Este es un país mal soldado, atravesado por múltiples cicatrices históricas. Es difícil compartir una visión de España que no esté sesgada por la ideología o los intereses. Por una vez voy a entrar en esas cuestiones que nos dividen, sin obviar asuntos polémicos como la amnistía por el procés. Busco el entendimiento no el enfrentamiento, pero no entraré en discusiones sobre estos temas tan espinosos por el desgaste personal que puede conllevar.
La guerra civil y el revisionismo franquista. La ley de memoria democrática
En España todavía se desconoce el paradero de 114.226 víctimas de la represión franquista (entre ellos García Lorca), según contabilizó el juez Baltasar Garzón en su auto sobre crímenes del franquismo y ratifican las investigaciones históricas.
Pocas normas desatan mayor indignación entre la derecha y la extrema derecha que la Ley de Memoria Democrática (Ley 20/22),, que en su Exposición de Motivos declara:
«La memoria de las víctimas del golpe de Estado, la Guerra de España y la dictadura franquista, su reconocimiento, reparación y dignificación, representan, por tanto, un inexcusable deber moral en la vida política y es signo de la calidad de la democracia. La historia no puede construirse desde el olvido y el silenciamiento de los vencidos.»
Desde el punto de vista práctico, el Estado se compromete directamente en la búsqueda de esos desparecidos, que todavía yacen en cunetas y fosas comunes, y darles digna sepultara, de acuerdo con los familiares. Asimismo, eliminar monumentos que ensalcen la dictadura y si ello no resultara posible reinterpretar estos lugares.
Para la derecha y extrema derecha es la venganza de los perdedores, que quieren falsear la verdad histórica y denigrar a los vencedores y lo único que se persigue es «abrir viejas heridas». ¿Es abrir viejas heridas entregar los restos a familiares, que han esperado 80 años para cerrar el duelo? ¿Cabe pensar que en Alemania o Italia existiera un monumento a la dictadura nazi o fascista en el centro de sus capitales, como es el Arco del Triunfo de Madrid?
Y luego viene la guerra de cifras. Según el historiado Julián Casanova:
«En la guerra civil hubo 600.000 muertos, 100.000 de ellos víctimas de la represión desencadenada por los militares sublevados y 55.000 de la violencia en la zona republicana. Al menos 50.000 personas más fueron ejecutadas entre 1939 y 1946».
La obra de referencia es «Holocausto Español» de Paul Preston (reseña de Juan Cruz). Y por supuesto las obras de testigos privilegiados como «La Forja» de Arturo Barea y «A sangre y fuego» de Chaves Nogales, cuyo subtítulo «Héroes, mártires y bestias de España» lo dice todo.
No hay duda que desde la fragua de la rebelión militar hay un claro propósito genocida de exterminar al enemigo, «sanar» a España erradicando violentamente el «cáncer rojo» y eso es así desde el 18 de julio hasta mediados de los 40, con 50.000 personas ejecutadas, terminada la guerra.
La represión en el otro campo se ha presentado a menudo como obra de incontrolados, sobre todo anarquistas; pero las últimas investigaciones demuestran que en matanzas como las de Paracuellos o el cementerio de Aravaca requerirían un logística en la que forzosamente tenían que estar implicadas las autoridades. Lo que no quiere decir que políticos como Largo Caballero -cuyo gran error fue impedir en su momento la unión de las fuerzas republicanas y socialistas- fuera un asesino y no luchara por evitar la barbarie. Cierto es también que con el aumento de la influencia de la URSS llegan las checas y la represión estalinista.
Hay una corriente revisionista (Pío Moa y compañía) que sostiene que la guerra la empezó la izquierda con la Revolución de Octubre. Para contradecir el argumento me remito a un libro que es una pequeña joya «Tres periodistas en la revolución de Asturias», con las cónicas sobre el terreno de Josep Plá, Manuel Chaves Nogales y José Díaz Fernández.
La revolución ni estaba planificada ni tenía ninguna posibilidad de triunfar. Fue un reacción terrible y sangrienta a la entrada en el gobierno de fuerzas protofascistas, que negaban y combatían los principios y la misma existencia de la República. La revolución fue protagonizada por los mineros asturianos desesperados por sus condiciones de vida, lo que no significa que se pueda justificar esa violencia.
Dejemos de lanzarnos los muertos unos a otros, tomemos como referencia la investigación histórica y reparemos a las víctimas a las víctimas del franquismo, la mayoría ancianos, al borde de la muerte. Es inaudito todavía la crueldad de impedir los memoriales en recuerdo de las víctimas del franquismo, como la prohibición por parte del Ayuntamiento de Madrid del que se iba a realizar en el cementerio de La Almudena, donde se destruyeron versos de Miguel Hernández.
El terrorismo etarra y de los aparatos de Estado. La victoria democrática y la reinserción de los militantes
Desde 1968 a 2011, ETA asesinó a 850 personas, hirió a 2600 y secuestró a 90. Detrás de cada víctima hay las vidas rotas de toda un familia.
Para entender la experiencia de las víctimas del terrorismo recomiendo la lectura de «Salir de la noche» de Mario Calabresi, hijo de un comisario milanés asesinado por las Brigadas Rojas, tras ser acusado falsamente de haber asesinado en comisaría a un anarquista.
Las víctimas de ETA merecen todo el reconocimiento y reparación, pero no pueden tener la patente permanente de lo que es aceptable o no en la política española.
Es un triunfo de la democracia no solo que ETA se extinguiera sin concesiones políticas, sino que sus antiguos militantes, cumplidas sus cuentas con la justicia, pueda participar en política y presentarse a cargos públicos. Ballots no bullets –como se dice en inglés con un juego de palabras, votos en lugar de balas-.
Los reinsertados y en general la izquierda abertzale le deben a la sociedad vasca y española en general algo más que una petición formal de perdón. Nos deben una declaración de que a partir de 1978, España no era una dictadura ni Euskal Herreria un territorio oprimido y que, por tanto, su terrorismo era injustificable moral y políticamente.
Falta también que el Estado reconozca los crímenes -que no fueron pocos- cometidos en su nombre, los «excesos policiales» y la reparación de estas víctimas. Y no sólo en la guerra sucia contra ETA, sino también de todos los abusos policiales durante la Transición, con decenas de muertos y miles de torturados, cuyas acciones en petición de justicia han sido ignoradas sistemáticamente, a menudo en aplicación de Ley de Amnistía de 1977. Tanto en estos casos como en los de la víctimas del terrorismo donde no llegue la justicia penal debe obrar la justicia restaurativa
Los símbolos nacionales
En la foto que abre esta entrada da testimonio gráfico de la primera rueda de prensa del PCE después de su legalización.
En la misma Santiago Carrillo declaró:
“Nosotros somos republicanos, pero aceptaremos la monarquía siempre y cuando ésta apueste por la democracia. Lo importante ahora no es el debate entre Monarquía o República, sino la elección entre dictadura o democracia, y nosotros estamos claramente con la segunda. Si el Rey asume la Monarquía parlamentaria y constitucional, nosotros lo apoyaremos».
En ese «quid pro quo» entraba la aceptación de la bandera monárquica.
El único cambio efectuado por la democracia ha sido la introducción de escudo constitucional. Pero puesto que la monarquía nunca ha sido directamente y separadamente refrendada, la izquierda más reivindicativa ha encabezado sus protestas con la bandera republicana tricolor.
Mientras la derecha, ha monopolizado la bandera no solo portándola en actos políticos contra gobiernos de izquierda, sino que a través de pulseras y demás merchandasing ha convertido los colores de la bandera en signo de identidad, un santo y seña de reconocimiento entre iguales. Recuerdo una vieja canción de Aute con letra de Forges «yo la bandera la llevo en la billetera»
Todavía altos cargos de VOX se presentan con el escudo inconstitucional.
Tampoco ayuda la asociación de los símbolos nacionales y religiosos: las procesiones con escolta militar; el desembarco de la Legión portando el Cristo de Mena, cantando ese himno siniestro que es «soy el novio de la muerte».
Y la relación de la nación con lo militar. Me parece inaudito que la Fiesta Nacional se celebre con un desfile militar y no haya un acto donde se reconozcan los méritos de personas de la sociedad civil en aras del progreso y la convivencia.
La monarquía sigue siendo divisiva. No solo por las tropelías del emérito, tapadas durante décadas en nombre de la concordia democrática. La actual familia real es aparentemente más presentable, pero sus miembros, bien conectados con la élite económica (recordemos aquello de «compi-yogui», mensaje de la reina a un empresario corrupto en dificultades judiciales), parece incapaz de un gesto de empatía hacia los más desfavorecidos (no he visto nunca a ningún miembro de la familia visitando un comedor social o un centro de acogida de refugiados). En lo político, Felipe VI con su discurso después del ilegal referéndum en Cataluña no colaboró a tender puentes.
Resulta que al final los únicos símbolos compartidos son las equipaciones de las selecciones deportivas, sobre todo de la de fútbol, la «roja. No soy aficionado al fútbol y no sé cuando se generalizó esa denominación, pero desde luego con Franco no se hubiera podido llamar a una selección «la roja».
Pediría que la izquierda que use sin complejos la bandera constitucional y si lo desea la alterne con la republicana, que también era la bandera de una democracia española. Y a la derecha que cese de hacer ostentación de banderas y pulseras. Que institucionalmente se busquen y promocionen nuevos símbolos, como en su día fue el monumento a la Constitución en la Castellana.
El Imperio y la leyenda negra
No estamos tampoco de acuerdo en la interpretación de la Historia.
Hay una corriente revisionista de la leyenda negra y exaltadora del imperio en América, cuya figura más destacada es Elvira Roca Barea. Confieso que no he leído su obra, pero en la interpretación que ha hecho circular la derecha solo se presentan las luces de España en América, olvidando los distintos genocidios.
Las Leyes de Indias son un timbre de gloria para el Imperio Hispánico, pero demuestran que previamente existieron agresiones sin cuento a las poblaciones originarias y luego fuero reiteradamente incumplidas. Por eso aunque la petición de disculpas de López Obrador me parece bombástica, no estaría de más reconocer, como han hecho los holandeses, los abusos contra los derechos humanos realizados por los españoles durante la conquista y la colonia. Abusos que empalidecen ante los producidos por las repúblicas americanas después de la independencia.
Escuché a Roca Barea en una entrevista y me pareció más razonable que esa versión simplificadora que circula la derecha. Reconoció que no existe una España eterna e inmutable y que el Imperio de los Austrias era un confederación de Estados propiedad del soberano.
Porque en la Península se han sucedido los imperios, los reinos, las monarquías absolutas, pero hasta las Cortes de Cádiz no existe un Estado Nacional,
No existe la España eterna, definida por el catolicismo. Es hora de enterrar a Viriato, Don Pelayo y el Cid y volver a Cervantes y Machado. Y vivir en el día de hoy mirando al futuro, no al pasado.
La diversidad territorial y social
El mayor problema de convivencia que tenemos es la integración de una España territorialmente muy diversa y muy rica. Llevamos más de dos siglos con el problema. No cuajó la República Federal de Pi i Margall, ni el Estado integral de la II República, en ambos casos más por quiebra general del Estado que por fallos del sistema de integración.
La Constitución reside la soberanía en el conjunto de los españoles y reconoce la autonomía de «nacionalidades y regiones». Recuerdo muy bien el debate en torno al término nacionalidades. ¿Se constituía España como un Estado plurinacional? La respuesta es que nacionalidades quería decir regiones históricas, con signos de identidad muy destacados y que hubieran disfrutado de autonomía durante la República.
Lo que nos demuestra la experiencia de estos 45 años es que territorios como Cataluña y el País Vasco se consideran naciones y-por lo menos minorías significativas de sus poblaciones- no aceptan el sistema autonómico y no cejaran hasta que se les reconozca el derecho a la secesión (mal llamado de autodeterminación). El derecho de autodeterminación solo es aplicable en territorio coloniales o sometidos a una administración externa despótica, lo que no es el caso. No obstante, creo que la salida de este cículo vicioso solo puede hacerse por medio de un referendum pactado en los términos de la ley de Claridad canadiense. Ello solo sería posible modificando con la Constitución mediante un gran pacto de Estado. No me convence la Confederación historicista y foral, que propone Urkullu, y menos su sistema de interpretación constitucional mediante una Convención.
Una última cuestión de actualidad. Los resultados electorales han puesto la gobernabilidad en manos del prófugo Puigdemont (con 7 diputados y 342.000 votos), un nacionalista de derechas, un ególatra que busca su revancha personal y que para empezar a negociar exige un ley de Amnistía.
La cuestión no es si la amnistía es o no constitucional. La cuestión es que no es legitima porque una amnistía se otorga para limpiar las persecuciones de un estado no democrático. Lo cual no quiere decir que no se puedan utilizar otras herramientas de gracia para normalizar Cataluña. Comparto los argumentos de Tomás Quadra-Salcedo (Gracia y Justicia).
Creo que Sánchez ni puede ni debe aceptar esa condición previa porque aun en el caso de que se lograra la investidura. el gobierno pendería de un hilo que Puigdemont cortaría a la menor fruslería. Y eso llevaría a una debacle electoral del PSOE y al gobierno PP-VOX. Más vale rechazar ahora el chantaje. En unas nuevas elecciones seguramente el PSOE mejoraría sustancialmente con el apoyo del electorado al que irritan las demandas independentistas.
Si se podría avanzar en el reconocimiento de España como un Estado plurinacional, especialmente favoreciendo el uso de las lenguas propias a nivel estatal (optativas en Bacillerato y universidades). Cuando hace 60 años escuché a Serrat cantar la «Canço de Matinada», entendí que en España además del castellano había otra lenguas, que también formaban parte de nuestro patrimonio común.
Políticamente creo que hay que seguir avanzando hacia un federalismo cooperativo, reformando el Senado como cámara territorial, clarificando las competencias de las comunidades y el Estado central, reforzando la conferencia de presidentes y las comisiones sectoriales. Pero para eso hace falta un pacto de Estado, que se antoja imposible.
El patriotismo constitucional
Dejemos atrás los símbolos y una historia divisiva para unirnos en defensa de los derechos y principios constitucionales y los servicios públicos que hacen efectivos los derechos sociales. Es lo que Habermas llama patriotismo constitucional y que puede unir a quien se siente catalán, vasco o gallego o asturiano con quien se siente simplemente español. Asumamos las sucesivas capas de identidad que se solapan en en cada individuo.
En el ULSTER me enseñó John Hume -un político católico y republicano moderado, que recibió el Nobel de la Paz- que lo de menos es la identidad de cada uno. Lo importante es trabajar juntos por el progreso común. Menos banderas, menos guerra culturales, más honradez, menos corrupción y más trabajo.
Periodismo Global: la otra mirada 
