Es urgente buscar alternativas a la financiación de RTVE


El pasado 30 de septiembre la Comisión Europea exigió a Francia y España que pongan fin a las tasas impuestas a los operadores telefónicos para financiar a las radiotelevisiones públicas.

Como era previsible, la Comisión declara contrarias al art. 12 de la Directiva de los Servicios Electrónicos estas tasas, por considerar que no financia los costes regulatorios del mercado de las telecomunicaciones, sino el déficit originado en los servicios públicos de la radio y la televisión por la supresión de la publicidad.

Los requerimientos, en forma de dictámenes motivados, dan dos meses ambos a Estados para que modifiquen su legislación. De no ser atendido el requerimiento, la Comisión llevaría el caso al Tribunal Europeo de Justicia de Luxemburgo.

El Gobierno dice estar seguro de la conformidad del sistema con la legislación europea y el presidente de RTVE, Alberto Oliart, avanza que España y Francia pueden ir de la mano en su defensa ante el Tribunal de Luxemburgo.

Las perspectivas de ganar el caso en Luxemburgo son escasas, porque desde su sentencia de 2003 en el caso Albacom ha sentado una jurisprudencia que se resume en este fallo:

” (La Directiva) prohíbe a los Estados miembros imponer a las empresas titulares de licencias individuales en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones, por el mero hecho de poseer tales licencias, cargas pecuniarias, como la controvertida en los asuntos principales, distintas de las autorizadas por dicha Directiva y que se añaden a éstas.”

Para CC.OO, el gobierno pretende que sea el Tribunal el que dé la última estocada a RTVE y prpone volver al sistema anterior.

Sea cuál sea el fallo, el problema lo será para el gobierno salido de las próximas elecciones. Si la sentencia es contraria, habría que devolver las tasas recaudada con sus intereses y costas. Zapatero ya tiene bastantes problemas como para rectificar en esta cuestión, pero lo único sensato sería abordar ya un nuevo modelo de financiación.

Manteniendo la tasa sobre las televisiones privadas y la transferencia de la tasa sobre el espacio radioeléctrico las alternativas para sustituir a la financiación de las telefónicas son:

- Canón. Difícil de implantar en plena recesión y con altos costes de administración.

- Elevar la tasa de las televisiones privadas, verdaderas beneficiarias de la supresión de la publicidad.

- Reinstaurar una publicidad limitada. Tiempos limitados, sin posibilidad de interrumpir programas. Serviría también para normalizar el mercado publicitario.

Creo que la solución más apropiada sería una mezcla de las dos últimas alterntativas.

(Otras entradas: Más sobre financiación de RTVE,El calvario de la financiación de los servicios públicos de radio y televisión)

Más sobre financiación de RTVE


Vista la comunicación remitida por la Comisión Europea a España sobre la financiación de RTVE me parece que el Gobierno y los medios, hasta los más críticos, han dado una visión poca realista. La situación es mucho más grave.

Es cierto que la Comisión considera el sistema proporcionado en cuanto que está diseñado para cubrir los costes netos del servicio y establece mecanismos para evitar la sobrecompensación.

Es cierto que se distingue entre las tasas a las televisiones y a las telefónicas, en cuanto que ésta última está sometida a un procedimiento para establecer si la nueva exacción es compatible con la Directiva de los Servicios de Comunicaciones (concretamente con  su art. 30), mientras que el recargo a las televisiones no está pendiente de este examen.

La Comisión, sin embargo, considera que ambas medidas siguen sujetas a escrutinio, en cuanto que nuevos impuestos directamente vinculados a la financiación del servicio. Y pide a España que se abstenga de financiar a RTVE con estos nuevos impuestos en tanto no se produzca una decisión de la Comisión.

Literalmente recojo una de las conclusiones:

57) La Comisión desea recordar a España que el artículo 14 del Reglamento (CE) n° 659/1999 del Consejo establece que toda ayuda ilegal puede recuperarse del beneficiario. La Comisión solicita a España que no asigne ninguna financiación a RTVE que proceda de los impuestos introducidos o modificados por la Ley 8/2009 hasta que se haya adoptado una decisión final.

La comunicación da un mes al Gobierno para hacer alegaciones.

Pero ¿qué va hacer el Gobierno para que RTVE no se colapse?

El calvario de la financiación de los servicios públicos de radio y televisión


A cuentagotas la Comisión Europea va sentando las bases de la financiación de los servicios públicos de radio y televisión. Los sucesivos expedientes, encuestas, recursos y sentencias constituyen un verdadero calvario para el funcionamiento estable y una planificación a largo plazo de las radios y televisiones públicas.

Ayer, la Comisión validó los sistemas de financiación de RTVE y France Télévision como ayudas del Estado conforme al derecho europeo y especialmente a las normas de competencia. Es ésta una decisión que resuelve sendos expedientes abiertos por el Comisario de la Competencia, pero en el caso de España queda todavía pendiente el expediente abierto por la Comisaria de la Sociedad de la Información respecto a la nueva tasa sobre los operadores de telecomunicaciones que vehiculen servicios audiovisuales.

Si leemos la prensa española, en los titulares predomina el “sí, pero…”, más excéptico, cuanto más de matiz económico sea la publicación. Por su parte, El País insiste en el estrangulamiento financiero de RTVE.

En un primera análisis y a partir de las notas de prensa (RTVE, France Télévision) podemos extraer algunas conclusiones:

- Tanto en el caso de España como en el de Francia las ayudas son proporcionadas y no existe exceso de compensación porque la financiación del servicio depende de sus costes netos y no de los ingresos generados por las nuevas tasas asignadas a su financiación.

- En el caso de Francia la Comisión ya había aprobado la financiación vinculada al canon pagado por los usuarios y el Tribunal Europeo había declarado esta resolución conforme a Derecho. Ahora la Comisión valida la tasa sobre la publicidad audiovisual y sobre los servicios de comunicación electrónica (portales de Internet, operadores de cable y satélite). En todo caso, esta financiación se presenta como una compensación por la pérdida de ingresos publicitarios.

- En el caso de España, no encuentra tampoco problemas de financiación desproporcionada en las tres fuentes de financiación (tasa sobre los ingresos de la televisiones, tasa sobre los ingresos de los operadores de servicios electrónicos y un 80% sobre la tasa ya existente de uso del espectro radioeléctrico). En este jucio parece que ha tenido bastante peso el compromiso del Gobierno de España de someter a RTVE a una auditoría externa anual.

-Pero, y éste es un gran pero, se remite al expediente abierto por la Comisaria de la Sociedad de la Información, Noeli Kroes, sobre la legalidad de esta nueva tasa sobre los operadores de comunicaciones, o dicho más claramente, sobre las telefónicas.

Los analistas vinculados al sector de las telecomunicaciones dan por supuesto que esta tasa es ilegal y se remiten al art. 30 de la Directiva sobre la autorización de redes y servicios de comunicaciones (pdf) que permite imponer tasas a estos operadores para financiar la autoridad nacional de reglamentación, pues concluyen, a sensu contrario, que no caben otras tasas. Entiendo, por el contrario, que el hecho de que pueda establecerse esa tasa específica no impide que estos servicios queden sometidos a otros impuestos o tasas, conforme el sistema impositivo nacional. No soy capaz de determinar las diferencias entre el caso español y el francés, pero no veo porque si esta tasa es legal en Francia no pueda serlo también en España.

Ángel García Castillejo, consejero de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, considera llegado el momento de implantar el canon a pagar directamente por los usuarios y recuerda que era una de las opciones propuestas por el Comité de Sabios. El canon debió de instaurarse como mínimo en 1981, pero discrepo de que ahora sea el momento. En plena crisis, un nueva tasa que grabara a los hogares con 200 € (media de la cuantía en Europa) daría lugar a una rebelión fiscal y tendría unos altos costes de administración que le harían inviable.

Prefiero, la verdad, que paguen las telefónicas a que paguen los ciudadanos. Ya veremos…

Resoluciones en el Boletín de la Dirección de la Competencia (España, Francia)

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