De versiones originales, censuras y otras estupideces


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Nos hemos vuelto todos locos. Que el Ayuntamiento de Madrid haya creado una página web para dar su versión “original” de las noticias que le conciernen -una iniciativa muy menor- ha desatado una reacción desmedida en los medios y organizaciones profesionales.

La presidenta de la FAPE habla de “halo de censura”. Censura es el control previo de los contenidos previos a su difusión y, por extensión, cualquier intento de evitar la difusión de la información. ¿Impide la web del Ayuntamiento que cada cual difunda libremente la información que le parezca? No. Las organizaciones profesionales debían de buscar esa sombra de censura en las redacciones, donde cada día periodistas se ven impedidos de difundir informaciones en nombre de la sacrosanta libertad editorial. Y dar un respaldo expreso a las denuncias realizadas por los consejos de informativos de RNE y TVE, que esos periodistas de la radiotelevisión pública sí que sufren una censura cotidiana.

El País y la Asociación de la Prensa de Madrid arguyen que la rectificación debe hacerse por el procedimiento establecido por la ley. Conforme al art. 1 de la L.O. 2/84 “Toda persona natural o jurídica, tiene derecho a rectificar la información difundida, por cualquier medio de comunicación social, de hechos que le aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio.” Ninguna ley impide que cualquier pueda dar su propia versión por sus propios medios. Ninguna norma prohibe que las fuentes contradigan a los medios.Por cierto, a ver cuando los diarios dejan de publicar la rectificaciones en un suelto perdido entre las cartas al director, como hace El País, que eso sí que va contra la ley.

La reacción de los medios y de estas organizaciones profesionales ha sido corporativista. Por supuesto que -como dice Elsa González- los periodistas tienen que jugar la función de contrapoder. Pero la información no es propiedad ni de los medios ni de los periodistas. Ni tampoco de los ayuntamientos o de cualquier otro poder. Es cuando menos ingenua la pretensión del Ayuntamiento de dar la versión “original” “auténtica”.

El Ayuntamiento de Madrid tiene un grave problema de comunicación. No hay más que ver la declaración del concejal de Hacienda para darse cuenta que no está llamado a comunicar y es incapaz de trasladar eficazmente un mensaje. Pero no se trata sólo de portavoces poco hábiles. El problema es que no hay un mensaje común, que cada día se manifiesta la falta de coherencia de un equipo de procedencias diversas. El Ayuntamiento lo primero que tiene que hacer es aclararse internamente y apostar por unos mensajes comunes. A lo mejor eso son los argumentarios de los “viejos” partidos, pero otra cosa es el caos.

Sorprende la virulencia a favor y en contra. Desde su toma de posesión el Ayuntamiento de Madrid se ha visto envuelto en polémicas que poco tenían que ver con las políticas municipales. Y los concejales no han perdido la oportunidad de pisar todos los charcos. Está claro que los ayuntamientos de Madrid y Barcelona se han convertido en el banco de pruebas de “otra política”, en un campo de batalla que va más allá de lo municipal.
(De acuerdo con Juan Luis Manfredi en que V.O. es una ocasión perdida para la verdadera transparencia municipal)

Otra información electoral al servicio del público


Información sí, propaganda no

 

Como la mayor parte de los periodistas odio los bloques electorales en las televisiones públicas. Pero la solución no es su pura abolición, sino buscar un modelo que haga compatible el pluralismo político con el derecho a la información. Un sistema que permita una razonable igualdad de oportunidades entre los contendientes, pero que garantice al público que los medios públicos les ofrecerán una información plural, contrastada, crítica que les sirva para formar su decisión de voto.

Bloques electorales

Los bloques son la conversión de la información electoral en propaganda. Como es sabido, los tiempos son propuestos por las televisiones y aprobados por la Junta Electoral conforme un reparto proporcional (más o menos ponderado) conforme a los resultados de las elecciones anteriores.

Cada día hay que cubrir la cuota correspondiente a cada partido, unos cuantos minutos para los mayoritario y algunos segundos para los minoritarios. Frente a una creencia muy común, los bloques (una peculiaridad exclusivamente española) no vienen exigidos por la Ley Electoral, sino que es una construcción de la Junta Electoral (controlada por los partidos) que ha extendido el régimen de los espacios de propaganda gratuita a la pura información

Los bloques son pura propaganda:

  • Los tiempos están prestablecidos por un plan de cobertura, sin que se puedan cambiar en función de la actualidad.
  • Los bloques son información de los actos de campaña de los partidos. En ellos los partidos pueden hacer propuestas, pero en general son utilizados para vehicular los mensajes eje y construir la imagen del partido. Los mítines son una de las principales herramientas del marketing político. Los mensajes se construyen para y se sincronizan con  la conexión del telediario.
  • Los informadores son convidados de piedra en los mítines, sin que puedan plantear preguntas a los líderes. Los grandes partidos entregan la imagen realizada, sin permitir que los reporteros gráficos de las televisiones puedan captar libremente las imágenes.
  • Los informadores adscritos a la campaña de un partido se encuentran bajo la presión de los jefes de campaña para que destaquen el mensaje que interesa al partido.

Por supuesto, el reparto de tiempos es más que cuestionable. La proporcionalidad conforme a los resultados de elecciones anteriores es una foto fija que sólo garantiza parcialemente el pluralismo político. La Propuesta Voltaire lanza la idea de un reparto más equitativo, siempre con referencia a los resultados de elecciones anteriores. La única regla equitativa es el número de candidaturas presentadas en el ámbito electoral correspondiente, pues de otro modo resulta imposible que aparezcan nuevas opciones. Este criterio igualitario podría ser corregido con el proporcional con referencia a los resultados electorales anteriores.

Espacios de propaganda gratuita en los medios públicos

Estos espacios están regulados por la Ley Electoral (arts. 59 a 67) y vienen a ser la compensación a la prohibición de la emisión de propaganda electoral en las radios y televisiones privadas. De hecho, se han convertido en unas cuñas o spots reiterativos y odiosos, como mucha de la publicidad comercial, con el agravante de que los espacios de los grandes se repiten una y otra vez.

Sustituir los espacios por los bloques

Mi propuesta básica es sacar los bloques de campaña de los telediarios y colocarlos al final, en el tiempo en el que ahora aparecen los espacios gratuitos, que serían eliminados. Los bloques responderían al modelo actual, información de camapaña, con un reparto más igualitario (50% igual para todas las opciones que superen determinado número de candidaturas + 50 % proporcional), producidos en las mismas condiciones que hasta ahora.

Así, la información electoral en los medios públicos contaría con los siguientes elementos:

  • Información electoral en los telediarios. Centrada en el análisis de las propuestas, la confrontación de estas con los datos de la realidad, análisis de trayectorias de partidos y candidatos, incluyendo las informaciones relevantes que puedan aparecer en la campaña electoral. Los medios públicos presentarían un plan general (sin atribución de tiempos) para su aprobación por la Junta Electoral, que seguiría siendo competente para resolver las quejas de las opciones electorales.
  • Bloques de campaña a continuación de los telediarios, en lugar de los espacios gratuitos, en las condiciones explicadas anteriormente.
  • Entrevistas a candidatos, con repartos de tiempos conforme a criterios de igualdad y proporcionalidad.
  • Debates. Los debates formalizados y rígidos no son la mejor elección, pero son difíciles de evitar cuando tienen que estar presentes un número elevado de participantes, conforme a criterios de igualdad y proporcionalidad. La referencia a resultado anteriores podría aplicarse para un debate a dos entre las opciones electorales mayoritarias. Pero lo novedoso sería someter a cada uno de los candidatos a las preguntas de un panel plural de periodistas y un panel representativo de la sociedad, elegido por medios demoscópicos.

La sustitución de los espacios gratuitos de propaganda por los bloques requeriría el cambio de la ley, pero el resto de las medidas no. Bastaría la aprobación de los planes de cobertura (que, por cierto, no están exigidos por la Ley) por la Junta Electoral. Incluso, si los bloques se mantuvieran como hasta ahora, nada impide realizar una información profesional sobre programas y trayectorias fuera de los mismos.

Estos cambios tendrían sentido en una reforma profunda del régimen electoral, que incluya una real limitación de los gastos electorales, sometidos a un régimen de transparencia. Porque la desigualdad no es tanto unos segundos más en los telediarios, como que una opción (el PP con 20 millones) doble el gasto de todos los demás.

FUENTES

Propuesta Voltaire

– Almirón, Núria et al (2010): “The Regulation of Public Broadcasters’ News Coverage of Political Actors in Ten European Union Countries”. Comunicación y Sociedad, V. XXIII (1), 205-236 (pdf).
– Almirón, Núria et al (2010): “Los bloques electorales en los medios públicosdel Estado español: una excepción en Europa”. Cuadernos del CAC, 34, vol. XIII (1), 95-102. (pdf),

– Díaz Arias, Rafael (2000): “PAR CONDICIO versus EQUAL TIME”. Experiencia de regulación de spots políticos en televisión” (pdf).

– Díaz Arias, Rafael (1978): “Aproximación al régimen jurídico de la propaganda electoral”. Persona y Derecho, Nº. 5, 227-308 (pdf).

 

 

El Tribunal Europeo de Derechos aprecia interés público en la cámara oculta


El Tribunal Europeo de Derechos Humanos declara la cámara oculta una intromisión legítima en el derecho al honor en su sentencia en el caso Haldimann y otros contra Suiza (24 de febrero de 2015). La sentencia ayuda a perfilar el alcance legítimo de esta técnica informativa, pero, en ningún caso, supone una admisión incondicionada de cualquie modalidad de cámara oculta.

El caso Haldimann

En 2003 un programa de consumo de la televisión de la Suiza alemana (SF DRS) decide abordar el asunto de las malas prácticas en la venta de seguros de vida. Para ello prepara un grabación con cámara oculta. Una periodista concierta una entrevista con el pretexto de estar interesada en la suscripción de un seguro.

La conversación tiene lugar en un lugar privado (que se hace pasar por el domicilio de la interesada en el seguro) y se graba con dos cámaras ocultas. En la habitación contigua se encuentra otra periodista con un experto en seguros que va a comentar las malas prácticas detectadas en la conversación. Cuando termina la conversación se hace saber al agente que ha sido grabado (“me lo esperaba” -dice éste) y se le ofrece dar su opinión, lo que rehusa. Finalmente, el programa emite extractos de la conversación con el rostro del corredor pixelado y su voz distorsionada para preservar su identidad.

Los tribunales condenan a las dos periodistas y a dos editores a penas de multa (por cierto, de mínima cuantía) por aplicación de los preceptos del código penal que sancionan la grabación de conversaciones de otras personas sin permiso y por violación del dominio secreto o privado.

La sentencia del Tribunal Europeo

El Tribunal de Estrasburgo plantea la cuestión en el terreno del conflicto entre la libertad de información y el derecho a la vida privada. Después de reiterar su jurisprudencia al respecto (por ejemplo el caso Springer de 2014) aplica los tests para saber si la intromisión del ejercicio de la libertad de información en el derecho a la vida privada cumple los requisitos del art. 10 de la Convenio de Derechos Humanos.

La limitación está prevista por una ley general accesible a todos los ciudadanos. Los periodistas, además, profesionalmente no podían desconocer que su conducta podía ser sancionada por el Código Penal. Pero -y es importante para el fallo final- la cámara oculta no está expresamente prohibida.

El objetivo de la limitación es legítimo, pues se protege el derecho a la vida privada, que es uno de los límites establecidos por el art. 10.

Pero esa limitación no es necesaria en una sociedad democrática. El Tribunal entiende que en este caso debe primar un interés público muy relevante, como es el de revelar las malas práctica en materia de contratación de seguros. Y en este juicio pesa el hecho de que la intromisión en la vida privada del corredor de seguros (pese a que no es un personaje público y no está sometido al escrutinio informativo) no ha sido grave, pues se ha intentado preservar su identidad y el impacto sobre su reputación ha sido muy limitado. Además, entiende que se han respetado en términos generales las normas deontológicas del Consejo de Prensa suizo. Y, frente al criterio de los tribunales suizos, que sostenían que ese debate público podía promoverse por otros medios menos intrusivos, los jueces de Estrasburgo reafirman el derecho de los profesionales a elegir las técnicas que consideren más adecuadas, siempre que se respeten las normas deontológicas.

¿Derecho al honor o derecho a la confidencialidad?

El juez Lemmens disiente en un voto particular. A su juicio, la intromisión no se ha producido en la vida privada o en el honor del corredor sino en el derecho a la confidencialidad de nuestras conversaciones, que es el bien protegido por el Código Penal suizo. La difusión de las conversaciones privadas -dice- está prohibida en términos generales, también para los periodistas.

Este voto particular está en una línea parecida a la de la sentencia de nuestro Tribunal Constitucional del pasado año, que viene a considerar ilegítima en terminos generales esta técnica en cuanto que violación de la confidencialidad y  desproporcionada porque siempre cabe recurrir a otras técnicas menos intrusivas en los derechos de los demás.

Lo que cuenta son las circunstancias del caso

Muchos entendieron que aquella sentencia cerraba la puerta a cualquier uso de la cámara oculta. Otros pensaran hoy que el tribunal europeo abre esa puerta. Sin quitar importancia a esta sentencia (la primera del TEDH en la materia) hay que ser prudentes y aplicar los test de legitimidad de la limitación a las circunstancias particulares de cada caso:

– ¿Prohibe alguna ley expresamente esta práctica? ¿Puede entenderse que esta conducta está incursa en algún tipo penal?

–  ¿Supone la violación o la intrusión de algunos de los límites mencioandos en el art. 10 o de alguno de los otros derechos fundamentales consagrados en la Convención?

– Y (el test decisivo) es una limitación necesaria en una sociedad democrática o esta intromisión está justificada por el interés público? Y aquí es donde habrá que valorar las circunstancias particulares y de modo especail si han respetado las normas deontológicas y de buena práctica periodística.

Las fronteras de la libertad de expresión


Portada del número extraordinario de Charlie Hebdo

Je suis Charlie / Je me sens Charlie Coulibaly – Charlie Hebdo vs Dieudonné

En estos días todos hemos sido Charlie. Todos hemos mostrado identificación y solidaridad con el diario satírico. Puede que ni siquiera lo conociéramos o -como es mi caso- no nos gustara su humor. Pero Chalie Hebdo es el símbolo de la libertad de expresión mancillada, de los mártires de este principio esencial de nuestras sociedades. Una libertad de expresión ejercida a través de la sátira, de un humor corrosivo con los dogmas y tabúes.

Cartel electoral 2009

Pero hay quien también en nombre de su libertad de expresión, de un supuesto desafío a las convenciones y los dogmas dice sentirse al mismo tiempo Charlie, la víctima de la libertad de expresión, y Coulibaly, el verdugo de los judios.

Es Dieudonné M’Bala M’Bala, un cómico francés (de padre camerunés y madre francesa), que de una posición crítica del racismo (su pareja cómica era un humorista judío) evolucionó hacia un antisemistismo expreso -en la elecciones al Parlamento Europeo de 2009 se presentó con una lista de extrema derecha. La “quenelle”, una especie de saludo nazi invertido, se ha convertido en seña de identidad de los jóvenes franceses de los suburbios de origen magrebí o africano. Sus espectáculos reunen a multitudes de hasta 10.000 personas y son frecuentemente prohibidos por incitación al odio racial, hasta el punto de que algunas ciudades le han declarado persona non grata. El domingo, después de describir con calificativos grandilocuentes la manifestación escribió en su Facebook sentirse como Charlie Coulibaly. La fiscalía ha abierto una investigación por apología del terrorismo y el humorista ha sido detenido para ser llevado a declarar.

Charlie y Dieudonné ridiculizan dogmas y tabúes. Pero el semanaria enlaza con la esencia de la Francia republicana (el laicismo), mientras que el cómico expresa la rabia de una sociedad fracturada comunitariamente. Ambos ejemplifican bien las fronteras de la libertad de expresión.

La libertad de expresión no es un derecho absoluto

Ningún derecho lo es. Si alguno lo fuera dimensión de la vida humana anularía al resto. El derecho a la libertad de expresión tiene una raíz común con el derecho a la libertad religiosa, la libertad de conciencia. La libertad de conciencia está en la raíz de la dignidad humana y no puede ser constreñido -cada cual puede pensar y sobre todo pensarse como quiera- a diferencia de sus manifestaciones exteriores, como la libertad de expresión o la libertad de religión, susceptibles de limitación y regulación.

Para el desarrollo personal y social son imprescindibles todos los derechos. En su ejercicio unos derechos pueden entrar en conflicto con otros. Lo que procede, entonces, no es sacrificar una libertad en beneficio de otra, sino buscar un equilibrio que limite lo mínimo posible cada uno de los derechos en presencia. Esta armonización puede hacerse por la vía de la regulación y por la vía judicial, que será siempre la que en definitiva aprecie las condiciones concretas de cada conflicto. En ambos casos, el criterio de ordenación debe ser privilegiar las manifestaciones de estos derechos que sean más esenciales para la vida y la dignidad humana. Por ejemplo ¿debe prevalecer el secreto a las fuentes informativas cuando está en juego la vida de un secuestrado? La respuesta requeriría el análisis de las circunstancias del caso.

Personalmente el término límites no me gusta, prefiero la idea de armonización y equilibrio. Hablar de limites de la libertad de expresión presupone ya una cierta desconfianza hacia el poder de esta libertad. El texto mítico de la Declaración de Derechos de Hombre de 1789 ya preveía su limitación en los casos de abuso en los casos determinados por la ley. Así que la mayor parte de las constituciones liberales de la Europa del XIX y primera parte de XX declaraban solemnemente el principio y luego lo limitaban prolijamente en las leyes ordinarias.

Después de la II Guerra Mundial y la Declaración de Derechos Humanos de 1948, las nuevas constituciones y tratados de derechos humanos intentan delimitar por encima de la ley los derechos y bienes que pueden legitimar la excepción a la libertad de expresión. En el caso español (art. 20.4 CE) están en el respeto al resto de los derechos fundamentales y especialmente en los derechos al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. La jurisprudencia ha delimitado sobre todo el conflicto con los derechos al honor y la intimidad, estableciendo una presunción de legitimidad para la libertad de expresión cuando lo que invocan derechos al honor o la intimidad son personajes públicos. La libertad de información de los periodistas también prevalece, siempre que la información verse sobre cuestiones públicas y se haya realizado con suficiente diligencia profesional.

Un planteamiento austero el de la Constitución Española si lo comparamos con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que parte de que el derecho implica deberes y responsabilidad y enuncia no ya solo derechos sino un elenco muy amplio de bienes jurídicos (desde la seguridad pública a la imparcialidad judicial) que pueden justificar el establecimiento de limitaciones, pero siempre que constituyan medidas necesarias en una sociedad democrática. Y ha sido esta última cláusula la que ha permitido a los jueces de Estarasburgo delimitar estrictamente esos bienes juridicos, precisando que medidas son o no necesarias y aceptables en una sociedad democrática. Un ejercicio de armonización semejante al realizado por los jueces españoles.

En Estados Unidos la primera enmienda no permite que los poderes públicos establezcan límite alguno a la libertad de expresión o religión. Han sido los jueces los que han delimitado el alcance de la libertad de expresión, frecuentemente en relación con regulaciones locales. En palabras del juez Holmes “la libertad de expresión no autoriza a gritar fuego en un teatro”. La idea que sustenta toda la jurisprudencia es la del libre mercado de las ideas. Si todas las voces pueden ser oídas podrá alcanzarse la verdad. En la práctica, ese libre mercado de ideas se convierte en un libre mercado.

En la mayor parte de los países europeos son hoy delitos , además de la difimación, la incitación al odio, la negación del Holocausto o la apología del terrorismo. Laa regulaciones y la jurisprudencia varían, pero hay un amplio consenso que estas formas de expresión ponen en riesgo la convivencia. La cuestión está en el alcance de estos tipos penales y, sobre todo, en determinar donde termina la expresión de una idea o un sentimiento y donde empieza la incitación a una conducta.

La libertad de expresión en la frontera de la sátira

El humor, la parodia y la sátira son una constante en la Historia, siempre en la frontera, siempre reprimidas por los poderes pero también capaces de explorar nuevos espacios de libertad. En Europa han sido necesarios 300 años de guerras de religión, la Revolución francesa y el Mayo del 68 para que exista Charlie Hebdo y aún así sus responsables han tenido que visitar cada dos por tres los tribunales.

¿Dónde termina la sátira? ¿Dónde empieza la ofensa? ¿Cuándo se incita al terrorismo o la violencia? Le Monde ha sintetizado el debate mantenido estos días por su audiencia. ¡Muerte a los sildavos!(si es que existiera tal pueblo) es un delito de incitación al odio. ¡Los sildavos son unos cabrones! puede ser juzgado como una injuria pública.

Dieudonné se siente como Charlie y como Coulibaly. La equiparación ciertamente ofenderá a las víctimas y puede interpretarse como una glorificación del terrorista, por mucho que se alegara que Coulibaly también pudo ser víctima de un sistema que le marginó. Pero más allá fue todavía el cómico cuando dijo que, en comparación con el linchamiento de Gadafi, la decapitación del periodista norteamericano James Foley simboliza el progreso, el acceso a la civilización.

Dieudonné hace tiempo que dejó atrás el humor para situarse en el terreno del odio. El problema es que se ha convertido en el símbolo con el que se identifican cientos de miles de jóvenes a los que la escuela francesa no ha conseguido imbuir los valores republicanos. Por eso, las prohibiciones de sus espectáculos no hacen sino acrecentar su influencia y convertirle en un factor de desestabilización social.

Una nueva tolerancia

El “Tratado sobre la tolerancia” de Voltaire se agota estos días en las librerías francesas. No estoy de acuerdo contigo, incluso combatiré tu idea, pero estoy dispuesto a morir para que puedas expresarla -decía el filósofo. La tolerancia es el respeto al otro, es admitir que no existe la Verdad con mayúscula, que sólo hay verdades parciales y que por el debate y el diálogo llegaremos a un consenso social mínimo.

Ese debate racional sigue siendo imprescindible, pero creo que hoy la tolerancia no es sólo respetar las ideas ajenas, sino al otro en su conjunto, con sus creencias, costumbres, formas de expresión. La blasfemia no puede volver a ser delito, la religión debe estar sometida a escrutinio, crítica y sátira. No dejemos que las creencias de unos se impongan a todos. Pero no ofendamos gratuitamente al otro.

No se trata de no provocar reacciones violentas. La mayor parte de los musulmanes se encuentran perfectamente integrados (así lo defiende Olivier Roy para Francia), pero los guetos urbanos, la televisión por satélite financiada por los jeques y sobre todo las redes sociales propician que minorías juveniles abracen el mensaje violento de la jihad. Para ellos si no existieran las caricaturas de Mahoma habria cualquier otro motivo de ira.

No debe hacerse ninguna concesión al comunitarismo, esto es, admitir que existen comunidades que pueden regirse por reglas propias ajenas al Estado de Derecho.  Que la religión no se impongan en el espacio público (por ejemplo permitiendo piscinas separadas para hombres y mujeres o escuelas cristianas segregadas). Pero hagamos la vida más fácil la vida a todos. Que un pañuelo en el pelo no sea un obstáculo para la integración (para desempeñar por ejemplo un puesto de funcionaria). Las autoridades públicas tienen la responsabilidad de crear lugares de encuentro, tareas comunes que fomenten un consenso social mínimo.

En fin, tolerancia es hoy esa caricatura de Charlie Hebdo. Todo está perdonado.

(Después de esta semana sangrienta lo grave es que Europa parece dispuesta a repetir, a su modo, los mismos errores de la guerra contra el terror de Bush. Los jihadistas lo habrán conseguido: Europa limitará derechos fundamentales en el altar de la seguridad policial. Pero este es otro tema que desborda el asunto de esta larguísima entrada.)

 

El espionaje masivo, nuestros datos y las fuentes periodísticas


Espionaje masivo

El espionaje ha existido, existe y existirá. Mientras haya poderes habrá espionaje. El poder necesita anticipar la conducta de otros poderes, amigos o enemigos, conocer y dominar sus tecnologías.

El espionaje -vestido de honorabilidad como “inteligencia”- es la manifestación oscura del poder y por ello, por la falta de transparencia  inherente a su tarea, tiende a convertirse en un poder autónomo. Los estados democráticos han intentado disciplinarlos y someterlos a los legítimos poderes constitucionales, con resultados bastante dudosos. No es extraño que no esté claro si Obama sabía o no sabía de una acción de espionaje concreto. Y tampoco lo es que no esté claro quien espió a quién y para quién.

Que se intercepte el teléfono de Merkel o se espíe a una empresa es más que previsible. Estos poderes tienen los medios de defenderse. Espiar a las instituciones o autoridades de un Estado es un acto hostil, una violación de la soberanía. Y por eso, conforme a los códigos de los poderes, los estados debieran responder con otro acto hostil.

Durante la guerra fría había unas pautas de represalia que buscaban no sobrepasar la línea roja de la conflagración nuclear. Pero ¿qué hacer cuando el espía es socio, amigo o aliado? ¿Y si además este socio es tan poderoso que dependemos de él tecnológica o económicamente? ¿Y si nuestros servicios secretos dependen de la información que suministra ese estado? ¿Y si a su vez espiamos para ese estado? Pues entonces las respuestas son como las que presenciamos estos días: tibias e hipócritas.

Lo que de verdad cuestiona a los estados democráticos y pone en peligro una civilización basada en los derechos humanos es el espionaje masivo e indiscriminado a los ciudadanos.

El espionaje era selectivo hasta la llegada de las nuevas tecnologías de la comunicación. Estados como la República Democrática de Alemania crearon sistemas de vigilancia de la población, con una interceptación generalizada de las comunicaciones postales y telefónicas. Pero al final de la cadena, había un filtro humano con limitada capacidad de tratamiento y, por tanto, una última valoración subjetiva. Hoy, ese filtro generalizado es un algoritmo, capaz de desencadenar consecuencias imprevisibles para las personas.

Se nos dice para tranquilizarnos que no se escuchan las conversaciones ni se leen los correos, sólo se recopilan y analizan los metadatos (el registro de nuestra comunicaciones). Esos metadatos marcan nuestras pautas de comportamiento, de modo que su recogida viola los derechos a la vida privada y el secreto de las comunicaciones, consagrados en todas las declaraciones de derechos nacionales e internacionales.

Pensemos, por ejemplo, que investigo la representación visual de la crueldad y para ello visito con frecuencia páginas yihadistas con vídeos de decapitaciones ¿No puedo encontrarme un día con un desagradable interrogatorio policial en un aeropuerto (en el mejor de los casos)? ¿No me arriesgo a caer en alguno de los agujeros negros de impunidad creados por los estados en su lucha contra el terrorismo internacional (en el peor de los casos)?.

Nuestros datos

Toda nuestra actividad vital, tanto la que realizamos en el mundo físico como en el ciberespacio, deja una huella, un dato, que conectado con otros revelan más de nuestra conducta de lo que muchas veces sabemos de nosotros mismos.

Nuestra Constitución (art. 18.4) llegó a tiempo para incluir el entonces muy novedoso concepto de protección de datos (aunque lo formule como limitación del uso de la informática) En Europa se han desarrollado leyes y agencias de protección estricta de los datos personales. La legislación norteamericana es mucho más laxa. Ya desde los 90 la UE y EEUU han negociado como pueden utilizar las empresas multinacionales los datos de sus clientes europeos. Ni que decir que los acuerdos alcanzados son menos protectores que las leyes europeas.

Lo que más me indigna en todo el asunto del espionaje masivo es la colaboración de las grandes empresas tecnológicas norteamericanas. De ellas dependemos para poder vivir nuestra hoy imprescindible vida virtual. Nos obligan a firmar leoninos contratos y uno esperaría a cambio un poco de lealtad. Pero estos gigantes dan acceso a nuestros datos  a los servicios secretos por la puerta de atrás, facilitan nuestras contraseñas y hasta los sistemas de cifrado. Y cuando el asunto se revela tienen la desfachatez de pedir que se les sufraguen los gastos que esta actividad ilegal e ilegítima les ocasiona.

Nuestros datos son el activo más importante de la economía virtual. Igual que la televisión publicitaria no es gratis, del mismo modo que el espectador paga por ella por los sobrecostes que soporta como consumidor, así los servicios virtuales que recibimos teóricamente gratis los pagamos con nuestros datos, revelando quienes somos, más allá de nuestra vida privada e intimidad y nuestra propia imagen, dejando sin efecto las protecciones jurídicas que con tanto trabajo se establecieron a  lo largo de los años.

Para colmo, si los agujeros en esos servicios secretos permiten que cualquier analista puede hacer públicos datos altamente secretos ¿no existe el riego de que nuestros datos sean entregados discretamente por cualquier funcionario a una empresa que (en el mejor de los casos) nos inunde de publicidad, o (en el peor de los casos) a una organización criminal que nos extorsione?

Las fuentes periodísticas

Las filtraciones de Snowden y su publicación son un nuevo episodio de la reconfiguración de las fuentes periodísticas, fenómeno al que ya me he referido otras veces en este blog (ver etiqueta Wikileaks).

Examinemos el esquema de tres casos de filtraciones de enorme trascendencia: los papeles del Pentágono, los cables del Departamento de Estado (cablegate) y el espionaje masivo.

En los papeles del Pentágono, Daniel Ellsberg (por cierto también un constratista privado como Snowden) entregó a The New York Times un extenso informe secreto del Departamento de Estado que mostraba las mentiras y el fiasco de la guerra de Vietnam. El periódico pudo publicarlo tal cual, lógicamente extractándolo y editándolo a lo largo de la publicación de una cadena de informaciones. De la fuente (el filtrador) al medio y del medio al público.

En el cablegate aparece Wikileaks, una organización intermediaria entre la fuente (Manning), los medios y el público. Wikileaks se creó como una caja negra en las que los flitradores pudieran carga con toda seguridad y confidencialidad los documentos. Pero su capacidad de difusión e impacto era muy limitada hasta que Assange pactó con los grandes periódicos de referencia su publicación. A diferencia de los papeles del Pentágono no se trataba de editar periodísticamente un documento oficial. Ahora lo que había que hacer era encontrar el propio mensaje a partir de una masa ingente de datos codificados. Por eso los periódicos no sólo aportaron capacidad de difusión e influencia, sino previamente un sistema de tratamiento de datos para extraer de ellos su relevancia pública.

Snowden escogió un intermediario personal, Glenn Greenwald. Normalmente se califica a Greenwald de periodista y desde luego para mi lo es. Por tanto, encontramos como intermediario a un periodista especializado que llega acuerdos con medios de referencia para publicar las filtraciones, que en este caso vuelven a ser documentos legibles, pero altamente especializados y escritos en una jerga que sólo entiende un insider. Quizá la falta de dominio de esa jerga haya podido llevar a algunos periodistas interpretaciones erróneas -o eso al menos es lo que nos quieren hacer creer los responsables de los “servicios”.

Greenwald es de hecho periodista. Abogado especializado en derechos civiles abrió un blog sobre estas cuestiones. Pero el blog le absorbió de tal manera que se convirtió en su actividad profesional. Ya no era un abogado, sino un periodista colaborador desde Brasil con The Guardian. Greenwald no es un periodista ciudadano, es un periodista profesional. Y es que el periodismo o es profesional o no es -lo que no quiere decir que requiera títulos o habilitaciones.

De cómo el gobierno exige responsabilidad a la prensa cuando la sociedad lo reclama


Reino Unido establecerá un sistema de corregulación de la prensa. Los diarios podrán adherirse voluntariamente, pero los que se queden fuera corren el riesgo de pagar indemnizaciones millonarias en los casos de violación de la privacidad. La libertad de prensa no está en riesgo; por el contrario, diarios más responsables serán más libres.

En una insólita reunión en el despacho del jefe de la oposición, Ed Miliband, los partidos británicos y las víctimas del espionaje telefónico cerraron  ayer el acuerdo que da rango legal al sistema de regulación. Los diarios (por ejemplo, The Guardian) interpretan el acuerdo como una derrota del muy debilitado Cameron.

El primer ministro había rechazado que el sistema se estableciera por norma, en la línea de los periódios más recalcitrantes s asumir las recomendaciones del Informe Levenson. Cameron será sin duda ahora objeto de los ataques de los diarios conservadores y sensacionalistas, lo que puede derivar en una camapaña que termine con su ya cuestionado liderazgo. Pero la presión social, encauzada a través de la campaña Hacked Off (con gran protagonismo de famosos espiados como J.K Rowling), ha sido decisiva. No menos importante ha sido la connivencia de sus socios liberal-conservadores con la oposición laborista. En fin, una constelación de circunstancias que harán posible el establecimiento de un sistema riguroso de corregulación.

Hay que recordar que en el Reino Unido han existido otros precedentes de autorregulación, el último la Comisión de Quejas de la Prensa, que han fracasado por su condescendecia con los abusos de los periódicos. El mayor punto de discordia era si una nueva regulación tenía que ser absolutamente voluntaria o establecida por una norma jurídica, aunque su adhesión fuera voluntaria.

Finalmente la regulación tendrá un marco legal, pero de una naturaleza particular. En el Reino Unido se distingue entre Statute Law, la ley ordinaria sobre cualquier materia, y la Royal Charter, una carta real que establece fundaciones, universidades u organismo como la BBC, pero que no deja de ser una norma jurídica de carácter vinculante. La regulación será establecida por Royal Charter.

El borrador del acuerdo alcanzado ayer (pdf) recoge los puntos sustanciales del Informe Levenson:

  • Órgano regulador y controlador independiente de los editores, los poderes políticos y económicos, con fuerte presencia social.
  • Un nuevo código ético más riguroso
  • Sistema voluntario de adhesión. 
  • Resolución de quejas y arbitraje alternativo a los procesos judiciales

Uno de los aspectos que más escuecen a la prensa contraria es que no podrán vetar a los miembros de este organismo. Por primera vez en el Reino Unido, un código ético de la prensa no será redactado únicamente por representantes de la industria.

El mecanismo de arbitraje es el gran incentivo para adherirse al sistema. Las publicaciones que no se acojan a él se enfrentarán a un endurecimiento de las leyes penales que protegen los derechos de la personalidad, con unos altos costes procesales.

Se trata de un sistema de corregulación para la prensa y las webs informativas (radios y televisiones tienen su propio organismo regulador el Ofcom). Parece que se excluirán los blogs, redes sociales y agregadores de información, pero las fronteras son difusas, tanto como lo son entre los cibermedios profesionales y los cibermedios sociales.

¿Es inconstitucional el uso de cámara oculta en los reportajes de investigación?


Acabamos de conocer la Sentencia del Tribunal Constitucional que declara ilegítimo el uso de cámara oculta en la investigación periodística. De la lectura literal de la sentencia parece resultar el carácter ilegítimo de esta técnica. Pero la propia lógica de la sentencia y la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos pueden llevar a conclusiones distintas en otros casos.

Se trata de un viejo asunto, en el que la productora de El Mundo grabó con esta técnica a una esteticista naturista, cuya imagen fue luego utilizada por la televisión pública valenciana en un espacio en el que se denunciaba el intrusismo en las profesiones relacionados con la salud. Ni que decir que en la correspondiente tertulia la espiada fue crucificada. En definitiva, supuesto periodismo de investigación convertido en televisión basura.

Un juzgado de Valencia falló que no existía violación de los derechos a la intimidad y a la propia imagen por entender que la cámara oculta es una técnica del periodismo de investigación. En cambio, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional consideran que se produjo una intromisión ilegítima en los derechos a la imagen y a la intimidad.

El Tribunal Constitucional sigue su reiterada jurisprudencia en casos de colisión entre el derecho a la libertad de información y los derechos de la personalidad y también, de modo destacado, la doctrina establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los casos Hannover y Mosley.

Ponderando los derechos en conflicto, la sentencia reitera que una intromisión en los derechos a la intimidad y a la propia imagen sólo será legítima cuando se trate de una información de relevancia pública (esto es, relevante para la formación de la opinión pública), y delimita bajo que condiciones es admisible tal intromisión: que la afectación de dichos derechos resulte adecuada, necesaria y proporcionada para la realización constitucional del derecho a la libertad de información. Y de tales condiciones obtiene el dictum esencial de este caso:

“… allí donde quepa acceder a la información pretendida sin necesidad de colisionar con los derechos referidos, queda deslegitimada, por desorbitada o desproporcionada, aquella actividad informativa innecesariamente invasora de la intimidad o la imagen ajenos.”

La conclusión es que en este caso, la intromisión no fue proporcionada, pues -dice- hubiera sido suficiente realizar entrevistas a los clientes para llegar a los mismos resultados.

Lo que no creo justificado es la que parece la conclusión general a la que llega la Sala:

“… aun cuando la información hubiera sido de relevancia pública, los términos en que se obtuvo y registró, mediante el uso de una cámara oculta, constituyen en todo caso una ilegítima intromisión en los derechos fundamentales a la intimidad personal y a la propia imagen.”

Y no la creo con base suficiente para ser considerada universalmente ilícita, porque aplicando los principios generales a otro caso se puede llegar a considerar como legítima esta intromisión. ¿No existirán caso en que este sea el único método posible para revelar una conducta reprobable de interés público? ¿No habrá casos donde ese método sea necesario, adecuado y proporcionado?

Confieso que siento desconfianza hacia la técnica de la cámara oculta. Es cierto que puede ser la única manera de probar una conducta ilícita de relevancia pública, pero más a menudo se convierte en un medio de ilustrar más o menos espectacularmente informaciones obtenidas por otros medios más comunes. Al menos en España esta técnica ha estado muy vinculado con un cierto periodismo amarillo, hasta tal punto que se han presentado y editado como grabadas con cámara oculta entrevistas consentidas por el sujeto.

La sentencia (citando la jurisprudencia europea) considera que no puede ser legítima la intromisión con aquellos métodos que vulneren las exigencias de la ética periodística. Los códigos éticos suelen ser más genéricos, pero las normas de buena práctica si suelen bajar hasta el terreno, muchas veces fronterizo y borroso, de la captación de información con cámara o micrófonos ocultos.

Las Guidelines de la BBC (Section 7- Secret Recording, 7.4.10) establecen que la grabación secreta se empleara:

– Como una herramienta de investigación cuando prima facie haya indicios serios (traduzco así evidence) de una conducta, o de la intención de llevar a cabo una conducta que sea de interés público revelar, siempre que la grabación sea necesaria para su prueba y no haya otro medio alternativo.

-En el extrajero, cuando la conducta de un gobierno haga imposible recoger información por los métodos habituales.

– En investigaciones de consumo, científicas o sociales de interés publico, cuando no haya otro modo de capturar la conducta que vaya a estudiarse.

– Y por último, en los programas de humor (al estilo de Objetivo Indiscreto), cuando el uso de este método y el engaño que comportan sean parte sustancial de su naturaleza.

En todos los casos se hace necesaria una autorización editorial expresa antes de utilizar métodos de grabación oculta.

El Manual de Estilo de RTVE (2.6 GRabación oculta o sin consentimiento), exige también autorización expresa, pero es más genérico:

“sólo está justificado en casos muy especiales, como cuando se intenta demostrar la existencia de prácticas ilegales o delictivas que afectan al interés público. La cámara y el micrófono ocultos son el último recurso para probar una acusación o denuncia de verdadero interés público.”

En definitiva, el uso periodístico responsable de la grabación secreta puede ser perfectamente compatible con la doctrina constitucional si resulta imprescindible, sin alternativa ninguna, para revelar una información de interés público. Y casos de corrupción en este país no nos faltan.

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