Participación popular en la gestión del interés público


El escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid (jurídicamente apropación indebida y fraude fiscal ¿cuántas empresas privadas pueden estar usando este sistema para que sus directivos cobren en negro?) revela la corrupción de un sistema de participación en la gestión de empresas públicas.

Los Blesa, Rato, Fernández, Benito… políticos, empresarios, sindicalistas, no sólo han  contribuido al expolio de Caja Madrid-Bankia, también han infringido un grave daño a los sistemas de participación popular en la gestión y control de empresas, organismos públicos y autoridades independientes. No es sólo que tuvieran unos ingresos desmesurados y opacos a Hacienda, es que estaban allí de simples palmeros, con total dejación de una gestión y control para las que carecían de competencia y experiencia.

Lo que sigue es una reflexión desesperanzada sobre los modos de gestionar el interés público mediante la participación social.

En el mundo latino tradicionalmente se ha considerado que la gestión del interés público debe quedar en manos de un gobierno, que obiene su legitimidad de la elección popular. Esa es la única fuente de poder, que se transmite jeráquicamente a través de una burocracia que estructura la sociedad. El contrapeso a ese poder omnímodo es un sistema de funcionarios profesionales con un estatus jurídico de independencia. Es este sistema funcionarial el que da continuidad a la administración y garantiza derechos y prestaciones frente a la veleidades políticas. Es la alternativa al “spoil system” característico de la política norteamericana del s. XIX: el que gana las elecciones se lleva el “paquete completo” y cambia hasta el último funcionario.

El sistema funcionarial de gestionar el interés público es acusado de crear una casta corporativa, más pendiente de sus interereses que de las necesidades del público. Es discutible que el estatuto de independencia jurídica tenga que extenderse a los trabajadores públicos. Personalmente creo que debe limitarse a aquellos que toman decisiones sobre derechos de los ciudadanos, mientras que el resto de servidores públicos podrían estar dotados de un régimen laboral, pero que garantizara, al igual que el clásico funcionarial su estabilidad y su selección y promoción por mérito y capacidad, pero con una gestión más flexible.

En cualquier caso, una garantía básica de buena gestión del interés público son administraciones y servicios públicos profesionales. En nuestro país (y en otros) los políticos se han inventado un sistema para neutralizar las limitaciones a su poder, los asesores, que duplican órganos y funciones, a cargo de personajes paniaguados. Los asesores son un  cáncer que corroe las administraciones.

Un caso especial es la administración de justicia, servicio público y poder del estado al mismo tiempo. La independencia de los jueces es la mejor garantía de los derechos de los ciudadanos. Pero dada por supuesta la independencia individual de los jueces queda la cuestión de sus órganos de gobierno. En España se seguió la solución italiana de un consejo general que ha oscilado entre la selección corporativa y política de sus miembros, con las nefastas consecuencias conocidas de politización de los tribunales superiores. ¿Hubiera dado un mejor resultado un gobierno absolutamente corporativo? Lo dudo. De lo que no tengo duda es que el sistema norteamericano de elegir por voto popular determinados cargos judiciales, fiscales o policiales no conduce sino a la instrumentalización de la justicia por parte de poderosos intereses capaces de organizar campañas. Es, en definitiva, convertir a los jueces en políticos.

¿Cabría una participación popular en la elección de los órganos de gobierno de la justicia? Es esta una cuestión que afecta no sólo a la justicia sino en general a todos los servicios públicos y empresas públicas. La voz de una sociedad diversa tiene que estar de alguna manera presente en la gestión y control de los servicios públicos, justamente para completar la interpretación que los políticos electos y los funcionarios y trabajadores públicos puedan hacer de ese interés público. De manera bastante tímida en España se ha avanzado en un sistema de consejos sectoriales (por ejemplo, el Consejo Escolar del Estado) con competencias simplemente consultivas y en el que están presentes los sectores relacionados con el servicio público. Son una mínima manfiestación de una democracia participativa, complementaria de la representativa.

Se plantea en estos órganos de participación cúal ha de ser el alcance de sus competencias (gestión, control, asesoramiento) y el modo de su elección. En cuanto a las competencias, creo que es posible la participación popular en el control y el asesoramiento, pero que la gestión debe ser siempre profesional e independiente, aunque orientada estratégicamente por algún órgano en el que se manifieste el pluralismo social.

¿Cómo hacer presente esa diversidad de la sociedad en los órganos de gestión, control y asesoramiento?.  Ahora, en la época de las primarias, muchos son los que defienden la elección popular para estos representantes y en general para todos los cargos públicos. No creo que sea una solución factible. Primero, porque no se trata de mandatos generales como los que confíamos a los políticos, después porque es necesario acreditar competencia para muchos de estos cargos y finalmente porque sin una sociedad organizada en estas votaciones sólo participarían grupos muy comprometidos y por tanto organizados…. lo que nos lleva a las soluciones que hasta ahora se han aplicado.

Hasta ahora las formas de escoger a estos representantes populares en los órganos de gestión, control y asesoramiento de servicios públicos y empresas públicas han pasado casi siempre por el parlamento. Mayoría simple parlamentaria, lo que lleva al dominio gubernamental del servicio. Mayoría cualificada parlamentaria, lo que lleva a un sistema de reparto por cuotas entre los dos grandes partidos (Consejo del Poder Judicial, Tribunal Constitucional; en Italia, antes la “lottizzazione” de la RAI, donde los partidos se repartían cadenas y telediarios). Propuestas de organizaciones sociales (profesionales, sindicales, empresariales) y elección parlamentaria, con resultados parecidos a las cuotas, pero además creando una pasarela para que partidos y organizaciones coloquen a sus elefantes en puestos muy rentables y propiciando un control capilar de las organizaciones por parte de los partidos. Esto es lo que ha ocurrido en el caso de la televisión pública alemana (veáse reciente sentencia del Tribunal Constitucional).

Otro caso es el de las llamadas autoridades independientes, nacidas en Estados Unidos y asumidas por el derecho comunitario europeo. Se trata de organismos reguladores de un determinado sector, con poder por tanto no sólo de control sino también normativo (una de las potestades típicas del Estado) que se confía a profesionales supuestamente independientes, que van a regular conforme a unos principios que se supone que son el consenso (académico, del sector, político) sobre lo que significa el interés público en tal sector. El caso extremo son los bancos centrales a los que los gobiernos han entregado un instrumento esencial de la política económica como es la política monetaria. Dos graves problemas: ese consenso regulador está más forjado por los agentes del sector que por la búsqueda del interés público y, evidente, la “puerta giratoria”, profesionales y gestores que hoy dirigen empresas y mañana las regulan o viceversa. ¿Ante quién responden estos reguladores “independientes”? No hay respuesta.

Decía al principio que esta es una reflexión desesperanzada, porque no veo en el panorama ninguna solución clara que garantice la participación popular en empresas, servicios públicos y organismo reguladores.

Hay experiencias que son válidas, pero al interno de las organizaciones. Órganos de control profesional elegidos por y entre los profesionales en candidaturas unipersonales. Que duda cabe que partidos y sindicatos tendrán influencia en esas elecciones, pero lo que puede pesar decisivamente es el propio perfil profesional, siempre que esas candidaturas unipersonales no hayan de ser avaladas por estas organizaciones. Un ejemplo podrían ser los consejos de informativos establecidos en RTVE por la Ley 17/2006. Este tipo de órganos podría extenderse prácticamente a todos los servicios públicos. Y cuando los usuarios o beneficiarios de ese servicio público son estables y están en un marco en el que pueden interaccionar también ellos pueden sumarse a estos órganos mediante votación de la comunidad de usuarios (como por ejemplo ocurre en los consejos escolares de los centros de enseñanza pública).

Para lograr una participación popular eficaz hacen falta cambios de mayor calado. Uno, el cambio de la cultura política, para que los políticos comprendan que por muy importante que sea su legitimidad no es la única ni su poder absoluto, que no pueden ocupar todo el espacio público y manipular los servicios públicos. Este cambio no digo que ya se esté produciendo, pero el shock en el que viven los partidos mayoritarios lo favorece.

Más a largo plazo todavía es imprescindible el reforzamiento de la organización de la sociedad. Una sociedad puede mostrar su diversidad si está estructurada mediante una miríada de organizaciones intermedias. En España el individualismo y la falta de compromiso social sigue pesando demasiado. La interacción virtual puede favorecer la autorganización, pero nunca suplantarla. El activismo virtual es descomprometido, líquido, discontinuo… Partidos fuertes, sindicatos, organizaciones empresariales fuertes, pero también organizaciones de base en todas las manifestaciones de la vida actual. Con organizaciones fuertes, bien implantadas en la base, independientes, entiendo que el sistema ideal de participación popular sería la propuesta por parte de estas organizaciones de representantes en los órgananos de los servicios públicos, nombrados por mayoría parlamentaria muy cualificada.

Dejo de soñar. Hoy, con la mayoría absoluta del PP el Congreso de los Diputados elige a José Antonio Sánchez presidente de la Corporación RTVE.

Felicitación de Navidad


Gervasio Sánchez – Sokheurm Man, víctima de una mina, junto a su mujer Nin Lin y su hijo Enero. Siem Reap (Camboya), mayo de 2007

Aquí está, inexorable, la Navidad. Y con ella las felicitaciones.

Las felicitaciones navideñas han ido cambiando con la sociedad.  Los motivos tradicionales eran variaciones sobre el portal de Belén o sobre la navidad nórdica, árbol, luces y Santa Klaus. Pocas tarjetas en papel nos llegan ya, pero nuestro buzón virtual se llena de deseos de felicidad. ¡Es tan fácil dar al botón enviar o compartir! Me llegan con diversa iconografía: adaptaciones de la tradicional, a menudo en clave de humor; reivindicativa, con lemas de los movimientos sociales; autofotos de los protagonistas con su familia; y, cada vez más, fotos de los hijos o de los nietos.

Los niños son los mejores iconos de la Navidad. Son la esperanza de la vida nueva y símbolo de la inocencia, de una forma de ver el mundo todavía no sesgada por prejuicios e intereses. Por eso he escogido esta foto de Gervasio Sánchez. Una pareja camboyana, víctima de la minas, que acogen esa nueva vida, que lo tendrá bastante más difícil que nuestros hijos y nietos.

Muchas felicitaciones hacen un pequeño balance del año que termina y hacen votos de prosperidad para el siguiente. Para mi el 2013 ha sido el año en que los retrocesos de la Gran Involución se han consolidado. España se ha empobrecido y es más desigual e injusta; hemos tirado por la borda el patrimonio democrático y social de los últimos 35 años; hemos negado el futuro a los jóvenes. Y los movimientos sociales dan muestras de cansancio y su protesta ya ha sido amortizada p0r el sistema, que se blinda con más leyes represivas.

La lotería de Navidad es ahora una metáfora de lo que podemos esperar: el premio de salvarnos de un ERE, de renovar un empleo o una beca precaria. Así que, en este felicitación recupero “Esperando al Gordo” de Català-Roca”, para recordar de donde venimos y a donde parece que regresamos.

Català-Roca – Esperando el Gordo

Para que no todo sea negativo, algunos signos de esperanza en el año que se va. La valentía de Snowden denunciando el espionaje masivo. Un nuevo papa que pone en la agenda a los deseheredados. Que la diplomacia haya regresado al tablero de Oriente Próximo.

Previsiones no me atrevo a realizar, pero las elecciones europeas, que podrían ser signo de mayor democracia, amenazan con el nubarrón de una cámara bloqueada por partidos y diputados xenófobos. Siria, entre tanto, parece que se encamina hacia la paz de los cementerios. En homenaje a los sirios y a todos los que viven en conflictos armados -por cierto que el de Sudán del Sur cada vez apunta más a una catástrofe-os dejo la foto que cierra esta entrada, tomada en Alepo.

A todos, felices fiestas y un 2014 más próspero y justo.

Escraches


¿Es legítimo llevar la resistencia al espacio privado? ¿No pueden enajenar los escraches buena parte del apoyo social logrado por la PAH?

Escraches, ese término al parecer venido del lunfardo bonaerense ha llegado a España para quedarse. No es uno de los  temas de este blog (periodismo e información internacional) pero el fenómeno es tan significativo de la crisis de nuestra sociedad que no me resisto a presentaros esta pequeña reflexión.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAF) es el movimiento de resistencia más importante nacido en España y me atreverá a decir que en los países víctimas de la Gran Involución. A diferencia del 15-M y demás indignados, la PAH tiene una causa concreta, una organización de base con líderes visibles y una estrategia de lucha. Han conseguido que la hipoteca y los desahucios aparezcan en el primer plano de la agenda política y han logrado un casi unanime apoyo social y, a remolque, la reacción de los partidos.

Después del enorme éxito de su iniciativa legislativa, que ha reunidio más de 1.400.000 firmas, sus propuestas corren el riesgo de ser guillotinadas en el Congreso por la mayoría absoluta del PP. La respuesta de la PAH ha sido poner en marchar la campaña de señalamiento de políticos del Partido Popular.

¿Son legítimos y eficaces los escraches?

Desde un punto de vista moral, no seré yo quien juzgue las acciones de resistencia de aquellos que, además de perder su hogar, arrastran una deuda de por vida que supone una sentencia de muerte civil. Cabe, en cambio, el juicio sobre la legitimidad de esta acción colectiva en un estado de derecho.

El derecho a la resistencia es -decían los clásicos de la Revolución francesa- el útimo de los derechos, garantía extrema de todos los demás. Es legítima toda resistencia pacífica y aún diría violenta cuando se oponga resistencia a una conducta de vulneración absoluta de los derechos fundamentales. En este punto habría que responder a dos cuestiones. ¿Son los escraches acciones violentas? ¿El trato dado a estas personas afectadas por las hipotecas supone una vulneración absoluta de sus derechos fundamentales?

Nuestra legislación hipotecaria estaba desequilibrada en favor del acreedor. Aprovechando esta posición jurídica y económica dominante los bancos han abusado de quien necesitaba una casa. El desplome inmobiliario ha hecho que la aplicación de la Ley Hipotecaria,  pensada para una situación con precios estables o al alza, se haya convertido en una vulneración de los derechos fundamentales. Pero ni esta vulneración ha sido absoluta, ni los mecanismos del Estado de Derecho (Tribunal de Luxemburgo, acciones de los jueces), han dejado de funcionar, aunque lo han hecho tarde para miles de familias. Desde este punto de vista, una reacción violenta no sería legítima.

Pero es que los escraches no son una acción de resistencia violenta. No se han producido agresiones ni siquiera insultos. Desde luego, nada tienen que ver con las coacciones nazis, como los dirigentes populares repiten para criminalizar el movimiento. Pero se ha dado un paso que juzgo peligroso: llevar las protestas del ámbito público al privada.

Lo que en cualquier responsable político debe soportar en el ámbito público no está tan claro que deba admitirlo en el privado. ¿Es ámbito privado las proximidades del domicilio? Discutible, pero indudable que el “señalamiento” indica no ya al político, sino al conjunto de su familia. De alguna manera, más allá de la eficacia de esta acciones, de hecho, se busque así o no, entramos en la peligrosa filosofía de “socializar el sufrimiento”.

No es lo mismo escrachar a un torturador impune (así nacieron los escraches en Argentina y se han globalizado), que a la vicepresidenta del gobierno, o al alcalde de un pequeño pueblo, que no tiene capacidad de influir sobre la política general de su partido. La LPH  debiera reflexionar desde un punto de vista ético sobre los personajes a señalar y, en general, sobre la eficacia de estas acciones.

Los escraches van a mantener la causa de la LPH en el primer plano mediático, hasta que se conviertan en rutina. Y pueden enajenar el apoyo social casi unánime que hasta ahora ha tenido la causa de los hipotecados, con el riesgo de una mayor polarización social.

La ruptura del pacto social

La argentina Paula Maroni, niña robada por los verdugos de su madre, daba el otro día en el El País la clave para entender los escraches: “cuando una sociedad busca medidas alternativas es porque hay un contrato social que se ha roto”.

Muchos se han preguntado cómo es posible que no se haya producido una explosión social. Parece que los tiempos de la toma de la Bastilla o el Palacio de Invierno han pasado. En lugar de la explosión radical y absoluta vivimos un proceso de implosión social (destrucción del tejido social, empobrecimeinto, desafección) y de explosiones parciales. Los escraches son una de estas explosiones parciales, más sana, por cierto, que la respuesta italiana en la que un cómico resentido está haciendo posible el regreso al poder del delincuente Berlusconi.

El gran reto de nuestros días es restañar el pacto social. No se ven en lontananza líderes a la altura de la tarea.

PS.- Añado el enlace a “El escrache como derecho fundamental”,  la documentada opinión de Carlos H. Preciado, magistrado del Tribunal Superior de Cataluña, con la que estoy plenamente de acuerdo. El escrache es una manifestación del derrecho fundamental de reunión, que mientras se ejerza sion violencia ni insultos, no vulnera ni la libertad de voto del diputado ni su derecho a la intimidad. No obstante, creo que cierto estigma sobre la familia, sobre todo sobre los hijos, no debe ser subestimado.

El valor económico y editorial de la radiotelevisión pública


Los servicios públicos multimedia ofrecen un valor económico y editorial que realzan su misión.

Las radiotelevisiones públicas europeas proveen contenido audiovisuales y mutimedia en competencia con operadores privados. Esta competencia (y la influencia que conlleva sobre la programación) debilita las misiones del servicio público (servicio al pluralismo y la diversidad, cohesión social, preservación de la cultura etc.). Cuando en España se procede a la destrucción de la radioteleviones autónomicas y RTVE, como otros servicios del sur y este de Europa, son objeto de injerencias gubernamentales, recojo aquí un conjunto de informaciones de las últimas semanas que aportan ejemplos (en positivo y negativo) de ese valor económico y editorial.

EL VALOR ECONÓMICO

En toda Europa los servicios públicos de radio y televisión son un actor de primera magnitud en la economía del conocimiento. No sólo por su propia dimensión empresarial sino como dinamizadores del sector creativo.

La BBC valora cada dos años su impacto ecónomico (PDF). La Corporación gasta los 4,3 millones de libras que recibe vía licencia y genera de esa forma un incremento del Producto Interior Bruto de 8,3 millones; esto es, por cada libra gastada se multiplica el PIB en casi por dos (factor multiplicador).

Este efecto cuantitativo es más fácil de medir que los efectos cualitativos. Los redactores del informe consideran que la BBC indluye positivamente sobre la economía británica mejorando el potencial productivo (estableciendo estándares, con formación de alta calidad), estimulando la demanda, fomentando las exportaciones y equilibrando el crecimiento sectorialmente y geográficamente.

Fuente: The economic value of the BBC: 2011/2012

Fuente: The economic value of the BBC: 2011/2012

En España, la mayor parte de esas funciones económicas las desarrolló históricamente RTVE y las autonómicas debieron de ejercer una función de reequilibrio geográfico. Desgraciadamente, han sido objeto de un expolio, que hará muy difícil su reconstrucción. Pero algún economista debiera de medir el decrecimiento del PIB regional que supondrá la desaparición de estos organismos. En cuanto a RTVE, tendría que recuperar su función de promoción tecnológica, impulso al cine y a la cultura, producciones propias de calidad. Con los recortes presupuestarios es difícil, pero posible con una reestructuración empresarial orientada en este sentido.

Y como no hay mal que por bien no venga, el gobierno portugués de Pasos Cohello no ha tenido más remedio que suspender la privatización de la RTP, porque “la situación de los mercados no es favorable”. Pretenden despedir a 600 trabajadores de 2600, pero siempre será mejor que la desaparición del medio público.

 

EL VALOR EDITORIAL

Hace unas semanas la Unión Europea de Radiodifusión (UER-EBU), la organización que agrupa a los operadores públicos europeos, aprobó una declaración de principios editoriales, que todos sus miembros dicen compartir:

  • Universalidad
  • Independencia
  • Excelencia
  • Diversidad
  • Rendición de cuentas
  • Innovación

Ciertamente, la cosa puede quedarse en los grandes principios, pero la propia UER remite a los códigos editoriales de sus miembros. Hay una gran diversidad en estos códigos: de la declaración de principios a los códigos éticos e instituciones de autocontrol. Pero en cualquier caso suponen compromisos públicos, cuyo cumplimiento puede ser evaluado.

La independencia no depende sólo de las instituciones, sino de la propia cultura democrática del país. Así, Italia y España han tenido el dudoso honor de recibir una mención de censura junto con Serbia, Hungría, Rumanía y Ucrania en la resolución 1920 (2013) de la Asamblea del Consejo de Europa:

” 19. A pesar de la proliferación de medios digitales, las radiotelevisiones públicas siguen siendo la principal fuente de información en Europa. La Asamblea recibe con preocupación los recientes informes sobre presiones políticas en las rtv públicas de Hungría, Italia, Rumanía, Serbia, España y Ucrania, e invita a la Unión de rtv públicas europeas (EBU) a cooperar con el Consejo de Europa en este sentido. Recuerda a los Estados miembros la Resolución 1636 (2008), párrafos 8.20 y 8.21 sobre los indicadores de los medios de comunicación en democracia: las radiotelevisiones públicas deben proteger contra interferencias políticas en su quehacer diario y su trabajo editorial, se deben rechazar posiciones que claramente son de tendencia a una afiliación política, las radiotelevisiones públicas deben contar con códigos de conducta para el trabajo de los periodistas y la independencia editorial“.

Una vez que los medios españoles se han hecho eco de la resolución, RTVE ha respondido con una nota de prensa en la que alega que su actuación está sometida a esos códigos de conducta, aludidos por el Consejo de Europa. No le falta razón, pero esa es sólo una parte de la realidad, pues como bien recuerda el Consejo de Informativos de TVE, tales injerencias han sido denunciadas por este órgano profesional, sin que se hayan tomado medidas para evitar estos atentados contra la independencia profesional.

Las recientes elecciones a los consejos de informativos de RTVE se ha desarrollado con más alta partipación, a pesar de los intentos de la Dirección de hinchar el censo para desligitimar el proceso con una menor participación. Es un buen síntoma, porque indica que los profesionales de la radiotelevisión pública se toman en serio este órgano de garantía de la independencia.

En definitiva, atentados a la independencia “haberlo, haylos”, pero también existen principios para contrastarlos y en el caso de RTVE instituciones para denunciarlos.

¿Cómo se garantiza la independencia profesional en las radios y televisiones privadas?

Navidades con dignidad


Hay dos iconografías populares de la Navidad que me trasladan un mensaje de dignidad.

Una es la quintaesencia de la Navidad, el portal de Belén. Unos padres cuidan de su hijo recién nacido en el margen de la sociedad, en condiciones míseras, pero con amor (por cierto ¿no tendrá Razintger cosas más serias de que ocuparse que del buey la mula?).

La otra es la de la lotería, donde siempre el gordo “está muy repartido” entre los más pobres, que lo usan para “tapar agujeros”. Claro, los millonarios no bajan a la administración a descorchar el cava, ni, tampoco, desde luego, los Fabra a los que les toca todos los años.

Hoy, cuando se destruyen las redes de solidaridad, cuando el estado social quiere convertirse en negocio con un residuo de beneficencia, cuando se desmontan las instituciones de conocimiento, cuando se produce una masiva transferencia de recursos de las clases populares y medias hacia los más ricos, cuando el estado de derecho avanza hacia un estado de excepción, la dignidad la encarnan los que resisten:

- Los que resisten al expolio de las hipotecas y las preferentes;

- Las mareas blancas, verdes, amarillas que luchan por el mantenimiento de los servicios públicos;

- Los que luchan por una democracia real, ya;

- Los que se quedan sin trabajo para hacer nuestra economía más “competitiva”;

- Los trabajadores de los ERES de Telemadrid y la radiotelevisión valenciana, víctimas de la limpieza ideológica;

- Los que buscan fuera las oportunidades que aquí se les niegan:

- Los voluntarios del Gallinero que luchan por la dignidad de los gitanos rumano;

- Los médicos que hacen objección para atender a los emigrantes.

Y tantos otros que, aunque saben que posiblemente pierdan su batalla porque el enemigo es poderoso, resisten por dignidad.

A todos, Navidad con dignidad.

Os dejo este villancico con Camarón, que me parece refleja bien ese espíritu de dignidad de la Navidad tradicional.

 

 

 

 

 

Los diputados ante la Ley de Transparencia y Acceso a la Información


El acceso a la información es un derecho fundamental, pero el proyecto de ley de Ley de Transparencia del PP sigue anclado en la idea de entreabrir la puerta a una información, ignorando que la información pública es patrimonio de todos

El proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno se encuentra ya en periodo de presentación de enmiendas. La Coalición Pro Acceso aprovechó el Día Internacional del Derecho a Saber para debatir con los representantes de los grupos parlamentarios el texto del proyecto.

Moderado por Borja Bergareche, corresponsal de ABC en Londres, el acto reunió a Victoria Anderica de la Coalición, Maritxell Batet (PSOE), Irene Lozano (UPyD) y Joan Josep Nuet (Izquierda Plural). Excusaron su ausencia por razones de agenda los representantes de CiU y PP. Sin poner en duda estos motivos, es una constante en este tipo de debates que los representantes del PP estén ausentes. Es coherente con su política de comunicación de debatir lo menos posible en nombre del sentido común.

Los diputados están más necesitados que nunca del retorno informativo de la sociedad. En este caso la audiencia era de expertos, con la presencia de algunos alumnos. Y es que no parece que una ley tan decisiva como ésta levante grandes pasiones.

Resumo las grandes cuestiones del debate (#AccesoInformación)

Una ley cicatera que no cumple los estándares internacionales

El proyecto no cumple con los 10 principios en los que la Coalición Pro Acceso ha sintetizada la legislación comparada de 80 países: no es un derecho fundamental, se excluyen borradores, se impone el silencio negativo (Anderica); es cicatera, desconfía de los ciudadanos y antigua (Nuet), pensada más de los parámetros de la comunicación vertical que horizontal. Si no se modifica el proyecto no habrá cambio de cultura política (Nuet), un cambio que exigiría que los funcionarios aceptaran que la información es de los ciudadanos (Batet).

Para Nuet excluir a la Casa Real convertirá a la ley en “una fábrica de republicanos”.

El parto de los montes

El gobierno anunció a bombo y platillo el proyecto y abrió un plazo de sugerencias en Internet, que no ha se han tenido en cuenta. Al final  se ha parido un ratón (Nuet). Añadiría por mi parte que al proyecto le sobra toda la parte de “buen gobierno”, en realidad disposiciones para reforzar el control de la austeridad, que nada pinta aquí y es el aspecto en que parece volcado el PP. Los tres diputados creen que, con todo, en el debate el texto podría mejorarse.

El acceso, un derecho fundamental a la información

La opinión dominante en el debate fue la de considerar el acceso como un derecho fundamental. A Batet le tocó el difícil papel de defender la posición contraria, puesto que el PSOE presentó en la anterior legislatura un proyeco que incidía en el mismo error. Sostuvo que tan legítimo era fundamentar este derecho en el art. 20, como en el 105 b) y alegó que lo diferencial con otros países es que la Constitución ya regulaba específicamente el acceso y no lo hacía como un derecho fundamental.

Por supuesto si se reconociera como un derecho fundamental tendría las garantías constitucionales de su exigilibidad directa mediante el recurso de amparo y debiera ser regulado por ley orgánica. Pero lo más trascendente es la cultura política que subyace: no es sólo que la administración tenga que ser transparente, es que la información es de todos.

Aporto mi argumento. El titular del derecho a la libertad de información son todos los ciudanos, y aunque en la formulación en el art. 20 1 d) CE se mencionan las facultades de difundir y recibir, en el difundir está implícito el investigar y por si cupiera duda puedeacudirse al valor interpretativo del art. 19 de la Declaración Universal de 1948, que explícitamente incluye la facultad de investigar como derecho humano. El art. 105 lo que viene a hacer es regular un aspecto de las relaciones del administrado con la administración. El acceso es un derecho fundamental y la información pública debe ser accesible a todos.

Silencio administrativo

El proyecto (art. 17.4) consagra el silencio administrativo negativo, esto es, si la administración no responde en el plazo establecido se entiende que la petición ha sido denegada. A Batet le correspondió defender que el silencia administrativo positivo es irrealizable, pues en otro caso un juez obligaría a entregar la información, sin tener la capacidad de juzgar si realmente era información accesible no sujeta a alguna de las limitaciones de la ley.

La cuestión es que cambie la mentalidad de la administración y los funcionarios y no se produzca un peloteo entre órganos que finalmente de lugar al silencio y obligue al ciudadano a acudir a los tribunales.

Colisión con la protección de datos

El profesor Dader propuso una revisión en paralelo de la Ley de Protección de Datos, de modo que, por ejemplo, la información pública recuperada de las hemerotecas no pueda ser impedida alegando que se trata de datos personales.

En los previsibles conflictos entre el derecho a la protección de los datos personales y el derecho de acceder a la información prevalecerá el primero si no se da carácter de derecho fundamental al acceso a la información.

Infraestructuras y costes

El proyecto prevé un portal  (ar. 8) de la transparencia desde el que básicamente se accedería a información económica, presupuestaria y estadística de las administraciones. Pero el público puede pedir informaciones que no se encuentren en estas grandes bases de datos. No hay ni una sola previsión para crear mecanismos de acceso electrónico generalizado. La ley carece de memoria económica y el acceso no es gratis. A título de ejemplo, la BBC ha gastado más de 3 millones de libras desde 2005 en facilitar información solicitada por el público desde que entró en vigor la ley británica. No hay que ser muy mal pensado para imaginar al gobierno diciendo que no tiene dinero para estos “líos”. Lozano y Nuet insistieron en que la falta de transparencia tiene finalemente un mayor coste económico.

Autoridad independiente

El proyecto crea un Agencia Estatal de transparencia, un órgano administrativo al qu hay que recurrir antes de acudir al contencioso administrativo. La agencia es un órgano del Ministerio de Hacienda y carece de independencia.

Y en este punto se entró en el debate sobre las autoridades independientes, la manipulación partidista de los órganos constucionales… Otro debate en el que subyace la crisis constitucional que, día a día, se hace más visible.

(Sobre el derecho de acceso o derecho a saber este post antiguo)

La segunda Restauración


Regreso a este espacio (a veces las exigencias de la vida real dejan anuladas las actividades de la vida virtual) con una reflexión en paralelo entre la primera Restauración (1874-1923) y el régimen democrático nacido con la Constitución de 1978 que,  a efectos retóricos, llamaré la segunda Restauración.

La idea es que nuestro régimen democrático sufre en estos momentos una sacudida semejante a la que supuso el Desastre del 98 para la primera Restauración.

La primera Restauración vino a poner fin al periodo convulso (1868-1874) en el que se ensayaron varios regímenes democráticos (la monarquía democrática de Amadeo, la república unitaria y la república federal). Se instaura una monarquía limitadan en la que la soberanía reside en el Rey con las Cortes. El monarca retiene funciones ejecutivas, entre ellas la decisiva de disolver las Cortes. La Constitución de 1876 incluye un elenco de derechos, en buena medida recuperados del periodo revolucionario, pero cuya eficacia queda condicionada al desarrollo legal, siempre limitador. El sufragio es censitario, es decir, los electores no son los ciudadanos sino los propietarios.

La esencia del régimen político de la primera Restauración era el turno de partidos y el caciquismo. Las élites se turnan en el poder: conservadores, representantes de los propietarios agrarios y del catolicismo tradicional, y liberales, representantes de las élites industriales y financieras y del libre pensamiento. El poder real se ejerce a través de una red clientelar cuyas terminaciones últimas son los caciques locales. El ministro de Gobernación realiza el “encasillado” estableciendo el reparto de escaños antes de los comicios.

El sistema funcionó hasta la pérdidad de las colonias en 1898. Entonces el país se preguntó sobre su propia identidad (los noventayochistas), pero sobre todo aparecieron las grandes cuestiones: la obrera, la regional, la militar, la religiosa. Los partidos del turno se fraccionaron, las reivindicaciones obreras fueron reprimidas violentamente, el ejército se convirtió en una fuerza desestabilizadora y no se encuentró el modo de encajar constitucionalmente las exigencias de autonomía de la burguesía catalana.

En definitiva, a partir del 98 entra en crisis la legitimidad del régimen, que sobrevirá hasta el golpe de Primo de Rivera, pero en medio del desafecto de las clases populares y de buena parte de las élites.

El régimen de 1978 es también una restauración en la medida en que reinstala la monarquía, pero se asienta en una legitimidad democrática concretada en el estado social y democrático de derecho. Junto a la monarquía, ahora meramente representativa, se introducen en la Constitución concesiones hacia los poderes fácticos, pero el balance es una democracia moderna y avanzada, comparable, al menos jurídicamente, con cualquier otra europea. En este sentido, denominar a este régimen segunda Restauración no deja  de ser injusto, pues pone en primer término y como elemento central la monarquía y sugiere una comparación con el régimen de democracia limitada de 1876, pero, en fin, seguiré usando aquí el término como digo a efectos retóricos.

El mayor paralelismo entre las dos restauraciones reside en el sistema de partidos. En la segunda el turnismo se ha convertido en bipartidismo. Las elecciones son libres y no se pautan desde un despacho ministerial, pero el sistema electoral, los medios de comunicación y el deseo de estabilidad del electorado nos han conducido a una situación en la que los dos grandes partidos no sólo dominan la administración, sino que quieren hacer valer sus políticas partidistas en todas las instituciones democráticas cuya independencia subvierten. Y por si fuera poco el caciquismo, siempre latente, se ha revitalizado en las redes clientelares de las autonomías.

La crisis ha roto uno de los pilares de la legitimidad: el estado social. El pacto social se ha roto y su manifestación más solemne fue la modificación  por la vía rápida para introducir el déficit cero. En estas condiciones no puede sino crecer la desafección popular, que hasta ahora había soportado el asfixiante bipartidismo y la corrupción clientelar. Pero se mantiene todavía otro pilar de legitimidad, que es el estado de derecho. El estado de derecho se encuentra también amenazado por la leyes represivas que quieren controlar un estallido social.

La monarquía, otro pilar de la legitimidad, más simbólico que real, también se resquebraja. El caso Urdangarín o la cacería del rey no son más que las manifestaciones más evidentes. La monarquía castiza de Juan Carlos o la tecnocrática de Felipe no ofrecen un modelo de identificación y unidad a los españoles. Perisiste la sagrada unión del altar, el trono y las armas, completadas últimamente con el papel de representante de los intereses de las multinacionales españolas.

Más de tres décadas después la Constitución de 1978 requería una reforma:

- Para actualizar la carta de derechos, agregar derechos de cuarta generación y mecanismos de efectividad de los derechos sociales:

- Delimitar con mayor precisión el estatus del monarca;

- Limitar los poderes de los partidos;

- Agilizar el funcionamiento de las instituciones constitucionales;

- Modificar el sistema electoral:

- Introducir mecanismos de participación popular interactiva;

- Convertir el estado de las autonomías en un verdadero estado federal;

- Precisar las transferencias de soberanía a la Unión Europa y establecer mecanismos de control democrático.

Desgraciadamente pienso que esa reforma no es posible. En este momento, dado el equilibrio de fuerzas, cualquier reforma constitucional serían regresiva.

Después del 98 la primera Restauración vivió casi un cuarto de siglo en crisis hasta que la legitimidad dictatorial de Primo de Rivera la suspendió y la legitimidad republicana la sustituyera en 1931. En nuestro caso, no se adivina más legitimidad alternativa que la que representa 15 M. El movimiento ha sido capaz de influir en la agenda social y mediática y proyectar nuevos valores, pero su carácter de red le hace de alguna manera autosuficiente e incapaz de aglutinar una alternativa política real mayoritaria.

No creo que esta segunda restauración viva una agonía de 25 años. En el siglo XXI el tiempo corre más deprisa.

(Gracias a los que hayáis llegado al final de este largo texto, en absoluto adapatado a la concisión, estilo directo y enlaces propios de la entrada en un blog. A veces uno necesita expresarse en un formato más tradicional.)

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