Periodismo Global: la otra mirada

Septiembre nos ha llegado con una noticia esperanzadora, la apertura de un proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC.

La paz siempre es esquiva y en Colombia nunca nada es lo que parece. A este punto se ha llegado por la debilidad de la guerrilla y por la apuesta del presidente Santos por normalizar el país. Las FARC no están ni mucho menos derrotadas, podrían aguantar años y años autoalimentandose en las selvas y montañas. Sus métodos, como los inhumanos secuestros, generan el rechazo general. La guerrilla rural es un actor más en el gran negocio del narcotráfico, pero todavía es una alternativa a un estado que abandona a las poblaciones rurales. Su dirigencia parece haber entendido ahora que la victoria militar es imposible y que pueden tener un papel político una vez desmovilizados.

Convertirse en actores políticos es lo que han intentado todas las guerrillas en los procesos de paz. Pero después de la desmovilización los poderes que mandan en Colombia los masacraron. Así ocurrió con el M-19, así con la Unión Patriótica. Esta es la razón principal del fracaso de las múltiples tentativas de paz de los últimos 25 años.

Garantías a los desmovilizados es uno de los puntos a negociar. Pero no bastarán las garantías formales; hará falta un esfuerzo real del estado colombiano por desmontar los grupos paramilitares que son el brazo ejecutor de los viejos (ganaderos) y nuevos intereses oligárquicos (agroindustria). El proceso de desmovilización de los paramilitares ha resultado una farsa, con la reconstitución de viejos y nuevos grupos armados, que siguen asesinando impunemente. Cuando Uribe (reclutado ahora por Murdoch como antes lo fuera Aznar) no lo hace sólo por despecho político, sino como portavoz de esos poderes.

El proceso de paz  (véase acuerdo incrustado al final) parece bien planteado y es ambicioso. Desde el punto de vista procedimental usa de la experiencia internacional y busca la discrección. Lo peculiar es que se arranca sin tregua ni alto el fuego por ninguna de las partes. El riesgo es que ambos contendientes pueden buscar victorias militares que refuercen su posición, pero hagan inviable el proceso.

En cuanto al fondo, los temas a negociar son sustanciales:

• Política de desarrollo agrario integral
• Participación política
• Fin del conflicto
• Solución al problema de las drogas ilícitas
• Víctimas

Realmente, si los negociadores fueran capaz de dar solución a todos estos problemas Colombia sería un nuevo país. Como siempre que en estos procesos se plantea un cambio en profundidad aparece la cuestión de la legitimidad de los grupos armados para hablar y negociar en nombre de toda la población. pero hay una voz siempre olvidada, la de las víctimas.

El conflicto (los conflictos, guerrillas, paramilitares, narcotráfico, crímenes de estado) ha dejado atrás a 30.000 desaparecidos y desplazados más de tres millones de personas. Algunas de las organizaciones que agrupan a las víctimas han dirigido una carta al presidente Santos, al secretariado de las FARC y al comando central del ELN.

Los que se presentan como víctimas de los crímenes de estado, se dicen esperanzados, pero denuncian que siguen sufriendo agresiones continuas en un clima de confrontación. Por eso piden:

• Un alto el fuego bilateral
• Garantías para la libertad de expresión de sus organizaciones
• Concreción de los modos de participación ciudadana
• Medidas de redistribución económica
• Una Comisión de la Verdad
• Alguna forma de refrendo de los acuerdos alcanzados

Estas demandas contrastan con el optimismo del mundo empresarial. La guerra contra las FARC puede haber costado cada año un 1% del PIB. La cuestión es en qué emplear el hipotético dividendo de la paz. Ciertamente, como proponen los empresarios, puede haber recursos para la innovación y mejorar los ingresos por turismo. Pero los representantes de los agricultores hablan de grandes inversiones, en un modelo de explotación agroindustrial que ha estado en el corazón del conflicto. Gran parte de esos millones de desplazados han perdido su pedazo de tierra, expulsados a sangre y fuego por ejército o paramilitares, para constituir grandes explotaciones, en especial de palma africana, destructoras de biodiversidad y enemigas de la sostenibilidad de las pequeñas comunidades rurales.

Colombia (en una tradición muy hispana) es especialista en dar a luz grandes textos (por ejemplo, la Constitución de 1971, la ley de restitución de tierras de Santos) que luego se quedan en nada. Ahora tiene la oportunidad de llevar a cabo un cambio real.