Los diputados ante la Ley de Transparencia y Acceso a la Información


El acceso a la información es un derecho fundamental, pero el proyecto de ley de Ley de Transparencia del PP sigue anclado en la idea de entreabrir la puerta a una información, ignorando que la información pública es patrimonio de todos

El proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno se encuentra ya en periodo de presentación de enmiendas. La Coalición Pro Acceso aprovechó el Día Internacional del Derecho a Saber para debatir con los representantes de los grupos parlamentarios el texto del proyecto.

Moderado por Borja Bergareche, corresponsal de ABC en Londres, el acto reunió a Victoria Anderica de la Coalición, Maritxell Batet (PSOE), Irene Lozano (UPyD) y Joan Josep Nuet (Izquierda Plural). Excusaron su ausencia por razones de agenda los representantes de CiU y PP. Sin poner en duda estos motivos, es una constante en este tipo de debates que los representantes del PP estén ausentes. Es coherente con su política de comunicación de debatir lo menos posible en nombre del sentido común.

Los diputados están más necesitados que nunca del retorno informativo de la sociedad. En este caso la audiencia era de expertos, con la presencia de algunos alumnos. Y es que no parece que una ley tan decisiva como ésta levante grandes pasiones.

Resumo las grandes cuestiones del debate (#AccesoInformación)

Una ley cicatera que no cumple los estándares internacionales

El proyecto no cumple con los 10 principios en los que la Coalición Pro Acceso ha sintetizada la legislación comparada de 80 países: no es un derecho fundamental, se excluyen borradores, se impone el silencio negativo (Anderica); es cicatera, desconfía de los ciudadanos y antigua (Nuet), pensada más de los parámetros de la comunicación vertical que horizontal. Si no se modifica el proyecto no habrá cambio de cultura política (Nuet), un cambio que exigiría que los funcionarios aceptaran que la información es de los ciudadanos (Batet).

Para Nuet excluir a la Casa Real convertirá a la ley en “una fábrica de republicanos”.

El parto de los montes

El gobierno anunció a bombo y platillo el proyecto y abrió un plazo de sugerencias en Internet, que no ha se han tenido en cuenta. Al final  se ha parido un ratón (Nuet). Añadiría por mi parte que al proyecto le sobra toda la parte de “buen gobierno”, en realidad disposiciones para reforzar el control de la austeridad, que nada pinta aquí y es el aspecto en que parece volcado el PP. Los tres diputados creen que, con todo, en el debate el texto podría mejorarse.

El acceso, un derecho fundamental a la información

La opinión dominante en el debate fue la de considerar el acceso como un derecho fundamental. A Batet le tocó el difícil papel de defender la posición contraria, puesto que el PSOE presentó en la anterior legislatura un proyeco que incidía en el mismo error. Sostuvo que tan legítimo era fundamentar este derecho en el art. 20, como en el 105 b) y alegó que lo diferencial con otros países es que la Constitución ya regulaba específicamente el acceso y no lo hacía como un derecho fundamental.

Por supuesto si se reconociera como un derecho fundamental tendría las garantías constitucionales de su exigilibidad directa mediante el recurso de amparo y debiera ser regulado por ley orgánica. Pero lo más trascendente es la cultura política que subyace: no es sólo que la administración tenga que ser transparente, es que la información es de todos.

Aporto mi argumento. El titular del derecho a la libertad de información son todos los ciudanos, y aunque en la formulación en el art. 20 1 d) CE se mencionan las facultades de difundir y recibir, en el difundir está implícito el investigar y por si cupiera duda puedeacudirse al valor interpretativo del art. 19 de la Declaración Universal de 1948, que explícitamente incluye la facultad de investigar como derecho humano. El art. 105 lo que viene a hacer es regular un aspecto de las relaciones del administrado con la administración. El acceso es un derecho fundamental y la información pública debe ser accesible a todos.

Silencio administrativo

El proyecto (art. 17.4) consagra el silencio administrativo negativo, esto es, si la administración no responde en el plazo establecido se entiende que la petición ha sido denegada. A Batet le correspondió defender que el silencia administrativo positivo es irrealizable, pues en otro caso un juez obligaría a entregar la información, sin tener la capacidad de juzgar si realmente era información accesible no sujeta a alguna de las limitaciones de la ley.

La cuestión es que cambie la mentalidad de la administración y los funcionarios y no se produzca un peloteo entre órganos que finalmente de lugar al silencio y obligue al ciudadano a acudir a los tribunales.

Colisión con la protección de datos

El profesor Dader propuso una revisión en paralelo de la Ley de Protección de Datos, de modo que, por ejemplo, la información pública recuperada de las hemerotecas no pueda ser impedida alegando que se trata de datos personales.

En los previsibles conflictos entre el derecho a la protección de los datos personales y el derecho de acceder a la información prevalecerá el primero si no se da carácter de derecho fundamental al acceso a la información.

Infraestructuras y costes

El proyecto prevé un portal  (ar. 8) de la transparencia desde el que básicamente se accedería a información económica, presupuestaria y estadística de las administraciones. Pero el público puede pedir informaciones que no se encuentren en estas grandes bases de datos. No hay ni una sola previsión para crear mecanismos de acceso electrónico generalizado. La ley carece de memoria económica y el acceso no es gratis. A título de ejemplo, la BBC ha gastado más de 3 millones de libras desde 2005 en facilitar información solicitada por el público desde que entró en vigor la ley británica. No hay que ser muy mal pensado para imaginar al gobierno diciendo que no tiene dinero para estos “líos”. Lozano y Nuet insistieron en que la falta de transparencia tiene finalemente un mayor coste económico.

Autoridad independiente

El proyecto crea un Agencia Estatal de transparencia, un órgano administrativo al qu hay que recurrir antes de acudir al contencioso administrativo. La agencia es un órgano del Ministerio de Hacienda y carece de independencia.

Y en este punto se entró en el debate sobre las autoridades independientes, la manipulación partidista de los órganos constucionales… Otro debate en el que subyace la crisis constitucional que, día a día, se hace más visible.

(Sobre el derecho de acceso o derecho a saber este post antiguo)

“Tuitear” el consejo de ministros de Túnez ¿transparencia o banalidad?


Vuelvo a preguntarme a cuenta de la revolución de Túnez si todo debe ser sabido y conocido en el acto.

Slim Amamou es un bloguero que ha pasado prácticamente de la cárcel al gobierno de Túnez. Su notoriedad le ha llevado a la Secretaría de Estado de Juventud y Deportes. A pesar de ello, su Twitter original (@slim_amamou) sigue censurado y ha tenido que abrir una nueva cuenta  (@slim404), desde la que ayer “tuiteó” o retransmitió el primer consejo de ministros del gobierno de transición. (La noticia puede verse en el El Mundo y La Vanguardia).

Me imagino la cara de los viejos dinosaurios del régimen cuando su joven colega tuiteba desde un ordenador o un teléfono inteligente. Visto así es divertido y la información suministrada es, desde luego, significativa de lo caótica que es la transición. Pero ¿se puede trabajar seriamente en tales condiciones sabiendo que nuestras palabras van a ser reproducidas más o menos fielmente o filtradas con mayor o menor intención?

Un consejo de ministros es órgano colegiado que debe tomar decisiones previa deliberación. No se hace política tuiteando desde su mesa, si acaso, política espectáculo.

Twitter “remedia”, es decir, reproduce, adapta y fusiona funciones de otros medios; “remedia” el cable de las agencias; “remedia” la retransmisión en directo de la televisión. Es hoy una herramienta informativa de primera magnitud, que nos permite conocer de la mano de protagonistas y testigos lo que está ocurriendo en este momento.

Se puede “tuitear” un partido de fútbol, una sesión parlamentaria y todo lo que es por esencia público y tiene un proceso de desarrollo. Cuanto más azaroso sea este proceso, más interés tendrá tuitearlo.

Cuando se trata de una sesión de trabajo no pública, el tuiteo lo único que hace es que los pavos reales luzcan sus plumas. Véase la reunión de internautas y creadores. Además, el “tuit” es un eco que distorsiona la misma discusión que está siendo retransmitida. “Acabas de tuitear algo que no he dicho…”.

Más que transparencia, saber que Salim Amamou se va a poner corbata para complacer a su colega el ministro de justicia me parece una banalidad. Y anunciar por su propia cuenta en Twitter que se levanta el estado de alerta lo juzgo una temeridad.

Wikileaks desmitificado


Los habitantes del ciberespacio tienden a magnificar cualquier acontecimiento. WikiLeaks desborda el ciberespacio y seguramente marcará un antes y un después en el manejo de la información pública. Nos ha confirmado que el Imperio es poderoso y sus vasallos poco dignos. Nos obliga a replantearnos toda la cadena de producción periodística, de las fuentes a la publicación. Pero no está de más dismitificar un poco. Y para ello, sin que sirva de precedente reproduzco aquí algunos de los párrafos del artículo de Daniel Peral en Europa en Suma. Un poco de vitriolo nunca viene mal.

WIKILEAKS. EL FILTRADOR, FILTRADO.

Por Daniel Peral

Convendría centrar la discusión, porque, en caso contrario, podríamos  pensar que estamos ante “o maior acontecimento da historia da humanidade”, que diría un portugués.

La aldea global se ha dividido, como en la primera guerra mundial entre aliadófilos y  germanófilos, entre detractores y partidarios de Wikileaks.

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Faltan más filtraciones, por ejemplo: que papel jugó Goldman Sachs en la caída de su rival, Lehman Brothers, el taponazo de la crisis financiera. ¿Era necesario que cayera esa entidad y la otra no? ¿Se trató, como han señalado algunos medios, de una guerra entre gigantes, crisis de hipotecas-basura aparte?

Queremos fugas del trabajo de la silenciosa y efectiva diplomacia China que desprecia la situación de los derechos humanos en África, donde tiene ya un millón de trabajadores y de donde saca petróleo, madera, gas, coltán, y de los ciberataques de Pekín, ayer contra Google y Facebook, ahora contra Skype. Paradójico ¿no?, cuando ellos fabrican los ordenadores y móviles de última generación, pero no permiten a los chinos tener acceso a las nuevas redes sociales .Queremos conocer todas las interioridades del despótico régimen ruso, y, como me dice un amigo que vive desde hace años en Calcuta (pronúnciese Galkata), de la inmensa corrupción política de la emergente y aparentemente modélica India.

Queremos conocer la contaminación real de nuestros grandes bancos, los españoles, por el virus del ladrillo En  fin, queremos desayunarnos cada día con un escándalo y saber lo malos que son y somos todos.

Por cierto, poco se ha filtrado de como Israel ha “toreado” de nuevo a los EEUU, en esta ocasión al inicialmente firme Obama, que pedía el fin de la expansión de los asentamientos judíos en tierra palestina para resucitar al difunto proceso de paz. Antes, cayeron Bush padre y  Clinton; con W no había problemas. No hemos visto ninguna queja de los diplomáticos por la brutal expansión de las colonias y las condenas de los palestinos. Sólo, la preocupación de Israel, su miedo escénico e histórico, frente a los misiles y el arma nuclear iraní ¿Curioso, no?

Los fanáticos de la nube consideran que la historia cambia cuando aparecen ellos, que nada será igual después de Wikileaks, como aquella tontería de Fukuyama de que la historia había llegado a su fin con la caída del muro de Berlín y el triunfo del capitalismo como Sistema Único, que traería la paz y la concordia global al mundo. Lo estamos viendo. Lo fans de lo global no recuerdan la invención de la escritura en aquellas modestas tablillas de barro, la de la rueda, el fuego o la pólvora. Nadie dijo en su momento que la historia había cambiado. No tenían relatores globales, Wikis, ni iPhones que lo contaran.

Uno de los acontecimientos más importantes de finales del siglo XX, con gigantescas consecuencias, queridos jóvenes y jóvenas, entusiastas ahora de las Wikifugas, se produjo sin la red social, sin Internet, sin teléfonos móviles, ni de los antiguos ni de los “inteligentes”. Y fue hace nada, sólo 20 años. Fue un movimiento creciente de protesta de los alemanes del Este, los héroes de aquella revuelta, por el boca a oreja, como se dice ahora, en la que no hubo ni un muerto ni un herido y que acabó con los regímenes “socialistas” del Este de Europa, la economía  planificada, los sueños del viejo filósofo de Tréveris, con siglo y medio de luchas obreras. Aquellas gentes abrieron grietas en el muro de Berlín. Lo que no sabían los pobres, y  nosotros tampoco, es que con ese momento histórico, de verdad, de lo buenos, daban carta blanca al capitalismo brutal, el único sistema que quedaba y cuyas consecuencias estamos viviendo desde 2007

 

(Como aperitivo es suficiente. Os remito de nuevo a la lectura del texto completo)

¿Ciberespacio transparente?


Julian Assange es un militante de la transparencia absoluta y su herramienta es WikiLeaks.

Gracias a WikiLeaks hoy sabemos que hubo ejecuciones extrajudiciales en Kenia; hemos confirmado que Afganistán e Irak suponen un desastre estratégico y una violación sistemática de los derechos humanos; hemos visto a nuestros gobernantes desnudos mendigar una foto con el emperador y plegarse a los designios de los procónsules; hemos asistido con escándalo a la connivencia de los fiscales para negar justicia a un español… Gracias WikiLeaks.

Pero no podemos vivir en un mundo absolutamente transparente.

En el mundo real nuestras relaciones sociales se basan en respetar ámbitos de privacidad e intimidad. Hasta en las relaciones más cercanas e íntimas siempre existe un reducto inaccesible al otro. El Derecho ha protegido tradicionalmente frente a intromisiones ilegítimas la privacidad, la intimidad, nuestro derecho a una personalidad (el derecho a la imagen, el derecho al honor) y ha adaptado estos derechos con la protección frente a nuevas vulneraciones, con el desarrollo del derecho a la protección de los datos personales.

En el campo público, la lucha por la democracia es la lucha por una mayor transparencia de la actuación de los poderes. Desde su origen en la noche de los tiempos, los poderes han tendido a revestirse con imágenes simbólicas y a actuar en la oscuridad. En las sociedades modernas los medios de comunicación han ido arrojando luz sobre estas zonas de sombra y los poderes se han defendido asegurando que la información podía comprometer la seguridad pública. Pero cuando todo se clasifica como secreto es evidente que se está ampliando abusivamente ese ámbito de seguridad. Así lo falló el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso de los Papeles del Pentágono (NEW YORK TIMES CO. v. UNITED STATES, 403 U.S. 713,1971).

Las leyes del derecho de acceso o de transparencia pretenden abrir toda la información generada por los poderes públicos a los ciudadanos, con las salvedades de la protección de la privacidad y la seguridad pública, en los términos definidos por las leyes.

Hasta aquí el debate en el mundo real y mediático. ¿Valen estas reglas para el ciberespacio? Parece que no.

Las aplicaciones de redes sociales ponen en cuestión la privacidad y los derechos de autor de sus participantes. El fundador de Facebook dice que a los jóvenes no les interesa la privacidad ni la propiedad intelectual (eso sí él patenta la palabra “face” para que no pueda ser utilizada como raíz de ninguna marca comercial). Y nuestra huella digital nos hace sombra durante toda nuestra vida.

WikiLeaks nos demuestra que información hasta ahora reservada o secreta puede fluir libremente en cantidades ingentes, en un fenómeno que supera los supuestos de las leyes de transparencia.

¿Debe (poder ya se ve que se puede) ser accesible cualquier conversación privada, cualquier reunión, cualquier acto deliberativo de una institución pública? En mi opinión tiene que ser accesible toda información de interés pública con sus antecedentes, pero es necesario reservar un espacio para que las deliberaciones puedan hacerse sin la presión mediática.

En la encuesta que encontraréis en este blog 10 lectores se han manifestado a favor de WikiLeaks y dos en contra por considerar que las relaciones internacionales se harán más peligrosas. Gana la transparencia.

Tampoco me entusiasman las multitudes inteligentes (smart mobs) porque hoy pueden defender a WikiLeaks y ayer movilizar por sms contra la mentira del gobierno de Aznar en el 11-S, pero mañana pueden lanzarnos contra los inmigrantes, los catalanes o los españoles.

A todo esto la respuesta tendría que darla el Derecho. Pero ¿cómo puede actuar el Derecho en un espacio sin espacio o en un espacio con centenares de jurisdicciones? Las iniciativas jurídicas, desgraciadamente, van en la línea de limitar el libre flujo de información por la vía de la censura o a merced de los intereses de las empresas que quieren poner fina a la neutralidad de la Red.

No hay respuestas. Mejor que el ciberespacio sea transparente, pero, yo, personalmente, procuraré defender mi reducto estrictamente personal.

Derecho a saber y transparencia pública


¿Poder acceder a la información  pública es un derecho fundamental o una consecuencia de la obligación de transparencia de las instituciones públicas?

Esta es quizá la cuestión principal debatida el martes 28 de septiembre en la Jornada del Secretismo al Derecho a Saber, organizada por la Coalición Pro Acceso y Acess !Info Europa en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, para celebrar el Día Internacional del Derecho a Saber.

El derecho de acceso es presupuesto para la participación ciudadana y una democracia de calidad, como puso de manifiesto el profesor José Luis Martí. Sin embargo, España es, junto a Luxemburgo, Malta y Chipre, el único país de la UE sin una ley de acceso.

El anteproyecto de la Ley de Acceso a la Información no configura el acceso como un derecho fundamental, sino como una obligación de las instituciones públicas. Dicho en términos jurídicos, desarrolla en art. 105 b) de la Constitución y no el art. 20.1 a), que consagra el derecho a la libertad de expresión e información.

Como defendió el profesor de De Diego, la libertad de informar implica la libertad de investigar, de modo que en una interpretación global  en relación podel art. 19 de la Declaración de Derechos Humanos, que consagra la facultad de investigar, este derecho podría residenciarse en el art. 20 con carácter de derecho fundamental. En cambio, según reconoció el catedrático José Luis Piñar, antiguo director de la Agencia de Protección de Datos, la doctrina administrativa se pronuncia por considerar el acceso como una obligación impuesta a las administraciones.

No es una discusión académica. De que se considere derecho fundamental depende que las excepciones al acceso sean más o menos amplias y que los ciudadanos puedan exigirlo por la vía del amparo constitucional, pudiendo llegar hasta el Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sus demandas.

Paradójicamente, esta ley de la transparencia se tramita en la oscuridad. Las organizaciones manejan un anteproyecto filtrado, pero no oficial. Entre las deficiencias criticadas en la jornada destaca lo dilatado de los plazos y la limitación de acceder a la información de las empresas de capital público que no ejerzan un servicio público. Positivo se consideró que la gestión de las peticiones de acceso se otorgue a la Agencia de Protección de Datos.

La cultura del secretismo puede revertir con la entrada en vigor de la ley. Se puso como ejemplo México, con una ley avanzada. Pero, como demuestra el caso de México, donde la situación se ha degrado en los últimos tiempos, hace falta voluntad política para aplicar la ley.

En el caso de España, una directiva europea obligó a incorporar este derecho en la Ley de Medio Ambiente. Amigos de la Tierra consiguió publicar un mapa de los cultivos de transgénicos, después de una larga batalla legal y eso pese a que su petición de información a la Administración estaba avalada por la ley y la jurisprudencia europea.

Otra de las organizaciones asistentes, Pro Bono Publico, pide que las instituciones públicas abran sus datos en un formato accesible para que los ciudadano puedan explotarlos.

Ésta será una de las grandes cuestiones. El derecho no puede limitarse a responder a través de un órgano central las peticiones de información de los ciudadanos, sino que los datos deben ser fácilmente accesible a todos. Pero este acceso general no sólo plantea conflictos con la privacidad, sino la cuestión de qué aprovechamiento puede hacerse de esos datos. ¿Pueden aprovecharse con fines comerciales? ¿Cómo garantizar que los beneficios de su uso reviertan en la sociedad?.

En cualquier caso, los periodistas seguirán siendo necesarios para dar sentido a esa masa ingente de datos.

Transparencia en la blogesfera


La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos exige a partir de ahora a los blogeros que  apoyen un determinado producto que hagan públicos los pagos o regalos recibidos de las empresas del sector sobre el que hacen sus comentarios. El incumplimiento de esta obligación puede conllevar una multa de hasta 11.000 dólares.

La Comisión, que es el organismo público que protege a los consumidores, impone la misma normativa a los famosos que apoyen cualquier producto en sus redes sociales.

(Fuentes: Washington Post, CNET)

Esta normativa se enmarca en el derecho de protección de los consumidores, pero tiene raíces en el Derecho de la Información y desborda el ámbito de Estados Unidos.

La transparencia es una de las obligaciones esenciales que tiene que asumir las empresas para que la relación jurídico-informativa, de la que son parte también los profesionales el público y los profesionales, resulte equilibrada. El derecho a conocer del público tiene como correlato el derecho a saber quién nos informa y en función de que intereses. Por eso, muchas legislaciones han exigido que sea pública la propiedad de la empresa y sus principios editoriales. Y para ello, exigían, o bien la inscripción en un registro público de  estos datos, bien su publicación periódica por el propio medio.

La desrregulación que ha venido desarrollándose en los últimos 20 años se ha llevado por delante muchas de estas obligaciones. Si queremos saber la propiedad real de la empresa tendremos que hacer una labor detectivesca a través de la maraña de participaciones cruzadas de los grupos multimedia.

Otra dimensión de ese deber de transparencia es dar a conocer los conflictos de intereses que puedan existir en la labor informativa. Esta obligación, más que estrictamente jurídica, ha sido más a menudo recogida por los códigos deontológicos y ha tenido más una proyección interna en las redacciones, es decir, los trapos sucios se lavan en caso, sin dar mayor cuenta al público.

Hoy por hoy, uno de los mayores atentados a la transparencia viene dado por la ocultación de las empresas de relaciones públicas como fuente de informaciones. A través del Video News Realease se precocina una información que luego será asumida como propia por el periodista de turno. La información de la industria del espectáculo se basa en estos productos. Y qué decir de los viajes pagados a presentaciones, de las entrevistas “en exclusiva” que en realidad son pura y llanamente promociones comerciales. En un estudio (Fake TV News) de 2006 PrWatch.org encontró 36 noticias de televisión montadas con estos materiales de las que no se mencionaba su origen.

A diferencia de empresas y profesionales, los ciudadanos que mantienen un blog o un perfil en una red social, no están sujetos a ninguna obligación de transparencia. En su favor tienen una presunción social de actuación desinteresada. Nada más lejos de la realidad. Estas nuevas formas de información y expresión se orquestan por partidos, empresas, agencias de relaciones públicas y campañas publicitarias como un recurso más, prevaliéndose de la cándida aproximación de la mayor parte del público a estas plataformas.

Otros organismos de protección de los consumidores debieran de tomar nota de la normativa norteamericana. Y más allá, cualquier código deontológico adoptado por blogeros que quieran ofrecer una información fiable debiera exigir un mínimo de transparencia, como por ejemplo,  sus vinculaciones con organizaciones y empresas y pagos y regalos recibidos.

Vuelo 5022: derecho a saber


Las filtraciones de las conclusiones provisionales de la Comisión de Investigación sobre el accidente aéreo de Spanair se han convertido en un escándalo político. Además, el juez de Instrucción del caso ha requerido a Prisa para que deje de difundir (“publicar” dice el auto) el vídeo del trágico despegue del avión. Ambas situaciones plantean hasta donde llega el derecho a saber, el derecho a conocer.

El derecho fundamental a la información, reconocido en el artículo 20 de nuestra Constitución, como libertad de expresión y libertad de información, no puede ser sometido a censura previa ni ejercerse esa forma de censura que es el secuestro previo de las publicaciones. Se ejercen, pues estas libertades en un marco de libertad de difusión y responsabilidad a posterior.  Estas libertades no tienen más límites que el respeto a otros derechos fundamentales y, señaladamente, los derechos de la personalidad (intimidad, honor y propia imagen) y la protección de la infancia y juventud. El objeto de este derecho es general, todas las ideas, opiniones e informaciones. De manera que para que determinados hechos se conviertan en excepción y no puedan ser objeto de información tiene que haber muy serios fundamentos, que, además de los derechos mencionados, puede ser la seguridad del estado, a través de informaciones declaradas secretas o reservadas, o el derecho a un juicio justo e imparcial, que justifica la institución del secreto del sumario.

A partir de estas bases, me permito hacer las siguientes reflexiones:

El vídeo y las imágenes del accidente. Desde el primer momento, el juez decretó el embargo de todas las imágenes del accidente. Tal medida sólo tendríajustificación como garantía de las pruebas en el marco del secreto del sumario, lo que no parece el caso. No es de recibo que se retengan las imágenes para evitar sufrimiento a las familias, porque esta cuestión tiene que ser objeto de autocontrol, o, en su caso, de exigencia de responsabilidad a posteriori. En concreto, en lo que se refiere al vídeo, todo el proceso ha sido vergonzoso. Desde AENA pasa al Ministerio de Fomento, y se visiona en la Moncloa antes de que llegue al juez, que es a quien debía de haberse entregado. Una vez, la concepción patrimonial de la información por parte de la Administración. El vídeo debiera de haberse entregado inmediatamente al juez y haberse difundido en su momento, porque su valor informativo era muy alto, mucho más entonces que ahora. Pero se dijo que ese vídeo nunca se difundiría para terminar siendo filtrado a El País. Que ahora el juez requiera su entrega y cese de difusión no tiene ningún sentido, porque su difusión ni obstaculiza la investigación, ni puede crear más dolor en víctimas o familiares, sino, por el contrario, claridad sobre las circunstancias del siniestro. PRISA asegura que lo obtuvo por medios lícitos, pero está claro que ya fuera en medios de Fomento o del juzgado, o bien se pagó o bien hubo uso de relaciones privilegiadas. (Francisco Mercado, el autor de la exclusiva asegura que la obtuvo lícitamente). Todo hubiera sido más transparente con la entrega a todos los medios desde el primer momento. Para colmo, el juez exige la entrega del material, que a estas altura no tiene ya ningún  valor, pues no se trata de una matriz o molde de imprenta y no estamos en el siglo XIX sino en la sociedad digital, donde los contenidos difundidos, y basta con una sola vez, se multiplican exponencialmente.

Las filtraciones del informe provisional. Los periodistas tienen la obligación de indagar y no tienen porque respetar obligaciones de confidencialidad que sólo afectan a las fuentes. Pero que los expertos o personas de su entorno incumplan esos deberes es grave, porque indica la intención de sacar partido a la información (político, económico) y desacredita a la comisión. Pero también, con mayor transparencia este peligro podría haberse evitado. ¿No podría adelantar esta comisión algunos hechos indiscutidos antes de llegar a sus conclusiones  definitivas?.

El respeto a las víctimas. Puede que a los familiares vuelva a despertarles su dolor el vídeo del despegue, pero lo que, más que de dolor, les ha llenado de vergüenza e indignación es el asedio que les han sometido los medios durante los días siguientes a la tragedia. ¿Cómo se puede pregunta a alguien en esas circvunstancias “cómo te sientes”? Creo que todos los medios tendrían que pedir públicamente disculpas y comprometerse a aplicar los códigos deontológicosd que exigen un tratamiento exquisito de estas cuestiones. Normasdeontológicas existen, lo que hace falta es voluntad de aplicarlas

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