Enseñar el periodismo


Debate bronco ayer en el Laboratorio de Periodismo de la Asociación de la Prensa de Madrid. Siempre es polémico el tema de la enseñanza del periodismo, inextricablemente unido al del estatutus jurídico y la situación laboral de la profesión. Pero en esta ocasión se polarizó en torno a un artículo de Carlos Díaz Güell que cuestiona de modo absoluto los estudios universitarios de periodismo y de modo particular los que se desarrollan en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense.

Invitados al debate el autor del artículo y la decana Carmen Pérez de Armiñán el choque estaba asegurado. Pues el artículo, que destila mala baba, recurre a argumentos ad hominem poco elegantes y a métodos tan poco rigurosos como someter las asignaturas del plan de estudios a la evaluación de tres anónimos periodistas.

Más allá del agrio enfrentamiento se manifestaron dos tendencias sobradamente conocidas. Para unos el periodismo es un oficio que se aprende en la calle y en las redacciones (la cita a García Márquez es recurrente) y la formación universitaria sólo añade especialización (jurídica, económica, científica). Para otros, los periodistas necesitan una formación universitaria que le de un conocimiento global del mundo y su profesión y unas técnicas para comunicar.

En el cuestionamiento de las enseñanzas universitarias coincidieron, además de Díaz Güell, algunos periodistas y muy especialmente Antonio Rubio, director del máster de El Mundo, quien dijo que prefería seleccionar a universitarios de otras carreras antes que a licenciados o gradudados en periodismo, con la lógica indignación de los estudiantes presentes. Soledad Alcaide, responsable del máster de El País, defendió el sistema de los máster de empresa como unos estudios de segundo grado por los que había optado el periódico y la Universidad Autónoma de Madrid. Ambos negaron (entre las protestas de los alumnos) que esos máster fueran un negocio para sus empresas.

En defensa del sistema universitario no sólo se pronunciaron los académicos, sino también buena parte de los alumnos y recién titulados, aunque entre ellos no faltaron críticas a los estudios de la UCM. El maestro Enrique Aguinaga defendió su conocida posición de que el periodismo debe ser una profesión titulada y colegiada (posición contra la que ya me he manifestado sobre su oportunidad y constitucionalidad).

Ya es hora de superar esa dicotomía académicos-profesionales y ponernos juntos a trabajar en mejora la formación de los futuros periodistas.

Personalmente creo que hubiera valido la pena mantener el modelo de los estudios de segundo grado, pues garantizaba una base en una disciplina de ciencias sociales (y, por tanto una especialización ya de partida) y una formación profesional específica. Esta solución no cabe en el actual modelo de Bolonia, pero quizá terminara reviviendo si como se propone el ministerio vamos a un sistema de másters de  tres años y grados de dos años (que debiera de haber sido el sistema elegido, pero cuya inmplantación en este momento descoyuntaría más a la universidad y, con las tasas, actuales impediría a un porcentaje muy importante de alumnos el acceso a los máster).

Los males de los estudios de periodismo son los propios de la universidad española, que mira más hacia dentro que hacia fuera, más hacia la teoría que a la práctica, más a la transmisión del conocimiento que a la adquisición de competencias y habilidades. Lo dije en el debate: formamos más a comunicólogos que a periodistas. Por supuesto, muchos hacemos un gran esfuerzo para que nuestros alumnos hagan prácticas. Puede ser -es- un problema de medios, pero sobre todo de concepción. Resulta prácticamente imposible replicar en la universidad española un entorno profesional. Y aún así, los alummos reciben formación práctica e incluso muchos profesores estimulan la innovación (un ejemplo, Juan Luis Manfredi en este artículo)

No hay una vía para que los profesionales puedan aportar su experiencia a la universidad. La figura del profesor asociado es un fraude. Sí, en su selección el mérito más relevante es la experiencia profesional, pero en realidad su inserción diferenciada en la docencia no está contemplada. El profesor asociado tiene una carga docente que en la mayor parte de los casos es teórica. En realidad, los asociados son la infantería de la universidad, sueldos que no llegan a los 600 euros, obligación de estar de alta en la Seguridad Social y escalón de ingreso en la carrera docente de los jóvenes licenciados. Puedo dar fe que compatibilizar una carrera profesional y una carrera académica es muy duro, casi imposible. Hacen falta instrumentos más ágiles, como la posibilidad de que los profesionales impartan talleres prácticos, pero eso hoy es administrativamente es imposible.

Las quejas sobre la calidad de la docencia son muchas veces justificadas. Hay que decir que la universidad española no controla (si acaso sólo formalmente) ni estimula la calidad de la docencia. Lo único que se estimula y evalúa es la investigación y ello sólo con el parámetro de los artículos publicados en revistas de impacto.

En mi concepción los estudios de periodismo en el modelo de 3 años (grado) + 2 años (máster) debiera estructurarse en capas sucesivas. Grado: primer año asignaturas que den el contexto de nuestro mundo (historia, derecho, economía, relaciones internacionales, literatura); segundo año, asignaturas que den el contexto profesional (derecho de la información, empresa informativa, deontología informativa, teoría de la comunicación, políticas de la comunicación); tercer año, técnicas comunicativas (técnicas de trabajo e investigación, documentación, redacción multimedia, redacción audiovisual). Y los máster de verdadera especialización temática (periodismo internacional, periodismo económico, periodismo cultural, periodismo deportivo, periodismo científico), por lenguajes (periodismo audiovisual, periodismo multimedia, fotoperiodismo) o funciones (periodismo institucional, periodismo de investigación). Es importante concentrarse en lo esencial y romper con la dispersión actual. Y sustituir las optativas por talleres prácticos.

Una queja recurrente es que nuestros alumnos ya no leen periódicos ni ven los telediarios, que no leen libros ni conocen a los clásicos cinematográficos. No es un problema que falle la enseñanza media o la enseñanza universitaria. Es un cambio de paradigma. Nuestros alumnos tienen otros intereses y se informan de otra forma y es tarea de los profesores dar sentido al ecosistema informativo en el que participan.

Debemos de ser exigentes. Todos. Los profesores con los alumnos (muchos protestan cuando se “enteran” de que una asignatura cuatrimestral supone 150 horas de trabajo) y los alumnos con los profesores. Debemos buscar la excelencia, pero la excelencia no es subir el listón del aprobado para intentar regular de este modo el mercado laboral.

(El debate en Twitter puede recuperarse con la etiqueta #LabAPM y visionarse en el siguiente vídeo)

Titulación y colegiación obligatoria de los periodistas: ¿es constitucional? (II)


¿Vulnera la colegiación obligatoria las libertades de expresión e información del art. 20 CE?

En la anterior entrada expuse la propuesta de los colegios profesionales y razoné la que me parece su poca utilidad. Ahora la someto a un somero análisis de constitucionalidad.

Tienen razón los colegios cuando dicen que el ejercicio profesional del periodismo comporta un interés público. Así lo ha venido a reconocer el Tribunal Constitucional en diversas sentencias, cuya doctrina resumo:

  • Los titulares de los derechos a la libertad de expresión e información son la colectividad y cada uno de sus miembros (STC 105/1983)
  • Los profesionales no gozan de ningún privilegio con respecto al ciudadano común (STC 6/1981), pero, en cuanto mediadores sociales, pueden tener derechos preferentes (por ejemplo, acceso preferente a las vistas judiciales, STC 30/1982) y gozan de una protección cualificada cuando el derecho a expresarse o informar entra en conflicto con los derechos al honor y a la intimidad de terceros (STC 185/1987)

La STC 225/2002 resume más de 20 años de esta doctrina:

“Si bien la jurisprudencia constitucional ha reconocido como titulares de la libertad de información tanto a los medios de comunicación, a los periodistas, así como a cualquier otra persona que facilite la noticia veraz de un hecho y a la colectividad en cuanto receptora de aquélla (por todas, STC 6/1981, 105/1983, 168/1986,165/1987, 6/1988, 176/1995, 4/1996), ha declarado igualmente que la protección constitucional del derecho ‘alcanza su máximo nivel cuando la libertad es ejercitada por los profesionales de la información a través del vehículo institucionalizado de formación de la opinión pública que es la prensa entendida en su más amplia acepción’ (STC 165/1987, reiterada en SSTC 105/1990 y 176/1995, entre otras). Afirmación con la que en modo alguno se quiso decir que los profesionales de la información tuvieran un derecho fundamental reforzado respecto a los demás ciudadanos; sino sólo que, al hallarse sometidos a mayores riesgos en el ejercicio de sus libertades de expresión e información, precisaban —y gozaban de— una protección específica. Protección que enlaza directamente con el reconocimiento a aquellos profesionales del derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional para asegurar el modo de ejercicio de su fundamental libertad de información (STC 6/1981)”

La Ley de la Cláusula de Conciencia (L.O. 2/1997) declara titular de este derecho a los profesionales de la información, sin precisar quienes estos sean. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en el sentido de delimitar la figura del profesional de la información por las funciones realmente realizadas. Así, estima que era irrelevante tener o no la categoría laboral de redactor (como exigía el convenio colectivo), pero en cambio considera que un maquetador tiene una función subordinada que no afecta a los contenidos y por tanto no puede invocar este derecho (STC 199/1999).

La cuestión es, por tanto, si para tener derecho a esa protección reforzada los informadores deben tener una previa habilitación académica y estar obligatoriamente colegiados. Y si eso es así, si ambos requisitos entrañan limitaciones para el resto de los ciudadanos constitucionalmente admisibles.

¿Limitan estos requisitos impuestos a los profesionales los derechos del resto de los ciudadanos?

El Tribunal Constitucional no ha tenido ocasión de pronunciarse expresamente. El Defensor del Pueblo recurrió en 1985 la primera versión de la Ley de Colegio catalán porque establecía la colegiación obligatoria, pero al modificarse la norma y hacerse voluntaria la colegiación, el Defensor retiró el recurso y el Tribunal no se pronunció.

Hay, en cambio, una jurisprudencia bien establecida respecto si la  titulación y la colegiación obligatoria en las profesiones tituladas (médicos, abogados, arquitectos) vulnera el derecho al trabajo y la libertad de elegir ocupación (art. 35.1) y la libertad de asociación del art. 22. Por todas, cabe citar la STC 3/2013, que resumo:

  • El legislador puede establecer el requisito de la titulación y la colegiación en determinadas profesiones, porque el art. 36 de la Constitución se lo permite
  • Estas condiciones suponen una limitación al contenido sustancial de los derechos al trabajo y a la libertad de asociación (y de su negativa, la no asociación)
  • Estas limitaciones serán legítimas en la medida que el colegio tutele los intereses de los destinatarios de los servicios, así como que exista una relación entre la actividad y los derechos e intereses constitucionalmente protegidos
  • Este juicio debe hacerse caso por caso, valorando las circunstancias de cada profesión y siempre eligiendo la alternativa menos gravosa para el ejercicio por todos de los derechos al trabajo y la libertad de asociación.

Estos serían los principios que el Tribunal Constitucional aplicaría si le llegara un recurso contra el título habilitante y la colegiación obligatoria. Pero además tendría que ponderar los derechos del art. 20, esto es si estos requisitos no suponen un límite al derecho que todos tienen a expresarse, opinar, buscar, difundir y recibir información.

Entiendo que estos requisitos no impiden a cualquier ciudadano el ejercicio de estos derechos. Así lo defendí en mi tesis en 2000 (p. 126). Pero también puede argumentarse que aquellos que carecieran de la habilitación tendrían un derecho de segunda categoría, con una protección debilitada. Y hoy, la información de relevancia pública ya no es monopolio de medios y periodistas.

En cualquier caso, el Tribunal Constitucional tendría que entender que el título habilitante y la colegiación obligatoria constituyen la mejor garantía del interés público. Yo personalmente tengo muchas dudas de que eso sea así.

Titulación y colegiación obligatoria de los periodistas: ¿para qué? (I)


Colegios de Periodistas de distintas comunidades autónomas piden incorporar al anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales la colegiación obligatoria.  Soy escéptico sobre la utilidad de la colegiación obligatoria, que me parece un remedio poco útil para los males de la profesión en esta época y sobre el que pesa cuando menos sospecha de inconstitucionalidad.

Llevo bastante tiempo queriendo abordar este asunto, pero me cuesta porque sé que no es la mejor forma de hacer amigos. Es más, me duele discrepar de una petición que llega desde compañeros que se esfuerzan por dignificar esta maltratada profesión. Por si fuera poco, soy profesor de Periodismo.

Creo que debe abrirse un debate entre profesionales, organizaciones profesionales y sindicales, profesores y estudiantes de periodismo, con independencia de que la solicitud previsiblemente no sea ni siquiera tenida en cuenta en un ministerio enemigo de las corporaciones públicas profesionales, a las que quiere restringir sus competencias con el mencionado anteproyecto de ley.

Para no alargarme demasiado trataré en una primera entrada el tema desde una perspectiva profesional y en una segunda abordaré los aspectos constitucionales de la propuesta.

La petición y los argumentos de los colegios

Los colegios de Galicia, Castilla-León, Murcia y Andalucía piden al Ministerio de Economía que en el futuro proyecto de Ley de Servicios Profesionales (anteproyecto), en su disposición adicional 1ª, que menciona las profesiones en las que se mantendrá la colegiación obligatoria, se incluya a los periodistas, en los siguientes términos:

“que sea incorporado a la Disposición Adicional 1ª del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales un apartado a tenor de lo siguiente: (…) En un Colegio de Periodistas para ejercer las actividades propias del periodismo previa la posesión del título universitario de licenciado o grado que resulte habilitante para dicho ejercicio profesional”.

Es decir, para ejercer el periodismo se requeriría:

  • Un titulo habilitante: el título universitario de licenciatura o grado (¿periodismo? ¿comunicación? ¿comunicación audiovisual? ¿publicidad y relaciones públicas?)
  • Colegiación obligatoria, una vez obtenido el título habilitante

La petición se fundamenta en la sensibilidad de los derechos vinculados al periodismo, cuyo ejercicio comporta un interés público, como la propia Constitución pone de manifiesto al reconocer los derechos a la cláusula de conciencia y al secreto profesional:

“… es la propia Constitución la que reconoce la profesión periodística, a la vez que la ampara al atribuirle esos dos derechos concretos y específicos, a los que no se puede acoger cualquier ciudadano si no tan solo el periodista profesional, cuya acreditación debe ser garantizada por la necesidad de la colegiación obligatoria”.

El estatuto profesional de los periodistas

Desde la Transición hasta aquí el llamado acceso a la profesión ha dividido a los periodistas. Eliminado el registro oficial exigido por la Ley Fraga como requisito habilitante, unos (en general la FAPE y sus asociaciones, Facultades) han defendido mantener la habilitación mediante titulación obligatoria y otros (sindicatos, algunas organizaciones sectoriales) la acreditación basada en la práctica profesional.

En el sistema de habilitación, quien no cumple previamente los requisitos (titulación, colegiación) no puede ejercer el periodismo y si lo hace estaría incurriendo en delito, falta administrativa o  responsabilidad profesional (dependiendo del ordenamiento jurídico; por ejemplo, el art. 403 del Código Penal español castiga el delito de intrusismo con penas de multa y prisión de hasta dos años, dependiendo de la modalidad). Los defensores de la habilitación consideran que es el mejor sistema para garantizar la capacitación profesional, la responsabilidad ante la sociedad. Y alegan que, de otro modo, quien decide quien es periodista son las empresas.

En el sistema de acreditación lo que se hace es reconocer públicamente como profesionales aquellos que tienen como ocupación principal y remunerada la búsqueda, tratamiento y difusión de información de interés público. Se trata de extender la protección que implica el reconocimiento a todos aquellos que de modo efectivo, hayan llegado de un modo u otro a la profesión, es decir a los periodistas en activo. Este sistema presupone de un modo u otro la existencia de un período de prácticas en las empresas.

En Europa, Italia es el único país que tiene un sistema de registro obligatoria que controla una organización profesional (Ordine dei Giornalisti). En Brasil, en 2009 el Tribunal Supremo declaró inconstitucional la exigencia de titulación universitaria. Un resumen de los distintos sistemas y su discusión puede encontrarse en este informe sobre el futuro del periodismo de la Federación Internacional de Periodistas (pp. 21-27).

La falta de acuerdo sobre el acceso ha venido a ocultar la necesidad de un estatuto profesional, que desarrolle los derechos y deberes de los periodistas. Después de años de batallas estériles, a principios del siglo el Foro de Organización de Periodistas (que entonces englobaba a todas las organizaciones profesionales y sindicales) elaboró un texto, el Estatuto del Periodista Profesional, que fue tramitado en 2004 como propuesta de ley por Izquierda Unida (Proposición de Ley /Debate de la toma en consideración). 

Este Estatuto establecía un sistema de acreditación a través de carnet profesional expedido por un Consejo Estatal de la Información. Lo importante del proyecto era que por primera vez se reconocían y regulaban de modo específico los derechos y deberes de los periodistas para un mejor servicio al público.

Empresas y doctrinarios liberales sacaron a pasear el espantajo de una ley de prensa represiva (ya se sabe “la que mejor ley de prensa es la que no existe”). Con eso contaban los redactores del proyecto, pero no con el fuego amigo que llegó con la desvinculación de la FAPE (participante activo en el proceso), que abandonó incluso el Foro de Organizaciones de Periodistas. El caso es que aquel intento se  frustró (Aquí las posiciones del debate tal y como se publicaron por El País)

Lo importante es insistir en un estatuto de los periodistas debe suponer un desarrollo de sus derechos constitucionales, para garantizar su independencia frente al poder y sus propios empresarios, buscando fórmulas de equilibrio entre la independencia de los periodistas y la libertad editorial de los propietarios. Y un desarrollo del deber de informar para mejor garantizar el derecho del público a ser informado. Un estatuto no es una ley limitativa sino un marco para un reequilibrio de los derechos de todos los que participan en la relación informativa.

El nuevo ecosistema informativo

En el sistema de acreditación se apuesta por ofrecer la protección a aquellos que efectivamente estén ejerciendo el periodismo. Eso hace tres lustros (más o menos cuando se redactó aquel proyecto de estatuto) era relativamente fácil de establecer. Se podía estar en plantilla de una empresa informativa, ser colaborador a la pieza o freelance. Y así sigue siendo si nos mantenemos en el ecosistema de los medios masivos. Pero hoy la información de relevancia pública se investiga, se elabora, se difunde y se comparte también horizontalmente por todos en el ciberespacio.

A mi entender no existen los llamados “periodistas ciudadanos”. Existen ciudadanos que en algún caso generan información de relevancia pública, pero que más frecuentemente la comparten, siempre de forma esporádica, no profesional. Quien hace un comentario en un ciberdiario, manda una foto a una televisión o comparte un vídeo en Facebook no es por ese solo hecho periodista.

Pero puede que se trate de alguien más comprometido con una causa, movimiento o, simplemente fan de un equipo de fútbol o de un famoso. Entonces sí que empieza a buscar y elaborar información con una cierta habitualidad. Puede que participe en un medio social o que incluso  cree sus propias plataformas en las redes sociales. Y ahí ya va ser muy difícil establecer si está realizando una tarea profesional. Seguramente no cobrará o no cobrará al principio, pero puede que logre “monetizar” su actividad y hasta vivir de ella. No es lo mismo, claro, crear y mantener un proyecto a favor de la sanidad pública que tener un canal de éxito en YouTube de trucos de cocina. No es lo mismo el blog de un profesor universitario que mantener un grupo de seguidores de Justin Bieber en Facebook.

La cuestión es si todos estos comunicadores habituales y en cierto modo profesionalizados merecen la protección reforzada de su derecho a la libertad de expresión e información de la que constitucionalmente gozan los periodistas. La respuesta en el sistema de habilitación académica es no. En el de acreditación el problema es encontrar criterios para verificar si, de modo habitual, se crea, difunde y comparte información de relevancia pública.

Colegios y autorregulación informativa

Es de sentido común que los profesionales de la información deben tener una formación universitaria. Así, parece haberlo entendido la sociedad española cuando las facultades de periodismo y comunicación han producido desde  1976 más de 80.000 titulados (Informe de la Profesión Periodística 2012). No hay en España un problema de intrusismo (si acaso los periodistas son intrusos en otras profesiones de carácter más técnico como las de fotógrafos, cámaras o montadores de televisión).

En cuanto a la colegiación, los colegios profesionales son corporaciones públicas que mediante la adscripción obligatoria, garantizan que todos los practicantes de la profesión cuenten con la formación suficiente y respeten en su práctica las normas deontológicas, al servicio de los que reciben sus servicios y de la sociedad en su conjunto. Pero no se olvide que el ámbito más característico de los colegios es el de las profesiones liberales.

En el caso del periodismo español la batalla por la dignidad hay que darla en primer lugar en las empresas. Para ello, los sindicatos están mejor colocados que las organizaciones puramente profesionales. Es en las empresas donde hay que luchar por unas condiciones de trabajo dignas y por implantar instituciones de pluralismo interno como los consejos o comités profesionales.

Es una buena noticia que en la mayor parte de las comunidades autónomas se estén constituyendo colegios profesionales que tienen el peso de aglutinar toda la representación profesional en una institución de derecho público. Pero hay que volver a la unidad de todas las organizaciones profesionales y sindicales, revitalizar el moribundo Foro y darle quizá una mayor institucionalidad.

Las facultades de comunicación también tienen que implicarse en el proceso de regeneración del periodismo profesional. Puede que cambiar sus planes de estudio de grado sea imposible, pero debieran de comprometerse en crear ámbitos de prácticas y desarrollo profesional. Y negociar sus programas de prácticas de modo que supongan una prolongación del período de formación y no una forma de explotaación laboral.

Correspondería a los colegios impulsar un sistema de autorregulación estatal, que no fuera un sistema interno de los periodistas (como lo es hoy la Comisión de Quejas y Arbitraje de la FAPE) sino aplicable a profesionales y empresas. Como las empresas no están por la labor más que autoregulación sería necesaria la corregulación, lo que no es nada fácil como demuestra el caso del Reino Unido.

Conclusión personal: la titulación y la colegiación obligatoria no resuelven los problemas actuales de los periodistas españoles, la propuesta puede crear otros nuevos problemas y la suscita dudas en cuanto su posible inconstitucionalidad (tema que trataré mañana en una entrada específica)

Periodistas en peligro


El mundo está lleno de lugares peligrosos. Lugares en condiciones ambientales o sociales muy difíciles; lugares donde el hombre es un lobo para el hombre y la vida de un ser humano no vale nada.

Sólo algunos de estos lugares son noticia y muy pocos son protagonistas de la información global. Dos puntos calientes son hoy escenario de acontecimientos globales, Japón y Libia.  Y cómo es lógico, allí están los periodistas para contarnos lo que pasa, periodistas locales, corresponsales y enviados especiales.

Por el momento, Libia es mucho más peligroso para los periodistas que Japón. Gadafi ha detenido, encarcelado y maltratado a varios periodistas internacionales, y sus fuerzas emboscaron a un equipo de Al Jazira y mataron a uno de sus periodistas.

En estos momentos se da la batalla por la estratégica ciudad de Abdabiya. Si las tropas de Gadafi toman este nudo de comunicaciones podrían avanzar por la carretera del desierto hasta la frontera con Egipto y dejar en una bolsa a Tobruk y Bengasi. La mayor parte de la prensa internacional ha abandonado ya Bengasi y ahora está basada en Tobruk, desde donde hace incursiones informativas hacia Bengasi, hasta hace unos días un asentamiento seguro para la tribu periodística. Si Tobruk cayera es posible que bastantes periodistas no pudiera cruzar a Egipto, pero tal cosa parece improbable porque los leales a Gadafi tampoco avanzar tan rápido como si se tratara del “blitzkrieg” alemán y lo más probable es que la mayoría pudiera ponerse a salvo.

En Japón, la amenaza es más difusa.La exposición a la contaminación nuclear, hasta ahora, mientras no se entre en la zona de exclusión en torno a Fukishima, no pone en grave peligro la vida ni la salud, pero su evolución resulta imprevisible.

La obligación de los periodistas es estar en Japón y en Libia y contarlo, pero sin correr más riesgos que los que sean razonables. Ya sé que es imposible establecer el límite, pero, desde luego no vale la pena jugarse la vida por el Pulitzer. Hay que pararse en el límite del “territorio comanche” -Evaristo Canet dixit. Pero hay que estar en lugares como el Sarajevo asediado.

En cualquier caso, los periodistas extranjeros corren menos riesgos que los locales y que los fixers (los ojos y los oídos del extranjero) que los han auxiliado. El extranjero puede ser respetado como emisario o pieza de cambio; estar protegido (hasta cierto punto) por su país; en cualquier caso, siempre le queda coger el último avión. Al local no y especialmente el fixer puede ser perseguido por colaboracionista con el extranjero (recuérdese los Gritos del Silencio).

La de periodista es una profesión peligrosa. Cada año, las estadísticas reflejan medio centenar de profesionales muertos en misión informativa. Pero no se dice lo suficiente que la mayoría son freenlance locales, casi siempre fotoperiodistas o videoperiodistas.

Las verdaderos héroes no ganan nunca el Pulitzer. Son los que en su comunidad denuncian cada día, sin brillo ni glamour, los abusos de los poderosos. Son perseguidos y algunos abandonan. Otros perseveran hasta que son asesinados. Fue el caso del colombiano Pedro Cárdenas, asesinado después de ser uno de los protagonistas del En Portada “Madito Oficio”. Para él y para tantos anónimos periodistas, mi homenaje.

El futuro del periodismo


Se celebra estos días el Congreso Mundial de la Federación Internacional de Periodistas. Se trata de una oportunidad única para el encuentro y el debate entre periodistas de todo el mundo; entre los que viven la crisis económica y los que su preocupación es que no les maten por decir la verdad; entre las ricas organizaciones del norte y las precarias uniones del sur.

Muy a mi pesar no he podido asistir, de modo que no puedo dar cuenta de los debates. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad de traer aquí el Informe sobre el Futuro del Periodismo (pdf), elaborado por una comisión consultiva en la que he participado. Resumo mis conclusiones personales:

- El periodismo es imprescindible para la democracia. La crisis de las empresas no puede llevarse por delante al periodismo, que puede necesitar de apoyo público, pero nunca de financiación a fondo perdido a las empresas.

- El periodismo es una profesión abierta. Los nuevos medios no son un problema, sino una oportunidad. Los periodistas tienen que involucrarse con los ciudadanos y colaborar con ellos en la búsqueda de la verdad.

- La señal distintiva del periodista profesional es el respeto y promoción de la ética periodística.

El informe no es muy largo, así que invito a todos a su lectura y a debatir aquí sus conclusiones.

Reporteros: seguiremos informando


“Seguiremos informando” es el título del libro (Los libros de la Catarata) que conmemora los 25 años de los premios Cirilo Rodríguez. Desde hace un cuarto  de siglo la Asociación de la Prensa de Segovia concede este galardón al mejor trabajo de periodismo internacional del año, en recuerdo de la memoria de Cirilo Rodríguez, histórico corresponsal de RNE, prematuramente desaparecido. Ahora, el libro y un DVD (Vídeo, introducir “Cirilo Rodríguez en el buscador de la parte inferior) recopila trabajos de los premiados y una semblanza de cada uno.

He conocido el libro un poco tarde por uno de los premiados, Evaristo Canete, uno de los grandes reporteros gráficos de la televisión española. Canete, junto con José Luis Márquez, son los dos únicos camarógrafos galardonados. Por cierto, espeluznante el relato que hace Márquez de la matanza de Tiananmen, de la que fue testigo.

Escoger ese título “Seguiremos informando” es hoy todo un ejercicio de resistencia.

La información internacional siempre ha estado preterida por otras materias que “venden más”, como se encargan de recordar varios de los premiados. Pese a ello, ningún medio podía permitirse el lujo de ignorar lo que pasaba en el mundo y para ello mantenía una red de cobertura, más o menos amplia y potente. Además, los profesionales de la información internacional constituían una élite del periodismo, con una visión superadora de los planteamientos de sacristía.

Hoy, la información internacional se diluye en la información glocal, esto es, información puramente local se convierte en un espectáculo universal. Además, corresponsales y enviados especiales son sustituidos por jóvenes periodistas que rastrena la Red en busca de estos acontecimientos locales impactantes con un potencial de convertirse en espectáculo. Nunca como en este mundo global nuestra mirada ha sido más corta de miras.

Los reporteros, sobrevivirán y nos seguirán mostrando el mundo, nos dicen los periodistas que componen el libro. Sobrevivirán, como nos recuerda Gervasio Sánchez citando a Camus, si comprenden que “no podemos escapar del dolor común y que nuestra justificación, si hay alguna, es hablar mientras podamos en nombre de los que no pueden”. Pervivirán, nos dice Guillermo Altares, si “son capaces de sobrevivir en los mundos hostiles en los que se forjan los grandes reportajes y deberán conseguir que haya química con adolescentes criados en el trepidante mundo de los chats y los videojuegos, porque ellos serán sus lectores”.

La entrada ya es demasiado larga, así que dejo para otro momento una reflexión sobre los nuevos formatos de reportajes en televisión. Dejo aquí la noticia (flojita) del libro en TVE, pero que nos permite escuchar a dos maestros, Canete y Enrique Meneses.

Sentencia a favor de la integración de las redacciones de EFE


En Infotendencias Ramón Salaverría informa de la reciente sentencia de un Juzgado de lo Social de Madrid que falla contra la representación de los trabajadores de EFE en el conflicto que mantienen sobre el proceso de integración de las redacciones en la agencia.

La demanda pretendía que se reconociera que la redacción escrita, la edición sonora y el montaje audiovisual de una información se realizara por distintos periodistas. La sentencia considera que la realización de tareas multimedia está  dentro de la definición del trabajo periodístico recogida por el convenio en los siguientes términos: “recoger, elaborar, editar, seleccionar y clasificar, bajo criterios periodísticos, información de todo tipo y en cualquier soporte que pueda ser comercializado por la Agencia EFE”. En  consecuencia, falla que la integración de redacciones y funciones está dentro de las competencias del poder de dirección del empresario y no viola el art. 39 del Estatuto de los Trabajadores.

En la sentencia se considera la plena digitalización de los medios como un proceso inexorable.

Es inexorable que los periodistas usen nuevas funciones, soportes y lenguajes para realizar su misión tradicional de investigar y difundir información relevante de interés público.  Estas nuevas funciones y lenguajes enriquecen profesionalmente y abren una interacción con el público que puede revitalizar la vida democrática.

Lo que no es inexorable es el modo de llevar a cabo ese proceso. La integración de las redacciones es una tendencia muy fuerte, pero incluso en algún caso se ha dado marcha atrás por no lograr los objetivos buscados. Aceptemos que la unificación de redacciones y el periodismo multimedia es una tendencia inexorable, pero eso no quiere decir que puedan alterarse las condiciones laborales de forma unilateral.

El éxito del proceso depende de un adecuado diseño y de una buena formación. Los representantes de los trabajadores, como hizo el sindicato británico NUJ, no deben oponerse de forma numantina, sino negociar esas nuevas condiciones de trabajo:

- Formación suficiente

- Clara delimitación de funciones, con preferencia de las funciones periodísticas sobre las puramente técnicas o rutinarias

- Revisión de procedimientos, especialmente en lo referente a seguridad y salud laboral

- Limitación de la carga de trabajo

- Normas que permitan la especialización, el periodismo de investigación y en profundidad

- Compensación económica por el esfuerzo de adaptación y la superior carga de trabajo

Negociar lealmente estos puntos y otros semejantes puede ser la clave del éxito de un proceso en que todos ganen, periodistas y empresas.

Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.

Únete a otros 1.277 seguidores

A %d blogueros les gusta esto: