Periodismo Global: la otra mirada

Objetivos legales

Llevamos tres días de guerra en Libia y la intervención de la coalición occidental muestra ya sus debilidades y contradicciones. Falta de una comando militar claro, contradicciones en los objetivos y desmarque de la Liga Árabe apuntan a que la situación puede degenerar e ir más allá de una «intervención humanitaria».

Con todas las dudas que puedan existir, la legitimidad de esta guerra está vinculada al estricto cumplimiento de los objetivos de la Resolución 1973 que es su base legal. Y estos objetivos son la protección de los civiles, el establecimiento de una zona de exclusión aérea, la prohibición de vuelos, el embargo de armas y la congelación de fondos.

No es objetivo el derrocamientos de Gadafi, ni mucho menos su asesinato, como han afirmado los ministros de Defensa y Exteriores británicos, luego corregidos por sus portavoces. No lo es el bombardeo del complejo Bab al-Aziziya, centro de poder del dictador.

Entran, en cambio dentro de los objetivos de la Resolución, el bombardeo de los radares y defensas antiaéreas, operación imprescindible para impone la zona de exclusión aérea. Llama la atención que la Liga Árabe se muestre contraria a esas operaciones contra la defensa antiaérea. ¿Qué pensaban que significaba pedir una zona de exclusión aérea?.

Son también objetivos la artillería o tanques que pudieran disparar contra la población civil.

En la fase en que nos encontramos, los únicos objetivos militares en vigor al amparo de la Resolución serían la vigilancia para impedir el ataque a zonas habitadas y el bloqueo marítimo para impedir la llegada de armas. Desde luego, la coalición no está autorizada a destrozar, paso a paso, bombardeo a bombardeo, todas las capacidades militares y las infraestructuras estratégicas, como se hizo con Serbia en 1999, cuando la OTAN prácticamente se quedó sin objetivos después de tres meses de bombardeos.

¿Qué pasa si Gadafi no se hunde, pero ya no es un peligro para las poblaciones fuera de su control? Pues que la virtualidad de la Resolución habrá terminado. Para ir más allá de acuerdo con el derecho internacional esta «coalición de voluntarios» necesitaría una nueva cobertura legal, impensable de conseguir en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Dice Ramón Lobo que las resoluciones son artefactos jurídicos expresamente ambiguos que dan margen de maniobra para la diplomacia y la guerra. Pero lo que no van a conseguir los gobierno es el apoyo de las opiniones públicas si la guerra se empatana, los bombardeos causan bajas civiles o es necesario una implicación más directa en la guerra civil-tribal de Libia. Los «ingenuos humanistaristas» que hubiéramos votado a favor de la Resolución 1973 en el Consejo de Seguridad daríamos un paso atrás, aunque no creo que ésto preocupara a unos gobiernos metidos de lleno en la guerra.

La opción más probable, apoyar a los rebeldes con asesoramiento, información y armas, no tiene cobertura legal; más aún, vulneraría la Resolución en cuanto que supondría violar expresamente el embargo de armas. Hoy Ed Miliband, el líder laborista, ha invocado en los Comunes el paralelismo con la política de no intervención franco-británica que hundió a la República española. Otra vez el dilema moral…

… Y daños colaterales

Si una operación formalmente concebida para proteger civiles mata civiles su legitimidad desaparece.

No sé si el término pudo utilizarse antes, pero el caso es que fue durante la Guerra del Golfo de 1991 cuando se extendió su uso. A daños colaterales quedaban reducidas las víctimas civiles. El relato era que las armas «inteligentes» norteamericanas tenían una precisión quirúrgica y que sólo se dirigían contra objetivos militares. Era la guerra de los «videojuegos». Si morían civiles era porque, o bien el Sadam los había colocado allí como escudos humanos o por un insólito error tecnológico.

Lo cierto es que la precisión no era, ni entonces ni ahora, tanta. Y más cierto que algunos bombardeos se fijaron expresamente sobre objetivos civiles. Es el caso del refugio de al-Amiriya, de Bagdad, bombardeado la noche del 13 de febrero de 1991 con un misil perforante. La bola de fuego fulminó instantáneamente a 403 personas. Los norteamericanos sostuvieron que ocultaba un centro de mando y control, pero nadie encontró rastro de tales instalaciones. Probablemente, los mandos militares tenían alguna información de que en él podría ocultarse Sadam Husein o su familia. Por tanto, nada de daños colaterales, sino directamente crímenes de guerra.

Otro tanto ocurrió con el ataque a la televisión serbia en Belgrado en 1999. La OTAN atacó el edificio alegando que sus emisiones incitaban al odio y a la limpieza étnica. Murieron los técnicos que de madrugada mantenían la emisión. Sus familiares siempre han sostenido que el Milosevic conocía el ataque, pero que no ordenó la evacuación del edificio para ganar una baza propagandística.

Ambos casos me han venido a la memoria ante el bombardeo el complejo de Bab al-Aziziya. Para la coalición se atacaba un centro de mando y control. Para el portavoz de Gadafi, un edificio administrativo rodeado de civiles.

Una vez más, la guerra de propaganda a costa de la vida de civiles.

(PS. Con su estilo vitriólico Robert Fisk se añade al coro de voces críticas con su crónica Los peligros de la «intervención humanitaria» en Libia. Las crónicas de Fisk para The Independent pueden seguirse en español en La Jornada)