CONTROL GUBERNAMENTAL

Pasar de una mayoría cualificada de 2/3 a la mayoría absoluta parlamentaria para elegir a los consejeros y al presidente de RTVE es entregar su nombramiento al gobierno. Volvemos en la práctica (no formalmante) al sistema del Estatuto de 1980, que tan nefastos efectos tuvo tanto para el servicio público audiovisual como para el país en su conjunto.

El Decreto-mantiene la pamema de una primera votación para la que se requiere una mayoría de 2/3, que de obtenerse dará lugar a elección por mayoría absoluta en una nueva votación a celebrar en 24 horas. Hay que decir que esta mala idea ya estaba en una disposición transitoria de la Ley de 2006 (pdf), pero sólo para la primera elección. El consenso entre los dos grandes partidos hizo innecesaria su aplicación.

Los consejeros son propuestos por los grupos parlamentarios, pero con este sistema muy bien podría resultar que todos los fueran a propuesta del partido gubernamental, que (como ahora) tiene mayoría absoluta, o cuenta con algún pequeño grupo parlamentario para obtenerla.

Se mantiene el mandato de seis años, que en un sistema de consenso parlamentario es una medida que refuerza la independencia de presidente y consejeros, pero que con el nuevo sistema significa con un gobierno impone a su sucesor los órganos de administración y dirección de RTVE.

El nuevo sistema refuerza el papel del Senado, pues si antes la cámara alta elegía 4 de 12 consejeros, ahora decide sobre 4 de 9. No olvidemos que el PP siempre obtiene en el Senado una representación mayor que en el Congreso.

TODO EL PODER PARA EL PRESIDENTE

El Decreto Ley elimina la dedicación exclusiva y la remuneración de altos cargos a los consejeros de administración, manteniendo sólo la incompatibilidades del derecho mercantil y el cobreo de dietas por asistencia a los consejos. No hay que ser muy avezado para pensar que el Consejo de Administración, aunque formalmente mantenga sus importantes competencias, va a ejercer en la práctica muy poco control sobre el nuevo presidente.

Esta medida, junto con la reducción del número de consejeros, se justifica demagógicamente en la necesidad de austeridad.

Se mantienen los requisitos de cualificación y experiencia profesional y hasta la responsabilidad patrimonial, lo que resulta poco coherente con consejeros que van a dedicarse a otras actividades y que incluso podrán sumar consejos de adminstración de empresas públicas o privadas.

Roto el consenso con el PSOE ¿a quién nombrará el gobierno de Rajoy? Descartados otros nombres excesivamente sectarios, se reafirma el de Luis Blasco, de Telefónica Argentina. Un presidente del PP y de Telefónica ¿Control político para el PP? ¿Control empresarial para Telefónica?

Me ocupé en otra entrada del perfil que juzgo necesario para el presidente de la Corporación. Añadiré una reciente declaración de Lord Patten, presidente del Trust de la BBC. El Director General de la BBC debería de tener la sabiduría de Aristóteles y la fuerza del futbolista de Wayne Roonie. Pues eso…

CASTIGO A LOS SINDICATOS

El decretazo elimina que dos consejeros lo sean a propuesta de los sindicatos mayoritarios. Como premio de consolación añade un solo miembro designado p0r los sindicatos al Consejo Asesor, de muy limitadas competencias.

En la Exposición de Motivos, confundiendo los términos, se dice que los trabajadores ya están representados en el Comité de Empresa. Nada tiene que ver la representación y defensa de los derechos laborales con la gestión de la Corporación. Este origen sindical estaba destinado a aumentar el pluralismo interno de gestión, en la línea de su presencia en los consejos de administración de otras empresas públicas y apuntando tímidamente al modelo de cogestión de las empresas alemanas.

¿ES NECESARIO UN CAMBIO RADICAL DE MODELO DE GESTIÓN?

El consenso de los dos grandes partidos para la designación de los altos cargos institucionales del país se muestra imposible. Malo era el sistema de cuotas, pero peor es esta irresponsabilidad que pone en crisis todo el estado de derecho.

La solución para el Tribunal Constitucional, el Consejo del Poder Judicial o el Tribunal de Cuentas tiene que ser institucional y política, pero en el caso de RTVE podría ser más empresarial.

El sistema actual traslada a una empresa pública el modelo de una sociedad mercantil, eligiendo tanto al máximo ejecutivo como a su consejo de administración con criterios políticos. Una alternativa sería un presidente poderoso, con las competencias actuales y otras ejecutivas que ahora están en el consejo. Un presidente poderoso, del que dependiera la dirección y gestión. Pero un presidente profesional e independiente. Un presidente no nombrado parlamentariamente, sino por el consejo de administración, mediante un concurso público de méritos, algo que ya se está haciendo por ejemplo en instituciones como el Museo Reina Sofía.

EL DESCRÉDITO DE RTVE

El servicio público sin independencia no es nada más que un órgano de propaganda. Pero no nos adelatemos. El resto de la Ley de 2006 sigue en vigor y los consejos de informativos tienen ahora una tarea decisiva: no sólo informar el nombramiento de los nuevos directores de informativos, sino luchar día a día por la independencia.

Los recortes están ya reduciendo la audiencia. Pero hay algunos hechos significativos. Por ejemplo, las películas clásicas de los jueves están obteniendo una más que digna audiencia, venciendo a espacios de televisión basura. ¿Hay un cambio de tendencia en el público?

El actual aprecio de RTVE ha costado mucho construirlo. Les toca ahora a los profesionales defenderlo. Y al público exigírselo.

(Otras entradas en la cateogría RTVE)

En El Confidencial fuentes del PP desgranan esa acusación: las televisiones privadas dan una información equilibrada porque destacan los incidentes violentos tanto como las protestas,  mientras que en TVE se destacan más las protestas como tal, que se presentan desvinculadas de la violencia y se da voz a los organizadores, así como se muestran abundantes imágenes de cargas policiales.

El enfoque violento de las manifestaciones

Si tal diagnóstico fuera cierto, y para saberlo habría que hacer un análisis de contenido que no está a mi alcance, TVE estaría cumpliendo con su obligación. Tengo mis dudas, como ya manifesté en Twitter el 21 de febrero con respecto a los acontecimientos de Valencia, donde en un primer momento se insistió en las versiones policiales.

Ayer una viñeta (que soy ahora incapaz de encontrar) lo explicaba perfectamente: una gigantesca manifestación y en un lado un energúmeno destruyendo un coche… rodeado por cámara de televisión.

El asunto es un clásico de la manipulación y ha sido exhaustivamente estudiado desde que en  los años 70 James Halloran y sus colaboradores pusieran de manifiesto como los grandes medios “enfocaron” su información sobre las manifestaciones contra la guerra de Vietnam en Londres destacando los incidentes violentos con los que culminaron (Halloran et alt (1970) Demostrations and communication; Noelle-Neumann (1987) The event as envent and the event as news…).

Críticas e independencia informativa

Está bien que el gobierno de turno no se considere satisfecho con la información de la televisión pública. Se ha dicho siempre que eso ha ocurrido con la BBC, justamente por su independencia. Ciertamente, esa independencia durante la guerra de Irak le costó muy cara a la BBC. Primero, por las dimisiones que siguieron al caso Kelly y al informe Hutton y luego por los recortes salvajes que están debilitando el servicio público.

Considero la actitud del PP matonismo informativo porque no se trata de mostrar una legítima discrepancia con la información de TVE. Es una advertencia en toda regla -os vais a enterar cuando solucionemos lo del presidente- contra la independencia y una coacción a sus trabajadores -¿tiene algo que decir el Consejo de Informativos?.

Las acusaciones intentan también desligitimar el servicio público de RTVE y justificar su desmantelamiento vía recortes.

Por mucho que se queje el PP su llegada al poder ya se nota en los informativos de TVE. Puesto que se sigue un modelo de información institucional, la presencia del PP es abrumadora. No me parece demasiado grave, pues el PP tiene en este momento un dominio absoluto de la iniciativa política, desde el gobierno central y los poderes autonómicos y locales, y es lógico que esto se refleje en las noticias.

Me preocupa, en cambio, el tratamiento de las informaciones más de fondo, con la presencia constante de los economistas que defienden los recortes o el copago. Es prácticamente imposible escuchar en los telediarios una voz “experta” que sea crítica con la llamada “consolidación presupuestaria”.

Incluso en asuntos donde la posición del PP todavía no está bien definida, el enfoque termina por favorecer a las posiciones neoliberales.

Me refiero al polémico asunto de Eurovegas. Dejo aquí el especial que el TD2 del 28 de febrero dedicó al asunto. Creo que cualquiera que lo vea desapasionadamente llegará a la conclusión de que sería una estupidez perder una oportunidad como esa. Creo que el conjunto de la información está sesgada a favor de aceptar el proyecto. No sólo es que la voces favorables dominen. Es más grave que no se expliquen en todo su alcance las condiciones exigidas (se enuncian superficialmente) y no se cuente el historial del tal Sheldom Adelson.

En cualquier caso os invito a ver el vídeo y dejarme vuestros comentarios sobre esta información.

ITEM MÁS. Veáse como en esta información institucional sobre el plan de lucha contra el fraude fiscal se pasa de puntillas por el nombramiento de Pilar Valiente (que tuvo que dimitir como presidenta de la CNMV por el caso Gescartera, se dice sucintamente) VIDEO

Dejando al margen algunas expresiones chulescas o prepotentes (“si quisiera entraría hoy mismo en el iNews”, “no necesito el iNews”) lo que la mayoría de los consejeros parece confundir es su función de preservar la independencia y pluralismo informativo con el control editorial.

Todo usuario de un sistema de gestión de contenidos tiene su propio perfil de acceso. Así, sería posible que los consejeros pudieran “leer”, pero no “escribir”. Pero esa simple lectura o visualización de los contenidos, de los previstos y de los ya emitidos, sería toda una invitación a la censura previa.

Las facultades del Consejo le permiten una supervisión de lo emitido para garantizar la imparcialidad y el pluralismo, pero esa supervisión no puede hacerse por la vía que se intentó, sino por medio de estudios de análisis de contenidos, cuya metodología fuera aceptada por todos los consejeros y, por tanto, sus resultados fueran incuestionables.

Garantizar la independencia no significa ser el editor colegiado de los informativos. La responsabilidad informativa empieza en reporteros, informadores, montadores, realizadores y culmina en el director de los Servicios Informativos. El Director de los Servicios Informativos está sometido al escrutinio del Consejo, pero su nombramiento y cese corresponde al Presidente de la Corporación.

Otras entradas sobre este tema:

RTVE, imprescindible

Lecciones del intento de interferencia del Consejo de Administración de RTVE: ni un paso atrás en la independencia profesional

El Consejo de Administración de RTVE no tiene competencias para censurar la información de TVE

RTVE, imprescindible

El malhadado intento de injerencia editorial del Consejo de Administración de RTVE puede interpretarse como un síntoma de la crisis de la radiotelevisión pública. En realidad es manifestación de un mal más profundo: la partitocracia que contamina todo nuestro sistema político y nos ha degradado a una democracia de baja intensidad. El sistema de reparto de cargos institucionales ha desacreditado a instituciones esenciales como el Consejo del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o RTVE. Es urgente una regeneración democrática; es urgente un cambio de cultura.
La Ley 17/2006 pretendió la desgubernamentalización de RTVE confiriendo el nombramiento del Presidente, con facultades ejecutivas, y del Consejo de Administración a mayorías parlamentarias de 2/3. A los consejeros les exige cualificación y experiencia profesional, que intenta concretar bastante vagamente en formación superior o reconocida experiencia y en desempeño de funciones de alta dirección, control o asesoramiento desempeñadas durante un plazo de cinco años. Sin entrar a analizar si esta cualificación se da en todos los actuales consejeros, o en la trayectoria de algunos de ellos de plena vinculación a los partidos, una anécdota ilustra la falta de cultura de independencia institucional. La ley ordena que antes del nombramiento, los candidatos propuestos se sometan a una audiencia en la cámara respectiva (Congreso o Senado) para determinar su idoneidad. Pues bien, cuando los candidatos comparecieron en el Senado sus señorías no se molestaron en formularlos ni una sola pregunta. Si RTVE hoy no tiene presidente y sus consejeros no se renuevan, es por la misma razón que no se renueva el Tribunal Constitucional.
La política audiovisual de Rodríguez Zapatero se divide en dos períodos: una reforma y una contrarreforma. La reforma, la Ley 17/2006 que dio un estatuto de independencia, al menos formal a RTVE. Además, de la desgubernamentalización, la Ley instituyó órganos de control interno de defensa de la independencia profesional y editorial (los consejos de informativos) que en estos días han mostrado su virtualidad. No se trata, por tanto, de modificar esta ley (si acaso aclarar que los respectivos directores de informativos son los responsables editoriales y jurídicos de la información emitida). De lo que se trata, insisto, es cambiar de cultura.
En la segunda legislatura socialista llegó la contrarreforma, con la Ley 8/2009, que eliminó la publicidad de TVE, estableciendo un sistema de financiación, uno de cuyos pilares, una tasa sobre las telefónicas, se encuentra cuestionada en el ámbito europeo, con posibilidades de que el Tribunal Europeo termine por declararla contraria al derecho comunitario. RTVE ha entrado así en un peligrosísimo periodo de inestabilidad financiera. Además, la Ley 8/2009 impuso a TVE una serie de limitaciones en materia de adquisición de derechos cinematográficos y deportivos, que aboca a La Uno a competir en el mercado audiovisual con las manos atadas a la espalda.
La contrarreforma Zapatero pasó por suavizar las formas anticoncentración, que propició la adquisición de Cuatro por Mediaset y apunta a la consolidación de sólo dos grandes grupos audiovisuales. Contrarreforma que culminó con la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que terminó con el régimen de servicio público de las televisiones privadas y convirtió la licencia en un elemento patrimonial que prácticamente se otorga a perpetuidad. A ello se suma el fiasco de la TDT, con dos de los operadores nacionales dependientes de grandes grupos mediáticos emitiendo programas enlatados. No se ha constituido el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (al que se opone firmemente el PP y que de no existir será exigida por las instituciones europeas) ni tampoco se ha firmado el contrato programa para asignar los recursos necesarios al ambicioso mandato de servicio público que se ha encomendado a RTVE.
En este contexto, la radio y la televisión públicas son más necesarias que nunca. La radiotelevisión de servicio público es imprescindible en una sociedad democrática para promover la cohesión social, el pluralismo político, la diversidad cultural y lingüística, satisfacer el derecho a la información del público y las necesidades de entretenimiento acorde con los valores democráticos. Las funciones del servicio público audiovisual no pueden quedar en manos de compañías mercantiles que hace mucho tiempo dejaron de ser empresas periodísticas para convertirse en conglomerados financieros. Basta repasar el dial de la TDT para comprobar que sólo los canales de TVE aportan contenidos diversos y especializados. Y si nos referimos a la radio, sólo RNE mantiene un canal de noticias, otro de música clásica y otro centrado en música juvenil no sometido a la radiofórmula. Otro de los grandes logros es la televisión a la carta que pone los contenidos de RTVE (especialmente su rico archivo) a disposición de todos de forma interactiva.
La audiencia ha premiado a La Uno, en gran parte por la desaparición de la publicidad. Un retorno a los anuncios parece inviable, así que probablemente la única financiación estable puede llegar vía presupuestos, y esto en el período de contracción actual puede significar más austeridad. Si se desarrolla la producción propia (así se promete en el Convenio Colectivo que acaba de ser refrendado por los trabajadores) hay un cierto margen de maniobra.
El público y la mayoría de los profesionales aprecian que en esta etapa los programas informativos han logrado un aceptable grado de independencia, neutralidad y calidad. No así el PP que sigue utilizando la denuncia de la manipulación como arma arrojadiza. A falta de estudios científicos sobre el contenido, mi opinión es que se ha logrado la neutralidad y un pluralismo institucional sesgado por el bipartidismo, que se ha avanzado en la representación de la diversidad social, pero que queda todavía un camino que recorrer para lograr un pluralismo pleno. El marco jurídico institucional no es perfecto, pero sí aceptable. Reformas legislativas de un gobierno con mayoría absoluta que ataquen la independencia profesional y editorial serían inaceptables.

Hace unos días el presidente del Trust de la BBC (véase su curriculum: presidente del Partido Conservador, Gobernador de Hong Kong, Comisario Europeo, Rector de Oxford) decía que la Corporación es una fuerza moral. La BBC se ha ganado durante más de 80 años el aprecio de los británicos. RTVE construye con dificultad esa función pública, pero la reacción social y profesional de estos días es un buen síntoma.

Un día no es nada, pero parece que estamos abocados a reflexionar en caliente. Para mi estas son las reflexiones de esta movida jornada.

- Consejo de Informativos. El Consejo de Informativos de TVE ha estado a la altura de las circunstancias. Ha ejercido satisfactoriamente su función de órgano de control interno y garante de la independencia profesional y editorial de RTVE. Sale reforzado, pero su prueba de fuego residirá en la forma en que dé su dictamen al nombramiento en su día del director de Informativos que suceda a Llorente. El PP arrastró los pies en la negociación del Estatuto de Informativos. Espero que hoy que sus dirigentes han hecho alarde de fe en la independencia profesional hayan borrado de su agenda (oculta) la eliminación de este organismo.

- Consejo de Administración. En mi opinión, más que ejercer un verdadero control previo lo que pretendían los consejeros era enterarse de lo que se cocía para ir con el cuento a sus jefes en el partido y hacer méritos. Incluso parece que ha jugado el prurito de decir “ahora que somos el presidente colegiado, pues vamos a controlar la información”. Los votos me parece que se explican por equilibrios y pactos internos.

- El presidente. Nos hemos enterado que Fernández y Oliart sí tenían acceso al sistema de redacción. Seguramente Oliart no metería la nariz, pero no dudo que Fernández revisaba (o ponía) hasta la última coma. El presidente de la Corporación es su máximo ejecutivo, pero no es el responsable editorial de la información. La ley debiera modificarse para que no quedaran dudas que el responsable editorial (y en consecuencia responsable jurídico) es el director de los Servicios Informativos (los de TVE, de RTVE, de medios interactivos). Sólo el director de Informativos y los responsables editoriales que él dependen pueden supervisar o controla previamente a la emisión. Otra cosa es censura inconstitucional.

- Los profesionales. La Redacción de Informativos se ha rebelado. La verdad es que en este caso no era muy difícil, porque se seguía la corriente y el propio director de Informativos era partícipe en la protesta. En épocas pasadas estas rebeliones eran contra direcciones manipuladoras. Pero entonces no existían las redes sociales y el hartazgo del bipartidismo no era tan grande. Está bien, que los nuevos profesionales vayan entrenándose en la protesta, por lo que pueda venir.

- Los partidos. Han puesto cara de póker, como si la cosa no fuera con ellos. Si han dado marcha atrás no ha sido tanto por la condena social (de nada han servido medio millón de firmas pidiendo un referendum constitucional), sino porque la retirada no tocaba sus intereses esenciales. En campaña electoral la información se cosifica y queda bajo el control de la Junta Electoral Central y sus instrucciones mostrencas. Además, estoy seguro que hay zascandiles en la Redacción que ya les dan el queo para hacer méritos.

- La sociedad. La gran esperanza es la reacción social. Los partidos empiezan a ser sensibles a las redes sociales, al menos en campaña electoral. Pero en esta catársis colectiva muchos se rasgan hipócritamente las vestiduras. Los medios privados tienen legítimamente un sesgo editorial que, por ley, no puede tener RTVE, pero de eso a mentir o alterar la realidad como en el caso reciente de la foto de El Mundo hay un abismo. Da vergüenza leer la justificación de Pedro J.

La prueba del algodón de la independencia editorial de RTVE vendrá con la llegada del PP al gobierno. Espero que les haya servido de lección para no alterar todos los elementos positivos que la Ley 17/2006 trajo a RTVE.

Hay muchas asignaturas pendientes:

- Establecer un modelo estable de financiación, que creo que ahora ya no puede hacer uso de la publicidad, ni siquiera de modo limitado.

- Aumentar al menos en un par de canales, de modo que RTVE pueda desarrollar verdaderos canales temáticos.

- Seleccionar consejeros verdaderamente independientes, con trayectorias profesionales no sólo brillantes, sino también con un perfil de independencia.

- Sacar las sucias manos de todos los partidos de RTVE. Ni que decir tiene que sería un atentado contra la democracia volver al antiguo modelo de dependencia directa gubernamental.

Terminaré con una cita del presidente del Trust de la BBC, Chris Patten, que no ha llegado ahí como un advenedizo (fue presidente del Partido Conservador, Gobernador de Hong Kong y pilotó su traspaso a China, Comisario europeo, Rector de Oxford; igualito que algunos consejeros de RTVE). Patten define a la BBC como una verdadera fuerza moral.

La Corporación británica se ha ganado el aprecio ciudadano en 60 años. RTVE ha empezado a conseguirlo en los últimos años. No lo echemos por la borda.

(Para otro día dejo las reflexiones general sobre la política audiovisual).

El Consejo de Informativos de TVE reprueba la decisión que considera “un ataque directo a la libertad e  independencia de los profesionales de la información”. Rebelión también entre los responsables editoriales (El Mundo).

¿A qué se han dado acceso los consejeros de RTVE?

- A todas las fuentes escritas y audiovisuales que alimenta la Redacción de TVE, fuentes externas como las agencia, pero también internas, esto es, por ejemplo, a los rodajes de las redacciones de Madrid y todos los centros territoriales.

- A las previsiones de noticias y su cobertura.

- A los minutados y guiones de los programas y su evolución.

- A las informaciones durante su elaboración, esto es, a sus textos, montajes de vídeo y sus distintas versiones, tanto de los informadores como de las correcciones realizadas por los distintos responsables editoriales.

Por cierto, que si de lo que se tratara es de que los consejeros tuvieran una información actualizada, ya existe en la intranet corporativa una aplicación que permite el acceso a todas las agencias informativas cotratadas por RTVE, sin necesidad de entrar en el sistema informático de la Redacción (iNews).

El acceso a este sistema informático interno permite a los consejeros supervisar la información cotidiana y la planificación de la misma. En otras palabras, pueden censurar de hecho las informaciones, mediante presión al Director de los Servicios Informativos, los responsables editoriales intermedios y hasta a los propios informadores. Y, un aspecto poco resaltado, el conocimiento de los minutados se presta a la denuncia partidista antes de que una información se haya emitido.

El Consejo de Administración de RTVE no tiene competencias para supervisar la información

Al Consejo de Administración corresponden la dirección y gobierno de la Corporación (art. 9.1 L. 17/2006). Entre sus competencias y funciones (art. 16 L. 17/2006) está la responsabilidad por el cumplimiento general de la misión de servicio público y los objetivos generales de la Corporación, nombrar al Presidente, aprobar el nombramiento de los directivos de las sociedades (entre ellos los directores de los Servicios Informativos), supervisar la labor de los directivos y fijar las directrices generales de actuación de la Corporación. En ningún caso la supervisión de la información. Ni siquiera el Presidente tiene entre sus funciones el control de la información (art. 20 L. 17/2006).

Los principios de independencia editorial y profesional son elementos esenciales del servicio público que la L. 17/2006 encomienda a RTVE (art. 3.2 b). Para velar por esa independencia la Ley establecía unos consejos de informativos, constituidos en virtud del Estatuto de Informativos de la Corporación, pactado entre el Consejo de Administración y la representación de los trabajadores.

La responsabilidad informativa, como bien indica el Consejo de Informativos de TVE, “recae de forma directa en la dirección de los servicios informativos, las jefaturas de área, los editores y todos los profesionales que forman parte de la cadena de elaboración de la información”.

El Consejo de Administración, en ejercicio de sus funciones, ha aprobado un conjunto de normas que delimitan el servicio público en materia informativa (por ejemplo, el Manual de Estilo). Y hasta ahí puede llegar. No puede supervisar y menos censurar.

Ahora, la ministra Pajín anuncia una rectificación. Lo peor es que el daño ya está hecho. Da munición a los enemigos del servicio público, que dirán que una televisión pública independiente es imposible.

(El que suscribe fue redactor durante 32 años de TVE, hasta que me acogí voluntariamente al ERE. Fui miembro del Consejo Antimanipuación, del Consejo Provisional de Informativos y la de Comisión Redactora del Estatuto de Informativos de RTVE)

Hace una semana, el 3 de junio, el director del periódico, Eric Fottorino, anunciaba a sus lectores que el vespertino iba a dejar de ser independiente. Por supuesto, no lo decía tan crudamente, pero reconocía que en el proceso de recapitalización en marcha la sociedad de redactores dejaría de ser el accionista de referencia del periódico.

Durante los dos últimos años Fottorino ha desarrollado un proceso de saneamiento, que ha supuesto centrarse en el negocio del diario y despidos contestados con una huelga. La dirección era partidaria de la entrada de un socio externo (mostrando sus preferencias por la asociación de los grupos Lagardére y Prisa), con el apoyo de los sindicatos y la oposición de  la sociedad de redactores.

Le Monde ha pedido ofertas a los grupos interesados y quiere tomar una decisión el viernes.Lagardére no está interesado. El grupo italiano L?Espresso se ha retirado y Prisa quiere más tiempo, que el diario se convierta en matutino y que se realice una auditoría, así que no parece que la decisión termine por concretarse esta semana. Pero cuando el Consejo de Administración escoja al socio dominante, será la Sociedad de Redactores la que tendrá ante si una alternativa terrible: o abrir la puerta al nuevo socio y, por tanto perder la capacidad de controlar su propio diario, o decir no y precipitar la quiebra.

Para muchos de los periodistas de mi generación Le Monde ha sido un mito, por la calidad de su información y por el control informativo institucional ejercicio por la Sociedad de Redactores. La autogestión como control de la independencia parece haber agotado sus posibilidades en el mundo de los grupos multimedia.

¿Seguirá siendo Le Monde un diario independiente de referencia dentro de un grupo multimedia?

El panorama está dominado por la fragmentación de las audiencias, la consolidación de la concentración, la convergencia tecnológica y una regulación más laxa, de hecho o derecho.

Estas son sus principales conclusiones:

- Los servicios públicos de radio y televisión sufren una creciente presión política, un déficit de financiación, una crisis de identidad y un desprestigio en aumento.

- Los reguladores están cada vez más politizados.

- No se han tomado medidas para mejorar los contenidos de servicio público.

- Falta transparencia en la propiedad de los operadores privados.

- La sociedad civil no es tenida en cuenta a la hora de diseñar los modelos de radio y televisión.

- No se ha hecho nada para promover la alfabetización audiovisual.

Vale la pena hacer una referencia especial a Italia. Italia sigue siendo la “anomalía” en Europa Occidental. Con el 90% de las empresas privadas en manos de Berlusconi, su regreso al gobierno ha significado la retirada de las tímidas reformas iniciadas por el gobierno Prodi y nombramientos políticos tanto en la RAI como en los organismos reguladores.

En la presentación del informe, su editor Mark Thompson (director general de la BBC) calificó la situación de “contrarreforma”, pues las reformas a las que se vieron obligados los nuevos socios de la Unión Europeo en materia de pluralismo audiovisual están siendo revertidas, bien por vía legislativa, bien por vía de hecho, sin que la Comisión Europea reaccione, en un clima de impunidad que destroza la independencia y el pluralismo. “Los profesionales están siendo reemplazados por mediocridades políticas -dijo Thompson. Por su parte Aidan White, el secretario general de la Federación Internacional de Periodistas, pidió que el futuro de los medios se convierta en uno de los asuntos centrales de la política de la nueva Comisión Europea.

Fogel fue asesor del director de Le Monde entre 1995 y 2002 y es uno de los cerebros de la edición digital del periódico francés. Además, comparte la autoría del libro “La prensa sin Gutemberg” con Patino, uno de los triunviros descabalgados por la actual crisis. Conoce bien Le Monde, pero su posición parece próxima a la anterior dirección (Fottorino, Patino, Jeantet).

Para Fogel, la ampliación de capital por parte de Lagardére y Prisa es ineludible. Esa ampliación no cambiaría los contenidos, pero si el modo de gestión. Acusa a la Sociedad de Redactores de no querer adaptarse a las necesidades de una gestión más ágil, agitando el fantasma del riesgo para la independencia. Con la ampliación, la Sociedad de Redactores perdería su poder de veto. Los sindicatos quieren ocupar el espacio de la Sociedad de Redactores. La huelga reafirma su poder y su influencia de cara a negociar con la empresa. El diario de papel -dice Fogel- debe cambiar mucho y aprender de la gestión del diario digital.

Una opinión autorizada que me reafirma en la impresión de que la crisis no está ni mucho menos cerrada.