Convención poco transparente sobre el derecho de acceso


El Consejo de Ministros del Consejo de Europa ha adoptado el 27 de noviembre la Convención para el acceso a los documentos públicos (documento en francés e inglés). Me llegan ahora las críticas de las organizaciones que a nivel europeo luchan por este derecho: art. 19 y Access Info. En esencia, se quejan de poca transparencia en su aprobación por el Consejo de Ministros, que habría ignorado las críticas de la Asamblea Parlamentaria sobre el borrador de la Convención. Y denuncian que el texto no ponga límite a las reservas que puedan hacer los estados. Su conclusión es que el texto propone unas garantías a este derecho más débiles que las establecidas ya en muchas legislaciones europeas.

El Consejo de Europa es la única institución que reune a todos los países europeos. Entre sus funciones está la de promover tratados que logren la homogeneidad democrática de Europa. No es una institución de integración, sino intergubernamental y la Asamblea Parlamentaria carece de cualquier competencia legislativa. La Convención (un tratado internacional) aprobada por el Consejo de Ministros se propone a la adopción y ratificación de los estados miembros. Los que la adopten y ratifiquen tendrá que modificar su legislación para cumplir sus provisiones generales.

En una lectura rápida, parece que la mayor debilidad del texto reside en una definición muy restrictiva de las autoridades administrativas a las que se pueden reclamar información. Así, el poder judicial y los tribunales sólo podrán ser requeridos en cuanto que órganos administrativos. Si los estados miembros piensan ampliar estas obligaciones lo harán constar al adoptar la Convención. Son también muy amplias las excepciones al derecho, que van más allá de las habituales seguridad pública y derechos a la intimidad. Y no exige, en fin, un órgano superior ante el que se puedan recurrir las negativas de acceso a una información concreta.

La Convención le vendrá de perlas al gobierno español como modelo de regulación de un derecho que ha prometido incorporar a nuestro derecho en esta legislatura.

(Sobre los obstáculos de este derecho en España ver mi anterior entrada)

Obstáculos al derecho de acceso


La Coalición Pro Acceso está haciendo una gran labor en pro del derecho de acceso a la información pública, manifestación de la facultad de investigar,una de las facultades básicas del derecho fundamental a la información junto con las de difundir y recibir. Desarrollan un trabajo de “advocacy” al modo anglosajón, poco frecuente entre nosotros. Ahora hacen público su informe Cuando lo público no es público. ¿Por qué se necesita una ley de acceso a la información pública en España, del que es autora Eva Moraga.

Elinforme realiza el seguimiento de 41 solicitudes de información a las administraciones públicas. En un 78% de los casos las administraciones no entregan la información solicitada. Al hilo de estos casos, el informe confronta las concrecciones comunmente admitidas del principio de publicidad con la literalidad y aplicación del precepto español en la materia, el art. 37 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Las conclusiones son desoladoras.

Sólo un recocimiento legislativo pleno del principio de publicidad y transparencia podría dotar a los ciudadanos de esta facultad básica del derecho a la información. Abogo porque este principio no se resuelva en una reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo, sino en una ley orgánica que consagre el derecho en el marco establecido por el art. 20 de la Constitución y con alcance también a la información privada de interés público, en este caso con cautelas como el respeto a los derechos de la personalidad, derechos de autor y de propiedad industrial y secretos empresariales.

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