Lecciones del intento de interferencia del Consejo de Administración de RTVE: ni un paso atrás en la independencia profesional


Apenas en 24 horas las redes sociales han alimentado una ola de rechazo que ha obligado a los consejeros y a sus partidos a dar marcha atrás en su intento de supervisar la información de TVE.

Un día no es nada, pero parece que estamos abocados a reflexionar en caliente. Para mi estas son las reflexiones de esta movida jornada.

Consejo de Informativos. El Consejo de Informativos de TVE ha estado a la altura de las circunstancias. Ha ejercido satisfactoriamente su función de órgano de control interno y garante de la independencia profesional y editorial de RTVE. Sale reforzado, pero su prueba de fuego residirá en la forma en que dé su dictamen al nombramiento en su día del director de Informativos que suceda a Llorente. El PP arrastró los pies en la negociación del Estatuto de Informativos. Espero que hoy que sus dirigentes han hecho alarde de fe en la independencia profesional hayan borrado de su agenda (oculta) la eliminación de este organismo.

Consejo de Administración. En mi opinión, más que ejercer un verdadero control previo lo que pretendían los consejeros era enterarse de lo que se cocía para ir con el cuento a sus jefes en el partido y hacer méritos. Incluso parece que ha jugado el prurito de decir “ahora que somos el presidente colegiado, pues vamos a controlar la información”. Los votos me parece que se explican por equilibrios y pactos internos.

El presidente. Nos hemos enterado que Fernández y Oliart sí tenían acceso al sistema de redacción. Seguramente Oliart no metería la nariz, pero no dudo que Fernández revisaba (o ponía) hasta la última coma. El presidente de la Corporación es su máximo ejecutivo, pero no es el responsable editorial de la información. La ley debiera modificarse para que no quedaran dudas que el responsable editorial (y en consecuencia responsable jurídico) es el director de los Servicios Informativos (los de TVE, de RTVE, de medios interactivos). Sólo el director de Informativos y los responsables editoriales que él dependen pueden supervisar o controla previamente a la emisión. Otra cosa es censura inconstitucional.

- Los profesionales. La Redacción de Informativos se ha rebelado. La verdad es que en este caso no era muy difícil, porque se seguía la corriente y el propio director de Informativos era partícipe en la protesta. En épocas pasadas estas rebeliones eran contra direcciones manipuladoras. Pero entonces no existían las redes sociales y el hartazgo del bipartidismo no era tan grande. Está bien, que los nuevos profesionales vayan entrenándose en la protesta, por lo que pueda venir.

- Los partidos. Han puesto cara de póker, como si la cosa no fuera con ellos. Si han dado marcha atrás no ha sido tanto por la condena social (de nada han servido medio millón de firmas pidiendo un referendum constitucional), sino porque la retirada no tocaba sus intereses esenciales. En campaña electoral la información se cosifica y queda bajo el control de la Junta Electoral Central y sus instrucciones mostrencas. Además, estoy seguro que hay zascandiles en la Redacción que ya les dan el queo para hacer méritos.

- La sociedad. La gran esperanza es la reacción social. Los partidos empiezan a ser sensibles a las redes sociales, al menos en campaña electoral. Pero en esta catársis colectiva muchos se rasgan hipócritamente las vestiduras. Los medios privados tienen legítimamente un sesgo editorial que, por ley, no puede tener RTVE, pero de eso a mentir o alterar la realidad como en el caso reciente de la foto de El Mundo hay un abismo. Da vergüenza leer la justificación de Pedro J.

La prueba del algodón de la independencia editorial de RTVE vendrá con la llegada del PP al gobierno. Espero que les haya servido de lección para no alterar todos los elementos positivos que la Ley 17/2006 trajo a RTVE.

Hay muchas asignaturas pendientes:

– Establecer un modelo estable de financiación, que creo que ahora ya no puede hacer uso de la publicidad, ni siquiera de modo limitado.

- Aumentar al menos en un par de canales, de modo que RTVE pueda desarrollar verdaderos canales temáticos.

Seleccionar consejeros verdaderamente independientes, con trayectorias profesionales no sólo brillantes, sino también con un perfil de independencia.

– Sacar las sucias manos de todos los partidos de RTVE. Ni que decir tiene que sería un atentado contra la democracia volver al antiguo modelo de dependencia directa gubernamental.

Terminaré con una cita del presidente del Trust de la BBC, Chris Patten, que no ha llegado ahí como un advenedizo (fue presidente del Partido Conservador, Gobernador de Hong Kong y pilotó su traspaso a China, Comisario europeo, Rector de Oxford; igualito que algunos consejeros de RTVE). Patten define a la BBC como una verdadera fuerza moral.

La Corporación británica se ha ganado el aprecio ciudadano en 60 años. RTVE ha empezado a conseguirlo en los últimos años. No lo echemos por la borda.

(Para otro día dejo las reflexiones general sobre la política audiovisual).

El Consejo de Administración de RTVE no tiene competencias para censurar la información de TVE


Escándalo general por la decisión del Consejo de Administración de RTVE de acceder al sistema informático de la Redacción de TVE. (El País, Público). La Red arde (#rtvedetodos es trending topic).

El Consejo de Informativos de TVE reprueba la decisión que considera “un ataque directo a la libertad e  independencia de los profesionales de la información”. Rebelión también entre los responsables editoriales (El Mundo).

¿A qué se han dado acceso los consejeros de RTVE?

– A todas las fuentes escritas y audiovisuales que alimenta la Redacción de TVE, fuentes externas como las agencia, pero también internas, esto es, por ejemplo, a los rodajes de las redacciones de Madrid y todos los centros territoriales.

– A las previsiones de noticias y su cobertura.

– A los minutados y guiones de los programas y su evolución.

– A las informaciones durante su elaboración, esto es, a sus textos, montajes de vídeo y sus distintas versiones, tanto de los informadores como de las correcciones realizadas por los distintos responsables editoriales.

Por cierto, que si de lo que se tratara es de que los consejeros tuvieran una información actualizada, ya existe en la intranet corporativa una aplicación que permite el acceso a todas las agencias informativas cotratadas por RTVE, sin necesidad de entrar en el sistema informático de la Redacción (iNews).

El acceso a este sistema informático interno permite a los consejeros supervisar la información cotidiana y la planificación de la misma. En otras palabras, pueden censurar de hecho las informaciones, mediante presión al Director de los Servicios Informativos, los responsables editoriales intermedios y hasta a los propios informadores. Y, un aspecto poco resaltado, el conocimiento de los minutados se presta a la denuncia partidista antes de que una información se haya emitido.

El Consejo de Administración de RTVE no tiene competencias para supervisar la información

Al Consejo de Administración corresponden la dirección y gobierno de la Corporación (art. 9.1 L. 17/2006). Entre sus competencias y funciones (art. 16 L. 17/2006) está la responsabilidad por el cumplimiento general de la misión de servicio público y los objetivos generales de la Corporación, nombrar al Presidente, aprobar el nombramiento de los directivos de las sociedades (entre ellos los directores de los Servicios Informativos), supervisar la labor de los directivos y fijar las directrices generales de actuación de la Corporación. En ningún caso la supervisión de la información. Ni siquiera el Presidente tiene entre sus funciones el control de la información (art. 20 L. 17/2006).

Los principios de independencia editorial y profesional son elementos esenciales del servicio público que la L. 17/2006 encomienda a RTVE (art. 3.2 b). Para velar por esa independencia la Ley establecía unos consejos de informativos, constituidos en virtud del Estatuto de Informativos de la Corporación, pactado entre el Consejo de Administración y la representación de los trabajadores.

La responsabilidad informativa, como bien indica el Consejo de Informativos de TVE, “recae de forma directa en la dirección de los servicios informativos, las jefaturas de área, los editores y todos los profesionales que forman parte de la cadena de elaboración de la información”.

El Consejo de Administración, en ejercicio de sus funciones, ha aprobado un conjunto de normas que delimitan el servicio público en materia informativa (por ejemplo, el Manual de Estilo). Y hasta ahí puede llegar. No puede supervisar y menos censurar.

Ahora, la ministra Pajín anuncia una rectificación. Lo peor es que el daño ya está hecho. Da munición a los enemigos del servicio público, que dirán que una televisión pública independiente es imposible.

(El que suscribe fue redactor durante 32 años de TVE, hasta que me acogí voluntariamente al ERE. Fui miembro del Consejo Antimanipuación, del Consejo Provisional de Informativos y la de Comisión Redactora del Estatuto de Informativos de RTVE)

Matanza de Noruega: ¿matan las ideas?


Anders Behring Breivik apretó el gatillo y puso las bombas. La policía y los fiscales deberán dilucidar si actuó completamente sólo o con colaboración o al menos en conexión con personas o grupos que compartieran sus delirantes ideas. Los tribunales le juzgarán y establecerán su responsabilidad penal.

La masacre plantea una vieja cuestión: ¿matan las ideas? ¿pueden ser las ideologías criminales? ¿son libres todas las ideas? ¿pueden establecerse límites a las ideologías del odio?

Breivik ha llevado a sus últimas consecuencias la ideología que impregna a los nuevos partidos de extrema derecha que proliferan en los países del norte (o en el norte de los países del sur, por ejemplo la Liga Norte). Su idea fuerza es que la inmigración, señaladamente la inmigración musulmana, va a imponer un cambio de la identidad europea. Europa, la tierra de la razón y la tolerancia, va perder sus señas de identidad; va a perder su religión cristiana, su pureza racial, su racionalidad y tolerancia. El islam, una religión retrógrada, se va a imponer y los culpables son los políticos que toleran la inmigración y propugnan una sociedad multicultural. El multiculturalismo es culpable.

El joven noruego puede ser un perturbado o un iluminado, depende como se mire. Su representación del mundo se ha nutrido del liberalismo, el fundamentalismo cristiano, la teoría del choque de civilizaciones y de los relatos exotericos en torno a los templarios. Al final, un cóctel que ha cristalizado en un manifiesto que es como el reverso especular del yihadismo y Al Qaeda, con su misma visión de cruzados o caballeros cristianos que luchan contra el enemigo musulmán.

Parece que una de las obras de cabecera del criminal era el breve ensayo de John Stuart Mill “On the liberty”. Ni que decir que nada entendió, porque Mill, siguiendo la estela abierta por Milton dos siglos antes, defiende no ya la tolerancia, sino la confrontación de ideas para alcanzar la verdad. Doctrina que la jurisprudencia norteamericana concretó en la teoría de libre mercado de las ideas y, consecuentemente, en una amplia interpretación de la libertad de expresión, que protege actos simbólicos, como pueden ser quemar la bandera norteamericana o el Corán. No obstante, la libertad de expresión admite límites cuando exista un “clear and present danger”. O dicho en palabras del juez Holmes: la libertad de expresión no autoriza a dar el grito de fuego en un teatro.

En Europa a partir de la II Guerra Mundial se comenzó por perseguir la defensa del nazismo o fascismo y la difusión del negacionismo de los crímenes nazis. A partir de ahí, muchas legislaciones europeas consideran delito la difusión y propaganda de las llamadas “doctrinas del odio”, esto es, aquellas ideas que propugnan el odio o la discriminación. Recientemente, un tribunal holandés ha absuelto al ultraderechista Wilders de uno de estos delitos al considerar que al criticar al Islam como una doctrina totalitaria fundada en la dominación, violencia y opresión, no inducía a discriminación hacia los musulmanes.

Una cosa son las ideas y otra sus consecuencias prácticas. Por ejemplo, la doctrina del choque de civilizaciones, popularizada por Samuel Huntington hace una década, puede ser discutida en el ámbito académico y en el foro de los medios. Estamos en ámbitos racionales. Más allá, todos los líderes racistas o xenófobos, puede que sin ni siquiera leer la obra, la harán suya y la citarán como argumento de autoridad. Hasta ahí, habrá que confrontar esas ideologías con otras ideologías. Pero cuando se da un paso más y se proponen medidas discriminatorias atentatorias contra los derechos humanos se sobrepasa la libertad de expresión. Ni siquiera mediante la democracia directa, mediante referendum, se puede limitar derechos fundamentales, como se ha hecho en Suiza prohibiendo la construcción de mezquitas.

No, las ideas no delinquen. Pero ciertas ideas alimentan a los criminales. Hitler se nutrió del antisemitismo en gran parte de raíz cristiana y de distintas supercherías como los Protocolos de los Sabios de Sión. Entonces, un ser diabólico enajenó a un país culto y avanzado, pero que estaba empapado por una cultura autoritaria.

Hoy, los líderes ultraderechistas son postmodernos. Llevan el pelo oxigenado, son abiertamente homosexuales y apoyan  a Israel. No quieren derribar el estado de derecho, se conforman con dejarlo vacío de contenido. En este humus crecen los Anders Behring Breivik.

(Un ejemplo de las palabras del odio. Glenn Beck, el gurú del Tea Party, compara la acampada de los jóvenes laboristas noruegos con las juventudes hitlerianas)

Libertad de expresión, derecho al olvido, derechos de autor, Google y enlaces a películas


“No invocarás la libertad de expresión en vano”

Este debiera ser el título de esta entrada, pero por aquello del posicionamiento en los buscadores he compuesto un título por agregación que al final no dice nada.

No pretendo más que mostrar mi sorpresa por la ligereza con la que se quieren tapar todas las vergüenzas con el manto de la libertad de expresión.

Ante el riesgo de cierre, los agregadores de enlaces a películas dicen que ellos se limitan a ejercer la libertad de expresión.

Ahora el muy poderoso Google poco menos que amenaza con poner al Reino de España en la lista negra de los violadores de la libertad de expresión, porque la Agencia de Protección de Datos les requiere para que dejen de enlazar a publicaciones (principalmente boletines oficiales) en los que aparecen personas que quieren que sus referencias no sean recuperables.

En el primer caso estamos ante un conflicto entre libertad de información y derechos de autor. En el segundo, en un conflicto entre el derecho a la información y un nuevo desarrollo del derecho a la vida privada, el derecho al olvido, que corresponde a cualquier particular en relación a sus actividades sin trascendencia pública.

Estos conflictos entre dos libertades tienen que ser resueltos por las leyes y los tribunales ponderando y equilibrando los derechos e intereses en presencia para que las limitaciones que uno de ellos haya de sufrir en beneficio del otro sean mínimas.

Y es que -parece obvio recordarlo- ningún derecho es absoluto. Todos están interrelacionados y todos tienen que estar al servicio de los otros, pero en caso de conflicto tiene que predominar el que sea más esencial e irrenunciable para la dignidad personal.

Cada ordenamiento nacional aplica unos u otros equilibrios, pero en ninguno ni la libertad de expresión ni ningún otro derecho es absoluto. En Europa se da más peso a los derechos de la personalidad que en Estados Unidos, pero también allí la jurisprudencia (constitucional) del Tribunal Supremo considera la privacidad como un derecho irrenunciable.

Lo que ocurre es que los grandes conglomerados de Internet hacen una interpretación interesada de la libre expresión.

Termino con el optimismo liberal del preámbulo de nuestra Constitución de Cádiz:

 

“Como nada contribuye más a la ilustración y adelantamiento general de las naciones y a la conservación de su independencia que la libertad de publicar todas las ideas y pensamientos que puedan ser útiles y beneficiosas a los súbditos de un estado, la libertad de imprenta, verdadero vehículo de las luces, debe formar parte de la ley fundamental de la Monarquía, si los españoles desean sinceramente ser libres y dichosos.”

Derecho a saber y transparencia pública


¿Poder acceder a la información  pública es un derecho fundamental o una consecuencia de la obligación de transparencia de las instituciones públicas?

Esta es quizá la cuestión principal debatida el martes 28 de septiembre en la Jornada del Secretismo al Derecho a Saber, organizada por la Coalición Pro Acceso y Acess !Info Europa en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, para celebrar el Día Internacional del Derecho a Saber.

El derecho de acceso es presupuesto para la participación ciudadana y una democracia de calidad, como puso de manifiesto el profesor José Luis Martí. Sin embargo, España es, junto a Luxemburgo, Malta y Chipre, el único país de la UE sin una ley de acceso.

El anteproyecto de la Ley de Acceso a la Información no configura el acceso como un derecho fundamental, sino como una obligación de las instituciones públicas. Dicho en términos jurídicos, desarrolla en art. 105 b) de la Constitución y no el art. 20.1 a), que consagra el derecho a la libertad de expresión e información.

Como defendió el profesor de De Diego, la libertad de informar implica la libertad de investigar, de modo que en una interpretación global  en relación podel art. 19 de la Declaración de Derechos Humanos, que consagra la facultad de investigar, este derecho podría residenciarse en el art. 20 con carácter de derecho fundamental. En cambio, según reconoció el catedrático José Luis Piñar, antiguo director de la Agencia de Protección de Datos, la doctrina administrativa se pronuncia por considerar el acceso como una obligación impuesta a las administraciones.

No es una discusión académica. De que se considere derecho fundamental depende que las excepciones al acceso sean más o menos amplias y que los ciudadanos puedan exigirlo por la vía del amparo constitucional, pudiendo llegar hasta el Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sus demandas.

Paradójicamente, esta ley de la transparencia se tramita en la oscuridad. Las organizaciones manejan un anteproyecto filtrado, pero no oficial. Entre las deficiencias criticadas en la jornada destaca lo dilatado de los plazos y la limitación de acceder a la información de las empresas de capital público que no ejerzan un servicio público. Positivo se consideró que la gestión de las peticiones de acceso se otorgue a la Agencia de Protección de Datos.

La cultura del secretismo puede revertir con la entrada en vigor de la ley. Se puso como ejemplo México, con una ley avanzada. Pero, como demuestra el caso de México, donde la situación se ha degrado en los últimos tiempos, hace falta voluntad política para aplicar la ley.

En el caso de España, una directiva europea obligó a incorporar este derecho en la Ley de Medio Ambiente. Amigos de la Tierra consiguió publicar un mapa de los cultivos de transgénicos, después de una larga batalla legal y eso pese a que su petición de información a la Administración estaba avalada por la ley y la jurisprudencia europea.

Otra de las organizaciones asistentes, Pro Bono Publico, pide que las instituciones públicas abran sus datos en un formato accesible para que los ciudadano puedan explotarlos.

Ésta será una de las grandes cuestiones. El derecho no puede limitarse a responder a través de un órgano central las peticiones de información de los ciudadanos, sino que los datos deben ser fácilmente accesible a todos. Pero este acceso general no sólo plantea conflictos con la privacidad, sino la cuestión de qué aprovechamiento puede hacerse de esos datos. ¿Pueden aprovecharse con fines comerciales? ¿Cómo garantizar que los beneficios de su uso reviertan en la sociedad?.

En cualquier caso, los periodistas seguirán siendo necesarios para dar sentido a esa masa ingente de datos.

Pluralismo y subsidios


La subvención a un diario ultraderechista pone en cuestión la política de subsidios a la prensa de Suecia.

Me refería aquí hace un par de días a la propuesta de la Federación Europea de Periodistas de subvencionar el periodismo como un bien público. Suecia es uno de los pocos países donde todavía se mantienen las subvenciones a la prensa, que fuero comunes en Europa hasta hace 20 años.

La polémica ha estallado al conceder el Consejo independiente responsable de las subvenciones un subsidio de unos 300.000 € al diario ultraderechista Nationell Idag. El Consejo se defiende asegurando que el diario cumple con los requisitos objetivos exigidos: tirada, porcentaje de financiación por suscriptores y publicación de al menos mil metros de columnas de material informativo diario. Una de las componentes del Consejo ha dimitido y la Ministra de Cultura ha propuesto reformar el sistema.

El sistema de subvenciones intenta promover el pluralismo externo, esto es, que en un determinado ecosistema informativa haya el mayor número posible de voces diversas, o, dicho en términos del liberalismo norteamericano, que todos tengan la posibilidad de hacerse presentes en el “libre mercado de las ideas”. Una de las maneras de garantizar el pluralismo externo es establecer normas anticoncentración; la otra es subvencionar el pluralismo.

El caso plantea algunas cuestiones al sistema de subvenciones públicas:

– En la época de la comunicación interactiva ¿tiene toda opción ideológica derecho a mantener un diario en papel y a recibir subvenciones para ello?

– ¿Puede subvencionarse con dinero público a los enemigos del pluralismo para lograr un mayor pluralismo?

– Si los requisitos no son puramente objetivos y se entra en la evaluación de la ideología ¿no se convertirán estas subvenciones en una herramienta de control político?

“Las riberas del mar océano” censurada en TVE por el Ministerio del Medio Ambiente, Rural y Marino


Las riberas del mar oceáno era uno de esos grandes documentales seña de identidad de TVE. Hoy El País informa que el Ministerio del Medio Ambiente, Rural y Marino, que invirtió 1,2 millones en la serie veta su emisión. Y el Ministerio lo confirma. Este el vídeo de la polémica, publicado también por El País.

En realidad el organismo que financió y el que veta no es el mismo. El que pagó era el Ministerio de Medio Ambiente dirigido por Cristina Narbona y el que censura es el Ministerio de Agricultura y Pesca que absorbió al anterior. Que la discrepancia fundamental resida en querer eliminar la denuncia de la corrupción indica bien cual es la actitud del nuevo ministerio.

Desde el punto de vista informativo, lo significativo es que el que paga manda. La financiación externa institucional ha venido siendo desde hace muchos años una forma de financiación pública encubierta de proyectos de calidad. TVE conseguía financiación, se realizaba un proyecto de prestigio, se daba satisfacción a un organismo oficial… y luego la serie se emitía en La Dos a una hora imposible.

Que yo tenga noticias está colaboración institucional no dio lugar a problemas sobre los contenidos, o por lo menos éstos no trascendieron. Pero lo que demuestra este caso es que TVE pliega la independencia que la ley le exige ante sus financiadores institucionales. Quien paga parece tener la última palabra sobre el contenido.

Habría que conocer los términos de los convenios firmados, pero la práctica parece demostrar que el financiador tiene unas competencias sobre el producto final incompatibles con la independencia de la radiotelevisión pública. Una vez más se demuestra que la independencia editorial se basa en la independencia económica.

Julio de Benito fue el director e inspirador de la serie. Julio nos dejó hace unos meses. Valga esta entrada como homenaje a su persona y a su coraje.

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