Me limito a copiar la nota de prensa de Amnistía:

Madrid.- El gobierno de Colombia está dando una versión muy optimista de la situación de los derechos humanos en el país, a pesar de que cada vez son más los informes sobre desplazamientos forzados, ataques contra activistas sociales y de derechos humanos y homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad. Ésta es la conclusión del informe publicado hoy por Amnistía Internacional.

“Las autoridades colombianas mantienen una postura de negación absoluta: incluso se niegan a reconocer que hay un conflicto armado en el país. Sin embargo, la gente nos cuenta una versión muy diferente”, afirmó Marcelo Pollack, investigador sobre Colombia de Amnistía Internacional. “Es imposible resolver un problema sin admitir que existe. Negando la situación sólo se consigue condenar a más personas a sufrir abusos o a morir.”

El informe de Amnistía Internacional es el estudio más exhaustivo y actualizado sobre el estado de los derechos humanos en Colombia. Muestra que, si bien algunos indicadores de derechos humanos han mejorado con el paso de los años –por ejemplo, el índice de secuestros y la seguridad en algunas ciudades–, otros muchos han empeorado.

El estudio también echa por tierra declaraciones realizadas en repetidas ocasiones por el gobierno colombiano, por ejemplo, que los grupos paramilitares ya no están activos, que se obliga a rendir cuentas a los autores de abusos contra los derechos humanos, o que se respeta plenamente el trabajo de los activistas sociales y los sindicalistas.

“La población colombiana lleva más de 40 años atrapada en uno de los peores conflictos olvidados del mundo, atacada por las fuerzas de seguridad, los paramilitares y los grupos guerrilleros, mientras que el gobierno no toma ninguna medida de peso para brindarle protección”, declaró Marcelo Pollack.

“Para cambiar radicalmente la trágica realidad de Colombia, el gobierno y los grupos guerrilleros tienen que dejar de involucrar en el conflicto a la población civil de una vez por todas.”

El informe de Amnistía Internacional arroja los siguientes datos sobre Colombia:

· En 2007 hubo al menos 1.400 homicidios de civiles, frente a 1.300 en 2006. De los casos en los que se conoce a los autores, las fuerzas de seguridad fueron responsables de al menos 330; los paramilitares, de unos 300; y los grupos guerrilleros, de alrededor de 260.

· Hasta 305.000 personas fueron desplazadas en 2007, frente a 220.000 en 2006.

· En 2007, al menos 190 personas fueron víctimas de desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad y los paramilitares, o se encuentran en paradero desconocido después de ser secuestradas por los grupos guerrilleros, frente a 180 en 2006.

Amnistía Internacional insta a todas las partes implicadas en el conflicto de Colombia a que muestren la voluntad política necesaria para poner fin a los abusos contra los derechos humanos. La organización también exhorta a la comunidad internacional a que redoble los esfuerzos para lograr que las dos partes enfrentadas respeten los derechos humanos de la población colombiana.

La reflexión viene a cuento a un comentario a mi entrada “No callar la voz de las víctimas de Colombia”. No es lo mismo-dice ivmhn- matar a un contrincante en una guerra que masacrar (resumo) a un pacífico ciudadano.

Lamentablemente, los medios muchas veces muestran a los más pobres como víctimas de una violencia impersonal. Es lo que ocurría en el reportaje de Informe Semana del sábado 4-10-08 “Colombia: las otras víctimas”. El reportaje mostraba la búsqueda de los restos de los masacrados por los paramilitares. Los paramilitares se presentan como un “ejército ilegal que nació para perseguir a la guerrilla”, sin mención a los que manejaban los hilos y con una simple referencia a sus relaciones con los políticos. En ningún momento se dice que estos asesinos sirvieron para despejar de campesinos las tierras que se apropiaron terratenientes y multinacionales. Se da por hecho su desmovilización, sin informar de las dificultades de la misma y de la reaparición de los paramilitares como “fuerzas emergentes” o “Águilas Negras”. Ya sé que el reportaje no era una reconstrucción del fenómeno paramilitar, pero sin su contexto, el trabajo quedaba reducido a mostrar el sufrimiento de una viuda y a la insensiblidad moral del verdugo. Imprescindible, pero insufuciente.

Desde el primer momento, las autoridades colombianas aseguraron que en tales ordenadores se encontraban las pruebas de la implicación de Hugo Chávez con la guerrilla. El diario El País comenzó el pasado sábado una serie basada en esos supuestos documentos y firmada por Maite Rico, enviada especial a Bogotá. El País tiene una muy competente corresponsal en Colombia, Pilar Lozano, pero parece que los servicios de inteligencia escogieron a Maite Rico para confiarle esos documentos. Si se lee la información del sábado se vee que la base son esos documentos y “fuentes colombianas” o “analistas de la inteligencia colombiana”. El País sabe muy bien de que esos documentos se encuentran cuestionados. Un grupo de académicos norteamericanos han analizado su contenido y ponen en duda su interpretación. Una fuente tan poco proclive a Chávez como el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza declara públicamente que no hay pruebas que vinculen al presidente venezolano con la guerrilla. El País se hace eco de estas versiones en una información firmada en Madrid por Fernando Gualdoni, pero como un desmentido del embajador de Venezuela en España. Una versión completa de la postura venezolana se puede encontrar en la web del gobierno de Caracas.

Estamos a la espera de que Interpol acredite o no el origen de esos documentos. Pero el análisis de Interpol se limitará a determinar si el contenido de los discos duros coincide con los documentos. Según la policía colombiana, se sacó una copia en espejo de estos discos, que se entregó a Interpol, mientras los originales quedaban en custodia de la Fiscalía. De modo que Interpol no entrará en interpretaciones sobre el contenido, sino sólo dictaminará si los documentos coinciden con los existentes en los ordenadores que el ejército colombiano dice que eran de Reyes. Y mientras llega esa verificación internacional, Uribe ha hecho una de esas carambolas que tanto le gustan. Extraditando a los jefes paramilitares cumple con Estados Unidos (a lo mejor, hasta consigue la ratificación del Tratado de Libre Comercio), silencia a los criminales para poner freno al escándalo de la parapolítica y garantiza inmunidad para sus crímenes.

El asunto sigue. Hoy, 14 de mayo, el embajador en Madrid hace una rectificación, que El País, como es uso y abuso de la prensa española publica en Cartas al Director como “Aclaración”.

Lejos de mi afirmar la verdad o falsedad de tales documentos y ni siquierainterpretarlos. Pero creo que El País ha actuado más que ligeramente. Ha basado una acusación muy grave en unos documentos controvertidos, obtenidos de fuentes de inteligencia y sin mayor investigación para corroborar estas versiones, minusvalorando informativamente otras posiciones.

Y es que no hay que confundir inteligencia con servicios de inteligencia, denominación eufemistica del espionaje y la intoxicación.

Este comentario viene a cuento del desinterés de los medios españoles. De todos los grandes diarios sólo recogen la noticia El País y El Mundo, pero como simple foto acompañada de un pie informativo. Todos los diarios llevan abundante información del conflicto Ecuador-Colombia-Venezuela, con crónicas (El País, La Vanguardia) de corresponsales o enviados especiales muy críticas con Chávez. Entre las televisiones, sólo TVE difundió una crónica de su corresponsal en Bogotá en el telediario de las nueve de la noche del jueves. Por supuesto ningún medio se refiere a la concentración de Madrid.

¿Son todas las víctimas iguales para los medios?

(Más información en Pepitorias)

Esa movilización global, como es lógico, ha sido aprovechada por el gobierno del presidente Uribe, empeñado en reducir todos los problemas de Colombia al “terrorismo” de las FARC. Posición a la que se suman, arrimando el ascua a la sardina, aquellos que en otros lugares hacen un uso partidista de la condena del terrorismo. No voy a discutir si las FARC son o no un movimiento insurgente ni voy a enumerar los problemas de Colombia, me limito a recoger aquí la Declaración de las Víctimas de los Crímenes contra la Humanidad en Colombia. La declaración se cierra con una larga lista de organizaciones y personas, entre ellas la madre de Ingrid Betancourt, que da idea de la pluralidad de este movimiento.