Libertad, censura y derechos de autor en Internet


En los días pasados se han librado en Internet varias batallas en las que se juega el carácter abierto de la Red

Son episodios de una guerra vieja, entre los que conciben Internet con un espacio sin regulación ni restricciones -ciberlibertarios- y los partidarios de una regulación que, de alguna manera, traslade las normas del espacio físico al ciberespacio -los reguladores. En esta guerra en la que parece que los contendientes son ciberactivistas y gobiernos son, sin embargo, las empresas el verdadero protagonista emboscado.

Como jurista, siempre he creído que el ciberespacio no puede ser un espacio sin ley, que los estados democráticos deben reprimir abusos y delitos y promover usos responsables. El problema es que al intentar transferir los criterios aplicados al espacio físico se producen distorsiones y restricciones a la libre comunicación horizontal, que no otra cosa es el ciberespacio. Y otra dificutad, aún mayor, es que esa regulación no puede ser más que global, lo que resulta imposible por la disparidad de intereses nacionales y culturas diversas. No me han satisfecho ni las posiciones de los reguladores ni las de los libertarios y sin dejar de reflexionar sobre la cuestión he orientado mis líneas de investigación por otros derroteros.

Ante la virulencia de las últimas batallas me arriesgo a dejar aquí algunas reflexiones, demasiado largas para una entrada de blog y lamentablemente poco concluyentes.

Anonymus contra la privacidad

Intolerable que los ciberguerrilleros de Anonymus atenten contra el derecho a la vida privada de los que no piensan como ellos. Castigan -vienen a decir- a los partidarios de que se revele la identidad de los que sean denunciados por violar los derechos de autor -Ojo por ojo, diente por diente. Pero no olvidemos que en la llamada Ley Sinde (texto en la Ley de Economía Sostenible) es un juez el que tiene que autorizar que se revele la identidad del usuario que presuntamente haya cometido la vulneración de los derechos de autor.

No confundir Anonymus con indignados. Anonymus es la encarnación práctica del espíritu hacker, aquel que impone su ley porque tiene unas habilidades técnicas que son la llave de la Red. Y esa supuesta habilidad les da el derecho a establecer lo que es admisible o no la Red. Son también una manifestación de esas multitudes inteligentes (Howard Rheingold), que tan pronto puede ser luchadores por la libertad como turbas fascistas.

La revuelta contra ACTA, PIPA y SOPA

El Acuerdo de Lucha contra la Falsificación (ACTA, por su acrónimo en inglés) acaba de ser suscrito por 22 países de la UE, casi con nocturnidad y alevosía, hasta el punto de que el Relator del Parlamento Europeo, Kader Arif, ha dimitido, calificando el proceso de de mascarada. En Polonia se han registrado protestas populares en la calle, especialmente de jóvenes. El Parlamento tendrá que ratificar ahora el acuerdo.

ACTA, el grueso de cuyo artículado pretende luchar contra la falsificación de mercancías (propuesta Paralemeno Europeo 24 de junio), es un buen ejemplo de las distorsiones que aparecen cuando se quieren trasponer medidas para proteger la propiedad intelectual que pueden ser legítimas en el mundo físico, pero que se convierten en el ciberespacio en intromisiones ilícitas en los derechos a la vida privada y en restricciones a la libertad de comunicar. Y de cómo los intentos para una regulación internacional, hechos por la única vía posible, la de los tratados internacionales, se hacen desde la óptica de las grandes empresas de contenidos.

Tomo las críticas de la orgaización francesa La Quadrature du Net. Bajo las provisiones genéricas del Tratado, los estados miembros podrían establecer mecanismos extrajudiciales para lograr la cooperación de los prestadores de acceso a Internet para revelar los datos personales de los sospechosos de usos que pudieran atentar contra los derechos de autor. Ya en vía penal podría aplicarse sanciones por complicidad a los proveedores de acceso, pero también a los que cooperen con la difusión masiva de informaciones que vulneren los derechos de autor.

Parecidas críticas se realizaron a los proyectos norteamericanos SOPA y PIPA con una una inédita jornada de apagón de Wikipedia. La reacción, por el momento, ha parado los proyectos en el Congreso de los Estados Unidos.

En mi opinión, cualquier intervención que exija revelar la identidad de usuarios o bloquee los contenidos de una página web debe hacerse necesariamente previa orden judicial y de acuerdo con el principio de mínima intervención y proporcionalidad, de modo que se sopesen la gravedad de los hechos perseguidos (no es lo mismo una página de material pedófilo que de enlaces a películas) y los perjuicios originados para usuarios de buena fe.

La razzia de Megauploads

En paralelo, el FBI ha mostrado lo superfluo de muchos de estos nuevos procedimientos. Con la ley penal norteamericana en la mano y los mecanismos de cooperación policial interancional han aplicado al popular agregador de ficheros medidas pensadas para luchar contra el crimen organizado.

Resultado: Megauploads bloqueada, pánico entre los agregadores de material audiovisual de origen ilegal, reactivación del P2P y júbilo entre  los portales de venta de material audiovisual. Intolerable el bloqueo de todos los ficheros, legales o ilegales del agregador. Es como si al intervenir un banco por blanqueo de dinero se confiscaran las cuentas de todos los clientes.

Y una reflexión adicional. ¿Qué pasa con nuestros datos en la nube? ¿Quién los protege? ¿Debemos seguir teniendo copia física de nuestros datos?

Twitter se someterá a las restricciones de los distintos países

Twitter anunció que bloqueará aquellos mensajes que puedan ser ilegales en un determinado país. Cualquier empresa debe someterse a la legislación del país en que opere. Pero los problemas son dos. El primero, es que una empresa privada no es quien para juzgar sobre la procedencia o improcedencia de los contenidos. Y segundo, Twitter se ha convertido en una canal de información global, vital para la movilización social, de modo que, de hecho, la postura de Twitter (como antes la de Google en China) es plegarse a gobiernos autoritarios para desarrollar su negocio.

La protección de los derechos de autor y la libertad de comunicar

Mi postura. Todo el que crea un producto intelectual tiene derecho a su control. Son los derechos morales y patrimoniales. Como estas batallas son de contenido económico, se olvida que el autor puede difundir o no y siempre conserva el derecho a que no se distorsione el sentido de su obra. En cuanto a los derechos patrimoniales, lo que ha entrado en crisis es la explotación económica basada en el control de la copia de la obra. Lo que son necesarios son canales de explotación que garanticen un precio justo al creador para que pueda mantener su independencia.

Como académico, soy partidario de un sistema que permita la reproducción no comercial de mis trabajos, sin obras derivadas y siempre con reconocimiento de la autoría (Véase las distintas posibilidades de las licencias de Creative Commons). Me interesa más la difusión con atribución que cualquier explotación comercial. Pero eso es porque como profesor (y antes como periodista profesional) tengo otros medios de vida.

Es perfectamente legítimo que el creador viva de su obra. Desde luego, impedir que otros se lucren de nuestro esfuerzo no es censura. El creador siempre parte de otras creaciones y por tanto nunca es absolutamente original. Pero no creo que el carácter de procomún permita que se expropie al autor el fruto de su trabajo. ¿Por qué no exigir, entonces, un acceso gratuito a Internet y a los dispositivos técnicos que lo permiten y sólo exigir el disfrute gratuito de las obras de la cultura?. Al final, los que se lucran son una serie de intermediarios, desde agregadores hasta los propios proveedores de acceso.

Otra cosa son las medidas de protección. Creo que la mayoría de las intentadas difícilmente protegen los derechos de los autores y, sin embargo, pueden redundar en vulneración de los derechos de autor y en una censura de contenidos. Sólo una autoridad judicial, con las garantías de un procedimiento penal, puede impedir la difusión de contenidos. Y desde luego no es algo que pueda quedar a la cooperación de los proveedores de acceso. Además, la mayoría de estas medidas, mientras se limiten a una jurisdicción nacional son, en la práctica inoperantes.

Externalización de la censura

El caso Twitter demuestra cómo las empresas están dispuestas a asumir la censura que otrora desarrollaba el Estado, con tal de hacer crecer su negocio. Como tantas otras funciones estatales, la censura se externaliza.

Lo peor es que lo que antes se planteaba como medidas coercitivas de una autoridad pública, y por tanto combatibles invocando los derechos humanos, ahora se convierten en interpretación de unas normas de uso, que todos aceptamos porque no nos queda otra y que terminan por remitirnos, en la mayoría de los casos, a la jurisdicción del estado de California. ¿Algún usuario es capaz de desentrañar el alcance de las normas contractuales a las que se ha comprometido en los términos del Derecho aplicable en California?.

En definitiva, la nueva censura externalizada es infinitamente más insidiosa, pero eso sí tiene como contrapartida la capacidad de presión global de los internautas concienciados.

El espejismo de un ciberespacio libre

El ciberespacio no ese espacio de libertad que nos pintan los tecno-utopistas. Como en el espacio físico, distintos autores intentan imponer sus intereses e ideologías, pero su confrontación no se realiza en los términos ideales del “libre mercado de ideas”.

Es cierto que en el ciberespacio la pluralidad de voces es casi infinita, pero esas voces pasan necesariamente por la mediación de unas empresas, cuya objetivo es maximizar sus beneficios, aunque sea a costa de la explotación de los trabajadores (véase el caso de Apple en China denunciado por The New York Times) “estableciendo estructuras fiscales eficientes” para prácticamente no pagar impuestos fuera de Estados Unidos y explotando nuestros datos personales como materia prima de su negocio. Y esas empresas pueden, en función de sus intereses, establecer determinados peajes.

Otro peligro es terminar con la llamada neutralidad de la red. Por un lado, las redes sociales y de modo destacado Facebook pretenden convertirse en portales universales, que cierren a sus usuarios en un nicho de interacción con sus “amigos”. Por otro, las compañías de telecomunicación quieren privilegiar la circulación de determinados contenidos, un propósito en el que pueden coincidir con las grandes conglomerados multimedia, interesados en reproducir el viejo modelo de distribución unilateral de contenidos audiovisuales.

No, el ciberespacio no es plenamente libre, pero millones de mujeres y hombres en todo el mundo han asumido que necesitan comunicarse libremente, que, incluso (una minoría), tiene cosas que decir. Y eso no tiene marcha atrás.

(PS. Un ejemplo de censura de Facebook: una portada que no podría ser objeto de secuestro o censura conforme a la ley española, pero que no es conforme a las normas privadas de Facebook).

Los errores del Consejo de Administración de RTVE


El País publica un resumen del acta del Consejo de Administración de RTVE de la sesión en la que los consejeros se concedieron el acceso al sistema de edición y gestión de contenidos de los Informativos de TVE (conocido por iNews, denominación comercial del producto informático).

Dejando al margen algunas expresiones chulescas o prepotentes (“si quisiera entraría hoy mismo en el iNews”, “no necesito el iNews”) lo que la mayoría de los consejeros parece confundir es su función de preservar la independencia y pluralismo informativo con el control editorial.

Todo usuario de un sistema de gestión de contenidos tiene su propio perfil de acceso. Así, sería posible que los consejeros pudieran “leer”, pero no “escribir”. Pero esa simple lectura o visualización de los contenidos, de los previstos y de los ya emitidos, sería toda una invitación a la censura previa.

Las facultades del Consejo le permiten una supervisión de lo emitido para garantizar la imparcialidad y el pluralismo, pero esa supervisión no puede hacerse por la vía que se intentó, sino por medio de estudios de análisis de contenidos, cuya metodología fuera aceptada por todos los consejeros y, por tanto, sus resultados fueran incuestionables.

Garantizar la independencia no significa ser el editor colegiado de los informativos. La responsabilidad informativa empieza en reporteros, informadores, montadores, realizadores y culmina en el director de los Servicios Informativos. El Director de los Servicios Informativos está sometido al escrutinio del Consejo, pero su nombramiento y cese corresponde al Presidente de la Corporación.

Otras entradas sobre este tema:

RTVE, imprescindible

Lecciones del intento de interferencia del Consejo de Administración de RTVE: ni un paso atrás en la independencia profesional

El Consejo de Administración de RTVE no tiene competencias para censurar la información de TVE

 

El Consejo de Administración de RTVE no tiene competencias para censurar la información de TVE


Escándalo general por la decisión del Consejo de Administración de RTVE de acceder al sistema informático de la Redacción de TVE. (El País, Público). La Red arde (#rtvedetodos es trending topic).

El Consejo de Informativos de TVE reprueba la decisión que considera “un ataque directo a la libertad e  independencia de los profesionales de la información”. Rebelión también entre los responsables editoriales (El Mundo).

¿A qué se han dado acceso los consejeros de RTVE?

- A todas las fuentes escritas y audiovisuales que alimenta la Redacción de TVE, fuentes externas como las agencia, pero también internas, esto es, por ejemplo, a los rodajes de las redacciones de Madrid y todos los centros territoriales.

- A las previsiones de noticias y su cobertura.

- A los minutados y guiones de los programas y su evolución.

- A las informaciones durante su elaboración, esto es, a sus textos, montajes de vídeo y sus distintas versiones, tanto de los informadores como de las correcciones realizadas por los distintos responsables editoriales.

Por cierto, que si de lo que se tratara es de que los consejeros tuvieran una información actualizada, ya existe en la intranet corporativa una aplicación que permite el acceso a todas las agencias informativas cotratadas por RTVE, sin necesidad de entrar en el sistema informático de la Redacción (iNews).

El acceso a este sistema informático interno permite a los consejeros supervisar la información cotidiana y la planificación de la misma. En otras palabras, pueden censurar de hecho las informaciones, mediante presión al Director de los Servicios Informativos, los responsables editoriales intermedios y hasta a los propios informadores. Y, un aspecto poco resaltado, el conocimiento de los minutados se presta a la denuncia partidista antes de que una información se haya emitido.

El Consejo de Administración de RTVE no tiene competencias para supervisar la información

Al Consejo de Administración corresponden la dirección y gobierno de la Corporación (art. 9.1 L. 17/2006). Entre sus competencias y funciones (art. 16 L. 17/2006) está la responsabilidad por el cumplimiento general de la misión de servicio público y los objetivos generales de la Corporación, nombrar al Presidente, aprobar el nombramiento de los directivos de las sociedades (entre ellos los directores de los Servicios Informativos), supervisar la labor de los directivos y fijar las directrices generales de actuación de la Corporación. En ningún caso la supervisión de la información. Ni siquiera el Presidente tiene entre sus funciones el control de la información (art. 20 L. 17/2006).

Los principios de independencia editorial y profesional son elementos esenciales del servicio público que la L. 17/2006 encomienda a RTVE (art. 3.2 b). Para velar por esa independencia la Ley establecía unos consejos de informativos, constituidos en virtud del Estatuto de Informativos de la Corporación, pactado entre el Consejo de Administración y la representación de los trabajadores.

La responsabilidad informativa, como bien indica el Consejo de Informativos de TVE, “recae de forma directa en la dirección de los servicios informativos, las jefaturas de área, los editores y todos los profesionales que forman parte de la cadena de elaboración de la información”.

El Consejo de Administración, en ejercicio de sus funciones, ha aprobado un conjunto de normas que delimitan el servicio público en materia informativa (por ejemplo, el Manual de Estilo). Y hasta ahí puede llegar. No puede supervisar y menos censurar.

Ahora, la ministra Pajín anuncia una rectificación. Lo peor es que el daño ya está hecho. Da munición a los enemigos del servicio público, que dirán que una televisión pública independiente es imposible.

(El que suscribe fue redactor durante 32 años de TVE, hasta que me acogí voluntariamente al ERE. Fui miembro del Consejo Antimanipuación, del Consejo Provisional de Informativos y la de Comisión Redactora del Estatuto de Informativos de RTVE)

Memoria del 11-S – III


MEMORIA DEL 11-S.

FRANCISCO RODRÍGUEZ PASTORIZA

III. CENSURA Y MANIPULACIÓN

 

 

El 11 de septiembre de 2001 es ya una fecha para la posteridad. El ataque terrorista de ese día utilizando aviones civiles contra las Torres Gemelas de Nueva York y contra el edificio del Pentágono de Washington, junto al intento de estrellar otros dos aparatos contra la Casa Blanca y el Capitolio, han fijado un antes y un después en el devenir de los tiempos como sólo pueden hacerlo los grandes acontecimientos que marcan el ritmo de la historia. Estos hechos tuvieron a la televisión como un fascinante testigo que fijó para siempre en nuestras retinas una nueva dimensión del acontecimiento, inédita e inolvidable. La televisión tuvo aquel día el privilegio de haber protagonizado la información de unos acontecimientos trascendentales de manera simultánea a cómo se producían. Un 81 por ciento de norteamericanos declaró haberse enterado de los ataques del 11-S a través de la televisión frente al 11 por ciento que lo hicieron a través de la radio y el 1 por ciento a través de la prensa, porcentajes extrapolables prácticamente también a Europa. No es extraño que este protagonismo haya convertido a la televisión, junto a los poderes políticos, en uno de los objetivos del los inmediatos ataques terroristas con ántrax. Esto aún en el caso de que este episodio constituyera un montaje mediático para distraer a la opinión pública de los efectos de los primeros bombardeos sobre Afganistán y para mantener en estado de alerta a una sociedad atemorizada[1]. En todo caso, este episodio sirvió para alertar a la sociedad internacional de la existencia real de un nuevo peligro terrorista, bautizado como bioterrorismo.

Este estado de alerta y temor permanentes fue con claridad uno de los objetivos que el Gobierno norteamericano quiso conseguir con la ayuda de la televisión después del shock traumático del 11-S y que, entre otras cosas,  propició la aceptación por el 59 por ciento de los norteamericanos, según una encuesta del diario Los Angeles Times, del control estrecho que el Pentágono ejerció sobre la cobertura mediática del conflicto. Esta situación justificaba declaraciones como las de Marvin Kalb, director del Shorenstein Center of the Press, Politics and Public Policy de Washington: “Si el gobierno ve la necesidad de proporcionarme una información engañosa de vez en cuando en su persecución de Al Qaeda y Bin Laden, le concedo ese margen de maniobra”. Estas actitudes fomentaron iniciativas como la del Pentágono, revelada por el New York Times, de crear en febrero de 2002 la Oficina de Influencia Estratégica, con el fin de colocar noticias favorables a los intereses de los Estados Unidos en los medios de comunicación internacionales; noticias que podrían ser verdaderas o falsas y afectar a países amigos o enemigos, con el fin de crear un ambiente propicio a las intervenciones bélicas en Afganistán. Y la decisión de situar al frente de esta agencia a un militar, el general de aviación Simon Worden. Cuando la opinión pública conoció estos planes el presidente Bush se apresuró a desautorizar el proyecto. Pero realmente ¿alguien duda de que oficinas como ésta funcionan habitualmente en casos de guerra o en este tipo de situaciones?.  El coronel de Inteligencia español Enrique Polanco señalaba en unas declaraciones: “Estados Unidos necesita a los medios para ganar la guerra. Sin ellos perdería apoyo interior e internacional y, por eso, tiene que alimentarlos con acciones y alarmas”.

 

 

En la información televisiva se teme tanto a la manipulación de las imágenes como a su inexistencia. Falsas escenas como la de los cormoranes afectados por el petróleo durante la primera Guerra del Golfo, que en realidad pertenecían a un vertido petrolero causado por un naufragio en las costas de Canadá, o los cadáveres de Timisoara durante la revolución rumana contra Ceaucescu, que habían sido sacados de sus tumbas y mostrados a las cámaras de televisión como víctimas de la represión, engañaron a la opinión pública mundial, entremezcladas con el incesante flujo de imágenes emitidas durante aquellos episodios. En otros contextos, falsas entrevistas como la del periodista francés Patrick Poivre d’Arbor a Fidel Castro, presentada como una exclusiva, que resultó ser una manipulación de las respuestas del mandatario cubano entresacadas de una rueda de prensa, se recuerdan como episodios de manipulación informativa audiovisual. De manera similar, hubo un intento de hacer pasar por falsas las imágenes emitidas por la CNN a las pocas horas del ataque a las Torres Gemelas, en las que se mostraba el júbilo de algunos palestinos por el ataque terrorista, imágenes rodadas en Jerusalén Este y en los campos de refugiados de Sabra y Chatila (la revista alemana Stern recogía el testimonio de una mujer palestina que había sido invitada a participar en la manifestación sin saber lo que había ocurrido) horas después de los atentados del 11 de septiembre. Una fuente con origen en la universidad estatal de Campinas, en Brasil, aseguraba que estas imágenes se habían rodado diez años atrás, cuando los palestinos celebraban la invasión de Kuwait que originó la Guerra del Golfo. La utilización de esas imágenes, por lo tanto, sería una maniobra para acentuar el odio a los palestinos por parte de los israelíes y de algunos sectores sociales de los Estados Unidos y del mundo occidental. La presunta manipulación fue posteriormente desmentida tanto por la universidad brasileña como por la CNN. Pero el riesgo es permanente. En España, Antena 3 y la autonómica catalana TV3 emitieron el 11 de octubre unas imágenes distribuidas por la agencia APTN, que las había comprado en Afganistán, que supuestamente correspondían a los últimos acontecimientos de la guerra y que en realidad habían sido grabadas hacía más de un año durante un enfrentamiento entre el ejército talibán y la opositora Alianza del Norte. La cadena francesa LCI emitió las primeras imágenes de lo que supuestamente había sido la primera ofensiva de la Alianza del Norte… pero que en realidad correspondían a una grabación de 1997. El Periódico de Catalunya (7-10-01) publicaba unas fotografías de niños heridos por los bombardeos  sobre Afganistán, en cuyos vendajes, muy aparatosos, no se veían manchas de sangre, sugiriendo que las heridas podrían no existir.

Toda falsificación, aunque mínima, contamina la percepción real de la información, y más en una situación en la que la audiencia la reclama. Por eso, una de las comentaristas políticas del norteamericano Daily News, Arianna Huffington, denunciaba a las cadenas de televisión todo noticias: “La bestia televisiva sedienta de noticias –escribía- ha sacrificado el rigor en aras del rumor. El baño de desinformación en el que vivimos los estadounidenses no tiene precedente (…) un efecto hipnótico al que es difícil sustraerse”.

 

         La primera víctima de la guerra es la verdad. Esta afirmación del senador norteamericano Hiram Jonson, pronunciada en 1917 con motivo de la Primera Guerra Mundial, continúa siendo una de las realidades más evidentes de cada conflicto bélico. Junto a la verdad, la libertad de informar es siempre otra víctima fatal de la guerra. Otro senador, el demócrata Patrick Leahy, decía, ante la avalancha de medidas tomadas por la Administración Bush después de los acontecimientos de 11-S: “No podemos emprender una guerra en defensa de nuestros valores y al mismo tiempo renunciar a ellos”.

En los Estados Unidos, los medios de comunicación en general y las televisiones en particular, aceptaron autoimponerse una férrea censura para no ser calificados de informadores subversivos e incluso llegaron a postularse como centinelas de la observancia del más estricto patriotismo. Esta fiebre patriótica se extendió a todas las televisiones, junto al espíritu religioso-conservador que llevó a utilizar expresiones como “cruzada” por el propio George Bush, o “guerra santa americana” (el ex secretario de Defensa William S. Cohen publicó un artículo con este título en el Washington Post el 12 de septiembre de 2001). Desde el día siguiente al 11-S todas las grandes network norteamericanas  sobreimpresionaron la imagen de la bandera de los Estados Unidos sobre sus logotipos. La CNN suprimió en reemisiones posteriores las declaraciones que había difundido en directo de la viuda de una de las víctimas de las Torres Gemelas, que criticaba las represalias que se planeaban por el atentado. La emisora internacional de radio Voice of America[2] emitió una entrevista telefónica de 12 minutos con el líder talibán Mohamed Omar a los pocos días del atentado de Nueva York, que costó la destitución a su director a pesar de que su línea editorial se había hecho con una gran credibilidad internacional por servir de plataforma a todas las posturas en conflicto, fueran o no amigos de los Estados Unidos. Bill Maher, presentador del programa “Políticamente incorrecto” en la ABC, y Peter Jennings, de la NBC, uno de los periodistas más populares en Norteamérica, con un prestigio ganado a través de una carrera sin fisuras, recibieron miles de llamadas de protesta por preguntar desde sus respectivos programas dónde estaba el presidente Bush en las horas posteriores al atentado. Fueron acusados de antipatriotas y de informadores subversivos (a Hill Maher, anunciantes como Sears y Federal Express le retiraron la publicidad de sus programas y doce cadenas locales filiales de la ABC rechazaron difundir la emisión de su espacio), aunque no llegaron a rescindirles sus contratos, como ocurrió con dos periodistas de Texas y Oregón que criticaron en sus columnas del Texas City Sun y el Daily Courier esa misma actitud del presidente norteamericano. Muchos presentadores de televisión aparecieron en pantalla en los días posteriores al atentado mostrando la bandera americana en insignias y lazos. Dan Rather, director de telediario nocturno de la CBS, declaraba (“El Mundo”, 13-10-01): “(…) tenemos que estar muy atentos e intentar ser patriotas, escépticos e independientes”, mientras criticaba que la CNN hubiera emitido imágenes de Al Yazira. Y en la Fox News Channel, la cadena ultraconservadora del magnate Ruper Murdoch, cuyo jefe de informativos Roger Ailes fuera estratega de las campañas electorales de los presidentes Nixon y Bush padre, el periodista Hill O’Reilly minimizaba los efectos de los bombardeos sobre la población civil de Afganistán.  Esta cadena envió al país a Geraldo Rivera, presentador de un ‘reality show’ de éxito, que presumía de llevar una pistola en su cinto para pegarle un tiro a Bin Laden si se ponía a su alcance. Con personajes como éste, o como Brit Hume, su presentador más reaccionario[3], la Fox superaba en audiencia a la CNN[4], a pesar de que algunos comentaristas de esta última, como Tucker Carlson, justificaran el recurso a la tortura y a pesar de la consigna dada por su jefe de informativos Walter Isaacson ordenando a los redactores de la CNN destacados en Afganistán que cada imagen de víctimas civiles de las zonas controladas por los talibanes se acompañase de un recuerdo ritual de que “los talibanes protegen a los terroristas responsables de la muerte de 5.000 personas inocentes”. Leslie Moonves, un alto cargo de la CBS, declaró, dirigiéndose a las autoridades norteamericanas: “Dígannos qué hacer. Nosotros no pilotamos cazas pero hay talentos que pueden ser de mucha utilidad aquí”. Todas las cadenas de televisión aceptaron emitir gratuitamente eslóganes con el anuncio “Soy un americano”. Fue este tipo de actitudes las que denunciaba el profesor de la Universidad de Georgetown Norman Birnbaum al calificar a las cadenas de televisión norteamericanas como  estaciones de repetición y propaganda al servicio del mensaje del imperio. Birnbaum escribía (“Atenas y Roma, ¿otra vez?”. El País, 21-9-01): “(…) nuestros medios de comunicación de masas se han erigido en Ministerio de Propaganda y manipulan la rabia, la ansiedad, la credulidad, la ignorancia y la autocompasión de la opinión pública para fabricar un consenso nacional de extraordinaria crudeza y enormes contradicciones (…)”. En su editorial del 26 de septiembre, el periódico de Nueva York The Village Voice advertía del regreso de la censura a los medios de comunicación americanos. Más comprensible fue la iniciativa del portavoz de la Casa blanca Ari Fleischer reuniendo a los responsables de los principales medios de comunicación para solicitar que no informasen sobre viajes, comparecencias públicas o lugares de reunión del presidente Bush y del vicepresidente Dick Cheney, por motivos de seguridad. Antes, el diario USA Today había sido acusado de comportamiento antipatriótico por haber divulgado informaciones militares calificadas de confidenciales: que fuerzas norteamericanas estaban ya en Afganistán desde finales de septiembre. Mientras tanto, se especulaba con el daño que puede hacer al prestigio de independencia de los medios de comunicación norteamericanos la aceptación de no emitir los comunicados  de Bin Laden, solicitada a las cadenas de televisión por la Consejera de Seguridad Nacional Condoleeza Rice. La excusa, según los responsables políticos norteamericanos, aconsejados por el FBI, era que estos mensajes podían incluir información codificada e incluso subliminal, o instrucciones dirigidas a posibles comandos terroristas. Las cinco grandes cadenas de televisión acordaron aceptar la petición del Gobierno, calificada de patriótica (aunque la CNN no había desistido de su intención de concertar una entrevista con Bin Laden, a quien había hecho llegar seis preguntas a través de Al Yazira) y el magnate de las comunicaciones Ruper Murdoch se unía a esta decisión y decidía aplicarla a todos sus medios. “Somos periodistas pero también somos ciudadanos responsables y no vamos a poner a nuestro país en peligro”, declaró Neal  Saphiro, jefe de informativos de la NBC. “No vamos a preocuparnos ahora por los problemas de competencia entre nosotros cuando está en peligro la seguridad del Estado y la vida de los americanos”, añadía el mismo cargo de la cadena Fox, Roger Ailes. La prensa, sin embargo, no se manifestó tan sumisa en este sentido ante la petición del portavoz de la Casa Blanca Ari Fleischer para que los periódicos no reprodujesen íntegramente los mensajes de Bin Laden. Frank Rich, del New York Times, ironizaba: “Ahora sabemos que si el Gobierno no puede capturar a Bin Laden, vivo o muerto, todavía puede aplicarle la pena capital al estilo americano: no dejarle aparecer en la televisión”. Pocos días después, tras los primeros bombardeos sobre Afganistán, el presidente Bush pedía a las cadenas de televisión que mantuvieran su programación convencional para transmitir a la ciudadanía una impresión de normalidad. Cuarenta ejecutivos, entre ellos altos cargos de las cadenas de televisión CBS y Fox, se ofrecieron al Gobierno para emitir programas instructivos y patrióticos.

Las televisiones europeas, por el contrario, decidieron seguir emitiendo las imágenes de Bin Laden (con alguna excepción como la italiana TG-4 y la holandesa NOS, que advirtió que examinarían los videos antes de emitirlos) y así una reunión de Alistair Campbell, convocada en la residencia de Tony Blair en Downing Street con los responsables de las tres grandes cadenas de televisión británicas (BBC, ITN y Sky News) para limitar la difusión de los videos de Bin Laden, encontró una respuesta unánime de los emisores, quienes afirmaron que eran ellos quienes decidían lo que se debe emitir, rechazando de este modo que nadie dictase su línea informativa. Es un insulto a la inteligencia del público –señalaron- creerle incapaz de formarse un juicio a partir de una información completa; una creencia antidemocrática y derrotista. En un comunicado conjunto señalaban que tendrían en cuenta las cuestiones relacionadas con la seguridad nacional e internacional y que eran conscientes del impacto que las emisiones podían tener sobre las diferentes comunidades y culturas, pero destacaban la necesidad de una información independiente e imparcial como aspecto fundamental de las sociedades libres y democráticas. Las televisiones europeas preferían tomar otro tipo de medidas, como la suspensión de la serie “That’s my Bush”, que ridiculizaba al presidente norteamericano, el programa de guiñoles o el programa o el espacio “Burger Quizz” (todos de Canal + Francia) o aplazar la emisión de películas como “Trampa de cristal” o “58 minutos”, sobre atentados terroristas en Norteamérica[5].

Los Estados Unidos tampoco quisieron que se viesen las imágenes de los daños causados por los bombardeos en la población civil afgana, aunque sí que se conociera que existían estos bombardeos y que eran muy intensos[6]. Los medios de comunicación norteamericanos obviaron hasta donde les fue posible las consecuencias de la guerra sobre la población civil (un periódico que publicó la fotografía de un niño afgano muerto recibió una cascada de cartas recriminándolo y tachándolo de antipatriótico). El Pentágono compró en exclusiva los derechos de las fotografías del satélite privado Ikonos, propiedad de Space Imaging, que permite distinguir incluso números de matrículas de coches y hasta el tipo de ropa que visten las personas fotografiadas: lo hizo para controlar su difusión. Fue el mismo Pentágono que difundió las imágenes de los disparos de misiles desde las cubiertas de los navíos de guerra, el despegue de los cazas desde los portaaviones y el video del embarque de las primeras tropas norteamericanas hacia Afganistán, todas ellas repetidas hasta la saciedad. El general Richard Myers, de la Junta de Jefes de Estado Mayor,  explicó a los periodistas el éxito de esta primera misión en territorio talibán, pero no mostró en ningún momento imágenes de sus efectos. Pero todo esto al parecer no era suficiente. A iniciativa de Alistair Campbell, uno de los más cercanos asesores de Blair, los gobiernos inglés y norteamericano decidieron crear tres oficinas de contrapropaganda, en Islamabad, Washington y Londres, para suministrar noticias a las televisiones las 24 horas del día, con el fin de contrarrestar la propaganda talibán, protagonizada por el embajador del régimen en Pakistán, Abdul Salam Saif, y sobre todo la información generada por Al Yazira.

Aprovechando el río revuelto, George Bush puso en marcha iniciativas que en otras circunstancias le sería difícil incluso proponer, como el fin de la transparencia que tradicionalmente se venía dando a los papeles de trabajo de anteriores presidentes, impuesta por el Congreso en 1978 tras la finalización del escándalo Watergate; el abandono del tratado ABM firmado con la URSS por Richard Nixon en 1972 (el anuncio se hizo el mismo día en que se decidía difundir el video de Bin Laden en que este asumía su responsabilidad en los atentados), la derogación de la decisión que prohibía a la CIA asesinar a dirigentes extranjeros, el recorte de determinadas garantías constitucionales, la suspensión de libertades civiles, el establecimiento de tribunales militares secretos para juzgar actos y personas supuestamente terroristas[7] y de cortes marciales itinerantes (sobre todo en Pakistán y Afganistán) sin las garantías procesales del sistema judicial norteamericano, que podían dictar penas de muerte, o la llamada Operación TIPS (Sistema de Prevención e Información contra el Terrorismo), que consistiría en convertir a millones de trabajadores en confidentes del Gobierno… iniciativas, algunas, seguidas también por Tony Blair, que propuso la detención indefinida para los sospechosos de terrorismo y la suspensión del artículo 5º de la Convención Europea de Derechos Humanos que garantiza el derecho a la libertad y prohíbe la detención sin proceso judicial. Las medidas del presidente Bush fueron respaldadas por sesenta intelectuales cercanos al Gobierno (Huntington, Fukuyama, Moyniham, Michael Walzer…) que redactaron el manifiesto “La carta a América. Razones de un combate”, impulsada por el Instituto de los Valores Americanos, en la que justificaban la intervención norteamericana en Afganistán, citando a San Agustín y su concepto de “guerra justa”. Otros intelectuales, como Noam Chomsky, Edward Saïd, Martin Luther King III, Jeremy Pikser y el actor Ed Asier firmaban otro manifiesto en el que denunciaban la “guerra sin límites” declarada por George Bush.

Claro que la censura total es la que el régimen talibán imponía a la población de Afganistán, país en el que estaban prohibidos el cine y la televisión, como expresión de su iconoclastia (hay que recordar la destrucción de las estatuas de los Buda de Bamiyán unos meses antes de los atentados de Nueva York y Washington), así como los dibujos y fotografías, además de no poderse escuchar ningún tipo de música. Aunque esta iconoclastia no parece estar en concordancia con los objetivos de Bin Laden, a estas alturas convertido ya en uno de los líderes mediáticos cuya imagen ha sido más difundida (desde Nasser no se habían visto tantas manifestaciones con retratos de un líder árabe), ni con las imágenes y fotografías de los efectos de los bombardeos sobre la población civil, que los talibanes mostraban a los reporteros occidentales en expediciones organizadas por el régimen. Sólo se permitía la escucha de una emisora de radio, que emitía las 24 horas del día las consignas del régimen talibán, que tenían, además, una elevada audiencia[8]. La gran diferencia entre los regímenes dictatoriales y los democráticos, incluso durante las grandes crisis, es la existencia o no de una opinión pública libre y crítica.

Para los periodistas occidentales que cubrieron el conflicto de Afganistán no fue nada fácil. Todos fueron víctimas de la intransigencia de los talibanes, cuando no de su violencia. Nick Robertson, el corresponsal de la CNN en Kabul, personificó una de las primeras. El régimen talibán lo expulsó de Afganistán una semana después de los atentados. A él le seguirían todos los corresponsales de los medios de comunicación occidentales. La periodista Ivonne Ridley, del Sunday Express, fue detenida por entrar en el país sin visado y oculta en un burka, acusada de espionaje y liberada tras 11 días de un cautiverio que ella misma relató para su periódico (dos periodistas franceses, Olivier Ravenello y Jerôme Marcantetti, de LCI, que fueron encarcelados durante tres días a comienzos de octubre de 2001 por una de las tribus pakistaníes, decidieron guardar silencio sobre este incidente para evitar problemas). Peor suerte tuvo el periodista francés de Paris Match, Michel Peyrard, detenido con otros dos  profesionales paquistaníes que le servían de guía (uno de ellos, Mukkaram Kham, de Nawa-i-Waqt, y el otro Irfan Qureshi) en la localidad afgana de Ghosta, a 35 kilómetros de Jalalabad, disfrazado también con un burka, acusado de espionaje y expuesto a la multitud enfurecida en Jalalabad, que incluso intentó lapidarlo. Peyrard tiene una larga trayectoria profesional en la cobertura de conflictos, desde Nicaragua a Rumanía, de Kosovo a Chechenia, de Bosnia al Golfo Pérsico. Estuvo casi un mes en poder de los talibán, que lo liberaron gracias a las presiones occidentales (en España, el diario La Vanguardia recogió su odisea, que el periodista relató para Paris Match). Mukkaram Khan y Quereshi fueron liberados más tarde, mientras el japonés Daigen Yanagida permaneció como prisionero de los talibanes durante semanas. Otro periodista francés, del Figaro Magazine, Aziz Zemuri, que había entrado en Afganistán con pasaporte argelino, fue también detenido. No era extraño que el régimen talibán desconfiara de los profesionales de la información, cuando ellos mismos habían utilizado a dos falsos periodistas de televisión para asesinar al líder de la opositora Alianza del Norte, Ahmed Shah Masud, haciendo explosionar la cámara con la que fingían entrevistarle, dos días antes del 11 de septiembre[9].

Pero lo peor aún estaba por llegar. Las primeras víctimas mortales entre los profesionales de la información que cubrían el conflicto de Afganistán fueron dos periodistas franceses, Johanne Sutton, de Radio Francia Internacional, Pierre Billau, de la RTL, y el alemán Volker Handloik, de la revista Stern. Fueron víctimas de una emboscada en Dashti Jala el 11 de noviembre, cuando viajaban con la Alianza del Norte hacia Toloqán, aunque la CNN informó que fueron fusilados por los talibanes. Pocos días después la tragedia alcanzaba al periodismo español con la muerte del enviado especial de El Mundo, Julio Fuentes, junto a otros tres periodistas: la italiana del Corriere della Sera Maria Grazia Cutuli, el cámara australiano Harry Burton y el fotógrafo afgano Azizullah Haidari, estos últimos de la Agencia Reuters. Al parecer las circunstancias de su muerte fueron similares a las de los tres anteriores. No serían las últimas víctimas. Pocos días después era el cámara sueco Ulf  Stroemberg quien caía abatido en Afganistán, mientras Ken Hetchman, del canadiense Montreal Mirror era secuestrado el 27 de noviembre en Spin Boldak por los talibanes, que lo utilizaron como escudo humano en su huida a Kandahar. En enero de 2002 era secuestrado el periodista de The Wall Street Journal Daniel Peral, asesinado después de un mes de cautiverio. Su muerte se grabó en un video posteriormente enviado a la embajada de Estados Unidos en Islamabad, en el que se podía ver cómo era degollado con un cuchillo y su cabeza separada del cuerpo[10], un método que posteriormente se utilizaría con frecuencia por los grupos terroristas. Algunas fotografías de este crimen fueron publicadas por el Boston Phoenix, que rompió  un pacto establecido por los periódicos y revistas de no hacer públicas estas instantáneas. Su cadáver no fue encontrado hasta el mes de mayo de 2002.


[1] En diciembre de 2001 el FBI apuntaba a una campaña de las compañías farmacéuticas que desarrollaban vacunas contra el ántrax y a empresas dedicadas a la desinfección de lugares contaminados con bacterias nocivas y descartaba ya las hipótesis que sostenían una relación con  los acontecimientos del 11-S. En febrero de 2002 el mismo FBI señalaba la posibilidad de que la difusión de ántrax fuese responsabilidad de un científico norteamericano, un nuevo ‘Unabomber’ (el profesor Theodore Kaczynski, que durante 18 años, desde su cabaña de Montana envió paquetes-bomba a distintas personas e instituciones causando tres muertos). Más tarde, esporas de ántrax fueron descubiertas en un laboratorio militar de Fort Detrick, en Maryland. En junio de ese año, la doctora Barbara Rosenberg, directora del grupo de trabajo sobre armas biológicas de la Federación de Científicos Americanos, aseguraba que el FBI conocía la identidad del autor de los atentados con ántrax, pero que no lo había detenido porque “sabía demasiado”. La doctora apuntaba a un norteamericano de mediana edad, con el grado de doctor, experiencia en el manejo de agentes biológicos peligrosos y relacionado con el Instituto de Investigación Médica de Enfermedades Infecciosas del Ejército de los Estados Unidos (USAMRIID). Finalmente, el FBI dirigió sus acusaciones contra Steven J. Hatfill, un científico ligado a la CIA y al Pentágono, que en los años setenta había sido acusado de haber causado el mayor brote de ántrax entre 10.000 campesinos negros de Rhodesia (hoy Zimbabe). Hatfill negó su implicación en el asunto y acusó al FBI de buscar en él un chivo expiatorio. Por otra parte, la revista norteamericana Newsweek divulgó en septiembre de 2002 que en diciembre de 1983 Donald Rumsfeld fuera enviado por el presidente Reagan a Bagdad para ofrecer el apoyo de los estados Unidos en su guerra contra Irán. Este apoyo incluía armas bacteriológicas, incluido el ántrax.

[2] Fundada en febrero de 1942 para acompañar las acciones de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, Voice of America depende del Departamento de Estado y tiene su sede principal en la base del Capitolio. Se financia con más de 130 millones de dólares de los fondos federales.

[3] Es también curioso el caso del comentarista experto en cuestiones militares de esta misma cadena, Joseph A. Cafasso, un personaje que se hizo pasar por coronel en la reserva de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos, ex combatiente en Vietnam y miembro de la misión que intentó el rescate de los rehenes norteamericanos en la embajada de los Estados Unidos en Irán durante la revolución jomeinista. Él mismo diseñaba los mapas sobre los que hacía sus comentarios. Pero todo este pasado resultó ser falso: ni era lo que decía ni había participado en Vietnam ni en Irán. Pese a todo, la Fox tardó en despedirlo y no lo hizo hasta abril de 2002.

[4] La competencia entre las cadenas de televisión norteamericanas, que conoció una tregua inédita durante los atentados a las Torres Gemelas, en que llegaron a intercambiarse gratuitamente imágenes y videos, se trasladó al frente de Afganistán, a donde fueron enviados algunos de sus mejores profesionales.. Steve Harrigan llevaba diez años como corresponsal de la CNN en Moscú cuando su empresa lo envió con las tropas de la Alianza del Norte en Afganistán. El 30 de septiembre se despidió de sus jefes al tiempo que enviaba su último reportaje para su cadena. Al día siguiente comenzó a trabajar para Fox News, que llevaba así su pequeña venganza  unas semanas después de que la CNN le arrebatara a su presentadora estrella Paula Zahn. En enero de 2002 la Fox había superado la audiencia de la CNN y su show más visto, el de Hill O’Reilly había sustituido al programa de Larry King en las preferencias de los norteamericanos.

[5] Sin embargo, en las televisiones europeas se echó en falta la emisión de programas de debate, como se había hecho en otros conflictos, como la Guerra del Golfo. Tal vez las televisiones temían que se repitieran situaciones como la del espacio “Question Time”, emitido apenas 48 horas después del atentado a las Torres Gemelas, donde parte del público presente en el estudio mostró su hostilidad hacia los Estados Unidos, a quien responsabilizaban en parte de lo sucedido. El antiguo embajador norteamericano en Londres, Philip Lader, presente en los estudios de la BBC, no pudo contener las lágrimas. Por primera vez, un director general de la cadena pública británica, entonces Greg Dyke, se vio obligado a pedir disculpas públicamente.

[6] La escritora Susasn Sontag interpretaba que el verdadero fin de estos bombardeos era su alta eficacia sicoterapéutica para los norteamericanos

[7] La Patriot Act del 26-10-01 permitía al ministro de Justicia John Ashcroft detener y encarcelar por tiempo indefinido a cualquier sospechoso sin que pudiera recurrir a la asistencia de un abogado. Esta medida permitió la detención de numerosas personas de origen árabe o musulmanes. La juez de Nueva York Shira Scheindlin dictaminó inconstitucionales estas detenciones.

[8] La penetración de la radio en los países árabes decidió a los Estados Unidos a concebir durante el conflicto afgano un gigantesco plan de emisiones en estos países a través de millonarias financiaciones en Westwood One, la mayor cadena radiofónica estadounidense, de propiedad privada.

[9] La periodista de origen español Maria Rose Armesto, reportera de la televisión privada belga RTL-TV publicó el testimonio de la esposa de uno de los asesinos de Masud (“Son mari a tué Massoud”. Ed. Balland).

[10] Este video circuló por internet en los sitios http://www.ogrish.com y www.prohoster.com, lugares de la red que se dedican a mostrar imágenes de hechos violentos..

“Las riberas del mar océano” censurada en TVE por el Ministerio del Medio Ambiente, Rural y Marino


Las riberas del mar oceáno era uno de esos grandes documentales seña de identidad de TVE. Hoy El País informa que el Ministerio del Medio Ambiente, Rural y Marino, que invirtió 1,2 millones en la serie veta su emisión. Y el Ministerio lo confirma. Este el vídeo de la polémica, publicado también por El País.

En realidad el organismo que financió y el que veta no es el mismo. El que pagó era el Ministerio de Medio Ambiente dirigido por Cristina Narbona y el que censura es el Ministerio de Agricultura y Pesca que absorbió al anterior. Que la discrepancia fundamental resida en querer eliminar la denuncia de la corrupción indica bien cual es la actitud del nuevo ministerio.

Desde el punto de vista informativo, lo significativo es que el que paga manda. La financiación externa institucional ha venido siendo desde hace muchos años una forma de financiación pública encubierta de proyectos de calidad. TVE conseguía financiación, se realizaba un proyecto de prestigio, se daba satisfacción a un organismo oficial… y luego la serie se emitía en La Dos a una hora imposible.

Que yo tenga noticias está colaboración institucional no dio lugar a problemas sobre los contenidos, o por lo menos éstos no trascendieron. Pero lo que demuestra este caso es que TVE pliega la independencia que la ley le exige ante sus financiadores institucionales. Quien paga parece tener la última palabra sobre el contenido.

Habría que conocer los términos de los convenios firmados, pero la práctica parece demostrar que el financiador tiene unas competencias sobre el producto final incompatibles con la independencia de la radiotelevisión pública. Una vez más se demuestra que la independencia editorial se basa en la independencia económica.

Julio de Benito fue el director e inspirador de la serie. Julio nos dejó hace unos meses. Valga esta entrada como homenaje a su persona y a su coraje.

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