y después de reconocerse el error la víctima que ha pasado 15 años en la cárcel tiene que volver otra vez al Supremo para lograr una indemnización.
Caso Leire. Los hechos descritos en el sumario del juez Pedraz son muy graves y si se demuestran debieran de ser castigados con las penas correspondientes. Políticamente, si el sumario sigue recogiendo indicios graves Sánchez debiera dimitir. Pero lo que esta operación digna de «Mortadelo y Filemón» describe son conductas graves en la UCO y la Fiscalía Anticorrupción que debieran ser investigadas en profundidad.
Lucha contra la corrupción
Hasta ahora ha primado un planteamiento represivo. Un planteamiento preventivo requiere medidas reforzadas de transparencia. Carecemos de una regulación adecuada de los lobbies.El Gobierno Sánchez aprobó en 2025 un anteproyecto de 25 medidas, que duermen el sueño de los justos por falta de mayoría parlamentaria. Ningún plan saldrá adelante sin un pacto de Estado, que vincule a todos los partidos y no se convierta en en arma arrojadiza contra la corrupción pasada del rival. Dedicaré más adelante una entrada más trabajada a la lucha contra la corrupción.
POST SCRIPTUM
Un amigo me recuerda otros conflictos entre poderes e instancias judiciales:
Primero, el control de las decisiones del ejecutivo y de otros órganos, tal como la expansiva actividad de la sala tercera (nombramientos de fiscales o de mandos de la guardia civil) con una aplicación nunca vista del concepto de desviación de poder.
Segundo, la aplicación de lo penal a las decisiones de órganos legislativos (caso ERE) y las triquiñuelas para demorar la aplicación de sentencias del Constitucional (mismo caso).
Y, tercero, más triquiñuelas para no acatar, por demora, lo dispuesto por el legislativo (caso amnistía).
Periodismo Global: la otra mirada 
