El espionaje masivo, nuestros datos y las fuentes periodísticas


Espionaje masivo

El espionaje ha existido, existe y existirá. Mientras haya poderes habrá espionaje. El poder necesita anticipar la conducta de otros poderes, amigos o enemigos, conocer y dominar sus tecnologías.

El espionaje -vestido de honorabilidad como “inteligencia”- es la manifestación oscura del poder y por ello, por la falta de transparencia  inherente a su tarea, tiende a convertirse en un poder autónomo. Los estados democráticos han intentado disciplinarlos y someterlos a los legítimos poderes constitucionales, con resultados bastante dudosos. No es extraño que no esté claro si Obama sabía o no sabía de una acción de espionaje concreto. Y tampoco lo es que no esté claro quien espió a quién y para quién.

Que se intercepte el teléfono de Merkel o se espíe a una empresa es más que previsible. Estos poderes tienen los medios de defenderse. Espiar a las instituciones o autoridades de un Estado es un acto hostil, una violación de la soberanía. Y por eso, conforme a los códigos de los poderes, los estados debieran responder con otro acto hostil.

Durante la guerra fría había unas pautas de represalia que buscaban no sobrepasar la línea roja de la conflagración nuclear. Pero ¿qué hacer cuando el espía es socio, amigo o aliado? ¿Y si además este socio es tan poderoso que dependemos de él tecnológica o económicamente? ¿Y si nuestros servicios secretos dependen de la información que suministra ese estado? ¿Y si a su vez espiamos para ese estado? Pues entonces las respuestas son como las que presenciamos estos días: tibias e hipócritas.

Lo que de verdad cuestiona a los estados democráticos y pone en peligro una civilización basada en los derechos humanos es el espionaje masivo e indiscriminado a los ciudadanos.

El espionaje era selectivo hasta la llegada de las nuevas tecnologías de la comunicación. Estados como la República Democrática de Alemania crearon sistemas de vigilancia de la población, con una interceptación generalizada de las comunicaciones postales y telefónicas. Pero al final de la cadena, había un filtro humano con limitada capacidad de tratamiento y, por tanto, una última valoración subjetiva. Hoy, ese filtro generalizado es un algoritmo, capaz de desencadenar consecuencias imprevisibles para las personas.

Se nos dice para tranquilizarnos que no se escuchan las conversaciones ni se leen los correos, sólo se recopilan y analizan los metadatos (el registro de nuestra comunicaciones). Esos metadatos marcan nuestras pautas de comportamiento, de modo que su recogida viola los derechos a la vida privada y el secreto de las comunicaciones, consagrados en todas las declaraciones de derechos nacionales e internacionales.

Pensemos, por ejemplo, que investigo la representación visual de la crueldad y para ello visito con frecuencia páginas yihadistas con vídeos de decapitaciones ¿No puedo encontrarme un día con un desagradable interrogatorio policial en un aeropuerto (en el mejor de los casos)? ¿No me arriesgo a caer en alguno de los agujeros negros de impunidad creados por los estados en su lucha contra el terrorismo internacional (en el peor de los casos)?.

Nuestros datos

Toda nuestra actividad vital, tanto la que realizamos en el mundo físico como en el ciberespacio, deja una huella, un dato, que conectado con otros revelan más de nuestra conducta de lo que muchas veces sabemos de nosotros mismos.

Nuestra Constitución (art. 18.4) llegó a tiempo para incluir el entonces muy novedoso concepto de protección de datos (aunque lo formule como limitación del uso de la informática) En Europa se han desarrollado leyes y agencias de protección estricta de los datos personales. La legislación norteamericana es mucho más laxa. Ya desde los 90 la UE y EEUU han negociado como pueden utilizar las empresas multinacionales los datos de sus clientes europeos. Ni que decir que los acuerdos alcanzados son menos protectores que las leyes europeas.

Lo que más me indigna en todo el asunto del espionaje masivo es la colaboración de las grandes empresas tecnológicas norteamericanas. De ellas dependemos para poder vivir nuestra hoy imprescindible vida virtual. Nos obligan a firmar leoninos contratos y uno esperaría a cambio un poco de lealtad. Pero estos gigantes dan acceso a nuestros datos  a los servicios secretos por la puerta de atrás, facilitan nuestras contraseñas y hasta los sistemas de cifrado. Y cuando el asunto se revela tienen la desfachatez de pedir que se les sufraguen los gastos que esta actividad ilegal e ilegítima les ocasiona.

Nuestros datos son el activo más importante de la economía virtual. Igual que la televisión publicitaria no es gratis, del mismo modo que el espectador paga por ella por los sobrecostes que soporta como consumidor, así los servicios virtuales que recibimos teóricamente gratis los pagamos con nuestros datos, revelando quienes somos, más allá de nuestra vida privada e intimidad y nuestra propia imagen, dejando sin efecto las protecciones jurídicas que con tanto trabajo se establecieron a  lo largo de los años.

Para colmo, si los agujeros en esos servicios secretos permiten que cualquier analista puede hacer públicos datos altamente secretos ¿no existe el riego de que nuestros datos sean entregados discretamente por cualquier funcionario a una empresa que (en el mejor de los casos) nos inunde de publicidad, o (en el peor de los casos) a una organización criminal que nos extorsione?

Las fuentes periodísticas

Las filtraciones de Snowden y su publicación son un nuevo episodio de la reconfiguración de las fuentes periodísticas, fenómeno al que ya me he referido otras veces en este blog (ver etiqueta Wikileaks).

Examinemos el esquema de tres casos de filtraciones de enorme trascendencia: los papeles del Pentágono, los cables del Departamento de Estado (cablegate) y el espionaje masivo.

En los papeles del Pentágono, Daniel Ellsberg (por cierto también un constratista privado como Snowden) entregó a The New York Times un extenso informe secreto del Departamento de Estado que mostraba las mentiras y el fiasco de la guerra de Vietnam. El periódico pudo publicarlo tal cual, lógicamente extractándolo y editándolo a lo largo de la publicación de una cadena de informaciones. De la fuente (el filtrador) al medio y del medio al público.

En el cablegate aparece Wikileaks, una organización intermediaria entre la fuente (Manning), los medios y el público. Wikileaks se creó como una caja negra en las que los flitradores pudieran carga con toda seguridad y confidencialidad los documentos. Pero su capacidad de difusión e impacto era muy limitada hasta que Assange pactó con los grandes periódicos de referencia su publicación. A diferencia de los papeles del Pentágono no se trataba de editar periodísticamente un documento oficial. Ahora lo que había que hacer era encontrar el propio mensaje a partir de una masa ingente de datos codificados. Por eso los periódicos no sólo aportaron capacidad de difusión e influencia, sino previamente un sistema de tratamiento de datos para extraer de ellos su relevancia pública.

Snowden escogió un intermediario personal, Glenn Greenwald. Normalmente se califica a Greenwald de periodista y desde luego para mi lo es. Por tanto, encontramos como intermediario a un periodista especializado que llega acuerdos con medios de referencia para publicar las filtraciones, que en este caso vuelven a ser documentos legibles, pero altamente especializados y escritos en una jerga que sólo entiende un insider. Quizá la falta de dominio de esa jerga haya podido llevar a algunos periodistas interpretaciones erróneas -o eso al menos es lo que nos quieren hacer creer los responsables de los “servicios”.

Greenwald es de hecho periodista. Abogado especializado en derechos civiles abrió un blog sobre estas cuestiones. Pero el blog le absorbió de tal manera que se convirtió en su actividad profesional. Ya no era un abogado, sino un periodista colaborador desde Brasil con The Guardian. Greenwald no es un periodista ciudadano, es un periodista profesional. Y es que el periodismo o es profesional o no es -lo que no quiere decir que requiera títulos o habilitaciones.

De cómo el gobierno exige responsabilidad a la prensa cuando la sociedad lo reclama


Reino Unido establecerá un sistema de corregulación de la prensa. Los diarios podrán adherirse voluntariamente, pero los que se queden fuera corren el riesgo de pagar indemnizaciones millonarias en los casos de violación de la privacidad. La libertad de prensa no está en riesgo; por el contrario, diarios más responsables serán más libres.

En una insólita reunión en el despacho del jefe de la oposición, Ed Miliband, los partidos británicos y las víctimas del espionaje telefónico cerraron  ayer el acuerdo que da rango legal al sistema de regulación. Los diarios (por ejemplo, The Guardian) interpretan el acuerdo como una derrota del muy debilitado Cameron.

El primer ministro había rechazado que el sistema se estableciera por norma, en la línea de los periódios más recalcitrantes s asumir las recomendaciones del Informe Levenson. Cameron será sin duda ahora objeto de los ataques de los diarios conservadores y sensacionalistas, lo que puede derivar en una camapaña que termine con su ya cuestionado liderazgo. Pero la presión social, encauzada a través de la campaña Hacked Off (con gran protagonismo de famosos espiados como J.K Rowling), ha sido decisiva. No menos importante ha sido la connivencia de sus socios liberal-conservadores con la oposición laborista. En fin, una constelación de circunstancias que harán posible el establecimiento de un sistema riguroso de corregulación.

Hay que recordar que en el Reino Unido han existido otros precedentes de autorregulación, el último la Comisión de Quejas de la Prensa, que han fracasado por su condescendecia con los abusos de los periódicos. El mayor punto de discordia era si una nueva regulación tenía que ser absolutamente voluntaria o establecida por una norma jurídica, aunque su adhesión fuera voluntaria.

Finalmente la regulación tendrá un marco legal, pero de una naturaleza particular. En el Reino Unido se distingue entre Statute Law, la ley ordinaria sobre cualquier materia, y la Royal Charter, una carta real que establece fundaciones, universidades u organismo como la BBC, pero que no deja de ser una norma jurídica de carácter vinculante. La regulación será establecida por Royal Charter.

El borrador del acuerdo alcanzado ayer (pdf) recoge los puntos sustanciales del Informe Levenson:

  • Órgano regulador y controlador independiente de los editores, los poderes políticos y económicos, con fuerte presencia social.
  • Un nuevo código ético más riguroso
  • Sistema voluntario de adhesión. 
  • Resolución de quejas y arbitraje alternativo a los procesos judiciales

Uno de los aspectos que más escuecen a la prensa contraria es que no podrán vetar a los miembros de este organismo. Por primera vez en el Reino Unido, un código ético de la prensa no será redactado únicamente por representantes de la industria.

El mecanismo de arbitraje es el gran incentivo para adherirse al sistema. Las publicaciones que no se acojan a él se enfrentarán a un endurecimiento de las leyes penales que protegen los derechos de la personalidad, con unos altos costes procesales.

Se trata de un sistema de corregulación para la prensa y las webs informativas (radios y televisiones tienen su propio organismo regulador el Ofcom). Parece que se excluirán los blogs, redes sociales y agregadores de información, pero las fronteras son difusas, tanto como lo son entre los cibermedios profesionales y los cibermedios sociales.

¿Es inconstitucional el uso de cámara oculta en los reportajes de investigación?


Acabamos de conocer la Sentencia del Tribunal Constitucional que declara ilegítimo el uso de cámara oculta en la investigación periodística. De la lectura literal de la sentencia parece resultar el carácter ilegítimo de esta técnica. Pero la propia lógica de la sentencia y la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos pueden llevar a conclusiones distintas en otros casos.

Se trata de un viejo asunto, en el que la productora de El Mundo grabó con esta técnica a una esteticista naturista, cuya imagen fue luego utilizada por la televisión pública valenciana en un espacio en el que se denunciaba el intrusismo en las profesiones relacionados con la salud. Ni que decir que en la correspondiente tertulia la espiada fue crucificada. En definitiva, supuesto periodismo de investigación convertido en televisión basura.

Un juzgado de Valencia falló que no existía violación de los derechos a la intimidad y a la propia imagen por entender que la cámara oculta es una técnica del periodismo de investigación. En cambio, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional consideran que se produjo una intromisión ilegítima en los derechos a la imagen y a la intimidad.

El Tribunal Constitucional sigue su reiterada jurisprudencia en casos de colisión entre el derecho a la libertad de información y los derechos de la personalidad y también, de modo destacado, la doctrina establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los casos Hannover y Mosley.

Ponderando los derechos en conflicto, la sentencia reitera que una intromisión en los derechos a la intimidad y a la propia imagen sólo será legítima cuando se trate de una información de relevancia pública (esto es, relevante para la formación de la opinión pública), y delimita bajo que condiciones es admisible tal intromisión: que la afectación de dichos derechos resulte adecuada, necesaria y proporcionada para la realización constitucional del derecho a la libertad de información. Y de tales condiciones obtiene el dictum esencial de este caso:

“… allí donde quepa acceder a la información pretendida sin necesidad de colisionar con los derechos referidos, queda deslegitimada, por desorbitada o desproporcionada, aquella actividad informativa innecesariamente invasora de la intimidad o la imagen ajenos.”

La conclusión es que en este caso, la intromisión no fue proporcionada, pues -dice- hubiera sido suficiente realizar entrevistas a los clientes para llegar a los mismos resultados.

Lo que no creo justificado es la que parece la conclusión general a la que llega la Sala:

“… aun cuando la información hubiera sido de relevancia pública, los términos en que se obtuvo y registró, mediante el uso de una cámara oculta, constituyen en todo caso una ilegítima intromisión en los derechos fundamentales a la intimidad personal y a la propia imagen.”

Y no la creo con base suficiente para ser considerada universalmente ilícita, porque aplicando los principios generales a otro caso se puede llegar a considerar como legítima esta intromisión. ¿No existirán caso en que este sea el único método posible para revelar una conducta reprobable de interés público? ¿No habrá casos donde ese método sea necesario, adecuado y proporcionado?

Confieso que siento desconfianza hacia la técnica de la cámara oculta. Es cierto que puede ser la única manera de probar una conducta ilícita de relevancia pública, pero más a menudo se convierte en un medio de ilustrar más o menos espectacularmente informaciones obtenidas por otros medios más comunes. Al menos en España esta técnica ha estado muy vinculado con un cierto periodismo amarillo, hasta tal punto que se han presentado y editado como grabadas con cámara oculta entrevistas consentidas por el sujeto.

La sentencia (citando la jurisprudencia europea) considera que no puede ser legítima la intromisión con aquellos métodos que vulneren las exigencias de la ética periodística. Los códigos éticos suelen ser más genéricos, pero las normas de buena práctica si suelen bajar hasta el terreno, muchas veces fronterizo y borroso, de la captación de información con cámara o micrófonos ocultos.

Las Guidelines de la BBC (Section 7- Secret Recording, 7.4.10) establecen que la grabación secreta se empleara:

- Como una herramienta de investigación cuando prima facie haya indicios serios (traduzco así evidence) de una conducta, o de la intención de llevar a cabo una conducta que sea de interés público revelar, siempre que la grabación sea necesaria para su prueba y no haya otro medio alternativo.

-En el extrajero, cuando la conducta de un gobierno haga imposible recoger información por los métodos habituales.

- En investigaciones de consumo, científicas o sociales de interés publico, cuando no haya otro modo de capturar la conducta que vaya a estudiarse.

- Y por último, en los programas de humor (al estilo de Objetivo Indiscreto), cuando el uso de este método y el engaño que comportan sean parte sustancial de su naturaleza.

En todos los casos se hace necesaria una autorización editorial expresa antes de utilizar métodos de grabación oculta.

El Manual de Estilo de RTVE (2.6 GRabación oculta o sin consentimiento), exige también autorización expresa, pero es más genérico:

“sólo está justificado en casos muy especiales, como cuando se intenta demostrar la existencia de prácticas ilegales o delictivas que afectan al interés público. La cámara y el micrófono ocultos son el último recurso para probar una acusación o denuncia de verdadero interés público.”

En definitiva, el uso periodístico responsable de la grabación secreta puede ser perfectamente compatible con la doctrina constitucional si resulta imprescindible, sin alternativa ninguna, para revelar una información de interés público. Y casos de corrupción en este país no nos faltan.

Libertad, censura y derechos de autor en Internet


En los días pasados se han librado en Internet varias batallas en las que se juega el carácter abierto de la Red

Son episodios de una guerra vieja, entre los que conciben Internet con un espacio sin regulación ni restricciones -ciberlibertarios- y los partidarios de una regulación que, de alguna manera, traslade las normas del espacio físico al ciberespacio -los reguladores. En esta guerra en la que parece que los contendientes son ciberactivistas y gobiernos son, sin embargo, las empresas el verdadero protagonista emboscado.

Como jurista, siempre he creído que el ciberespacio no puede ser un espacio sin ley, que los estados democráticos deben reprimir abusos y delitos y promover usos responsables. El problema es que al intentar transferir los criterios aplicados al espacio físico se producen distorsiones y restricciones a la libre comunicación horizontal, que no otra cosa es el ciberespacio. Y otra dificutad, aún mayor, es que esa regulación no puede ser más que global, lo que resulta imposible por la disparidad de intereses nacionales y culturas diversas. No me han satisfecho ni las posiciones de los reguladores ni las de los libertarios y sin dejar de reflexionar sobre la cuestión he orientado mis líneas de investigación por otros derroteros.

Ante la virulencia de las últimas batallas me arriesgo a dejar aquí algunas reflexiones, demasiado largas para una entrada de blog y lamentablemente poco concluyentes.

Anonymus contra la privacidad

Intolerable que los ciberguerrilleros de Anonymus atenten contra el derecho a la vida privada de los que no piensan como ellos. Castigan -vienen a decir- a los partidarios de que se revele la identidad de los que sean denunciados por violar los derechos de autor -Ojo por ojo, diente por diente. Pero no olvidemos que en la llamada Ley Sinde (texto en la Ley de Economía Sostenible) es un juez el que tiene que autorizar que se revele la identidad del usuario que presuntamente haya cometido la vulneración de los derechos de autor.

No confundir Anonymus con indignados. Anonymus es la encarnación práctica del espíritu hacker, aquel que impone su ley porque tiene unas habilidades técnicas que son la llave de la Red. Y esa supuesta habilidad les da el derecho a establecer lo que es admisible o no la Red. Son también una manifestación de esas multitudes inteligentes (Howard Rheingold), que tan pronto puede ser luchadores por la libertad como turbas fascistas.

La revuelta contra ACTA, PIPA y SOPA

El Acuerdo de Lucha contra la Falsificación (ACTA, por su acrónimo en inglés) acaba de ser suscrito por 22 países de la UE, casi con nocturnidad y alevosía, hasta el punto de que el Relator del Parlamento Europeo, Kader Arif, ha dimitido, calificando el proceso de de mascarada. En Polonia se han registrado protestas populares en la calle, especialmente de jóvenes. El Parlamento tendrá que ratificar ahora el acuerdo.

ACTA, el grueso de cuyo artículado pretende luchar contra la falsificación de mercancías (propuesta Paralemeno Europeo 24 de junio), es un buen ejemplo de las distorsiones que aparecen cuando se quieren trasponer medidas para proteger la propiedad intelectual que pueden ser legítimas en el mundo físico, pero que se convierten en el ciberespacio en intromisiones ilícitas en los derechos a la vida privada y en restricciones a la libertad de comunicar. Y de cómo los intentos para una regulación internacional, hechos por la única vía posible, la de los tratados internacionales, se hacen desde la óptica de las grandes empresas de contenidos.

Tomo las críticas de la orgaización francesa La Quadrature du Net. Bajo las provisiones genéricas del Tratado, los estados miembros podrían establecer mecanismos extrajudiciales para lograr la cooperación de los prestadores de acceso a Internet para revelar los datos personales de los sospechosos de usos que pudieran atentar contra los derechos de autor. Ya en vía penal podría aplicarse sanciones por complicidad a los proveedores de acceso, pero también a los que cooperen con la difusión masiva de informaciones que vulneren los derechos de autor.

Parecidas críticas se realizaron a los proyectos norteamericanos SOPA y PIPA con una una inédita jornada de apagón de Wikipedia. La reacción, por el momento, ha parado los proyectos en el Congreso de los Estados Unidos.

En mi opinión, cualquier intervención que exija revelar la identidad de usuarios o bloquee los contenidos de una página web debe hacerse necesariamente previa orden judicial y de acuerdo con el principio de mínima intervención y proporcionalidad, de modo que se sopesen la gravedad de los hechos perseguidos (no es lo mismo una página de material pedófilo que de enlaces a películas) y los perjuicios originados para usuarios de buena fe.

La razzia de Megauploads

En paralelo, el FBI ha mostrado lo superfluo de muchos de estos nuevos procedimientos. Con la ley penal norteamericana en la mano y los mecanismos de cooperación policial interancional han aplicado al popular agregador de ficheros medidas pensadas para luchar contra el crimen organizado.

Resultado: Megauploads bloqueada, pánico entre los agregadores de material audiovisual de origen ilegal, reactivación del P2P y júbilo entre  los portales de venta de material audiovisual. Intolerable el bloqueo de todos los ficheros, legales o ilegales del agregador. Es como si al intervenir un banco por blanqueo de dinero se confiscaran las cuentas de todos los clientes.

Y una reflexión adicional. ¿Qué pasa con nuestros datos en la nube? ¿Quién los protege? ¿Debemos seguir teniendo copia física de nuestros datos?

Twitter se someterá a las restricciones de los distintos países

Twitter anunció que bloqueará aquellos mensajes que puedan ser ilegales en un determinado país. Cualquier empresa debe someterse a la legislación del país en que opere. Pero los problemas son dos. El primero, es que una empresa privada no es quien para juzgar sobre la procedencia o improcedencia de los contenidos. Y segundo, Twitter se ha convertido en una canal de información global, vital para la movilización social, de modo que, de hecho, la postura de Twitter (como antes la de Google en China) es plegarse a gobiernos autoritarios para desarrollar su negocio.

La protección de los derechos de autor y la libertad de comunicar

Mi postura. Todo el que crea un producto intelectual tiene derecho a su control. Son los derechos morales y patrimoniales. Como estas batallas son de contenido económico, se olvida que el autor puede difundir o no y siempre conserva el derecho a que no se distorsione el sentido de su obra. En cuanto a los derechos patrimoniales, lo que ha entrado en crisis es la explotación económica basada en el control de la copia de la obra. Lo que son necesarios son canales de explotación que garanticen un precio justo al creador para que pueda mantener su independencia.

Como académico, soy partidario de un sistema que permita la reproducción no comercial de mis trabajos, sin obras derivadas y siempre con reconocimiento de la autoría (Véase las distintas posibilidades de las licencias de Creative Commons). Me interesa más la difusión con atribución que cualquier explotación comercial. Pero eso es porque como profesor (y antes como periodista profesional) tengo otros medios de vida.

Es perfectamente legítimo que el creador viva de su obra. Desde luego, impedir que otros se lucren de nuestro esfuerzo no es censura. El creador siempre parte de otras creaciones y por tanto nunca es absolutamente original. Pero no creo que el carácter de procomún permita que se expropie al autor el fruto de su trabajo. ¿Por qué no exigir, entonces, un acceso gratuito a Internet y a los dispositivos técnicos que lo permiten y sólo exigir el disfrute gratuito de las obras de la cultura?. Al final, los que se lucran son una serie de intermediarios, desde agregadores hasta los propios proveedores de acceso.

Otra cosa son las medidas de protección. Creo que la mayoría de las intentadas difícilmente protegen los derechos de los autores y, sin embargo, pueden redundar en vulneración de los derechos de autor y en una censura de contenidos. Sólo una autoridad judicial, con las garantías de un procedimiento penal, puede impedir la difusión de contenidos. Y desde luego no es algo que pueda quedar a la cooperación de los proveedores de acceso. Además, la mayoría de estas medidas, mientras se limiten a una jurisdicción nacional son, en la práctica inoperantes.

Externalización de la censura

El caso Twitter demuestra cómo las empresas están dispuestas a asumir la censura que otrora desarrollaba el Estado, con tal de hacer crecer su negocio. Como tantas otras funciones estatales, la censura se externaliza.

Lo peor es que lo que antes se planteaba como medidas coercitivas de una autoridad pública, y por tanto combatibles invocando los derechos humanos, ahora se convierten en interpretación de unas normas de uso, que todos aceptamos porque no nos queda otra y que terminan por remitirnos, en la mayoría de los casos, a la jurisdicción del estado de California. ¿Algún usuario es capaz de desentrañar el alcance de las normas contractuales a las que se ha comprometido en los términos del Derecho aplicable en California?.

En definitiva, la nueva censura externalizada es infinitamente más insidiosa, pero eso sí tiene como contrapartida la capacidad de presión global de los internautas concienciados.

El espejismo de un ciberespacio libre

El ciberespacio no ese espacio de libertad que nos pintan los tecno-utopistas. Como en el espacio físico, distintos autores intentan imponer sus intereses e ideologías, pero su confrontación no se realiza en los términos ideales del “libre mercado de ideas”.

Es cierto que en el ciberespacio la pluralidad de voces es casi infinita, pero esas voces pasan necesariamente por la mediación de unas empresas, cuya objetivo es maximizar sus beneficios, aunque sea a costa de la explotación de los trabajadores (véase el caso de Apple en China denunciado por The New York Times) “estableciendo estructuras fiscales eficientes” para prácticamente no pagar impuestos fuera de Estados Unidos y explotando nuestros datos personales como materia prima de su negocio. Y esas empresas pueden, en función de sus intereses, establecer determinados peajes.

Otro peligro es terminar con la llamada neutralidad de la red. Por un lado, las redes sociales y de modo destacado Facebook pretenden convertirse en portales universales, que cierren a sus usuarios en un nicho de interacción con sus “amigos”. Por otro, las compañías de telecomunicación quieren privilegiar la circulación de determinados contenidos, un propósito en el que pueden coincidir con las grandes conglomerados multimedia, interesados en reproducir el viejo modelo de distribución unilateral de contenidos audiovisuales.

No, el ciberespacio no es plenamente libre, pero millones de mujeres y hombres en todo el mundo han asumido que necesitan comunicarse libremente, que, incluso (una minoría), tiene cosas que decir. Y eso no tiene marcha atrás.

(PS. Un ejemplo de censura de Facebook: una portada que no podría ser objeto de secuestro o censura conforme a la ley española, pero que no es conforme a las normas privadas de Facebook).

Los errores del Consejo de Administración de RTVE


El País publica un resumen del acta del Consejo de Administración de RTVE de la sesión en la que los consejeros se concedieron el acceso al sistema de edición y gestión de contenidos de los Informativos de TVE (conocido por iNews, denominación comercial del producto informático).

Dejando al margen algunas expresiones chulescas o prepotentes (“si quisiera entraría hoy mismo en el iNews”, “no necesito el iNews”) lo que la mayoría de los consejeros parece confundir es su función de preservar la independencia y pluralismo informativo con el control editorial.

Todo usuario de un sistema de gestión de contenidos tiene su propio perfil de acceso. Así, sería posible que los consejeros pudieran “leer”, pero no “escribir”. Pero esa simple lectura o visualización de los contenidos, de los previstos y de los ya emitidos, sería toda una invitación a la censura previa.

Las facultades del Consejo le permiten una supervisión de lo emitido para garantizar la imparcialidad y el pluralismo, pero esa supervisión no puede hacerse por la vía que se intentó, sino por medio de estudios de análisis de contenidos, cuya metodología fuera aceptada por todos los consejeros y, por tanto, sus resultados fueran incuestionables.

Garantizar la independencia no significa ser el editor colegiado de los informativos. La responsabilidad informativa empieza en reporteros, informadores, montadores, realizadores y culmina en el director de los Servicios Informativos. El Director de los Servicios Informativos está sometido al escrutinio del Consejo, pero su nombramiento y cese corresponde al Presidente de la Corporación.

Otras entradas sobre este tema:

RTVE, imprescindible

Lecciones del intento de interferencia del Consejo de Administración de RTVE: ni un paso atrás en la independencia profesional

El Consejo de Administración de RTVE no tiene competencias para censurar la información de TVE

 

Lecciones del intento de interferencia del Consejo de Administración de RTVE: ni un paso atrás en la independencia profesional


Apenas en 24 horas las redes sociales han alimentado una ola de rechazo que ha obligado a los consejeros y a sus partidos a dar marcha atrás en su intento de supervisar la información de TVE.

Un día no es nada, pero parece que estamos abocados a reflexionar en caliente. Para mi estas son las reflexiones de esta movida jornada.

- Consejo de Informativos. El Consejo de Informativos de TVE ha estado a la altura de las circunstancias. Ha ejercido satisfactoriamente su función de órgano de control interno y garante de la independencia profesional y editorial de RTVE. Sale reforzado, pero su prueba de fuego residirá en la forma en que dé su dictamen al nombramiento en su día del director de Informativos que suceda a Llorente. El PP arrastró los pies en la negociación del Estatuto de Informativos. Espero que hoy que sus dirigentes han hecho alarde de fe en la independencia profesional hayan borrado de su agenda (oculta) la eliminación de este organismo.

- Consejo de Administración. En mi opinión, más que ejercer un verdadero control previo lo que pretendían los consejeros era enterarse de lo que se cocía para ir con el cuento a sus jefes en el partido y hacer méritos. Incluso parece que ha jugado el prurito de decir “ahora que somos el presidente colegiado, pues vamos a controlar la información”. Los votos me parece que se explican por equilibrios y pactos internos.

- El presidente. Nos hemos enterado que Fernández y Oliart sí tenían acceso al sistema de redacción. Seguramente Oliart no metería la nariz, pero no dudo que Fernández revisaba (o ponía) hasta la última coma. El presidente de la Corporación es su máximo ejecutivo, pero no es el responsable editorial de la información. La ley debiera modificarse para que no quedaran dudas que el responsable editorial (y en consecuencia responsable jurídico) es el director de los Servicios Informativos (los de TVE, de RTVE, de medios interactivos). Sólo el director de Informativos y los responsables editoriales que él dependen pueden supervisar o controla previamente a la emisión. Otra cosa es censura inconstitucional.

- Los profesionales. La Redacción de Informativos se ha rebelado. La verdad es que en este caso no era muy difícil, porque se seguía la corriente y el propio director de Informativos era partícipe en la protesta. En épocas pasadas estas rebeliones eran contra direcciones manipuladoras. Pero entonces no existían las redes sociales y el hartazgo del bipartidismo no era tan grande. Está bien, que los nuevos profesionales vayan entrenándose en la protesta, por lo que pueda venir.

- Los partidos. Han puesto cara de póker, como si la cosa no fuera con ellos. Si han dado marcha atrás no ha sido tanto por la condena social (de nada han servido medio millón de firmas pidiendo un referendum constitucional), sino porque la retirada no tocaba sus intereses esenciales. En campaña electoral la información se cosifica y queda bajo el control de la Junta Electoral Central y sus instrucciones mostrencas. Además, estoy seguro que hay zascandiles en la Redacción que ya les dan el queo para hacer méritos.

- La sociedad. La gran esperanza es la reacción social. Los partidos empiezan a ser sensibles a las redes sociales, al menos en campaña electoral. Pero en esta catársis colectiva muchos se rasgan hipócritamente las vestiduras. Los medios privados tienen legítimamente un sesgo editorial que, por ley, no puede tener RTVE, pero de eso a mentir o alterar la realidad como en el caso reciente de la foto de El Mundo hay un abismo. Da vergüenza leer la justificación de Pedro J.

La prueba del algodón de la independencia editorial de RTVE vendrá con la llegada del PP al gobierno. Espero que les haya servido de lección para no alterar todos los elementos positivos que la Ley 17/2006 trajo a RTVE.

Hay muchas asignaturas pendientes:

- Establecer un modelo estable de financiación, que creo que ahora ya no puede hacer uso de la publicidad, ni siquiera de modo limitado.

- Aumentar al menos en un par de canales, de modo que RTVE pueda desarrollar verdaderos canales temáticos.

- Seleccionar consejeros verdaderamente independientes, con trayectorias profesionales no sólo brillantes, sino también con un perfil de independencia.

- Sacar las sucias manos de todos los partidos de RTVE. Ni que decir tiene que sería un atentado contra la democracia volver al antiguo modelo de dependencia directa gubernamental.

Terminaré con una cita del presidente del Trust de la BBC, Chris Patten, que no ha llegado ahí como un advenedizo (fue presidente del Partido Conservador, Gobernador de Hong Kong y pilotó su traspaso a China, Comisario europeo, Rector de Oxford; igualito que algunos consejeros de RTVE). Patten define a la BBC como una verdadera fuerza moral.

La Corporación británica se ha ganado el aprecio ciudadano en 60 años. RTVE ha empezado a conseguirlo en los últimos años. No lo echemos por la borda.

(Para otro día dejo las reflexiones general sobre la política audiovisual).

El Consejo de Administración de RTVE no tiene competencias para censurar la información de TVE


Escándalo general por la decisión del Consejo de Administración de RTVE de acceder al sistema informático de la Redacción de TVE. (El País, Público). La Red arde (#rtvedetodos es trending topic).

El Consejo de Informativos de TVE reprueba la decisión que considera “un ataque directo a la libertad e  independencia de los profesionales de la información”. Rebelión también entre los responsables editoriales (El Mundo).

¿A qué se han dado acceso los consejeros de RTVE?

- A todas las fuentes escritas y audiovisuales que alimenta la Redacción de TVE, fuentes externas como las agencia, pero también internas, esto es, por ejemplo, a los rodajes de las redacciones de Madrid y todos los centros territoriales.

- A las previsiones de noticias y su cobertura.

- A los minutados y guiones de los programas y su evolución.

- A las informaciones durante su elaboración, esto es, a sus textos, montajes de vídeo y sus distintas versiones, tanto de los informadores como de las correcciones realizadas por los distintos responsables editoriales.

Por cierto, que si de lo que se tratara es de que los consejeros tuvieran una información actualizada, ya existe en la intranet corporativa una aplicación que permite el acceso a todas las agencias informativas cotratadas por RTVE, sin necesidad de entrar en el sistema informático de la Redacción (iNews).

El acceso a este sistema informático interno permite a los consejeros supervisar la información cotidiana y la planificación de la misma. En otras palabras, pueden censurar de hecho las informaciones, mediante presión al Director de los Servicios Informativos, los responsables editoriales intermedios y hasta a los propios informadores. Y, un aspecto poco resaltado, el conocimiento de los minutados se presta a la denuncia partidista antes de que una información se haya emitido.

El Consejo de Administración de RTVE no tiene competencias para supervisar la información

Al Consejo de Administración corresponden la dirección y gobierno de la Corporación (art. 9.1 L. 17/2006). Entre sus competencias y funciones (art. 16 L. 17/2006) está la responsabilidad por el cumplimiento general de la misión de servicio público y los objetivos generales de la Corporación, nombrar al Presidente, aprobar el nombramiento de los directivos de las sociedades (entre ellos los directores de los Servicios Informativos), supervisar la labor de los directivos y fijar las directrices generales de actuación de la Corporación. En ningún caso la supervisión de la información. Ni siquiera el Presidente tiene entre sus funciones el control de la información (art. 20 L. 17/2006).

Los principios de independencia editorial y profesional son elementos esenciales del servicio público que la L. 17/2006 encomienda a RTVE (art. 3.2 b). Para velar por esa independencia la Ley establecía unos consejos de informativos, constituidos en virtud del Estatuto de Informativos de la Corporación, pactado entre el Consejo de Administración y la representación de los trabajadores.

La responsabilidad informativa, como bien indica el Consejo de Informativos de TVE, “recae de forma directa en la dirección de los servicios informativos, las jefaturas de área, los editores y todos los profesionales que forman parte de la cadena de elaboración de la información”.

El Consejo de Administración, en ejercicio de sus funciones, ha aprobado un conjunto de normas que delimitan el servicio público en materia informativa (por ejemplo, el Manual de Estilo). Y hasta ahí puede llegar. No puede supervisar y menos censurar.

Ahora, la ministra Pajín anuncia una rectificación. Lo peor es que el daño ya está hecho. Da munición a los enemigos del servicio público, que dirán que una televisión pública independiente es imposible.

(El que suscribe fue redactor durante 32 años de TVE, hasta que me acogí voluntariamente al ERE. Fui miembro del Consejo Antimanipuación, del Consejo Provisional de Informativos y la de Comisión Redactora del Estatuto de Informativos de RTVE)

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