Otra información electoral al servicio del público


Información sí, propaganda no

 

Como la mayor parte de los periodistas odio los bloques electorales en las televisiones públicas. Pero la solución no es su pura abolición, sino buscar un modelo que haga compatible el pluralismo político con el derecho a la información. Un sistema que permita una razonable igualdad de oportunidades entre los contendientes, pero que garantice al público que los medios públicos les ofrecerán una información plural, contrastada, crítica que les sirva para formar su decisión de voto.

Bloques electorales

Los bloques son la conversión de la información electoral en propaganda. Como es sabido, los tiempos son propuestos por las televisiones y aprobados por la Junta Electoral conforme un reparto proporcional (más o menos ponderado) conforme a los resultados de las elecciones anteriores.

Cada día hay que cubrir la cuota correspondiente a cada partido, unos cuantos minutos para los mayoritario y algunos segundos para los minoritarios. Frente a una creencia muy común, los bloques (una peculiaridad exclusivamente española) no vienen exigidos por la Ley Electoral, sino que es una construcción de la Junta Electoral (controlada por los partidos) que ha extendido el régimen de los espacios de propaganda gratuita a la pura información

Los bloques son pura propaganda:

  • Los tiempos están prestablecidos por un plan de cobertura, sin que se puedan cambiar en función de la actualidad.
  • Los bloques son información de los actos de campaña de los partidos. En ellos los partidos pueden hacer propuestas, pero en general son utilizados para vehicular los mensajes eje y construir la imagen del partido. Los mítines son una de las principales herramientas del marketing político. Los mensajes se construyen para y se sincronizan con  la conexión del telediario.
  • Los informadores son convidados de piedra en los mítines, sin que puedan plantear preguntas a los líderes. Los grandes partidos entregan la imagen realizada, sin permitir que los reporteros gráficos de las televisiones puedan captar libremente las imágenes.
  • Los informadores adscritos a la campaña de un partido se encuentran bajo la presión de los jefes de campaña para que destaquen el mensaje que interesa al partido.

Por supuesto, el reparto de tiempos es más que cuestionable. La proporcionalidad conforme a los resultados de elecciones anteriores es una foto fija que sólo garantiza parcialemente el pluralismo político. La Propuesta Voltaire lanza la idea de un reparto más equitativo, siempre con referencia a los resultados de elecciones anteriores. La única regla equitativa es el número de candidaturas presentadas en el ámbito electoral correspondiente, pues de otro modo resulta imposible que aparezcan nuevas opciones. Este criterio igualitario podría ser corregido con el proporcional con referencia a los resultados electorales anteriores.

Espacios de propaganda gratuita en los medios públicos

Estos espacios están regulados por la Ley Electoral (arts. 59 a 67) y vienen a ser la compensación a la prohibición de la emisión de propaganda electoral en las radios y televisiones privadas. De hecho, se han convertido en unas cuñas o spots reiterativos y odiosos, como mucha de la publicidad comercial, con el agravante de que los espacios de los grandes se repiten una y otra vez.

Sustituir los espacios por los bloques

Mi propuesta básica es sacar los bloques de campaña de los telediarios y colocarlos al final, en el tiempo en el que ahora aparecen los espacios gratuitos, que serían eliminados. Los bloques responderían al modelo actual, información de camapaña, con un reparto más igualitario (50% igual para todas las opciones que superen determinado número de candidaturas + 50 % proporcional), producidos en las mismas condiciones que hasta ahora.

Así, la información electoral en los medios públicos contaría con los siguientes elementos:

  • Información electoral en los telediarios. Centrada en el análisis de las propuestas, la confrontación de estas con los datos de la realidad, análisis de trayectorias de partidos y candidatos, incluyendo las informaciones relevantes que puedan aparecer en la campaña electoral. Los medios públicos presentarían un plan general (sin atribución de tiempos) para su aprobación por la Junta Electoral, que seguiría siendo competente para resolver las quejas de las opciones electorales.
  • Bloques de campaña a continuación de los telediarios, en lugar de los espacios gratuitos, en las condiciones explicadas anteriormente.
  • Entrevistas a candidatos, con repartos de tiempos conforme a criterios de igualdad y proporcionalidad.
  • Debates. Los debates formalizados y rígidos no son la mejor elección, pero son difíciles de evitar cuando tienen que estar presentes un número elevado de participantes, conforme a criterios de igualdad y proporcionalidad. La referencia a resultado anteriores podría aplicarse para un debate a dos entre las opciones electorales mayoritarias. Pero lo novedoso sería someter a cada uno de los candidatos a las preguntas de un panel plural de periodistas y un panel representativo de la sociedad, elegido por medios demoscópicos.

La sustitución de los espacios gratuitos de propaganda por los bloques requeriría el cambio de la ley, pero el resto de las medidas no. Bastaría la aprobación de los planes de cobertura (que, por cierto, no están exigidos por la Ley) por la Junta Electoral. Incluso, si los bloques se mantuvieran como hasta ahora, nada impide realizar una información profesional sobre programas y trayectorias fuera de los mismos.

Estos cambios tendrían sentido en una reforma profunda del régimen electoral, que incluya una real limitación de los gastos electorales, sometidos a un régimen de transparencia. Porque la desigualdad no es tanto unos segundos más en los telediarios, como que una opción (el PP con 20 millones) doble el gasto de todos los demás.

FUENTES

Propuesta Voltaire

– Almirón, Núria et al (2010): “The Regulation of Public Broadcasters’ News Coverage of Political Actors in Ten European Union Countries”. Comunicación y Sociedad, V. XXIII (1), 205-236 (pdf).
– Almirón, Núria et al (2010): “Los bloques electorales en los medios públicosdel Estado español: una excepción en Europa”. Cuadernos del CAC, 34, vol. XIII (1), 95-102. (pdf),

– Díaz Arias, Rafael (2000): “PAR CONDICIO versus EQUAL TIME”. Experiencia de regulación de spots políticos en televisión” (pdf).

– Díaz Arias, Rafael (1978): “Aproximación al régimen jurídico de la propaganda electoral”. Persona y Derecho, Nº. 5, 227-308 (pdf).

 

 

El futuro de la BBC


En España, a todos los que nos duele el servicio público de la radio y la televisión hemos considerado la BBC como el modelo a seguir. A veces con una visión un poco idealista que ha ignorado la situación real de la Corporación. Durante los dos últimos años la BBC ha pasado por situaciones que hubiera tumbado el servicio público en otros países y desde luego en el nuestro. Fracasos y escándalos que se proyectan sobre el proceso de renovación de su norma constitutiva la Royal Charter, que caduca el 31 de diciembre de 2016. Y todo ello en una campaña electoral de la que saldrá el parlamento más fragmentado de la historia del Reino Unido.

La BBC ha rendido cuentas, con mejor o peor fortuna, de los fracasos y tiene una visión estratégica sobre su futuro. Por eso y porque hay consenso de que se trata un elemento definidor y esencial de lo que es el Reino Unido, el servicio público tiene futuro, pero siempre con una adaptación dinámica a las nuevas circunstacias de la era digital.

2013 y 2014, horrendum annis

– El escándalo Savile. Jimmy Savile, un depredador sexual, construyó su reputación como popular figura de la BBC desde los años 60. La BBC tuvo que investigar como se pudo ignorar durante décadas una conducta evidente. Y, si cabe todavía peor, el caso puso en cuestión la independencia editorial, pues el programa Newnight eliminó un informe sobre el escándalo. Como consecuencia, el recién nombrado Director General, George Entwistle tuvo que dimitir.

– El escándalo de los sueldos de los ejecutivos. Sueldos desmesurados y sobre todo indemnizaciones injustificables. En 2013 la BBC pagó pagó indebidamente 1,4 millones de libras a ejecutivos que abandonaron la Corporación, en algunos casos después de sólo unas pocas semanas de trabajo. Desde entonces la BBC ha reducido los sueldos de sus estrellas en un 30%.

– El fiasco de la Digital Media Iniciative. La BBC tiró 125 millones de libras (100 más de lo presupuestado) en un fallido proyecto de digitalización de sus fondos. Primero lo contrató con Siemens y  luego intentó desarrollarlo con sus propios recursos, sin que los órganos de control interno fuera capaces de detectar el fracaso.

– La dimisión de Lord Patten. Los escándalos dejaron tocado a Lord Patten, presidente del Trust, el Consejo de Administración de la BBC. Con una impresionante carrera (ministro, presidente del Partido Conservador, Gobernador de Hong Kong durante la entrega a China, rector de la Universidad de Oxford) finalmente dimitió el pasado mayo, tras sufrir una intervención de cirugía cardiaca.

– El cuestionamiento de la sucesora de Patten, Rona Fairhead. Fairhead, ejecutiva del grupo Financial Times, había sido también durante 10 años presidenta de un comité no ejecutivo de auditoría del Banco HSBC, el de la lista Falciani. Las críticas se resumen en las de una diputada conservadora: o supo y no impidió el montaje de cuentas en paraísos fiscales, o no se enteró y fue incapaz. Ya veremos que desarrollo tiene el caso, pero demuestra que los responsables que vienen del sector empresarial (Fairhead) no tienen porque ser mejores que los que provienen del servicio público (Patten).

Recortes. Desde 2010 el gobierno conservador ha venido reduciendo el presupuesto (16% en 210) y congelado el canon que pagan los telespectadores. Además, ha tenido que aumir el coste de su servicio mundial, antes financiado por el Ministerio de Exteriores. Todo ello ha redundado en una drástica reducción de servicios. Y aún así no se ha logrado una situación económica sostenible.

Las fortalezas

La BBC es la mayor organización informativa del mundo. Su presupuesto supera los 4.000 millones de libras y genera un crecimiento doble del PIB. Alcanza y da servicio semanalmente, de una manera u otra, al 97% de la población británica y hay consenso en que es uno de los grandes valores del Reino Unido. Además, sus servicios mundiales son la mayor manifestación del “poder blando” británico.

Eso no quita para que con cada renovación de la Carta no se revise y replantee su función a fondo. En esta ocasión, esa puesta al día es, si cabe, más profunda teniendo en cuenta los desastres anteriormente relacionados. Hasta ahora, desde la propia Corporación se propone una visión estratégica en el discurso de su Director General, Lord Hall y en una serie de  informes. La mayor propuesta de reforma ha llegado de la Comisión parlamentaria de Cultura, Medios y Deportes (Informe sobre el Futuro de la BBC, pdf).

Los desafíos

Financiación. La BBC se financia por el canon (licence fee) que pagan los poseedores de un aparato de radio o televisión. Actualmente asciende a 145,5 libras anuales. El impago de esta tasa está castigado penalmente. Se da la paradoja de que con un dispositivo con una ip del Reino Unido se puede acceder a todos los servicios de la BBC (notablemente el iPlayer, su sistema de contenidos a la carta) sin pagar el canon. El informe de la Comisión parlamentaria admite que el sistema puede funcionar durante una década, pero que debe evolucionar hacia una tasa que grave a todos los hogares. Se descarta el sistema de suscripción a determinados servicios (como proponen las voces más liberales) o la publicidad en algunos canales y se aboga por despenalizar el impago.

Este es un debate que se mantiene en todos los países europeos con canon. Todos reconocen que el servicio ya no puede financiarse por los poseedores de un televisor o una radio, cuando cada vez más ciudadanos disfrutan de los contenidos en otros dispositivos. El canon, en una modalidad u otra, es una tasa regresiva, que somete a la misma carga fiscal a todos, independientemente de su renta o patrimonio. La alternativa reside en la subvención directa a través de los presupuestos generales, pero todos los organismos públicos alegan que perderían independencia financiera. Otra forma de gravamen progresivo sería un recargo sobre el impuesto de la renta.

El servicio multimedia. La BBC ha avanzado como ninguna otra organización europea en la conversión del servicio público de la radio y la televisión en un servicio público multimedia. Desde la Corporación se sigue defendiendo que su misión consiste en proveer servicios y contenidos para todos (“great British programmes, and a trusted guide. For everyone”- Lord Hall, Director General). Una visión cuestionada por la Comisión parlamentaria, que propone que no compita en áreas donde otros están mejor colocada para proveer contenidos de calidad. Por el momento, la BBC se propone desarrollar un proyecto estratégico MyBBC, un sistema de personalización de contenidos y servicios, basado en el tratamiento de datos. De hecho, la primera fase ya está en marcha con la creación de un sistema de registro de usuarios. Pero se insiste, la personalización no puede ir en detrimento de la esfera pública: la BBC es el lugar donde la nación se encuentra (Lord Hall).

La producción de programas. Los directivos actuales siguen considerando la producción de programas de calidad como el núcleo esencial de la labor de la Corporación. En estos momentos está en marcha la creación de una empresa subisidiaria BBC Studios, que concentraría toda la producción (salvo programas infantiles, deportivos y de actualidad). Esta empresa produciría para la BBC y para el sector privado. La “fábrica” se mantiene y fortalece abriéndola al exterior.

El futuro de la información. La BBC ha producido un informe “The future of news” (pdf) en el que se realiza un amplo análisis del impacto de Internet en el periodismo y reafirma el papel de referencia de la Corporación en un ruidoso ecosistema mediático. El informe apuesta por la información de calidad: noticias de trascendencia pública, documentadas, investigadas y explicadas, contadas con nuevas narraciones multimedia y usando nuevas herramientas. Ello supone invertir no sólo en nuevas tecnologías sino también innovar en el relato, en la distribución y en la conversación.

Servicios estratégicos. El mencionado informe considera que la BBC tiene un hueco que llenar en la información local y regional en el Reino Unido. En pleno proceso de descentralización política los periódicos locales y regionales desaparecen, dejando un déficit democrático. El otro reto es mantener un poderoso servicio exterior global, capaz de competir con nuevos servicios como los canales rusos o chinos, que no sufren las restricciones presupuestarias de la BBC.

Información electoral. El marco de la cobertura informativa de las televisiones ha cambiado radicalmente en el Reino Unido. Hasta las pasadas elecciones generales no existía debates en las televisiones británicas. En 2010 se desarrollaron dos debates a tres (Brown, Cameron y Clegg) que fueron decisivos para los buenos resultados de los Liberal Demócratas. Ahora, hay dos nuevos contendientes nacionales (el euroescéptico UKIP y el Partido Verde) además de los partidos de Escocia, Irlanda del Norte y Galés. Así que las televisiones se proponen celebrar dos debates a siete y un cara a cara entre Cameron y Milband, dejando la silla del primer ministro vacía si este no comparece.  Además, varios periódicos proponen debates en YouTube. el regulador de todos los servicios audiovisuales, el OFCOM, obliga por primera vez a los operadores a seguir de modo equilibrado la campaña electoral de todos los partidos, algo parecido a los aborrecibles bloques electorales españoles. Ante ello, la BBC se propone desarrollar una información de profundización y esclarecimiento. En cualquier caso, las presiones serán muy fuertes porque los ganadores determinarán el futuro de la BBC.

El gobierno de la BBC. La última reforma de la BBC instauró al Trust como órgano de dirección y control del servicio público. Sustituyó a la Junta de Gobernadores, que se juzgaba un órgano demasiado implicado en la gestión para ejercer un control real de la misión de servicio público. Pues bien, diez años después la Comisión parlamentaria cuestiona el Trust con los mismos argumentos: un órgano interno no puede ser el controlador de la misión de servicio público y propone una comisión externa de regulación y supervisión, y un consejo interno de gestión, con un presidente sin funciones ejecutivas.

Contenidos audiovisuales de pago vs servicio público


¿Matará el vídeo en streaming a la televisión? ¿Los contenidos de pago harán irrelevante a la televisión en abierto? ¿Desaparecerá el servicio público anulado por la suscripción a contenidos de pago?

Son preguntas de difícil respuesta, como todas las que intentan predecir el futuro. Los investigadores estudian los comportamientos presentes de los consumidores para intentar determinar tendencias de futuro. Ayer se presentó en IESE de Madrid el estudio de Loreto Corredoira (UCM) y Sanjay Sood (UCLA) “Paid content and cinema distribution”. Llegué tarde al acto (me perdí, me perdió google maps, según se interprete) y, por tanto, no puedo tanto resumir de forma completa como recoger el espíritu del debate y las ideas que me sugirió.

La investigación estudia el mercado estadounidense de contenidos de pago a través de las distintas modalidades de Video On Demand y, en general, los consumos audiovisuales en Internet. Destaca el éxito de Netflix, la plataforma de vídeo en streaming, que con un tarifa plana de 8 dólares al año se está comiendo las sucripciones de pago de la televisión por cable.

Corredoira dio algunas claves del éxito de Netflix: la inmediatez en la disposición de los contenidos, la flexibilidad y facilidad de uso (disponibles todos los capítulos de todas las temporadas de las series), la “alfombra roja” (el acceso a los contenidos de forma exclusiva). Y sin duda el precio.

Además de la profesora Corredoira participó en el debate Rafael Sánchez, de EGEDA, la entidad de gestión de los productores audiovisuales. En la sala, directivos de la industria de los contenidos, la distribución y el marketing. De modo que, lógicamente, la cuestión latente era cómo conseguir en España un éxito comercial como el de Netflix.

Aprecié consenso en que las medidas sancionadoras contra las descargas ilegales son poco eficaces y que es necesario un cambio de cultura. Cambio de cultura de los productores y distribuidores, con productos más accesibles y baratos y con mayor y más diversa oferta. Cambio de los consumidores, para que comprendan que la calidad se paga. Corredoira insistió en la promoción, incluso con el regalo de tarjetas de suscripción.

El mercado español nada tiene que ver con el de Estados Unidos, porque en España los canales en abierto siguen satisfaciendo las demandas de información y entretenimiento de la mayoría de la sociedad, mientras que en Estados Unidos los canales de pago son un pilar fundamental del sistema. No obstante, en el último año Yomvi, se dijo había duplicado sus suscriptores. “Los hijos de los suscriptores de Canal + -dijo Pablo Romero director de la plataforma de descargas- son hoy los suscriptores de Yomvi.

Dada la composición del foro, el término servicio público ni se mencionó. Yo lo traigo aquí para insertarlo en las ideas que me suscitó el debate y que, de alguna manera, son mi respuesta a las preguntas planteadas al comienzo de esta entrada.

El consumo audiovisual personalizado (descargas, streaming) seguirá creciendo en todos los sectores de población, incluso en los de más edad y más fieles a la televisión tradicional.

La ficción (cine y series) es el contenido más adaptado al consumo personalizado.

La franja entre los 35 y 45 años es el nicho con más potencial de crecimiento para las plataformas de pago en streaming. En cualquier caso, son imposibles crecimientos exponenciales en la actual situación económica, con muchos de esos potenciales consumidores obligados a emigrar.

Los menores de 25 años han abandonado la televisión. O las cadenas hacen esfuerzos por conquistarlos con innovación y sinergias (por ejemplo la llamada televisión social, el comentario en las redes de los programas) o estarán perdidos definitivamente.

La televisión en abierto no morirá. Seguirá siendo imbatible en la información, los acontecimientos en directo, el deporte y la telerrealidad.

En España, las cadenas son las grandes productoras. Poco a poco derivarán sus productos premium a sus plataformas de pago. El que quiera calidad, que la pague, se decía ayer. Calidad es siempre un concepto resbaladizo, pero cuando productores y distribuidores hablan de calidad se refieren a altos presupuestos.

– Si ese trasvase hacia el premium de pago se concreta, las cadenas privadas generalistas de televisión dependerán para mantener la audiencia esencialmente de la telerrealidad (y la telebasura).

En este nuevo panorama audiovisual el servicio público multimedia gana importancia. Podrá mantener contenidos de calidad en abierto, sin dpender de ingresos publicitarios. Y, sobre todo, podrá ofrecer contenidos diversos, más allá de las audiencias masivas, a todos, a cada cual según su interés y sus habitos de consumo (lineales o interactivos). Los contenidos de calidad no pueden ser sinónimo de pago (o no sólo), sino de servicio público. Pero para ello en este país hace falta un acuerdo de Estado para garantizar la independencia del servicio público y su financiación estable y suficiente.

(Una confesión. El cine europeo independiente que da La Dos y que grabo cuando no puede ver en directo no creo que pudirea encontrarlo en ninguna de las actuales plataformas de pago, volcadas en Hollywood).

La trampa del regreso de la publicidad a TVE


El Partido Popular plantea el regreso de la publicidad a TVE. En una proposición no de ley aboga por un modelo de financiación sostenible de RTVE que “fomente la obtención de ingresos comerciales, incluidos los derivados de la participación en el mercado de la publicidad” (agregación de informaciones en Google News). Lo inconcreto de la propuesta y el instrumento parlamentario elegido para hacerla lleva a pensar que su función es un aviso a los operadores privados para que acomoden sus informativos a los intereses del PP y no un intento serio de cambiar el sistema de financiación.

Me he pronunciado reiteradamente en este blog contra la publicidad en TVE y he criticado el modo en que se eliminó. Hoy sistematizo y actualizo argumentos en contra y a favor.

En contra de la publicidad en TVE

Dañaría la imagen del servicio público. En estos casi cuatro años el público identifica el servicio público con una televisión sin publicidad. La vuelta de los anuncios eliminarían una señal de identidad.

Disminuiría la audiencia. Al menos en un primer momento, y al margen de los cambios que la programación pudiera sufrir, el efecto zapping framentaría más la audiencia.

Exigiría una programación más comercial para competir con las privadas. Con menguados presupuestos es improbable que esa competencia tuviera éxito. En lugar de competir con productos de alto presupuesto habría que recurrir a producciones cutres o regresar al modelo José Luis Moreno. Sería un suicidio. Se entraría en un círculo vicioso: menor audiencia, menores recursos, menor calidad, menos espectadores…

TVE no está preparada para captar publicidad. Después de desmontar su estructura comercial, tendría ahora que competir con las centrales publicitarias de los dos grandes grupos oligopólicos, Atresmedia y Mediaset, que concentran el 60% de la audiencia y casi el 90% de la publicidad. Los grupos privados gestionan globalmente la publicidad de sus canales, algo muy difícil para TVE con canales como La Dos o 24 Horas. Ni siquiera en los tiempos en que La Uno era líder de audiencia TVE lograba la misma rentabilidad publicitaria.

Se perderían los ingresos por las tasas de operadores privados y telecos. Con el retorno de la publicidad estas empresas lograrían la derogación de la tasa que graba sus ingresos.El Tribunal Europeo declaró conforme al derecho comunitario esta tasa. Su cuantía dependerá de la marcha general de la economía. En cualquier caso, mejor que paguen los grupos oligopólicos (de televisión o telefonía) que no introducir un canon general que grabara a todos.

El servicio público sería medido por los resultados publicitarios. Audiencias e ingresos publicitarios serían el baremo legitimador del servicio público. Si los ingresos publicitarios no llegaran a cubrir los objetivos presupuestarios RTVE sufriría recortes en su estructura y personal y estaría en riesgo de desaparecer.

A favor de la publicidad en TVE

Todos los argumentos a favor parten de la premisa de una publicidad limitada que excluya la comercialización de la programación.

Los programadores se esforzarían en conquista a la audiencia. Una televisión sin publicidad corre el riesgo de divorciarse de las audiencias. No hay servicio público sin público.

La diversificación de fuentes da estabilidad financiera. Los ingresos publicitarios pueden compensar los altbajos de los recursos públicos.

Efecto benéfico sobre el mercado publicitario. El regreso de un competidor como TVE, por muy disminuido que esté, aumentaría la competencia en este mercado oligopólico.

Por una reconsideración del servicio público multimedia y su financiación

El servicio público de RTVE no puede ser reducido a TVE y menos a los resultados de audiencia de La Uno en prime time. El servicio público consiste en una oferta de contenidos audiovisuales de calidad (plurales, incitadores de pensamiento crítico y de la participación social) a través de los canales tradicionales de radio y televisión y de las nuevas plataformas interactivas.

La financiación de este servicio puede tener las siguientes de fuentes de financiación:

Presupuestos generales. Los presupuestos deben financiar el coste neto total del servicio público, concretado en las obligaciones establecidas por un contrato programa.

Tasas sobre televisiones y telecos. Su cuantía minoraría la aportación de la subvención pública al coste neto del servicio público. El procedimiento de cálculo debe concretarse al máximo para evitar su judicialización.

Ingresos comerciales. Explotación de productos. Patrocinio y publicidad limitada. Reducciones drásticas sobre los tiempos de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, sin interrupción de los programas y ausencia en determinadas franjas, como las de protección infantil. Estos ingresos publicitarios tendrían que obtenerse con independencia de los ingresos públicos y respetando las reglas de la competencia y servirían para financiar programas con un caracter de servicio público menos marcado.

Salvemos RTVE, queda poco tiempo


Asisto con dolor a un nuevo asalto contra la televisión pública.

Vuelve José Antonio Sánchez, condenado por la vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical como máximo responsable de aquella TVE del Prestige, la huelga general, el Yak 42, las armas de destrucción masiva (aquel documental de Judit Miller emitido a toda prisa)… En una década su curriculum como gestor ha ganado brillo: ha despedido improcedentemente a prácticamente toda la plantilla de Telemadrid, pagado indemnizaciones a costa de los madrileños y externalizada la producción en favor de empresas amigas, él, trabajador en excedencia de Telefónica y colaborador del PP. No importa, algunos en el PP piensan que apretando los tornillos en TVE todavía se pueden ganar las elecciones ¿En que mundo viven? ¿No se han enterado todavía que la televisión ya no es omnipotente y que si lo fuera ellos ya se han encargado de reducirla a la irrelevancia?

Y Montoro anuncia que TVE ya no jugará en la liga de las privadas. Como he visto en algún tuit TVE tiene que jugar en la liga de la BBC (que no deja de tener también sus graves problemas). El asalto neoliberal es todavía más grave que el de la manipulación, aunque este justifica aquel. ¿En qué consiste el servicio público? ¿En lo que no resulta rentable para las privadas? Eso es lo que parece suguerir el ministro de Hacienda, que entre tanto mantiene el suspense de cómo evitará la quiebra de RTVE si es que sigue sin aflojar los 130 millones que le negó a González Echenique.

Orgullo porque una institución como el Consejo de Informativos, por la que tanto luchamos durante décadas, esté funcionando. El Consejo de Informativos no es un soviet, sino un órgano institucional de RTVE al que la ley confiere la defensa de la independencia profesional de los informadores y de la independencia editorial de TVE. Alejandro Caballero, su presidente, lo explica perfectamente en el vídeo que incrusto al final.

Pena por la escasa respuesta social. He abogado por el rescate ciudadano de RTVE, pero, pese a todo el esfuerzo de los trabajadores, no se ha logrado construir un movimiento, una “marea”, en favor de la radiotelevisión pública, en gran parte porque los nuevos movimientos sociales han nacido con una desconfianza genética hacia los medios de comunicación masivos (la hostilidad de los grupos multimedias oligopólicos viene de suyo).

Defiendo la rentabilidad económica y social de la radiotelevisión pública y su conversión en un servicio público multimedia, que ofrezca a todos contenidos gratuitos de calidad en todas las plataformas: un servicio público que mida su rentabilidad no por los beneficios o los índices de audiencia del prime time, sino por el servicio a los ciudadanos, medido por el alcance de sus contenidos y servicios en todas esas plataformas.

El Consejo de Informativos defendía ayer volver a un modelo de independencia informativa. La independencia se gana en el día a día, pero para ello es condición mínima contar con la independencia jurídica, esto es, volver, al menos a un Presidente que cuente con consenso parlamentario.

Creo que ese sistema debe revisarse, ampliando las entidades que puedan proponer candidatos a consejeros y presidente a organizaciones profesionales, sindicales y sociales y someter a los candidatos a un sistema de escrutinio riguroso para verificar sus méritos profesionales e independencia. Confiar la orientación estratégica y la supervisión al consejo de administración y a su presidente y entregar la gestión a un ejecutivo independiente elegido en concurso público. Y someter a referedum vinculante de los informadores el nombramiento del director de los Servicios Informativos.

Sí, la independencia es posible, el servicio público genuino esencial para la democracia también. Pero no sé si dentro de unos meses RTVE no será una ruina irrecuperable.

(En este blog he hablado mucho del servicio público de la radiotelevisión. Estas son las etiquetas para recuperar las entradas: servicio público, TVE, RTVE)

No a la fusión de La Dos y Teledeporte


Distintas informaciones periodísticas  (El Mundo / El País) aseguran que la Dirección de RTVE se dispone a fusionar La Dos y Teledeporte, en el marco de un supuesto “plan de eficiencia”, operación que en sincronía con el cierrre de canales de TDT para desalojar frecencias en favor de la telefonía 4G.

Fusionar ambas cadenas es más que un error, es un suicidio. Es mezclar agua y aceite, dos temáticas y dos audiencias incompatibles. En plena fragmentación de audiencias y en con la debacle de RTVE, La Dos resiste. Su audiencia está en torno al 2’7% (ayer 3’6) cuando TV1 ha caído por debajo del 10% (ayer 8’7%). Quiere decir que La Dos no se ha visto afectada ni por la falta de credibilidad (La Dos Noticias ayer 272.000 espectadores de media) ni por la pérdida de calidad de los programas. En cambio, Teledeporte no remonta (0’7% de cuota de audiencia en el último mes). Debe ser que a los españoles no les interesa más que los deportes tribales mayoritarios.

Los tiempos en los que La Una y La Dos se complementaban han pasado. Entonces, TVE podía competir con dos cadenas con A3 y T5 (con una sola cadena cada una) y rentabilizar derechos deportivos adquiridos por la UER. Ahora, los competidores tienen varios canales administrados con una pauta publicitaria única y buscando “targets” específicos y RTVE no está en condiciones de comprar derechos deportivos que atraigan audiencias masivas.

La Dos + Teledeporte es menos que una cadena. Lógicamente, los deportes minoritarios que nutren TDP tendrían que tener sus espacios propios en la cadena, en detrimento de los programas culturales, informativos y cinematográficos que nutren ahora La Dos. La Dos es la única opción para una audiencia exigente en todo el panorama televisivo español. Las llamadas “temáticas”, salvo la presencia de series norteamericanas de culto, no son sino de reempaquetados de programas para “targets” publicitarios.

He escrito y mantengo que el deporte minoritario de TDP es más servicio público que la Champions. Para ello sería suficiente un canal en streaming, como parece que se planea. Si el acontecimiento deportivo lo merece, su lugar es La Una.

Es hora de que RTVE saque todo el partido a sus medios interactivos y establezca mayores sinergias entre canales analógicos e interactivos.

Pluralismo político y social en la radiotelevisión pública alemana


Tribunal Constitucional Alemania

Tribunal Constitucional de la República Federal de Alemania

 

La televisión pública no puede ser una televisión estatal

Sobre el papel Alemania es el país europeo en el que mejor se garantiza el pluralismo social en los órganos de gobierno y gestión de la readiotelevisión pública.

Las leyes de los estados federados (para los organismos regionales) y el tratado interestatal (para la ZDF) instituyen un Consejo de Radiodifusión, supervisor de los contenidos, que elige un Consejo Administrativo, supervisor de las finanzas y que es quien nombra al Intendente, el ejecutivo de estos organismos. En el Consejo de Radiodifusión están representadas relevantes organizaciones sociales, como sindicatos, patronales, iglesias, agricultores, aosciaciones de artistas, consumidores, emigrantes, grupos culturales o deportivos.

Este pluralismo social queda, sin embargo, desnaturalizado, pues a través de los llamados “círculos de amigos” los partidos vienen en la práctica a contr0lar el nombramiento de estos representantes de la sociedad. Además, los partidos tienen su representación propia. Así, por ejemplo, el Consejo de Radiodifusión de la ZDF (la segunda cadena pública creada por un acuerdo entre los landers) está formado por 77 consejeros, 16 nombrados por los landers, 12 por los partidos políticos y los otros restantes propuestos por organizaciones sociales, pero afines a los partidos o incluso, en algunos casos, políticos que ya no están activos en sus partidos. Además. los representantes nombrados por los landers tienen en determinados asuntos voto de cualidad.

De este modo, el pluralismo social garantizado jurídicamente se convierte en la práctica en una manifestación más de la partitocracia.

En una reciente sentencia (25 de marzo de 2014) el Tribunal Constitucional ordena modificar el tratado interestatal para reforzar el pluralismo social de la ZDF.

El caso parte de un sonado caso de interferencia política, el caso Brender. Nicolaus Brender, redactor jefe de los informativos de la ZDF, fue cesado por el Consejo Administrativo, después de denunciar que el Consejo de Radiofusión había sido copado por la CDU. Los gobiernos regionales de Hamburgo y Renania, en manos de los socialdemócratas, llevaron el caso a la Corte de Karlsruhe.

El Tribunal falla que la televisión pública no puede ser un organismo estatal ni de partido. El art. 5 de la Ley Fundamental exige que las radiotelevisiones públicas estén organizadas de modo que se garantice en sus emisiones el máximo grando de diversidad de las opiniones. Los jueces consideran que no es necesario separar una esfera política de una esfera social, pero sí limitar el peso de esa esfera política. El tratato interestal tendrá que ser modificado antes del 14 de mayo de 2015 para cumplir los siguientes requisitos:

– El número de representantes del Estado o próximos al Estado no puede superar un tercio en ambos órganos supervisores. En este momento, en la ZDF alcanzaba el 44%.

– Entre los representantes del Estado deben estar representantas distintas perspectivas (federal/regional, políticas, de género).

– Los representantes de la sociedad deben ser elegidos sin interferencia política, tomando en cuenta no sólo las corrientes mayoritarias, sino también tomando en cuenta a los pequeños grupos y a nuevas perspectivas. El nuevo tratado debe reforzar las reglas de incompatibilidad para reforzar la independencia de los representante sociales.

– La independencia de todos los miembros en el ejercicio de sus funciones exige que no puedan recibir instrucciones ni puedan ser cesados sino por causas graves.

– La gestión de los órganos supervisores debe ser transparente y deben hacer llegar al público información sobre su trabajo y deliberaciones.

Fuentes

Sentencia (en alemán)

Nota de prensa (inglés)

UER

El Mundo

El País

RTVE

 

 

Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.

Únete a otros 1.422 seguidores

A %d blogueros les gusta esto: