La Cumbre de Bruselas de los días pasados ha alumbrado un mecanismo intergubernamental de transferencia de la soberanía fiscal para salvar el euro. No sabemos si el euro sobrevirá, pero estamos casi seguros de que entraremos en una nueva profunda recesión. Con ser eso malo lo terrible es que el acuerdo de 26 países europeos da la estocada final al maltrecho pacto social sobre el que se ha basado la Europa democrática de los últimos sesenta años.
La Europa que salió de la II Guerra Mundial se construyó sobre un respeto a los derechos civiles y políticos (con algunas limitaciones en el contexto de la Guerra Fría) y el desarrollo de los derechos sociales y económicos a través de los servicios públicos. La Constitución española asumió ese modelo en su fórmula más avanzada, justo en vísperas de la contrarrevolución conservadora, que durante treinta años ha ido desmontando pieza a pieza el estado social.
La integración europea -en una tensión permanente entre lo confederal y lo federal- ha aportado un enorme progreso económico, una homogeneización burocrática, una mayor aproximación entre los pueblos. Pero también ha sido vehículo de esa degradación del Estado Social y Democrático de Derecho. La dimensión social nunca pasó de la ilusión, mientras que por la vía de la regulación del mercado único la Unión Europea ha sido la coartada para implantar el neoliberalismo económico.
La crisis ha sido la gran oportunidad para dar la vuelta definitiva a la tortilla. La llamada “reglad de oro” de la estabilidad fiscal, exigida por Alemania y que ahora vendrá impuesta por el futuro tratado intergubernamental, so capa de tratarse de un mecanismo técnico, subvierte la naturaleza social del Estado, ahora incapaz de utilizar la política fiscal para poner sus recursos al servicio de los derechos de los ciudadanos. España ya ha sido pionera en esta rendición para congraciarse, sin mucho éxito, con los mercados.
Los estados europeos ya entregaron su política monetaria al Banco Central Europeo. Ahora van a transferir su política fiscal a un directorio de los gobierno, encargando la vigilancia a la Comisión Europea (nombrada por los gobiernos) y con una serie de mecanismos automáticos de sanciones. Se rompe así una regla esencial de cualquier democracia. “sin representación no hay impuestos”.
En esta Europa las decisiones no las van a tomar los ciudadanos a través de sus representantes, ni siquiera los gobiernos mediante acuerdos intergubernamentales. Las tomarán tecnócratas conectados con las instituciones financieras, supuestamente independientes, pero altamente ideologizados y vinculados a los intereses de los bancos de inversión de los que han salido.
Hace poco Lula decía que “Europa es un patrimonio democrático que la humanidad debe preservar”. Suena a especie en vías de extinción. ¿Pueden en estas condiciones los prepotentes mandatarios europeos pedir a China que respete el medio ambiente y trate mejor a sus trabajadores? No, ahora es China quien nos da lecciones y nos exige que desmontemos el estado del bienestar para prestarnos ese dinero imprescindible para la supervivencia del euro.
Durante tres décadas muchos nos hemos podido sentir plenamente identificados con nuestra Constitución, pese a sus deficiencias y las concesiones que exigió la Transición. Hoy ya no siento esa identificación. No me voy a echar al monte y seguiré defendiendo todo lo que tiene de valioso, pero ya no es la Constitución de 1978.
Ayer se cumplía el 63º aniversario de la Declaración de Derechos Humanos y el 50º del nacimiento de Amnistía Internacional. Si miramos para atrás veremos cuanto se ha avanzado en el respeto de los derechos civiles y políticos, en la lucha contra la impunidad. Pero del mismo modo en que los derechos sociales sin derechos políticos son dádivas graciosas que manipulan gobiernos demagógicos, sin derechos sociales la ciudadanía pierde la base para ejercer los derechos políticos. Queda la esperanza de que ante nuevos desafíos se encontrarán nuevas respuestas. El movimiento de los indignados es un primer atisbo de buscar otra forma de hacer política.
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