¿Televisión pública sin publicidad?


Rda. de prensa 8-01-08/ Foto APF-OFF¿Será posible la utopía de televisión pública sin publicidad? Esta es, al menos, un posibilidad abierta por el presidente de la República Francesa, en su primera rueda de prensa.

Entre las iniciativas presentadas, el presidente ha avanzado la necesidad de una reflexión para eliminar la publicidad de las cadenas públicas francesas. El sector audiovisual público se financiaría con un recargo sobre el incremento de la factura publicitaria de las televisiones privadas y con un «impuesto infinitesimal sobre la cifra de negocios de los nuevos medios de comunicación como el acceso a internet y la telefonía móvil».

La iniciativa -por ahora nada más que la sugerencia de una reflexión- se enmarca en la presentación de un conjunto de reformas para 2008, etiquetadas bajo el pomposo título de «política de civilización» (robado, por cierto a Edgar Morin) que para el presidente consistiría en «colocar al hombre en el centro de la política». Todo parece un salto adelante, cuando los sondeos castigan la exposición de su vida privada en los medios. Además, ¿qué dirán sus amigos en el sector mediático privado, esos amigos como Bollore, que ponen graciosamente a su disposición aviones y yates privados?.

Puede que no llegue a hacerse realidad, pero la propuesta tiene mucho sentido. El mercado publicitario en manos del sector público se repartiría entre los medios privados. El beneficio de estos estaría garantizado, pues sólo tributarían por un porcentaje de estos beneficios adicionales. Y la televisión pública se vería liberada de la publicidad y, por tanto, podría hacer una programación no sometida a la tiranía absoluta de los índices de audiencia, una programación más arriesgada, aunque, por supuesto, sin dejar de luchar por la audiencia. Posiblemente el cálculo es que en estas condiciones el beneficio para las privadas sería doble, pues no sólo heredarían publicidad, sino que, además, ganarían la audiencia que perderían las públicas si hacen una «programación de calidad». Creo que este razonamiento es erróneo: con tal de no hacer una programación elitista las públicas ganarían un cierto porcentaje de audiencia por la simple virtud de no ser interrumpidos sus programas por bloques publicitarios.

Como las cuentas no saldrían, Sarkozy habla de un gravamen infinitesimal sobre los nuevos medios y cita el acceso internet y la telefonía móvil. Ahí se pincha en hueso. Una propuesta tal activara la coalición de los operadores de telecomunicaciones con tecnólogos y libertarios de derechas. Todos ellos se rasgarán las vestiduras: ¿cómo van a financiar los nuevos medios al viejo medio, la televisión, que todos estos gurus han dado ya por muerta?. Se repetirála situación que hemos vivido con el canon digital. La cuestión es si por vías como ésta, de impuestos indirectos, pueden -como defiende hoy Vicente Molina Foix– preservarse bienes de interés cultural. La creación artística lo es, pero también pudiera serlo una televisión pública que sirviera de revulsivo y referencia para un sector audiovisual ahora orientado a la pura basura.

(Permítaseme la pequeña pedantería de recordar que propuse una solución semejante en mi tesis «La libertad de programación en radiodifusión: un desarrollo del art. 20 de la Constitución Española» (2000). En su página 313 proponía la creación de un Fondo Audiovisual para financiar programas de servicio público, ya fuera emitidos por empresas públicas o privadas; un fondo dotado por un gravamen sobre ingresos publicitarios y venta de material electrónico. Lamentablemente, la Ley Orgánica 5/2006, de la radio y la televisión de titularidad estatal no exploró estas fuentes y se quedó en la financiación mixta: pública, via Presupuestos Generales, y publicitaria.)

¿Entrará en el marco RTVE?


No, hoy no voy a volver a hablar de encuadre (framing), sino del nuevo marco estratégico de RTVE, el mandato-marco, previsto por la Ley Orgánica 5/2006, de la radio y la televisión de titularidad estatal . Su art. 4 establece que las Cortes Generales concretarán en este documento para un plazo de 9 años los objetivos generales de la misión de servicio público que la Corporación tiene encomendada. Luego, el Gobierno y la Corporación desarrollarán en contrato-programa estos objetivos para un plazo de 3 años.

El primer mandato-marco de la nueva Corporación RTVE ha terminado su proceso parlamentario, aunque haya sido por un error en la votación del PP, que califica el texto de electoralista.

El documento concreta la ambiciosa delimitación realizada por la L. O 5/2006 de la misión de servicio público. No es extraño que los objetivos sean numerosos y, por tanto, el juicio debiera ser pormenorizado. En este sentido, cada cual arrima el ascua a su sardina. Así, la Mesa del Toro se queja de que la información taurina no aparezca como de cobertura obligatoria… O CC.OO del País Valenciano aplaude que el documento consolide el Centro de Producción de Valencia… E Izquierda Unida-Los Verdes se felicitan por haber logrado que en el texto se tome como criterio de representatividad en las campañas electorales el número de votos y no de escaños…

Los árboles no deben ocultarnos el bosque. La valoración global (y caben muchas críticas particulares) no puede ser sino positiva, puesto que el mandato-marco pretende «situar a la Corporación RTVE como una de las principales ofertas audiovisuales y de información en línea de nuestro país, con una posición destacada en la ciudadanía que haga eficaz su misión y la convierta en referente de la oferta informativa».

Mediante la cadena Ley Orgánica→Mandato-Marco→Contrato-Programa se define en España la misión de servicio público de RTVE. Un protocolo adicional al Tratado de Amsterdam declaró compatible con las normas comunitarias que los estados miembros financien los servicios públicos de radio y televisión, en los términos en que cada estado defina esa función pública y en la medida en que esa financiación no afecte a la competencia en un grado que sea contrario al interés público. Pues bien, el mandato-marco incluye como objetivos programáticos dentro de esa funciónn pública producir y difundir contenidos de calidad en todos los géneros, incluidos los de entretenimiento, que sirvan como referencia al conjunto de los medios audiovisuales españoles (arts. 21 y 24). Será el contrato-programa el que establezca cómo se financian estos objetivos, pero cabe esperar que las televisiones privadas lancen una campaña para que los espacios de entretenimiento queden fuera de la financiación pública y se sometan a las normas de la competencia.  Veremos si se mantiene que tan esencial para el desarrollo personal como para la vida democrática son los programas de entretenimiento de calidad como lo son los espacios informativos o los culturales.

En este análisis apresurado no quiero dejar pasar un comentario sobre los nuevos servicios interactivos en línea. La L. O. 5/2006 (art. 2.2) incluía en la definición del servicio público la oferta de servicios conexos e interactivos en el mandato-marco, estos adquieren protagonismo propio (art. 31) como la tercera pata, junto a la radio y la televisión clásicas, de difusión del servicio público.

Lamentar que la misión de cobertura institucional (incluida entre los objetivos programáticos, art. 25) de las actividades del Rey, el Príncipe, el Gobierno, el Congreso y el Senado y el Poder Judicial, carezcan, pese a las numerosas críticas recibidas, de un requisito de cualificación informativa (relevancia, interés) que nos libre del acarreo de actividades tediosas (Rey) o con sesgo partidista (Gobierno).

RTVE se situa ahora en un marco ambicioso, pero ¿habrá consenso político, recursos y cultura democrática para encajar a la Corporación en ese marco?