Matanza de Noruega: ¿matan las ideas?


Anders Behring Breivik apretó el gatillo y puso las bombas. La policía y los fiscales deberán dilucidar si actuó completamente sólo o con colaboración o al menos en conexión con personas o grupos que compartieran sus delirantes ideas. Los tribunales le juzgarán y establecerán su responsabilidad penal.

La masacre plantea una vieja cuestión: ¿matan las ideas? ¿pueden ser las ideologías criminales? ¿son libres todas las ideas? ¿pueden establecerse límites a las ideologías del odio?

Breivik ha llevado a sus últimas consecuencias la ideología que impregna a los nuevos partidos de extrema derecha que proliferan en los países del norte (o en el norte de los países del sur, por ejemplo la Liga Norte). Su idea fuerza es que la inmigración, señaladamente la inmigración musulmana, va a imponer un cambio de la identidad europea. Europa, la tierra de la razón y la tolerancia, va perder sus señas de identidad; va a perder su religión cristiana, su pureza racial, su racionalidad y tolerancia. El islam, una religión retrógrada, se va a imponer y los culpables son los políticos que toleran la inmigración y propugnan una sociedad multicultural. El multiculturalismo es culpable.

El joven noruego puede ser un perturbado o un iluminado, depende como se mire. Su representación del mundo se ha nutrido del liberalismo, el fundamentalismo cristiano, la teoría del choque de civilizaciones y de los relatos exotericos en torno a los templarios. Al final, un cóctel que ha cristalizado en un manifiesto que es como el reverso especular del yihadismo y Al Qaeda, con su misma visión de cruzados o caballeros cristianos que luchan contra el enemigo musulmán.

Parece que una de las obras de cabecera del criminal era el breve ensayo de John Stuart Mill “On the liberty”. Ni que decir que nada entendió, porque Mill, siguiendo la estela abierta por Milton dos siglos antes, defiende no ya la tolerancia, sino la confrontación de ideas para alcanzar la verdad. Doctrina que la jurisprudencia norteamericana concretó en la teoría de libre mercado de las ideas y, consecuentemente, en una amplia interpretación de la libertad de expresión, que protege actos simbólicos, como pueden ser quemar la bandera norteamericana o el Corán. No obstante, la libertad de expresión admite límites cuando exista un “clear and present danger”. O dicho en palabras del juez Holmes: la libertad de expresión no autoriza a dar el grito de fuego en un teatro.

En Europa a partir de la II Guerra Mundial se comenzó por perseguir la defensa del nazismo o fascismo y la difusión del negacionismo de los crímenes nazis. A partir de ahí, muchas legislaciones europeas consideran delito la difusión y propaganda de las llamadas “doctrinas del odio”, esto es, aquellas ideas que propugnan el odio o la discriminación. Recientemente, un tribunal holandés ha absuelto al ultraderechista Wilders de uno de estos delitos al considerar que al criticar al Islam como una doctrina totalitaria fundada en la dominación, violencia y opresión, no inducía a discriminación hacia los musulmanes.

Una cosa son las ideas y otra sus consecuencias prácticas. Por ejemplo, la doctrina del choque de civilizaciones, popularizada por Samuel Huntington hace una década, puede ser discutida en el ámbito académico y en el foro de los medios. Estamos en ámbitos racionales. Más allá, todos los líderes racistas o xenófobos, puede que sin ni siquiera leer la obra, la harán suya y la citarán como argumento de autoridad. Hasta ahí, habrá que confrontar esas ideologías con otras ideologías. Pero cuando se da un paso más y se proponen medidas discriminatorias atentatorias contra los derechos humanos se sobrepasa la libertad de expresión. Ni siquiera mediante la democracia directa, mediante referendum, se puede limitar derechos fundamentales, como se ha hecho en Suiza prohibiendo la construcción de mezquitas.

No, las ideas no delinquen. Pero ciertas ideas alimentan a los criminales. Hitler se nutrió del antisemitismo en gran parte de raíz cristiana y de distintas supercherías como los Protocolos de los Sabios de Sión. Entonces, un ser diabólico enajenó a un país culto y avanzado, pero que estaba empapado por una cultura autoritaria.

Hoy, los líderes ultraderechistas son postmodernos. Llevan el pelo oxigenado, son abiertamente homosexuales y apoyan  a Israel. No quieren derribar el estado de derecho, se conforman con dejarlo vacío de contenido. En este humus crecen los Anders Behring Breivik.

(Un ejemplo de las palabras del odio. Glenn Beck, el gurú del Tea Party, compara la acampada de los jóvenes laboristas noruegos con las juventudes hitlerianas)

Libertad de expresión, derecho al olvido, derechos de autor, Google y enlaces a películas


“No invocarás la libertad de expresión en vano”

Este debiera ser el título de esta entrada, pero por aquello del posicionamiento en los buscadores he compuesto un título por agregación que al final no dice nada.

No pretendo más que mostrar mi sorpresa por la ligereza con la que se quieren tapar todas las vergüenzas con el manto de la libertad de expresión.

Ante el riesgo de cierre, los agregadores de enlaces a películas dicen que ellos se limitan a ejercer la libertad de expresión.

Ahora el muy poderoso Google poco menos que amenaza con poner al Reino de España en la lista negra de los violadores de la libertad de expresión, porque la Agencia de Protección de Datos les requiere para que dejen de enlazar a publicaciones (principalmente boletines oficiales) en los que aparecen personas que quieren que sus referencias no sean recuperables.

En el primer caso estamos ante un conflicto entre libertad de información y derechos de autor. En el segundo, en un conflicto entre el derecho a la información y un nuevo desarrollo del derecho a la vida privada, el derecho al olvido, que corresponde a cualquier particular en relación a sus actividades sin trascendencia pública.

Estos conflictos entre dos libertades tienen que ser resueltos por las leyes y los tribunales ponderando y equilibrando los derechos e intereses en presencia para que las limitaciones que uno de ellos haya de sufrir en beneficio del otro sean mínimas.

Y es que -parece obvio recordarlo- ningún derecho es absoluto. Todos están interrelacionados y todos tienen que estar al servicio de los otros, pero en caso de conflicto tiene que predominar el que sea más esencial e irrenunciable para la dignidad personal.

Cada ordenamiento nacional aplica unos u otros equilibrios, pero en ninguno ni la libertad de expresión ni ningún otro derecho es absoluto. En Europa se da más peso a los derechos de la personalidad que en Estados Unidos, pero también allí la jurisprudencia (constitucional) del Tribunal Supremo considera la privacidad como un derecho irrenunciable.

Lo que ocurre es que los grandes conglomerados de Internet hacen una interpretación interesada de la libre expresión.

Termino con el optimismo liberal del preámbulo de nuestra Constitución de Cádiz:

 

“Como nada contribuye más a la ilustración y adelantamiento general de las naciones y a la conservación de su independencia que la libertad de publicar todas las ideas y pensamientos que puedan ser útiles y beneficiosas a los súbditos de un estado, la libertad de imprenta, verdadero vehículo de las luces, debe formar parte de la ley fundamental de la Monarquía, si los españoles desean sinceramente ser libres y dichosos.”

Derecho a saber y transparencia pública


¿Poder acceder a la información  pública es un derecho fundamental o una consecuencia de la obligación de transparencia de las instituciones públicas?

Esta es quizá la cuestión principal debatida el martes 28 de septiembre en la Jornada del Secretismo al Derecho a Saber, organizada por la Coalición Pro Acceso y Acess !Info Europa en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, para celebrar el Día Internacional del Derecho a Saber.

El derecho de acceso es presupuesto para la participación ciudadana y una democracia de calidad, como puso de manifiesto el profesor José Luis Martí. Sin embargo, España es, junto a Luxemburgo, Malta y Chipre, el único país de la UE sin una ley de acceso.

El anteproyecto de la Ley de Acceso a la Información no configura el acceso como un derecho fundamental, sino como una obligación de las instituciones públicas. Dicho en términos jurídicos, desarrolla en art. 105 b) de la Constitución y no el art. 20.1 a), que consagra el derecho a la libertad de expresión e información.

Como defendió el profesor de De Diego, la libertad de informar implica la libertad de investigar, de modo que en una interpretación global  en relación podel art. 19 de la Declaración de Derechos Humanos, que consagra la facultad de investigar, este derecho podría residenciarse en el art. 20 con carácter de derecho fundamental. En cambio, según reconoció el catedrático José Luis Piñar, antiguo director de la Agencia de Protección de Datos, la doctrina administrativa se pronuncia por considerar el acceso como una obligación impuesta a las administraciones.

No es una discusión académica. De que se considere derecho fundamental depende que las excepciones al acceso sean más o menos amplias y que los ciudadanos puedan exigirlo por la vía del amparo constitucional, pudiendo llegar hasta el Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sus demandas.

Paradójicamente, esta ley de la transparencia se tramita en la oscuridad. Las organizaciones manejan un anteproyecto filtrado, pero no oficial. Entre las deficiencias criticadas en la jornada destaca lo dilatado de los plazos y la limitación de acceder a la información de las empresas de capital público que no ejerzan un servicio público. Positivo se consideró que la gestión de las peticiones de acceso se otorgue a la Agencia de Protección de Datos.

La cultura del secretismo puede revertir con la entrada en vigor de la ley. Se puso como ejemplo México, con una ley avanzada. Pero, como demuestra el caso de México, donde la situación se ha degrado en los últimos tiempos, hace falta voluntad política para aplicar la ley.

En el caso de España, una directiva europea obligó a incorporar este derecho en la Ley de Medio Ambiente. Amigos de la Tierra consiguió publicar un mapa de los cultivos de transgénicos, después de una larga batalla legal y eso pese a que su petición de información a la Administración estaba avalada por la ley y la jurisprudencia europea.

Otra de las organizaciones asistentes, Pro Bono Publico, pide que las instituciones públicas abran sus datos en un formato accesible para que los ciudadano puedan explotarlos.

Ésta será una de las grandes cuestiones. El derecho no puede limitarse a responder a través de un órgano central las peticiones de información de los ciudadanos, sino que los datos deben ser fácilmente accesible a todos. Pero este acceso general no sólo plantea conflictos con la privacidad, sino la cuestión de qué aprovechamiento puede hacerse de esos datos. ¿Pueden aprovecharse con fines comerciales? ¿Cómo garantizar que los beneficios de su uso reviertan en la sociedad?.

En cualquier caso, los periodistas seguirán siendo necesarios para dar sentido a esa masa ingente de datos.

Pluralismo y subsidios


La subvención a un diario ultraderechista pone en cuestión la política de subsidios a la prensa de Suecia.

Me refería aquí hace un par de días a la propuesta de la Federación Europea de Periodistas de subvencionar el periodismo como un bien público. Suecia es uno de los pocos países donde todavía se mantienen las subvenciones a la prensa, que fuero comunes en Europa hasta hace 20 años.

La polémica ha estallado al conceder el Consejo independiente responsable de las subvenciones un subsidio de unos 300.000 € al diario ultraderechista Nationell Idag. El Consejo se defiende asegurando que el diario cumple con los requisitos objetivos exigidos: tirada, porcentaje de financiación por suscriptores y publicación de al menos mil metros de columnas de material informativo diario. Una de las componentes del Consejo ha dimitido y la Ministra de Cultura ha propuesto reformar el sistema.

El sistema de subvenciones intenta promover el pluralismo externo, esto es, que en un determinado ecosistema informativa haya el mayor número posible de voces diversas, o, dicho en términos del liberalismo norteamericano, que todos tengan la posibilidad de hacerse presentes en el “libre mercado de las ideas”. Una de las maneras de garantizar el pluralismo externo es establecer normas anticoncentración; la otra es subvencionar el pluralismo.

El caso plantea algunas cuestiones al sistema de subvenciones públicas:

- En la época de la comunicación interactiva ¿tiene toda opción ideológica derecho a mantener un diario en papel y a recibir subvenciones para ello?

- ¿Puede subvencionarse con dinero público a los enemigos del pluralismo para lograr un mayor pluralismo?

- Si los requisitos no son puramente objetivos y se entra en la evaluación de la ideología ¿no se convertirán estas subvenciones en una herramienta de control político?

“Las riberas del mar océano” censurada en TVE por el Ministerio del Medio Ambiente, Rural y Marino


Las riberas del mar oceáno era uno de esos grandes documentales seña de identidad de TVE. Hoy El País informa que el Ministerio del Medio Ambiente, Rural y Marino, que invirtió 1,2 millones en la serie veta su emisión. Y el Ministerio lo confirma. Este el vídeo de la polémica, publicado también por El País.

En realidad el organismo que financió y el que veta no es el mismo. El que pagó era el Ministerio de Medio Ambiente dirigido por Cristina Narbona y el que censura es el Ministerio de Agricultura y Pesca que absorbió al anterior. Que la discrepancia fundamental resida en querer eliminar la denuncia de la corrupción indica bien cual es la actitud del nuevo ministerio.

Desde el punto de vista informativo, lo significativo es que el que paga manda. La financiación externa institucional ha venido siendo desde hace muchos años una forma de financiación pública encubierta de proyectos de calidad. TVE conseguía financiación, se realizaba un proyecto de prestigio, se daba satisfacción a un organismo oficial… y luego la serie se emitía en La Dos a una hora imposible.

Que yo tenga noticias está colaboración institucional no dio lugar a problemas sobre los contenidos, o por lo menos éstos no trascendieron. Pero lo que demuestra este caso es que TVE pliega la independencia que la ley le exige ante sus financiadores institucionales. Quien paga parece tener la última palabra sobre el contenido.

Habría que conocer los términos de los convenios firmados, pero la práctica parece demostrar que el financiador tiene unas competencias sobre el producto final incompatibles con la independencia de la radiotelevisión pública. Una vez más se demuestra que la independencia editorial se basa en la independencia económica.

Julio de Benito fue el director e inspirador de la serie. Julio nos dejó hace unos meses. Valga esta entrada como homenaje a su persona y a su coraje.

El acceso a Internet, un derecho fundamental


Casi cuatro de cada cinco personas en todo el mundo consideran que el acceso a Internet debiera tener la consideración de derecho fundamental. Así resulta de una encuesta mundial realizada por la BBC en 26 países (pdf) y a la que han respondido 27.000 adultos.

La encuesta se enmarca en una quincena que la BBC (radio, televisión y online) dedica a Internet, SeasonSuperpower, con elementos tan interesantes como Digital Giants, una serie de vídeos con personajes que están modelando lo que hoy es Internet, una superpotencia o un supepoder, esencial para participar en la vida comunitaria y social al comienzo de este siglo XXI.

La conclusión más rotunda de la encuesta es esa percepción mundial del acceso como un derecho fundamental. Pero el estudio tiene otros muchos datos dignos de análisis. Por ejemplo, en Europa una mayoría de los encuestados son partidarios de alguna forma de regulación gubernamental. En España, un 47% está a favor de la regulación y un 51% en contra. En nuestro país, Internet es, sobre todo, fuente de información. Los españoles se encuentran entre los que mejor podrían vivir sin Internet (un 70%) y a los que menos libertad ha aportado (sólo un 30% creen que ha aumentado su libertad).

Pero vuelvo a lo esencial. El convencimiento de que el acceso a la Red es un derecho fundamental es un hecho revolucionario. Internet ha configurado un nuevo ámbito comunicacional, el de la comunicación interactiva, el ciberespacio, que se suma al espacio de la comunicación natural y al de la comunicación mediática. En ese espacio podemos ejercer el derecho a la libertad de expresión e información, pero también los derechos de reunión, petición, el derecho a la educación, a la cultura y sirve cuando menos instrumentalmente a otros derechos sociales como el derecho a la salud. En otras palabras, la Red, el ciberespacio, es un ámbito, un foro público, especialmente relevante para el ejercicio de los derechos que nos hacen individuos, para los derechos humanos o derechos fundamentales.

Hay un aspecto instrumental y previo en estos derechos que es el derecho de acceso. Acceso que exige una conexión física, una conexión de banda ancha. Y un acceso en condiciones de igualdad y transparencia.

La primera manifestación se traduce en que los ciudadanos puedan exigir el derecho a la prestación del servicio, bien al estado, bien a las compañías de telecomunicaciones que prestan el el servicio público o de interés general. La tendencia es incluir el derecho de acceso, la conexión a la banda ancha, como una de las prestaciones del servicio básico de telecomunicaciones.

La segunda expresión de ese derecho es la neutralidad de la red, que todos los usuarios de la misma reciban el mismo trato de forma transparente. La presidencia española de la UE ha patinado al apuntarse temporalmente a la tesis de que las telefónicas discriminen a los usuarios.

Pero el derecho a Internet como derecho fundamental no se agota en el acceso. Todos los derechos que se ejercen en este ámbito tienen que estar garantizados, empezando por la libertad de expresión e información.

Internet era impensable en 1948, cuando el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) proclamaba el derecho a investigar, difundir y recibir informaciones, ideas y opiniones por cualquier medio, pero, justamente, ese consideración general de los medios hace que las actividades informativas en Internet (mejor que por Internet) queden perfectamente dentro del ámbito de la declaración.

La Red es más que un medio de comunicación, aunque los medios, los cibermedios, operen en este ámbito. El ejercicio de la libre expresión e información en el ciberespacio es un derecho tan fundamental como su manifestación en el espacio mediático. Algún juez en España (caso SER) todavía no se ha enterado.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos protege el secreto profesional


Cinco de los grandes medios británicos han ganado un caso histórico. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce y protege su derecho a mantener reservadas las fuentes anónimas.

Todo empezó el 27 de noviembre de 1971 cuando The Financial Times recibió un documento filtrado por una fuente anónima que advertía de una posible compra de la cervecera sudafricana SAB por la belga Interbrew. El periódico público la información y le siguieron The Times, The Guardian, The Independent y Reuters -los cinco demandante a los que el Tribunal de Estrasburgo ha dado la razón. Demandados por Interbrew para que revelaran su fuente. La High Court británica falló en su contra y ordenó a los medios que entregaran los documentos a la cervecera porque consideró más relevante el derecho de la  compañía a castigar la filtración que el de proteger la fuente. Esta sentencia ha sido ahora revocada por el Tribunal Europeo.

Los jueces europeos fallan por unanimidad que el derecho a la libertad de expresión e información, consagrado por el art. 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, incluye el derecho a proteger las fuentes anónimas. En la sentencia el Tribunal reafirma que “la protección de las fuentes periodísticas es una de las condiciones básicas de la libertad de prensa”, como ha venido sosteniendo en su jurispruedencia. Examina si la restricción impuesta por el tribunal británico a este derecho es legítima y proporcionada en una sociedad democrática, en los términos del Convenio Europeo, y llega a la conclusión de que no, aunque la conducta de la fuente pueda ser ilegal, como en este caso al filtrar un documento interno protegido por el derecho mercantil. En esta ponderación el Tribunal juzga importante la conducta de la empresa, que no trató de impedir la publicación del documento y se limitó a pedir la revelación de la fuente una vez publicado.

Sentencia Financial Times LTC and others v. The United Kingdom

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