Las telefónicas tienen que financiar el servicio público audiovisual francés


El Tibunal Europeo de Justicia ha declarado conforme al derecho comunitario el impuesto especial que graba a los operadores de telecomunicaciones franceses y que se destina a financiar a las radiotelevisiones públicas. La sentencia, un precedente para el similar caso español, llega cuando en nuestro país parecía que el gobierno preparaba la reintroducción de la publicidad en TVE.

 

La sentencia: tasas e impuestos especiales

El fallo ha sido una sorpresa porque la mayoría de los expertos apostaban por la abrogación del impuesto especial.

La interpretación dominante -la sostenida por la Comisión en su demanda ante el TEJ- era que la Directiva de autorización de redes y servicios electrónicos de 2002 no permitía grabar a los operadores de telecomunicaciones con cargas impositivas que no fueran destinadas a cubrir los gastos administrativos ocasionados por la gestión, el control y la ejecución del régimen de autorización general.

El Tribunal (adoptandola posición de la República Francesa, apoyada por España y Hungría) entiende  que esa es una intepretación extensiva. Que la tasa que la Directiva regula está vinculada a los gastos originados por la autorización de la actividad y que nada impide a un estado miembro imponer otras cargas fiscales distintas. La regulación de la tasa pretende hacer transparente y no discriminatorio el sistema de autorización y que el estado no condicione la expedición de la autorización a unos gravámenes abusivos.

Para entender la cuestión hay que recordar la clásica distinción del derecho tributario entre tasas e impuestos especiales.

El hecho tributario es en la tasa el beneficio obtenido por el sujeto como consecuencia del disfrute del dominio público o de la prestación de un servicio público. Como recuerda el Tribunal, las tasa (redevances en el derecho francés) tienen carácter remuneratorio. La carga tributaria establecida por la Directiva es una tasa vinculada a la prestación del servicio de autorización.

En cambio, los impuestos especiales gravan una actividad económica específica del sujeto tributario, sin que éste reciba una prestación pública. El Tribunal viene a considerar el gravamen como un impuesto especial (aunque no utiliza esta terminología), que no está vinculado a la prestación del servicio de autorización y que, por tanto, el estado francés puede establecer soberamente, sin que entre en conflicto con la Directiva. Entre otros argumentos, el Tribunal considera que el hecho de que sólo estén obligados los operadores con ingresos superiores a los 5 millones de euros indica que es un gravamen no general y, por tanto, no vinculado al proceso de autorización.

 

El precedente para el caso español

España espera la resolución de un caso prácticamente idéntico. El precedente parece decisivo para desestimar la demanda de la Comisión, pero la experiencia dice que es temerario dar por hecho el sentido de cualquier sentencia en cualquier instancia judicial.

El gobierno Zapatero copió la ocurrencia de Sarkozy de eliminar la publicidad en la televisiones públicas, y establecer, en cambio, un gravamen sobre las televisiones privadas y los operadores de telecomunicaciones. Pero hay diferencias que pueden pesar en la futura sentencia:

- Como en Francia, en España no todos los operadores están sujetos al gravamen. Si en Francia lo están los ingresen más de 5 millones de euros, en España (art. 5 L. 8/2009) el gravamen pesa sobre los de ámbito estatal o superior a una comunidad autónoma, siempre que presten servicios audiovisuales.

- En España se hace una vinculación expresa entre el gravamen y los beneficios obtenidos por los operadores en atención a la nueva regulación de las telecomunicaciones, especialmente la ampliación de los servicios de banda ancha y móvil, la supresión de la publicidad y la renuncia de RTVE a los contenidos de pago o acceso condicional (ar. 5 L. 8/2009).

Esta vinculación podría llevar a calificar de tasa a este gravamen, en cuanto vinculado a unos beneficios, pero en cualquier caso no creo que pueda entenderse que el gravamen es una tasa de autorización, porque no está vinculado a la administración y gestión de la autorización.

 

¿Qué hacemos con la financiación de RTVE?

La abolición de la publicidad fue un regalo político a las televisiones privadas. UTECA, como es lógico, se ha felicitado por sentencia. El ministro de Hacienda e incluso la vicepresidenta Santamaría venían sugiriendo la vuelta de la publicidad.Habrá que esperar a la sentencia sobre España, pero si es desestimatoria de la demanda, el gobierno va a tener muy cuesta arriba volver a instaurar los anuncios. Rajoy, tampoco amigo de conflictos, respiraría tranquilo, al no tener que enfrentarse al poderos lobby de la teles privadas.

Que se superen los obstáculos jurídicos, no quiere decir que el sistema no tenga que ser revisado a la luz de la actual crisis económica.

Soy contrario a la reintroducción de la publicidad, primero porque se perdería la principal seña de identidad con la que audiencia identifica al servicio público, y, segundo, porque si la publicidad se convirtiera dde nuevo en la principal fuente de financiación el Estado se inhibiría en garantizar la suficiencia financiera para cumplir la misión de servicio público, que quedaría, así, a los azares del mercado publicitario.

Nada pasaría, en cambio, si se admitiera la publicidad como fuente de financiación secundaria, con muy estrictas limitaciones (por ejemplo, no más de cuatro minutos por hora, sin interrupción de ningún programa y sin presencia en franjas de especial protección de los menores). Por el momento, hay que clarificar el uso de patrocinios culturales, para que por esa vía no se cuelen disparates como, por ejemplo, anuncios de juegos deportivos que parecen están vinculados al uso por Estudio Estadio de las imágenes del fútbol de la segunda división.

Lo imprescindible es un contrato-programa que establezcan específicamente la programación que supone la misión de servicio público y garantice su financiación.

 

FUENTES

Sentencia de 27 de junio de 2013 TEJ que declara conforme al derecho comunitario el impuesto sobre los operadores de telecomunicaciones franceses destinada a financiar las radiotelevisiones públicas

 

Directiva 2020/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva de autorización) [Diario Oficial L 108 de 24.4.2002]

 

Art. 12 Directiva 2020/20/CE

1. Las tasas administrativas que se impongan a las empresas que presten un servicio o suministren una red al amparo de la autorización general o a quienes se haya otorgado un derecho de uso:

a) cubrirán en total solamente los gastos administrativos que ocasionen la gestión, el control y la ejecución del régimen
de autorización general, de los derechos de uso y de lasobligaciones específicas a que se hace referencia en el apartado
2 del artículo 6, pudiendo quedar incluidos gastos de cooperación internacional, armonización y normalización,
análisis de mercado, respeto de las normas y otros controles de mercado, así como el trabajo de regulación relativo a
la preparación y puesta en práctica de derecho derivado y de decisiones administrativas, como pueden ser decisiones
sobre el acceso y la interconexión; y

b) se impondrán a las empresas de una manera objetiva, transparente y proporcional, que minimice los costes administrativos adicionales y las cargas que se deriven de ellos.

2. Cuando las autoridades nacionales de reglamentación impongan tasas administrativas, publicarán un resumen anual
de sus gastos administrativos y del importe total de las tasas recaudadas. A la vista de la diferencia entre la suma total de las tasas y los gastos administrativos, deberán introducirse los reajustes adecuados.

 

Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación RTVE

 

En este blog

Es urgente buscar alternativas a la financiación de RTVE

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El calvario de la financiación de los servicios públicos de radio y televisión

2011: el año en que se rompió el pacto social y democrático


La Cumbre de Bruselas de los días pasados ha alumbrado un mecanismo intergubernamental de transferencia de la soberanía fiscal para salvar el euro. No sabemos si el euro sobrevirá, pero estamos casi seguros de que entraremos en una nueva profunda recesión. Con ser eso malo lo terrible es que el acuerdo de 26 países europeos da la estocada final al maltrecho pacto social sobre el que se ha basado la Europa democrática de los últimos sesenta años.

La Europa que salió de la II Guerra Mundial se construyó sobre un respeto a los derechos civiles y políticos (con algunas limitaciones en el contexto de la Guerra Fría) y el desarrollo de los derechos sociales y económicos a través de los servicios públicos. La Constitución española asumió ese modelo en su fórmula más avanzada, justo en vísperas de la contrarrevolución conservadora, que durante treinta años ha ido desmontando pieza a pieza el estado social.

La integración europea -en una tensión permanente entre lo confederal y lo federal- ha aportado un enorme progreso económico, una homogeneización burocrática, una mayor aproximación entre los pueblos. Pero también ha sido vehículo de esa degradación del Estado Social y Democrático de Derecho. La dimensión social nunca pasó de la ilusión, mientras que por la vía de la regulación del mercado único la Unión Europea ha sido la coartada para implantar el neoliberalismo económico.

La crisis ha sido la gran oportunidad para dar la vuelta definitiva a la tortilla. La llamada “reglad de oro” de la estabilidad fiscal, exigida por Alemania y que ahora vendrá impuesta por el futuro tratado intergubernamental, so capa de tratarse de un mecanismo técnico, subvierte la naturaleza social del Estado, ahora incapaz de utilizar la política fiscal para poner sus recursos al servicio de los derechos de los ciudadanos. España ya ha sido pionera en esta rendición para congraciarse, sin mucho éxito, con los mercados.

Los estados europeos ya entregaron su política monetaria al Banco Central Europeo. Ahora van a transferir su política fiscal a un directorio de los gobierno, encargando la vigilancia a la Comisión Europea (nombrada por los gobiernos) y con una serie de mecanismos automáticos de sanciones. Se rompe así una regla esencial de cualquier democracia. “sin representación no hay impuestos”.

En esta Europa las decisiones no las van a tomar los ciudadanos a través de sus representantes, ni siquiera los gobiernos mediante acuerdos intergubernamentales. Las tomarán tecnócratas conectados con las instituciones financieras, supuestamente independientes, pero altamente ideologizados y vinculados a los intereses de los bancos de inversión de los que han salido.

Hace poco Lula decía que “Europa es un patrimonio democrático que la humanidad debe preservar”. Suena a especie en vías de extinción. ¿Pueden en estas condiciones los prepotentes mandatarios europeos pedir a China que respete el medio ambiente y trate mejor a sus trabajadores? No, ahora es China quien nos da lecciones y nos exige que desmontemos el estado del bienestar para prestarnos ese dinero imprescindible para la supervivencia del euro.

Durante tres décadas muchos nos hemos podido sentir plenamente identificados con nuestra Constitución, pese a sus deficiencias y las concesiones que exigió la Transición. Hoy ya no siento esa identificación. No me voy a echar al monte y seguiré defendiendo todo lo que tiene de valioso, pero ya no es la Constitución de 1978.

Ayer se cumplía el 63º aniversario de la Declaración de Derechos Humanos y el 50º del nacimiento de Amnistía Internacional. Si miramos para atrás veremos cuanto se ha avanzado en el respeto de los derechos civiles y políticos, en la lucha contra la impunidad. Pero del mismo modo en que los derechos sociales sin derechos políticos son dádivas graciosas que manipulan gobiernos demagógicos, sin derechos sociales la ciudadanía pierde la base para ejercer los derechos políticos. Queda la esperanza de que ante nuevos desafíos se encontrarán nuevas respuestas. El movimiento de los indignados es un primer atisbo de buscar otra forma de hacer política.

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El hundimiento


De la consolidación financiera al caos

Los presagios son tan malos que espero me permitáis este baño de pesimismo

Hasta las últimas horas de la Batalla de Berlín Hitler seguía moviendo divisiones inexistentes sobre el mapa. En las últimas semanas me vienen a la mente las escenas de “El Hundimiento” la película de Olivier Hirschbiegel, adaptación del libro de Joachim Fest. Merkozy, como Hitler en Berlín con sus divisiones virtuales, movilizan fondos que no existen e imponen rescates imposibles que nos llevan al desastre.

Grecia, al borde del corralito. París y Berlín conspirando para expulsar de la UE a los manirrotos. Las instituciones europeas reducidas a la más absoluta irrelevancia.

Los mercados ya no sólo imponen ajustes, ahora también invisten gobierno. A ningún inversor le importaba la falta de carisma y brillantez de Papandreu; menos aún la falta de vergüenza y el populismo de Berlusconi. Pero ahora ya no suscitan confianza. Sus puestos los van a ocupar tecnócratas serios y fiables, diseñadores de las mismas políticas ortodoxas que nos han llevado al borde del abismo. Que causalidad que los Monti, Papademos, Draghi tengan todos algún punto de conexión con Goldman Sachs.

Aquí nos preparamos para dar la más potente mayoría absoluta de la democracia al partido que propone exacerbar esas mismas políticas. ¿Será MAFO el presidente de un gobierno de emergencia nacional dentro de un año?

Como los pobres latinoamericanos de la “década pérdida”, que tanta lástima nos daban, ahora dependemos de poderes externos. Poderes económicos. Y también políticos. China ahora nos da lecciones: si quieren nuestro dinero desmonten el estado del bienestar. O dicho de otra manera, trabajar y vivir como chinos (entre otras cosas, sin libertad política). Se acabó lo de dar lecciones de derechos humanos.

Por si faltaban fuegos artificiales Netanyahu nos los quiere ofrecer. La filtración de la pasada semana de que un ataque a Irán divide al gobierno israelí es una operación de política interna a corto plazo. Pero por si acaso, la Agencia Internacional de la Energía Atómica, o mejor su jefe Yukiya Amano,  prepara el terreno. Que los ayatolás (un régimen nefasto para su pueblo y la paz mundial) no admitan inspecciones libres no quiere decir que se esté cerca de la bomba atómica. Sadam no permitió inspecciones y no tenía armas de destrucción masiva.

Un rayo de esperanza: el movimiento global de resistencia, entre el poder y la legitimidad -Beck dixit.

Para fustigarme otro rato me voy a ver el telediario. Os dejo con una secuencia bien significativa de “El Hundimiento”.

Vergüenza de Europa


Vergüenza de esa Europa que aplaude las revoluciones e interviene “humanitariamente”, pero rechaza a los refugiados.

Vergüenza de la Europa que deja morir en el mar a los que huyen de la guerra o la miseria.

Vergüenza de la Europa que es incapaz de establecer una política de acogida solidaria para 30.000 refugiados o inmigrantes.

Vergüenza de la Europa que se entrega a la xenofobia, de la Europa cuyos gobiernos se pliegan a los partidos neofascistas que han ayudado a crecer con su populismo.

Vergüenza de la Europa que abandona las políticas de integración.

Vergüenza de la Europa que impone planes de ajuste que hunden a los países en la recesión.

Vergüenza de esa Europa donde el componente social no existe.

Vergüenza de la Europa que ya no es más que un mercado.

Vergüenza de la Europa que obliga a los servicios públicos a competir con las empresas privadas en condiciones desfavorables.

Muchos abrazamos el ideal de la integración europea. Los gobiernos europeos han secuestrado ese ideal, le han vaciado de contenido y utilizan a las instituciones europeas como una camisa de fuerza para sus propios países. La regeneración de Europa es imprescindible.

Es urgente buscar alternativas a la financiación de RTVE


El pasado 30 de septiembre la Comisión Europea exigió a Francia y España que pongan fin a las tasas impuestas a los operadores telefónicos para financiar a las radiotelevisiones públicas.

Como era previsible, la Comisión declara contrarias al art. 12 de la Directiva de los Servicios Electrónicos estas tasas, por considerar que no financia los costes regulatorios del mercado de las telecomunicaciones, sino el déficit originado en los servicios públicos de la radio y la televisión por la supresión de la publicidad.

Los requerimientos, en forma de dictámenes motivados, dan dos meses ambos a Estados para que modifiquen su legislación. De no ser atendido el requerimiento, la Comisión llevaría el caso al Tribunal Europeo de Justicia de Luxemburgo.

El Gobierno dice estar seguro de la conformidad del sistema con la legislación europea y el presidente de RTVE, Alberto Oliart, avanza que España y Francia pueden ir de la mano en su defensa ante el Tribunal de Luxemburgo.

Las perspectivas de ganar el caso en Luxemburgo son escasas, porque desde su sentencia de 2003 en el caso Albacom ha sentado una jurisprudencia que se resume en este fallo:

” (La Directiva) prohíbe a los Estados miembros imponer a las empresas titulares de licencias individuales en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones, por el mero hecho de poseer tales licencias, cargas pecuniarias, como la controvertida en los asuntos principales, distintas de las autorizadas por dicha Directiva y que se añaden a éstas.”

Para CC.OO, el gobierno pretende que sea el Tribunal el que dé la última estocada a RTVE y prpone volver al sistema anterior.

Sea cuál sea el fallo, el problema lo será para el gobierno salido de las próximas elecciones. Si la sentencia es contraria, habría que devolver las tasas recaudada con sus intereses y costas. Zapatero ya tiene bastantes problemas como para rectificar en esta cuestión, pero lo único sensato sería abordar ya un nuevo modelo de financiación.

Manteniendo la tasa sobre las televisiones privadas y la transferencia de la tasa sobre el espacio radioeléctrico las alternativas para sustituir a la financiación de las telefónicas son:

- Canón. Difícil de implantar en plena recesión y con altos costes de administración.

- Elevar la tasa de las televisiones privadas, verdaderas beneficiarias de la supresión de la publicidad.

- Reinstaurar una publicidad limitada. Tiempos limitados, sin posibilidad de interrumpir programas. Serviría también para normalizar el mercado publicitario.

Creo que la solución más apropiada sería una mezcla de las dos últimas alterntativas.

(Otras entradas: Más sobre financiación de RTVE,El calvario de la financiación de los servicios públicos de radio y televisión)

Poder gitano


Europa en Suma dedicó su Hora Europea de ayer a los Gitanos en la UE. La cuestión central que se planteó en una tertulia muy estimulante fue ¿debe la UE reconocer a los gitanos como un pueblo europeo sin territorio y dotarles de una representación al máximo nivel?

La propuesta partió de Miguel Fonda, presidente de la Federación de Asociaciones de Rumanos en España (FEDROM). Fonda, español hijo de exilados rumanos, recordó que los gitanos fueron legalmente esclavos en Rumanía hasta 1860 y que hoy, todavía muchos gitanos viven en situaciones de marginación equivalentes a la esclavitud. Se nos recordó también por un asistente el genocidio gitano perpetrado por los nazis.

Por todo ello, Fonda defendió que el pueblo gitano, un pueblo sin territorio ni Estado, conquiste poder y autonomía (empoderamiento, apoderamiento) y adquiera una representación institucional al máximo nivel como uno de los elementos constitutivos de la identidad europea. Este apoderamiento debería de ir acompañado de políticas sociales para lograr su integración.

Esta propuesta tiene un primer desarrollo indiscutible. Son los propios gitanos los que deben tomar en sus manos su destino, adaptando su cultura al mundo de hoy y promoviendo líderes comunitarios que puedan ser interlocutores con las autoridades locales.

Más discutible me parece una representación política como pueblo europeo. Porque entiendo que no se trata de formar un consejo asesor de la Comisión o el Parlamento, sino de una verdadera instancia política con competencias definidas. ¿Cómo insertar este poder en la complicada arquitectura institucional de la UE? ¿Cómo elegirla? ¿Por sufragio universal?. Y, sobre todo ¿no supondría fragmentar la ciudadanía?

Muy relacionada con este debate estuvo la intervención de Diego Fernández, director del Instituto de Cultura Gitana, dependiente del Ministerio de Cultura. Fernández, que definió la fundación que preside como un órgano político, defendió la suma de identidades en una única ciudadanía. Hoy -dijo- la integración de los gitanos españoles es un modelo para Europa. Pero nos recordó cómo si del siglo XV al XVIII la política española ante los gitanos fue la expulsión en el XIX y el XX, hasta la democracia, fue la reclusión.

Francisco Fonseca, director de la Representación de la Comisión Europea en España, ilustró brillantemente el derecho a libertad de circulación y residencia a partir de la Directiva 2004/38 (pdf, directrices de la Comisión para su trasposición). La Comisión ha emplazado a Francia para que su legislación interna cumpla la normativa europea en materia de expulsiones, de modo que éstas estén sometidas a un conjunto de garantías procesales.

Por su parte, el embajador de Eslovaquia, Jan Skoda, resumió el desarrollo de proyectos europeos para la integración de los gitanos en su país.

La operación xenófoba de Sarkozy nos ha recordado a todos que un pueblo europeo, el gitano, merece la justicia que se le ha negado durante siglos.

Más sobre financiación de RTVE


Vista la comunicación remitida por la Comisión Europea a España sobre la financiación de RTVE me parece que el Gobierno y los medios, hasta los más críticos, han dado una visión poca realista. La situación es mucho más grave.

Es cierto que la Comisión considera el sistema proporcionado en cuanto que está diseñado para cubrir los costes netos del servicio y establece mecanismos para evitar la sobrecompensación.

Es cierto que se distingue entre las tasas a las televisiones y a las telefónicas, en cuanto que ésta última está sometida a un procedimiento para establecer si la nueva exacción es compatible con la Directiva de los Servicios de Comunicaciones (concretamente con  su art. 30), mientras que el recargo a las televisiones no está pendiente de este examen.

La Comisión, sin embargo, considera que ambas medidas siguen sujetas a escrutinio, en cuanto que nuevos impuestos directamente vinculados a la financiación del servicio. Y pide a España que se abstenga de financiar a RTVE con estos nuevos impuestos en tanto no se produzca una decisión de la Comisión.

Literalmente recojo una de las conclusiones:

57) La Comisión desea recordar a España que el artículo 14 del Reglamento (CE) n° 659/1999 del Consejo establece que toda ayuda ilegal puede recuperarse del beneficiario. La Comisión solicita a España que no asigne ninguna financiación a RTVE que proceda de los impuestos introducidos o modificados por la Ley 8/2009 hasta que se haya adoptado una decisión final.

La comunicación da un mes al Gobierno para hacer alegaciones.

Pero ¿qué va hacer el Gobierno para que RTVE no se colapse?

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