Pluralismo y subsidios


La subvención a un diario ultraderechista pone en cuestión la política de subsidios a la prensa de Suecia.

Me refería aquí hace un par de días a la propuesta de la Federación Europea de Periodistas de subvencionar el periodismo como un bien público. Suecia es uno de los pocos países donde todavía se mantienen las subvenciones a la prensa, que fuero comunes en Europa hasta hace 20 años.

La polémica ha estallado al conceder el Consejo independiente responsable de las subvenciones un subsidio de unos 300.000 € al diario ultraderechista Nationell Idag. El Consejo se defiende asegurando que el diario cumple con los requisitos objetivos exigidos: tirada, porcentaje de financiación por suscriptores y publicación de al menos mil metros de columnas de material informativo diario. Una de las componentes del Consejo ha dimitido y la Ministra de Cultura ha propuesto reformar el sistema.

El sistema de subvenciones intenta promover el pluralismo externo, esto es, que en un determinado ecosistema informativa haya el mayor número posible de voces diversas, o, dicho en términos del liberalismo norteamericano, que todos tengan la posibilidad de hacerse presentes en el “libre mercado de las ideas”. Una de las maneras de garantizar el pluralismo externo es establecer normas anticoncentración; la otra es subvencionar el pluralismo.

El caso plantea algunas cuestiones al sistema de subvenciones públicas:

- En la época de la comunicación interactiva ¿tiene toda opción ideológica derecho a mantener un diario en papel y a recibir subvenciones para ello?

- ¿Puede subvencionarse con dinero público a los enemigos del pluralismo para lograr un mayor pluralismo?

- Si los requisitos no son puramente objetivos y se entra en la evaluación de la ideología ¿no se convertirán estas subvenciones en una herramienta de control político?

“Las riberas del mar océano” censurada en TVE por el Ministerio del Medio Ambiente, Rural y Marino


Las riberas del mar oceáno era uno de esos grandes documentales seña de identidad de TVE. Hoy El País informa que el Ministerio del Medio Ambiente, Rural y Marino, que invirtió 1,2 millones en la serie veta su emisión. Y el Ministerio lo confirma. Este el vídeo de la polémica, publicado también por El País.

En realidad el organismo que financió y el que veta no es el mismo. El que pagó era el Ministerio de Medio Ambiente dirigido por Cristina Narbona y el que censura es el Ministerio de Agricultura y Pesca que absorbió al anterior. Que la discrepancia fundamental resida en querer eliminar la denuncia de la corrupción indica bien cual es la actitud del nuevo ministerio.

Desde el punto de vista informativo, lo significativo es que el que paga manda. La financiación externa institucional ha venido siendo desde hace muchos años una forma de financiación pública encubierta de proyectos de calidad. TVE conseguía financiación, se realizaba un proyecto de prestigio, se daba satisfacción a un organismo oficial… y luego la serie se emitía en La Dos a una hora imposible.

Que yo tenga noticias está colaboración institucional no dio lugar a problemas sobre los contenidos, o por lo menos éstos no trascendieron. Pero lo que demuestra este caso es que TVE pliega la independencia que la ley le exige ante sus financiadores institucionales. Quien paga parece tener la última palabra sobre el contenido.

Habría que conocer los términos de los convenios firmados, pero la práctica parece demostrar que el financiador tiene unas competencias sobre el producto final incompatibles con la independencia de la radiotelevisión pública. Una vez más se demuestra que la independencia editorial se basa en la independencia económica.

Julio de Benito fue el director e inspirador de la serie. Julio nos dejó hace unos meses. Valga esta entrada como homenaje a su persona y a su coraje.

El acceso a Internet, un derecho fundamental


Casi cuatro de cada cinco personas en todo el mundo consideran que el acceso a Internet debiera tener la consideración de derecho fundamental. Así resulta de una encuesta mundial realizada por la BBC en 26 países (pdf) y a la que han respondido 27.000 adultos.

La encuesta se enmarca en una quincena que la BBC (radio, televisión y online) dedica a Internet, SeasonSuperpower, con elementos tan interesantes como Digital Giants, una serie de vídeos con personajes que están modelando lo que hoy es Internet, una superpotencia o un supepoder, esencial para participar en la vida comunitaria y social al comienzo de este siglo XXI.

La conclusión más rotunda de la encuesta es esa percepción mundial del acceso como un derecho fundamental. Pero el estudio tiene otros muchos datos dignos de análisis. Por ejemplo, en Europa una mayoría de los encuestados son partidarios de alguna forma de regulación gubernamental. En España, un 47% está a favor de la regulación y un 51% en contra. En nuestro país, Internet es, sobre todo, fuente de información. Los españoles se encuentran entre los que mejor podrían vivir sin Internet (un 70%) y a los que menos libertad ha aportado (sólo un 30% creen que ha aumentado su libertad).

Pero vuelvo a lo esencial. El convencimiento de que el acceso a la Red es un derecho fundamental es un hecho revolucionario. Internet ha configurado un nuevo ámbito comunicacional, el de la comunicación interactiva, el ciberespacio, que se suma al espacio de la comunicación natural y al de la comunicación mediática. En ese espacio podemos ejercer el derecho a la libertad de expresión e información, pero también los derechos de reunión, petición, el derecho a la educación, a la cultura y sirve cuando menos instrumentalmente a otros derechos sociales como el derecho a la salud. En otras palabras, la Red, el ciberespacio, es un ámbito, un foro público, especialmente relevante para el ejercicio de los derechos que nos hacen individuos, para los derechos humanos o derechos fundamentales.

Hay un aspecto instrumental y previo en estos derechos que es el derecho de acceso. Acceso que exige una conexión física, una conexión de banda ancha. Y un acceso en condiciones de igualdad y transparencia.

La primera manifestación se traduce en que los ciudadanos puedan exigir el derecho a la prestación del servicio, bien al estado, bien a las compañías de telecomunicaciones que prestan el el servicio público o de interés general. La tendencia es incluir el derecho de acceso, la conexión a la banda ancha, como una de las prestaciones del servicio básico de telecomunicaciones.

La segunda expresión de ese derecho es la neutralidad de la red, que todos los usuarios de la misma reciban el mismo trato de forma transparente. La presidencia española de la UE ha patinado al apuntarse temporalmente a la tesis de que las telefónicas discriminen a los usuarios.

Pero el derecho a Internet como derecho fundamental no se agota en el acceso. Todos los derechos que se ejercen en este ámbito tienen que estar garantizados, empezando por la libertad de expresión e información.

Internet era impensable en 1948, cuando el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) proclamaba el derecho a investigar, difundir y recibir informaciones, ideas y opiniones por cualquier medio, pero, justamente, ese consideración general de los medios hace que las actividades informativas en Internet (mejor que por Internet) queden perfectamente dentro del ámbito de la declaración.

La Red es más que un medio de comunicación, aunque los medios, los cibermedios, operen en este ámbito. El ejercicio de la libre expresión e información en el ciberespacio es un derecho tan fundamental como su manifestación en el espacio mediático. Algún juez en España (caso SER) todavía no se ha enterado.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos protege el secreto profesional


Cinco de los grandes medios británicos han ganado un caso histórico. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce y protege su derecho a mantener reservadas las fuentes anónimas.

Todo empezó el 27 de noviembre de 1971 cuando The Financial Times recibió un documento filtrado por una fuente anónima que advertía de una posible compra de la cervecera sudafricana SAB por la belga Interbrew. El periódico público la información y le siguieron The Times, The Guardian, The Independent y Reuters -los cinco demandante a los que el Tribunal de Estrasburgo ha dado la razón. Demandados por Interbrew para que revelaran su fuente. La High Court británica falló en su contra y ordenó a los medios que entregaran los documentos a la cervecera porque consideró más relevante el derecho de la  compañía a castigar la filtración que el de proteger la fuente. Esta sentencia ha sido ahora revocada por el Tribunal Europeo.

Los jueces europeos fallan por unanimidad que el derecho a la libertad de expresión e información, consagrado por el art. 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, incluye el derecho a proteger las fuentes anónimas. En la sentencia el Tribunal reafirma que “la protección de las fuentes periodísticas es una de las condiciones básicas de la libertad de prensa”, como ha venido sosteniendo en su jurispruedencia. Examina si la restricción impuesta por el tribunal británico a este derecho es legítima y proporcionada en una sociedad democrática, en los términos del Convenio Europeo, y llega a la conclusión de que no, aunque la conducta de la fuente pueda ser ilegal, como en este caso al filtrar un documento interno protegido por el derecho mercantil. En esta ponderación el Tribunal juzga importante la conducta de la empresa, que no trató de impedir la publicación del documento y se limitó a pedir la revelación de la fuente una vez publicado.

Sentencia Financial Times LTC and others v. The United Kingdom

La tasa Tobin: la utopía es posible


En lo más álgido de la crisis un conspicuo capitalista español dijo que había que “poner en paréntesis el capitalismo”. Superado lo peor de la crisis financiera, el personaje mencionado y el establecimiento económico en general vuelven a las andadas, como si nada hubiera pasado.

Pero si ha pasado. Más de cara a la galería que con voluntad real, los grandes poderes se apuntan a la regulación financiera. Impuestos del 50% sobre los “bonus” de los ejecutivos bancarios, como los que van a establecer Reino Unido, Francia y Alemania, hubieran sido anatema hace muy poco.

La Unión Europea ha dado un paso histórico. Recomienda al FMI la instauración de un impuesto sobre las transacciones financieras internacionales, en definitiva la tasa Tobin. Pensada por este economista discípulo de Keynes como una forma de luchar contra los movimientos especulativos de capitales, fue abrazada como una de las propuestas más concretas de los movimientos alternativos, y promovida sobre todo por ATTAC, que vieron también en ella una fuente de financiación para un fondo para luchar contra la pobreza.

Se nos decía que “no se puede” poner restricciones a unos mercados perfectos que crean riqueza. Hoy está claro que esos mercados ni son perfectos, ni han creado riqueza, sino que han empobrecido más, por ejemplo, a las clases medias. Hace poco Joaquín Almunia, Comisario de Asuntos Económicos, declaraba que era una idea bonita, pero poco práctica. Ahora se demuestra que la utopía puede ser posible, aunque el demonio estará, como siempre, en los detalles. Se nos decía que no había fondos para luchar contra la pobreza y se han derramado billones de dólares para salvar a los bancos.

Vivimos en un momento de aproximación entre el angélico y descomprometido “Yes, we can” de Obama y el militante “Otro mundo es posible” de los movimientos alternativos. A todos nos toca exigir a nuestros representantes que nos traicionen en los detalles.

(Una propuesta técnica para la instauración de este impuesto: ¿Se deberían pagar impuestos por consumir productos financieros? – Carlos Arenillas – El País de los Negocios, 20-12-09)

Transparencia en la blogesfera


La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos exige a partir de ahora a los blogeros que  apoyen un determinado producto que hagan públicos los pagos o regalos recibidos de las empresas del sector sobre el que hacen sus comentarios. El incumplimiento de esta obligación puede conllevar una multa de hasta 11.000 dólares.

La Comisión, que es el organismo público que protege a los consumidores, impone la misma normativa a los famosos que apoyen cualquier producto en sus redes sociales.

(Fuentes: Washington Post, CNET)

Esta normativa se enmarca en el derecho de protección de los consumidores, pero tiene raíces en el Derecho de la Información y desborda el ámbito de Estados Unidos.

La transparencia es una de las obligaciones esenciales que tiene que asumir las empresas para que la relación jurídico-informativa, de la que son parte también los profesionales el público y los profesionales, resulte equilibrada. El derecho a conocer del público tiene como correlato el derecho a saber quién nos informa y en función de que intereses. Por eso, muchas legislaciones han exigido que sea pública la propiedad de la empresa y sus principios editoriales. Y para ello, exigían, o bien la inscripción en un registro público de  estos datos, bien su publicación periódica por el propio medio.

La desrregulación que ha venido desarrollándose en los últimos 20 años se ha llevado por delante muchas de estas obligaciones. Si queremos saber la propiedad real de la empresa tendremos que hacer una labor detectivesca a través de la maraña de participaciones cruzadas de los grupos multimedia.

Otra dimensión de ese deber de transparencia es dar a conocer los conflictos de intereses que puedan existir en la labor informativa. Esta obligación, más que estrictamente jurídica, ha sido más a menudo recogida por los códigos deontológicos y ha tenido más una proyección interna en las redacciones, es decir, los trapos sucios se lavan en caso, sin dar mayor cuenta al público.

Hoy por hoy, uno de los mayores atentados a la transparencia viene dado por la ocultación de las empresas de relaciones públicas como fuente de informaciones. A través del Video News Realease se precocina una información que luego será asumida como propia por el periodista de turno. La información de la industria del espectáculo se basa en estos productos. Y qué decir de los viajes pagados a presentaciones, de las entrevistas “en exclusiva” que en realidad son pura y llanamente promociones comerciales. En un estudio (Fake TV News) de 2006 PrWatch.org encontró 36 noticias de televisión montadas con estos materiales de las que no se mencionaba su origen.

A diferencia de empresas y profesionales, los ciudadanos que mantienen un blog o un perfil en una red social, no están sujetos a ninguna obligación de transparencia. En su favor tienen una presunción social de actuación desinteresada. Nada más lejos de la realidad. Estas nuevas formas de información y expresión se orquestan por partidos, empresas, agencias de relaciones públicas y campañas publicitarias como un recurso más, prevaliéndose de la cándida aproximación de la mayor parte del público a estas plataformas.

Otros organismos de protección de los consumidores debieran de tomar nota de la normativa norteamericana. Y más allá, cualquier código deontológico adoptado por blogeros que quieran ofrecer una información fiable debiera exigir un mínimo de transparencia, como por ejemplo,  sus vinculaciones con organizaciones y empresas y pagos y regalos recibidos.

¿Quién esta en peligro en Latinoamérica? ¿Los medios poderosos o los periodistas independientes?


El diario El País dedicó ayer una doble página, con  llamada en portada, al “cerco a la prensa en el eje bolivariano”.

La información más extensa, La prensa estorba en el eje bolivariano, estaba firmada por Maite Rico y era un elenco de las denuncias de los medios privados contra las políticas informativas en Venezuela, Ecuador, Bolovia y Nicaragua. Insultos, descalificaciones, acoso, leyes restrictivas y cierre de medios configuran -según la información- la estrategia de los gobiernos bolivarianos para domesticar la prensa, que consideran un poder más de la oligarquía.

No me sorprendió ni el contenido ni el estilo. El País está inmerso en una batalla con estos gobiernos. Convendría que Prisa recordara en estas informaciones sus intereses económicos en América Latina. Una política que le lleva a considerar la posibilidad de reelección de Chavez como el fin de la democracia, y democrático que Uribe utiilice todo tipo de trucos legislativos para sacar adelante un referendum que le permitirá la reelección. Un nuevo episodio de esta guerra es el encontronazo con Oliver Stone a propósito de su documental sobre los proyectos bolivarianos.

No puedo analizar con detalle las distintas políticas y medidas tomadas por estos líderes. No cabe duda que el populismo casa mal con el escrutinio de unos medios independientes. Muchas de las declaraciones de estas autoridades son amenazantes y traslucen el intento de poner los medios a su servicio. Algunas medidas son claramente atentatorias contra el derecho a la libertad de expresión e información, como las introducidas en Venezuela aprovechando la nueva ley de educación, que vienen a criminalizar cualquier protesta. Pero tampoco puede olvidarse que muchos de estos medios se encuentran inmersos en una guerra sucia contra esos gobiernos, en la que se alienta al golpe de estado y hasta el magnicidio. Por otra parte, en el sector de la radio y la televisión la situación de muchas de estas empresas era muy precaria, con licencias caducadas o invasión de frecuencias y los gobiernos lo que han hecho ha sido poner fin a situaciones irregulares de emisoras críticas.

Más me sorprendió la crónica de Soledad Gallego Díaz desde Buenos Aires, El matrimonio presidencial argentino, porque esperaba más equilibrio. Puede, efectivamente, que las iniciativas legislativas del gobierno vayan dirigidas contra el grupo Clarín, pero las medidas anticoncentración que recoge la crónica son bastantes sensatas y homologables con las de muchos países europeos. Por ejemplo, que no se posea una emisora de tv. en abierto y otra por cable en la misma zona, o que no se controle más del 35% de la audiencia. La estrategia de favorecer tres actores en el sector de la comunicación -los medios privados, los medios sociales y los medios públicos- puede ser utópica, pero no puede ser descalificada sin más.

Maite Rico (con un acceso privilegiado a la información suministrada por los servicios de seguridad colombianos en el caso de los ordenadores de Raúl Reyes) sostiene que “en otros lugares, como México, Centroamérica, Brasil o Colombia, la violencia contra los periodistas está ligada sobre todo al crimen organizado o la corrupción”. Cierto, pero muchos de esos grupos criminales no son más que terminales de un poder político. Recibo un boletín de la Federación de Periodistas de Colombia (FECOLPER) y sus denuncias y llamamientos de auxilio me emocionan. Copio algunas.

El ex alcalde de Valledupar, departamento del Cesar, Elías Ochoa, dos escoltas y seguidores, se tomaron la sede de la emisora Maravilla Estéreo, reclamando el derecho a réplica, en la mañana de hoy.  Un día antes, en el municipio de Barrancabermeja, región del Magdalena Medio, el periodista Alberto Santacruz Centeno, recibió una llamada amenazante de un presunto comandante del grupo paramilitar, Águilas Negras.” (28-08-09)

El alcalde de Curillo, Caquetá, Esneider Mayorga, fue capturado por su presunta participación en el asesinato del periodista y líder cívico, Hernando Salas Rojas, el pasado 1 de septiembre. Dos días atrás, en Maicao, Guajira, el equipo del programa Radial Cívico, comunitario y cultural, Maicao en Marcha que se emite en la emisora Olímpica Estéreo, fueron amenazados por dos hombres, plenamente identificados, que portaban armas. … Hernando Salas Rojas, trabajaba para un canal local de T.V, a la vez que participaba en un comité para la derogatoria del mandato del alcalde municipal. Salas también conducía un taxi de servicio intermunicipal, de su propiedad, para cumplir con sus obligaciones económicas, pues el oficio periodístico no le producía ingresos suficientes”. (4-09-09)

Valgan estas dos muestras. En Colombia los periodistas son masacrados por las Águilas Negras, la nueva encarnación de los paramilitares que Uribe dice haber erradicado. Muchos de los que luchan por la libertad de expresión y dan por ella su vida puede que nunca hayan pasado por una escuela de periodismo, no tengan ningún carnet o se ganen la vida como taxistas, pero son periodistas y ellos sí que están en peligro.

El ex alcalde de Valledupar, departamento del Cesar, Elías Ochoa, dos escoltas y seguidores, se tomaron la sede de la emisora Maravilla Estéreo, reclamando el derecho a réplica, en la mañana de hoy.  Un día antes, en el municipio de Barrancabermeja, región del Magdalena Medio, el periodista Alberto Santacruz Centeno, recibió una llamada amenazante de un presunto comandante del grupo paramilitar, Águilas Negras.

El futuro del periodismo


Como diría un castizo, al periodismo le quedan cuatro telediarios… ¿O no?

No, no creo que el periodismo esté a punto de desaparecer, pero si que está viviendo un conjunto de crisis simultáneas. La crisis de credibilidad, la crisis económica y de modelo de negocio y, sobre todo, la crisis de la mediación social. A todas ellas me he referido en mi trabajo Periodismo Civíco vs Periodismo Ciudadano. Ahora la Federación Internacional de Periodistas (FIP) ha puesto en marcha un grupo consultivo sobre el futuro del periodismo, en el que participo junto con otros académicos y representantes de organizaciones de periodistas de Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Sudáfrica, Brasil, Australia, Indonesia  y Bégica. Todos participamos a título personal y no como representantes de organizaciones, aunque algunos de los miembros ostenten altas responsabilidades en las mismas.

El grupo celebró su primera reunión la pasada semana en Bruselas. Entre los presentes hubo acuerdo que las organizaciones deben defender los puestos de trabajo, evitar que se destruya la cultura de redacciones bien asentadas, luchar por una información responsable y de calidad… Pero todo ello no es suficiente, el periodismo no sobrevivirá si no se encuentran nuevos modelos de negocio, si no se definen unos requirimientos éticos más exigentes, si no se descubren nuevos lenguajes y se interactúa con los no profesionales que informan en la Red, si no redefine su misión en una sociedad global y al tiempo fragmentada en comunidades virtuales. Y los periodistas y sus organizaciones deben adelantarse a los acontecimiento, no ir por detrás. Pueden verse las impresiones sobre el encuentro de Guy Berger, que copreside el grupo junto con Jean-Paul Marthoz.

El grupo tiene que presentar un informe al próximo congreso mundial de la FIP que se celebrá en Cádiz en Mayo de 2010. La recogida de información y la reflexión se estrutura en 6 grandes bloques: 1. La crisis del sector de los medios y las relaciones laborales; 2. Periodismo: su importancia para una sociedad democrática; reiventar el periodismo; 3. La profesión de periodista; 4. El trabajo periodístico; 5. Periodismo y educación;6. Sindicatos y organizaciones.

Personalmente me ocupo de coordinar el bloque referente a la profesión de periodista. El debate en este asunto puede resumirse en estos términos:

Hasta ahora había consenso en que el periodista era el profesional de la información. La profesionalidad se reconoce de forma distinta dependiendo de los países, pero siempre supone que la actividad se ejerce de modo habitual y como forma de ganarse la vida, lo que implica, se reconozca o no formalmente, derechos y obligaciones especiales, más allá de la libertad de expresión que tiene cualquier ciudadano. En primer lugar, se trata de levantar restricciones a este ejercicio profesional y buscar fórmulas de transparencia y responsabilidad para un mejor servicio del público. Pero, además, este consenso sobre una definición profesional no puede ignorar que ahora muchos no profesionales difunden información de interés público con una cierta habitualidad. ¿Deben estos ciudadanos ser considerado de alguna manera periodista y reconocerles derechos y exigirles obligaciones especiales?

El informe denunciará abusos, resaltará prácticas positivas, sugerirá herramientas para afrontar la crisis y propondrá sus conclusiones al Congreso de Cádiz. En este momento nos encontramos en una etapa de recogida de información, que la FIP solicitará institucionalmente a sus organizaciones afiliadas, pero que los componentes del grupo también estamos recabando personalmente.

La FIP ha creado una página para seguir las noticias que entrañan cambios en la naturaleza del periodismo. También está disponible la consulta lanzada a sus organizaciones. En mi página Documentos iré recogiendo textos que intenten explorar este futuro incierto.

Adiós al diploma: los periodistas brasileños ya no tendrán que ser titulados universitarios


Los periodistas brasileños han perdido una importante batalla. El Tribunal Supremo ha declarado inconstitucional la exigencia legal de un título universitario superior (“el diploma” ) para ejercer la profesión de periodista. La mayoría del tribunal ha considerado este requisito (establecido por un Decreto-Ley en 1969, durante la dictadura militar) como contrario a la libertad de expresión, el libre ejercicio de un trabajo, oficio o profesión y como una restricción a estos derechos no establecida en la propia Constitución.

La sentencia acoge el recurso de los empresarios de los medios. Los sindicatos han defendido en estos 40 años que el diploma es imprescindible para una información de calidad y para dignificar las condiciones laborales y el ejercicio profesional. Su abogado invocó en la vista judicial un argumento clásico: a nadie se le impide ejercer la libertad de expresión y publicar en un periódico o aparecer en una radio o una televisión.  Por la parte contraria se llegó a comparar el periodismo con la gastronomía o la costura, profesiones que no requieren ningún tipo de estudios.

La Federación Internacional de Periodistas ha calificado la sentencia como un retroceso profesional de repercusión internacional. En Brasil la desaparición del diploma se enmarca en un proceso de desrregulación de la comunicación social. Los periodistas creen que sus condiciones laborales y profesionales se degradarán. Ya no recibirán la consideración de titulados universitarios, aunque lo sean, y sufrirán el intrusismo de los no diplomados. La exigencia del diploma ha favorecido durante estas cuatro décadas la creación de una plétora de escuelas de periodismo. Brasil es una potencia en los estudios de comunicación en el mundo latino.

La sentencia vuelve a plantear el viejo tema del acceso

¿Debe exigirse a los periodistas algún requisito o cualficación para ejercer una profesión con indudable trascendencia social?. Las respuestas son muy variadas.

- Colegiación obligatoria. Sigue el modelo de los colegios de abogados y médicos con una larga tradición. La colegiación es requisito habilitante para ejercer la profesión. La corporación ejerce el control deontológico sobre sus miembros. El sistema más cercano a este es el del Ordine italiano. En España los colegios de periodistas no son de colegiación obligatoria.

- Acreditación. Los sindicatos y empresarios en juntas mixtas expiden un carnet nacional a aquellos que acrediten el ejercicio del periodismo de modo habitual y como forma de ganarse la vida. Es el sistema francés.

- Sindicación. El ejercicio profesional no requiere habilitación ni acreditación. Los sindicatos y asociaciones profesionales acreditan a sus afiliados como periodistas, defienden sus condiciones profesionales, negocian (los sindicatos) sus condiciones profesionales y ejercen un control ético. Es el  sistema anglosajón y, con matizaciones, el de España.

Personalmente soy partidario de sistemas de acreditación, no de habilitación, con pluralidad de organizaciones coordinadas estatalmente y representadas en organismos universitarios.

En cuanto a la titulación, una cosa es exigirla como requisito para ejercer el periodismo y otra que las normas laborales de empresa (convenios colectivos) exijan la titulación para las categorías de redactor o informador. Lamentablemente, la interpretación que están haciendo las empresas que tienen tales cláusulas es exigir cualquier tipo de titulación universitaria y no específicamente la de periodismo.

Publicar un blog es una actividad pública


Llevo apartado del blog bastantes días, atado a obligaciones académicas y profesionales. Hoy mis alumnos plantean en el foro que compartimos una interesante cuestión ¿Tienen los blogs derecho al anonimato?

La pregunta viene al caso porque la High Court británica ha permitido que el diario The Times revele la identidad de un bloguero anónimo. En febrero de 2008 se creo en esta plataforma, wordpress, un nuevo blog NightJack (ahora borrado a raíz de la decisión judicial) dedicado a denunciar errores y corrupción en la policía, pero también a relatar casos criminales, eliminando, eso sí los datos personales de los implicados. NightJack reveló que era un policía, pero mantuvo oculta su identidad. El blog llegó a tener 60.000 lectores diarios y ganó el premio Orwell al mejor blog.

Entonces se cruzó en su camino el diario conservador The Times. Investigó y encontró que el autor era el policía Richard Horton. Horton solicitó a los tribunales que ordenaran al periódico que no revelara su identidad, pues sería objeto de represalias profesionales. Y la Hihgh Court ha dado la razón al periódico.

No puedo menos que estar de acuerdo con el argumento básico de la sentencia. Publicar un blog es una actividad pública, no privada. Y como actividad pública debe estar sometida a unas reglas de responsabilidad en un estado democrático (no hablamos de dictaduras).

Responsabilidad jurídica, esto es, estar sometido a las normas penales en asuntos como ofensas al honor, la imagen o los derechos de los demas y obligado como cualquier ciudadano a colaborar con la Justicia en la persecución del delito.

Obligaciones éticas, más allá de las que cada uno asuma personalmente, no existen colectivamente para los blogueros. Justamente, la asunción formal de compromisos éticos es lo que puede distinguir los blogs que sirven una información pública de los que no son propiamente informativos. Esta semana pasada he estado en Bruselas en la Federación Internacional de Periodistas en una comisión sobre el futuro del periodismo y ésta ha sido una de las posibilidades que hemos estado discutiendo: abrir la consideración de periodista a aquellos que, aunque no sean profesionales (no se ganan con eso la vida) difundan regularmente información de interés público y asuman formalmente compromisos éticos, en forma, por ejemplo, de adhesión a un código deontológico y algún sistema de autocontrol.

En este caso no es exigible al periódico respeto a la confidencialidad de las fuentes porque el bloguero no es una fuente que haya llegado a un acuerdo con un medio, sino un medio él mismo. The Times no está obligado a respetar a una fuente que no es tal. Pero su conducta es, sin duda, sectaria y aprovechada, pues revelando la identidad del bloguero pone en riesgo la supervivencia de una voz crítica y explota el morbo de revelar quién era ese topo en el cuerpo policial que tanto revuelo había causado.

En España, Pepe Cervera y el siempre recomendable Enric González critican la decisión. Estoy de acuerdo con González en que The Time no ha servido al interés público. Dice el columnista de El País que The Times “ha forzado el cierre de un blog útil e interesante y ha creado una jurisprudencia peligrosa: ningún blogger británico tiene ya derecho legal al anonimato. Todo eso, ¿para qué? Pues para vender unos ejemplares más: estas cosas las hacemos siempre por dinero”.

En los blogs, las fuentes se convierten en medios y hay que pensar nuevas instituciones jurídicas para proteger esta nueva especie de comunicación pública.

Esperemos que por lo menos los tribunales británicos protejan a Holt si es represaliado por sus jefes policiales.

Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.

Únete a otros 1.176 seguidores

%d personas les gusta esto: