La hora de la autorregulación


La hora de la autorregulación… con este título sintetizó el profesor Fernández Areal el espíritu del 6º Congreso Internacional de Ética y Derecho de la Información, organizado por la Fundación COSO, al que he asistido el pasado fin de semana en Valencia. El Congreso estaba convocado bajo el lema “El derecho a la información judicial” y tanto en este tema central, como en todas las áreas de trabajo, especialmente, claro, en la dedicada a “Ética y excelencia informativa” ponencias, comunicaciones y las aportaciones al debate han insistido en la importancia de la autorregulación como instrumento para satisfacer el derecho de los ciudadanos a la información.

La autorregulación no puede ser una alternativa a la regulación. Cada una tiene su ámbito y su misión. La regulación debe desarrollar y delimitar para hacerlos posibles los derechos constitucionalmente garantizados, sin perjuicios de que éstos sean directamente exigibles ante los tribunales. La regulación debe dar una protección efectiva a los derechos de la personalidad de terceros y a otros bienes constitucionalmente garantizados, como es el desarrollo de los menores. La profesora Sánchez Ferriz realizó una síntesis de 30 años de jurisprudencia constitucional, que delimita y precisa los contornos de esa regulación imprescindible.

Pero la regulación no puede resolver todos los conflictos, porque muchos de los que se plantean en el ámbito informativo requieren una solución pronta y flexible, que se adapte a los usos sociales, a las expectativas del público y a la ética contractual de los profesionales. La intervención del Defensor del Pueblo en estos conflictos, con su mediación, se queda en un terreno intermedio entre la regulación y la autorregulación. En su ponencia, presentada por su adjunta, se plantearon los conflictos más frecuentes en relación con la información judicial y policial. Previa también a la autorregulación es la transferencia informativa de los poderes públicos. La ponencia de Agustín Zurita, jefe de comunicación del Consejo del Poder Judicial desde hace 27 años (¡qué aguante! ¡qué discrección! ¡qué profesionalidad!) abogó porque esa transferencia se manifieste institucionalmente y no mediante relaciones privilegiadas de ciertos jueces con ciertos informadores. Ya en el terreno de la deontología abundaron las comunicaciones sobre violencia de género, tratamiento informativo de los menores, fotografía informativa y, sí se me permite la autocita, sobre la independencia profesional e institucional que consagra el Estatuto de Información de RTVE. Son los estatutos de información o redacción una de las manifestaciones más desarrolladas de la autorregulación en España. Entre las ponencias tuvo especial eco la presentación del trabajo de investigación del profesor Alsíus (en colaboración con varias universidades) sobre deontología, con tres partes: codificación de los códigos éticos en una utilísima base de datos; confrontación de sus principios con los valores de los profesionales, confrontación con las expectativas del público.

Desde este enlace puede descargarse el vídeo de la intervención de Mª Luisa Cava, adjunta al Defensor del Pueblo, y el audio de la ponencia de Agustín Zurita.

Indicadores de una información democrática


La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa acaba de aprobar su Resolución 1636 Indicadores de los medos en una democracia, un catálogo de los principios básicos a que deben de ajustarse los medios de comunicación en una sociedad democrática. El punto de partida es, naturalmente, el art. 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (puede verse el trabajo de García Ureta y mi tesis Libertad de Programación) que consideran que cualquier limitación y, en general, regulación de las libertades de expresión e información tienen que ser proporcionadas y estar justificadas por los derechos de terceros o el interés público, tal como se interpreta en una sociedad democrática.

Las resoluciones del Consejo de Europa en materia de información se han caracterizado por promover la participación del público y los profesionales, defender el pluralismo (interno y externo) y, en consecuencia, requerir regulaciones contra la concentración y a favor de la transparencia. Es el contrapeso a la política audiovisual de la Comisión Europea, punta de lanza del neoliberalismo en el mundo de la información en Europa. Hay que recordar que la Asamblea Parlamentaria del Consejo no tiene más que una función de foro, sus resoluciones no tienen fuerza ejecutiva y su papel más importante es servir de recomendación para que los ministros europeos (por la vía de la cooperación intergubernamental) adopten tratados u otros instrumentos jurídicos.

No puedo ni siquiera resumir aquí los 27 indicadores que menciona la Resolución. Mencionaré sólo los que me parecen más relevantes:

  • El derecho a la libertad de expresión e información debe de estar garantizado por la legislación nacional (1). De modo que olvidemos eso de que la mejor “ley de prensa es la que no existe”. Eso no quiere decir que no exista un sistema de autorregulación en materias como el derecho de réplica (25). De modo que regulación y autorregulación son perfectamente compatibles.
  • Un síntoma de que ese derecho fundamental puede estar siendo limitado es la existencia de un alto número de litigios judiciales en torno a la información (1). Las sanciones penales que persiguen la propaganda del odio, la protección del orden público o la seguridad nacional tienen que ser proporcionadas (3). Funcionarios y autoridades no debieran de tener una protección penal más rigurosa que la de cualquier ciudadano (2).
  • Los medios tienen que ser independientes de sus propietarios y para ello se proponen códigos de conducta sobre la independencia editorial (13). Debe existir una legislación contra la concentración empresarial y a favor de la transparencia (18).
  • Los periodistas deben regirse por sus propios códigos deontológicos y declarar cualquier conflicto de intereses (26).

La Resolución invita a los parlamentos europeos a que hagan informe periódicos sobre la base de este catálogo de principios.  También exhorta a las empresas a que apliquen y desasrrollen estos principios.

El catálogo encuentra inspiración en el trabajo de la ONG Article 19, que se felicita de la Resolución. También Federación Europea de Periodistas aplude que el Consejo defienda la independencia del periodismo.

El problema es que muchos de estos indicadores tienen una ambigüedad esencial que es la que se considera imprescindible para el normal funcionamiento de una sociedad democrática. Creo que ningún país europeo cumple a satisfacción todos ellos. Por ejemplo, quien protege eficazmente en el terreno penal no tiene un sistema anticoncentración. O, como en el caso español, castiga más duramente las injurias o calumnias contra las altas autoridades. Sería útil que, con una base académica, estos principios se tradujeran en unos indicadores cuantitativos.

¿Tienen futuro los medios de comunicación?


Los medios de comunicación social han marcado las sociedades occidentales de los últimos 100 años. Caracterizados por una comunicación unilateral masiva se enfrentan al desafío  del ciberespacio y a las nuevas formas de comunicación interactiva, donde el público, las audiencias pasivas, se convierten  en individuos que alternativamente son emisores y receptores. Ante este este desafío, el futuro de los medios masivos tradicionales resulta incierto. Pero a veces, mirando al futuro que construimos cada día, se nos olvidan las realidades que están ahí, bien consolidades, pero con problemas añejos que nunca se afrontan.

Estos problemas reales, de presente y pasado, de los medios tradicionales fueron la referencia de la jornada “Presente y futuro de los medios de comunicación” organizada en Madrid el jueves 29 de noviembre por la Fundación Sindical de Estudios y la Agrupación de Periodistas de CC.OO. Una jornada con el formato clásico de tres mesas redondas con aportaciones de expertos, seguidas de debate.

La primera planteaba la pregunta ¿regulación o autorregulación?. Sobre las intervenciones flotaban dos grandes cuestiones: dar una respuesta a la televisión basura (de plena actualidad tras el asesinato de una mujer a la que se enfrentó con su novio, maltratador, en un programa) y el Estatuto del Periodista Profesional (propuesta del Foro de Organizaciones de Periodistas, asumido por Izquierda Unida-Los Verdes y varado sin remisión en el Congreso). En ninguno de los dos problemas se entró a fondo y esto dio un cierto tono de frustración a esta primera mesa. Hubo consenso en que la mejor solución era una combinación de regulación y autorregulación, aunque el acento de los participantes era bastante distinto. Por ejemplo, Fernando González Urbanjea, presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid y de la Federación de Asociaciones de la Prensa (la voz profesional más crítica de la propuesta del Estatuto propuesto por el Foro), parecía más partidario de la autorregulación que de la regulación. Carmen Fernández Morillo aportó su experiencia como vocal del Consejo Audiovisual de Andalucía. Pese a la proliferación de normas sobre el sector audiovisual, el órgano andaluz no encuentra normas para sancionar conductas aberrantes como la emisión de pornografía en horario infantil por algunas televisiones locales.

La mesa sobre condiciones de trabajo y negociación colectiva volvió a presentarnos el conocido retrato de una profesión en condiciones precarias. Un dato novedoso: el sector en los últimos 5 años ha perdido 15.000 empleos, correspondiendo ligeramente más a hombres que mujeres los puestos desaparecidos. Aumentan los contratos temporales y aumentan los  free lance. En definitiva, más precariedad. Todo ello datos de la EPA. Y una experiencia moderadamente optimista: la participación sindical en el proceso de reconversión digital de la Corporación Catalana de Radio y Televisión, con aumento de empleo y la creación de nuevos productos y servicios audiovisuales.

En la mesa sobre el apagón digital y la TDT hubo consenso al considerar que había faltado osadía en la regulación de esta nueva forma de transmisión. La televisión digital lleva camino de repetir los mismos males de la televisión analógica. La mayor fragmentación de la audiencia no hará sino agravar la crisis del medio. Entre los participantes, unos se mostraban más optimistas y otros menos sobre las posiblidades de los neuvos servicios interactivos de la TDT.

(Ver resumen de la Jornada en Periodista.es)

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