Pluralismo político y social en la radiotelevisión pública alemana


Tribunal Constitucional Alemania

Tribunal Constitucional de la República Federal de Alemania

 

La televisión pública no puede ser una televisión estatal

Sobre el papel Alemania es el país europeo en el que mejor se garantiza el pluralismo social en los órganos de gobierno y gestión de la readiotelevisión pública.

Las leyes de los estados federados (para los organismos regionales) y el tratado interestatal (para la ZDF) instituyen un Consejo de Radiodifusión, supervisor de los contenidos, que elige un Consejo Administrativo, supervisor de las finanzas y que es quien nombra al Intendente, el ejecutivo de estos organismos. En el Consejo de Radiodifusión están representadas relevantes organizaciones sociales, como sindicatos, patronales, iglesias, agricultores, aosciaciones de artistas, consumidores, emigrantes, grupos culturales o deportivos.

Este pluralismo social queda, sin embargo, desnaturalizado, pues a través de los llamados “círculos de amigos” los partidos vienen en la práctica a contr0lar el nombramiento de estos representantes de la sociedad. Además, los partidos tienen su representación propia. Así, por ejemplo, el Consejo de Radiodifusión de la ZDF (la segunda cadena pública creada por un acuerdo entre los landers) está formado por 77 consejeros, 16 nombrados por los landers, 12 por los partidos políticos y los otros restantes propuestos por organizaciones sociales, pero afines a los partidos o incluso, en algunos casos, políticos que ya no están activos en sus partidos. Además. los representantes nombrados por los landers tienen en determinados asuntos voto de cualidad.

De este modo, el pluralismo social garantizado jurídicamente se convierte en la práctica en una manifestación más de la partitocracia.

En una reciente sentencia (25 de marzo de 2014) el Tribunal Constitucional ordena modificar el tratado interestatal para reforzar el pluralismo social de la ZDF.

El caso parte de un sonado caso de interferencia política, el caso Brender. Nicolaus Brender, redactor jefe de los informativos de la ZDF, fue cesado por el Consejo Administrativo, después de denunciar que el Consejo de Radiofusión había sido copado por la CDU. Los gobiernos regionales de Hamburgo y Renania, en manos de los socialdemócratas, llevaron el caso a la Corte de Karlsruhe.

El Tribunal falla que la televisión pública no puede ser un organismo estatal ni de partido. El art. 5 de la Ley Fundamental exige que las radiotelevisiones públicas estén organizadas de modo que se garantice en sus emisiones el máximo grando de diversidad de las opiniones. Los jueces consideran que no es necesario separar una esfera política de una esfera social, pero sí limitar el peso de esa esfera política. El tratato interestal tendrá que ser modificado antes del 14 de mayo de 2015 para cumplir los siguientes requisitos:

- El número de representantes del Estado o próximos al Estado no puede superar un tercio en ambos órganos supervisores. En este momento, en la ZDF alcanzaba el 44%.

- Entre los representantes del Estado deben estar representantas distintas perspectivas (federal/regional, políticas, de género).

- Los representantes de la sociedad deben ser elegidos sin interferencia política, tomando en cuenta no sólo las corrientes mayoritarias, sino también tomando en cuenta a los pequeños grupos y a nuevas perspectivas. El nuevo tratado debe reforzar las reglas de incompatibilidad para reforzar la independencia de los representante sociales.

- La independencia de todos los miembros en el ejercicio de sus funciones exige que no puedan recibir instrucciones ni puedan ser cesados sino por causas graves.

- La gestión de los órganos supervisores debe ser transparente y deben hacer llegar al público información sobre su trabajo y deliberaciones.

Fuentes

Sentencia (en alemán)

Nota de prensa (inglés)

UER

El Mundo

El País

RTVE

 

 

Las telefónicas tienen que financiar el servicio público audiovisual francés


El Tibunal Europeo de Justicia ha declarado conforme al derecho comunitario el impuesto especial que graba a los operadores de telecomunicaciones franceses y que se destina a financiar a las radiotelevisiones públicas. La sentencia, un precedente para el similar caso español, llega cuando en nuestro país parecía que el gobierno preparaba la reintroducción de la publicidad en TVE.

 

La sentencia: tasas e impuestos especiales

El fallo ha sido una sorpresa porque la mayoría de los expertos apostaban por la abrogación del impuesto especial.

La interpretación dominante -la sostenida por la Comisión en su demanda ante el TEJ- era que la Directiva de autorización de redes y servicios electrónicos de 2002 no permitía grabar a los operadores de telecomunicaciones con cargas impositivas que no fueran destinadas a cubrir los gastos administrativos ocasionados por la gestión, el control y la ejecución del régimen de autorización general.

El Tribunal (adoptandola posición de la República Francesa, apoyada por España y Hungría) entiende  que esa es una intepretación extensiva. Que la tasa que la Directiva regula está vinculada a los gastos originados por la autorización de la actividad y que nada impide a un estado miembro imponer otras cargas fiscales distintas. La regulación de la tasa pretende hacer transparente y no discriminatorio el sistema de autorización y que el estado no condicione la expedición de la autorización a unos gravámenes abusivos.

Para entender la cuestión hay que recordar la clásica distinción del derecho tributario entre tasas e impuestos especiales.

El hecho tributario es en la tasa el beneficio obtenido por el sujeto como consecuencia del disfrute del dominio público o de la prestación de un servicio público. Como recuerda el Tribunal, las tasa (redevances en el derecho francés) tienen carácter remuneratorio. La carga tributaria establecida por la Directiva es una tasa vinculada a la prestación del servicio de autorización.

En cambio, los impuestos especiales gravan una actividad económica específica del sujeto tributario, sin que éste reciba una prestación pública. El Tribunal viene a considerar el gravamen como un impuesto especial (aunque no utiliza esta terminología), que no está vinculado a la prestación del servicio de autorización y que, por tanto, el estado francés puede establecer soberamente, sin que entre en conflicto con la Directiva. Entre otros argumentos, el Tribunal considera que el hecho de que sólo estén obligados los operadores con ingresos superiores a los 5 millones de euros indica que es un gravamen no general y, por tanto, no vinculado al proceso de autorización.

 

El precedente para el caso español

España espera la resolución de un caso prácticamente idéntico. El precedente parece decisivo para desestimar la demanda de la Comisión, pero la experiencia dice que es temerario dar por hecho el sentido de cualquier sentencia en cualquier instancia judicial.

El gobierno Zapatero copió la ocurrencia de Sarkozy de eliminar la publicidad en la televisiones públicas, y establecer, en cambio, un gravamen sobre las televisiones privadas y los operadores de telecomunicaciones. Pero hay diferencias que pueden pesar en la futura sentencia:

- Como en Francia, en España no todos los operadores están sujetos al gravamen. Si en Francia lo están los ingresen más de 5 millones de euros, en España (art. 5 L. 8/2009) el gravamen pesa sobre los de ámbito estatal o superior a una comunidad autónoma, siempre que presten servicios audiovisuales.

- En España se hace una vinculación expresa entre el gravamen y los beneficios obtenidos por los operadores en atención a la nueva regulación de las telecomunicaciones, especialmente la ampliación de los servicios de banda ancha y móvil, la supresión de la publicidad y la renuncia de RTVE a los contenidos de pago o acceso condicional (ar. 5 L. 8/2009).

Esta vinculación podría llevar a calificar de tasa a este gravamen, en cuanto vinculado a unos beneficios, pero en cualquier caso no creo que pueda entenderse que el gravamen es una tasa de autorización, porque no está vinculado a la administración y gestión de la autorización.

 

¿Qué hacemos con la financiación de RTVE?

La abolición de la publicidad fue un regalo político a las televisiones privadas. UTECA, como es lógico, se ha felicitado por sentencia. El ministro de Hacienda e incluso la vicepresidenta Santamaría venían sugiriendo la vuelta de la publicidad.Habrá que esperar a la sentencia sobre España, pero si es desestimatoria de la demanda, el gobierno va a tener muy cuesta arriba volver a instaurar los anuncios. Rajoy, tampoco amigo de conflictos, respiraría tranquilo, al no tener que enfrentarse al poderos lobby de la teles privadas.

Que se superen los obstáculos jurídicos, no quiere decir que el sistema no tenga que ser revisado a la luz de la actual crisis económica.

Soy contrario a la reintroducción de la publicidad, primero porque se perdería la principal seña de identidad con la que audiencia identifica al servicio público, y, segundo, porque si la publicidad se convirtiera dde nuevo en la principal fuente de financiación el Estado se inhibiría en garantizar la suficiencia financiera para cumplir la misión de servicio público, que quedaría, así, a los azares del mercado publicitario.

Nada pasaría, en cambio, si se admitiera la publicidad como fuente de financiación secundaria, con muy estrictas limitaciones (por ejemplo, no más de cuatro minutos por hora, sin interrupción de ningún programa y sin presencia en franjas de especial protección de los menores). Por el momento, hay que clarificar el uso de patrocinios culturales, para que por esa vía no se cuelen disparates como, por ejemplo, anuncios de juegos deportivos que parecen están vinculados al uso por Estudio Estadio de las imágenes del fútbol de la segunda división.

Lo imprescindible es un contrato-programa que establezcan específicamente la programación que supone la misión de servicio público y garantice su financiación.

 

FUENTES

Sentencia de 27 de junio de 2013 TEJ que declara conforme al derecho comunitario el impuesto sobre los operadores de telecomunicaciones franceses destinada a financiar las radiotelevisiones públicas

 

Directiva 2020/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva de autorización) [Diario Oficial L 108 de 24.4.2002]

 

Art. 12 Directiva 2020/20/CE

1. Las tasas administrativas que se impongan a las empresas que presten un servicio o suministren una red al amparo de la autorización general o a quienes se haya otorgado un derecho de uso:

a) cubrirán en total solamente los gastos administrativos que ocasionen la gestión, el control y la ejecución del régimen
de autorización general, de los derechos de uso y de lasobligaciones específicas a que se hace referencia en el apartado
2 del artículo 6, pudiendo quedar incluidos gastos de cooperación internacional, armonización y normalización,
análisis de mercado, respeto de las normas y otros controles de mercado, así como el trabajo de regulación relativo a
la preparación y puesta en práctica de derecho derivado y de decisiones administrativas, como pueden ser decisiones
sobre el acceso y la interconexión; y

b) se impondrán a las empresas de una manera objetiva, transparente y proporcional, que minimice los costes administrativos adicionales y las cargas que se deriven de ellos.

2. Cuando las autoridades nacionales de reglamentación impongan tasas administrativas, publicarán un resumen anual
de sus gastos administrativos y del importe total de las tasas recaudadas. A la vista de la diferencia entre la suma total de las tasas y los gastos administrativos, deberán introducirse los reajustes adecuados.

 

Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación RTVE

 

En este blog

Es urgente buscar alternativas a la financiación de RTVE

Más sobre financiación de RTVE

El calvario de la financiación de los servicios públicos de radio y televisión

No a la privatización de la televisión pública


El gobierno del PP ha filtrado a Europa Press un anteproyecto de modificación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual que supone un ataque directo e indirecto al servicio público audiovisual. Directo, porque permite privatizar las radiotelevisiones autonómicas. Indirecto, porque permite externalizar los informativos y elimina los objetivos de producción propia. Cuando se da una filtración como ésta se pretende medir la reacción social. Es, pues, el momento de decir muy alto NO.

RTVE: la externalización de los informativos supondría la pérdida de independencia informativa

El PP se propone dinamitar las salvaguardas al servicio público establecidas por la LGCA (pdf). Una de las más importantes, la prohibición de ceder a terceros la edición y producción de programas informativos (art. 40.1 LGCA para todas las radiotelevisiones públicas y específicamente para RTVE art. 7.5 de la Ley 17/2006, pdf).

Si los servicios informativos se ceden a terceros pierde todo sentido el servicio público. No puede haber una información independiente, neutral y al servicio de los ciudadanos, editada y producida por una empresa privada, que se debe a los intereses económicos e ideológicos de sus accionistas.

No vale decir que los programas informativos tendrán que ser elaborados siguiendo los principios editoriales establecidos por la cadena pública. La información no es un servicio que pueda someterse a unos parámetros objetivos de control, como puede ser, por ejemplo, una carretera.

Lo que hay detrás es un doble negocio, político y económico.

Se cede los informativos a una empresa políticamente afín, lo que evita al gobierno de turno los controles a los que está sometida la información en RTVE. ¿Habría consejos de informativos en esa empresas prestadoras de los programas informativos? Evidentemente, no.

Y un negocio económico, porque damos de comer a empresas afines, que nos recompesarán por una u otra vía.

Terminar con el predominio de la producción propia, un desastre económico

El mismo art. 40.1 de la LGCA ordena a las radiotelevisiones públicas que la mayor parte de sus programas sean de producción propia. Aunque inconcreta y supeditada a lo que establezcan los respectivos acuerdos marco y contratos programa, el PP quiere ahora eliminar esta otra seña de identidad del servicio público.

Justo cuando hay que someterse a una austeridad extrema,  las radiotelevisiones públicas deben concentrarse en lo esencial, la producción de programas, rentabilizando al máximo sus recursos económicos, técnicos y humanos.

Levantar esta norma significará convertir a las radiotelevisiones públicas en cascarones vacíos, en cúpulas de directivos dedicados a encargar programas a amiguetes.

Por supuesto, hay que dar espacio al talento ajeno y a los servicios muy especializados, pero las cadenas públicas y, de modo muy destacado RTVE tienen todavía un gran potencial por explotar.

La privatización explícita y encubierta del las radotelevisiones autonómicas

No es ninguna sorpresa que el PP permita a los gobierno autonómicos privatizar a las cadenas públicas regionales. Estaba en su programa. Pero en el anteproyecto filtrado hay trampa.

Los gobiernos autonómicos podrán privatizar directamente. Esto significaría sacar a concurso las frecuencias, las instalaciones y el personal de la cadena y entregárselas a una empresa privada a cambio de un precio. Solución brutal, pero al menos transparente. Los ciudadanos se quedarían sin ese servicio público, pero no seguirían pagando.

La trampa está en la posibilidad de mantener el servicio público bajo la fórmula de gestión indirecta. Esto significaría, como en el caso anterior, seleccionar a a una empresa privada para entregarle frecuencias, instalaciones y personal y, además, encomendarle la misión de servicio público.

Para que lo entiendan los no juristas, bajo este sistema de gestión indirecta del servicio público han funcionado las cadenas generalistas nacionales hasta la LGCA. ¿Dónde estaba el servicio público durante los últimos veinte años?

Como es lógico, el concesionario exigiría por desarrollar esa misión de servicio público, que consideraría muy onerosa, una contraprestación económica.

Otra posibilidad abierta son distintas fórmulas de cooperación público-privada.

¿Por qué se dejan abiertas estas puertas? Porque la privatización pura y dura es hoy inviable con la situación del mercado: crisis y oligopolio (dos grupos se reparten el 80% del mercado). Así que es muy posible que nadie acudiera a un concurso de privatización pura y dura, pero muchas empresas (¿imbricadas en los sistemas clientelares regionales?) pueden considerar rentable la gestión indirecta o la cooperación pública-privada, siempre que haya un bombeo de fondos públicos.

 

Las propuestas electorales sobre la radiotelevisión pública de los partidos minoritarios


Ya sé que a estas altura nadie va decidir su voto por lo que diga un programa sobre un asunto que para la mayoría de la población es marginal, el servicio público de la radio y la televisión. Pero prometí dar cuenta de las propuestas de minoritarios y nacionalistas, así que voy a ello. Creo, no obstante que algunas de estas declaraciones vale la pena comentarlas.

Propuestas de IU

La coalición de izquierdas es la que más atención dedica al servicio público entre estos partidos. En su programa (pp. 76 y ss) dedica un apartado (5. Por unos medios de comunicación públicos y democráticos) dentro de su eje 8 (Propuestas para una cultura y comunicaciones libres).

Considera IU que la “democratización de los medios es la otra cara de la reforma de la ley electoral”, lo cual es cierto, pero empezar así es comenzar mirándose al ombligo. La democratización de los medios pasa por el acceso equitativo de los partidos y grupos sociales, pero también por el acceso (no necesariamente institucional) de los ciudadanos.

Las propuestas de IU pivotan sobre la crítica de los aspectos de la Ley General Audiovisual favorecedores de los operadores privados. Lo más novedoso es la propuesta de un sistema ternario: público, privado y social. El modelo es claramente Argentina. Se propone favorecer la presencia de medios públicos, privados y sociales en los tres ámbitos, estatal, autonómico y local. Es una apuesta clara por el sector público, pero más aún por el sector social. Se propone un reparto equitativo de licencias, la medida más novedosa junto con el blindaje público del espectro radioléctrico.

Otras propuestas son más de consolidación del “modelo Zapatero”: una definición estable y suficiente para los medios públicos; impedir la privatización, constitución del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales; extensión de los consejos de participación profesional a todos los medios públicos. Se echa en falta la exigencia de democratización e independencia de las televisiones autonómicas.

Propone también IU, creo que acertadamente una ley (que tendría que ser orgánica, añado) que desarrolle el derecho de constitucional de acceso. Y es que el ejercicio de un derecho constitucional no puede regularse por una norma del Consejo de Administración de RTVE.

Me parece bien la apuesta por el servicio social (además del público), pero no basta con reservar frecuencias. Como demuestra el caso de TeleK hace falta tejido social que sostenga a estos medios -y también una legislación que les permita financiarse con patrocinios y siempre sin fin de lucro.

Propuesta de UPyD

El programa de UPyD  (p. 52) dedica el apartado 10.2 a los Medios de Comunicación, dentro del capítulo 5 (Cultura). La verdad es que aunque breve, esta parte del programa es muy coherente con la grandes líneas del partido de Rosa Díez: renacionalización de competencias, racionaliación y control fiscal de los servicios públicos y un punto “antipolítico”.

En el eje “jacobino”, UPyD propone un consejo nacional que ya no estatal, sino nacional de medios audiovisuales. En el eje “racionalizador” controlar las subvenciones a la producción audiovisual. En el eje “antipolítico” propone profesionalizar los consejos de admistración de los medios públicos, prohibiendo la presencia de representantantes de partidos y sindicatos. Lo que significaría que los sindicatos no propondrían candidatos, aunque, sin duda, los partidos seguirían nombrando a sus representantes por vía parlamentaria. Ni una palabra sobre independencia.

Su propuesta de más calado abre la vía a la privatización de los medios públicos (¿incluida RTVE?… la redacción es ambigua).

” 370. La Ley General Comunicación Audiovisual debe garantizar la viabilidad de RTVE y la racionalización de los medios públicos de comunicación autonómicos y locales, valorando el servicio público que prestan o deben prestar y permitiendo su privatización o cierre por razones económicas de modo acorde con políticas de transparencia, y garantizando la libertad de concurrencia en el mercado audiovisual, impidiendo la concentración de medios en oligopolios de facto. “

Bueno, se ve que el PP podrá contar con Rosa Díez.

(No) Propuestas de Equo

Salvo que yo no lo haya encontrado, Equo no se acuerda en su programa de la radio y la televisión públicas. Tanto que batallan por los espacios electorales  debieran de haber dedicado un poco de atención al servicio público audiovisual. Que hay vida más allá y antes de las redes sociales.

Propuestas de CiU

En el programa de la coalición nacionalista, más allá de una mención de un plan para la radio digital, la mención más importante reivindica el carácter nacional de la Televisión de Cataluña:

“612. Farem que Televisió de Catalunya assumeixi el rol de televisió nacional del país, tot potenciant la llengua catalana, la cultura catalana i l’imaginari català. Treballarem perquè continuï sent líder d’audiència, televisió de referència i motor audiovisual de Catalunya. Apostarem clarament perquè els informatius refl ecteixin la pluralitat social i política del país.”

Por lo pronto, no sé si para garantizar el pluralismo informativo, han modificado la ley para que el Director General de la Corporación Catalana pueda ser elegido por mayoría simple en segunda votación, o, lo que es lo mismo, ser designado por el gobierno.

Propuestas del PNV

Pocas referencias en el programa del PNV. El fomento del euskera como criterio para las concesiones de licencias y poco más…

PS. Añado esta amplia recopilación realizada por CC.OO.

El PP arrasaría con el servicio público de la radiotelevisión


Más allá de su programa, González Pons ha dejado bien claro lo que el PP se propone hacer con el servicio público de la radio y la televisión: privatizar y englobar las cadenas autonómicas en un único canal, reducir el peso de RTVE (a la que se añadiría EFE) y liberar de cualquier obligación pública a las cadenas privadas.

Las televisiones autonómicas

Durante las últimas semana hay una verdadera ofensiva contra la televisión pública autonómica. Es cierto que en su mayoría son fáciles de criticar, porque sus gestores han incurrido en despilafarros (cuando no directamente en corrupción, como en Valencia) y han convertido sus informativos en una terminal más de la oficina de comunicación del gobierno y su partido. Se esgrime también su caída de audiencia, sin recordar que en semejantes porcentajes han caído las televisiones estatales, públicas y privadas. En plena crisis son innumerables las voces que piden, lisa y llanamente, su desaparición.

Es injusto meter en un mismo saco a todas las autonómicas. La radiotelevisión catalana es un ejemplo de calidad y en este momento de adaptación del servicio público de radio y televisión a un servicio público de medios convergentes en línea. ETB realiza una promoción impagable del euskera. Y las radiotelevisiones de Galicia y Andalucía han conseguido un buen grado de identificación con sus audiencias.

Estos servicios públicos han sido decisivos a la hora de definir un espacio de comunicación específico de las comunidades autónomas, crear opinión pública propia y promover y fortalecer la identidad comunitaria. Esta función nunca va a ser desempeñada por una empresa privada. ¿Retransmitiría una televisión privada en euskera los partidos de la Champions?.

El PP además de su privatización propone ahora la agrupación en un canal estatal con desconexiones. Este es el modelo de la la ley del tercer canal (1983), que pronto se hizo inviable porque cada comunidad, invocando sus competencias estatutarias creó su propio organismo y desarrolló sus canales propios. ¿Se someterán las comunidades a un canal común? Desde Valencia, el propio gobierno del PP ya advierte que no. ¿Quedaría este canal como un gueto para las comunidades “pobres”?.

La solución de las autonómicas pasa por una reforma que instaure una fuerte independencia política, una redefinición de objetivos centrados en la esfera autonómica y una estabilización financiera con dos patas: limitación del techo de gasto y limitación publicitaria. Y por supuesto, por fortalecer los mecanismos de cooperación y producción común a través de la FORTA.

Las privadas, libres de obligaciones públicas

Tras la Ley General de la Comunicación Audiovisual las cadenas privadas estatales dejaron de ser servicio público y sus licencias se convirtieron en un elemento patrimonial negociable. No obstante, la ley atribuye todavía obligaciones públicas a todos los operadores privados. Algunas genéricas (por ejemplo, deber de dilegencia informativa), pero otras muy concretas en materia de cuotas deproducción, fomento de la industria audiovisual y de la identidad lingüística.

El PP propone eliminar estas obligaciones consustanciales al desempeño de un servicio de interés general. Serán entonces las televisiones privadas unas empresas como cualquier otra. La competencia será total y la basura superará sus altísmas maracas actuales. Que no invoquen entonces la libertad de expresión para obtener cualquier tipo de ventajas.

No tendría tampoco sentido mantener esos deberes públicos y no someter su cumplimiento a control de una autoridad independiente. De modo que es coherente eliminar esas obligaciones y derogar el Consejo Audiovisual Estatal. Campo libre.

La irrelevancia de RTVE

González Pons dice que impedirán que la televisión pública compita con las privadas. La eliminación de la publicidad llevó consigo una menor presión por lograr el liderazgo de la audiencia. La LGCA ya estableció importantes limitaciones en materia de adquisición de derechos cinematográficos y deportivos. Pese a todo La Uno es la cadena más vista y en su conjunto de canales RTVE está en algo más de un 20% de audiencia. ¿Qué quiere decir “no competir”? ¿Transferir esas audiencias a los negocios privados?.

Todo apunta, pues, a una televisión pública de bajo presupuesto, centrada en difundir acontecimientos institucionales y que no haga sombra a las privadas.

La programación de servicio público requiere de espacios que aúnen altas audiencias y respeto a los valores constituci0nales. Espacios que sirvan de motor para mantener al público fiel a una programación de información y cultura. Y en el nuevo ecosistema informativo esas programaciones generalistas son son la parte más visible de un servicio público que debe ofrecer a todos los ciudadanos entretenimiento, información y cultura de calidad en cualquier plataforma y en cualquier tiempo y lugar.

Otras entradas:

La televisión pública que nos proponen PP y PSOE

 

La televisión pública que nos proponen PP y PSOE


Tal como está el mundo es seguro que el servicio público de la radiotelevisión no va a ser un tema estrella de la campaña electoral en España. ¿O sí? Porque llama la atención de que entre todo el programa del PP los medios privados ya estén resaltando la propuesta de privatizar las televisiones autonómicas, ávidos de un negocio a estas alturas más que dudoso.

En esta entrada voy a recoger las principales propuestas de los dos grandes partidos para abrir el debate. Intentaré en sucesivas entradas recoger otras propuestas, como las de los nacionalistas, IU, Equo…

Las propuestas del PP

El programa del PP se caracteriza por la falta de detalle de sus propuestas.  En el tema que nos ocupa las referencias las encontramos en el ap. 1.9 “Nuevas tecnologías para la modernización”, dentro del capítulo general de “Estabilidad y reformas para el empleo”. Esto es, las medidas que el PP propone sobre el servicio público audiovisual se consideran reformas para la modernización económica en la línea neoliberal de todo el programa.

La medida más comentada y previsible (sus dirigentes llevan años anunciándola) es abrir la vía a la privatización de las televisiones privadas. Su propuesta 07 (p. 52) reza:

“Impulsaremos las reformas legislativas necesarias para que las administraciones autonómicas y locales tengan libertad para adoptar nuevos modelos
de gestión de las televisiones públicas que permitan la entrada a la participación privada.”

En estos términos genéricos parece que se está pensando más en en convertir los organismo autonómicos en sociedades de capital mixto que en sacar a subasta la licencia de los canales autonómicos. Para ello tendrían que derogar la Ley 46/1983, reguladora del tercer canal y lógicamente luego cada Comunidad Autónoma adoptaría las medidas que se adaptaran al nuevo modelo. (Como bien me advierte Fernando Redondo, la Ley General de la Comunicación Aufdiovisual derogó la ley del tercer canal, pero en su disposición transitoria 2ª. 5 mantiene el régimen de titularidad pública para los canales autonómicos, de acuerdo con las normas de su concesión).

Previamente (p. 52), en su diagnóstico, el PP anuncia un organismo regulador convergente en materia de telecomunicaciones y audiovisual. Todo parece apuntar que lo que harían es atribuir algunas de las competencias (pocas) del nonato Consejo Audiovisual Estatal a la Comisión de las Telecomunicaciones, un organismo concebido para preservar la libre competencia, pero no una comunicación pública al servicio de los ciudadanos, una autoridad, que, por cierto, ha adoptado medidas bien polémicas.

En ese diagnóstico, se promete “ahorraremos dinero a los contribuyentes poniendo freno a los déficits generados por las televisiones públicas en España”.  Lo que luego se concreta en el anuncio (medida 06) del redimensionamiento de las televisiones públicas y establecimiento de un techo de gasto y endeudamiento para todos los medios públicos.

No hay que ser muy sagaz para ver detrás de este anuncio la intención de “jibarizar” a RTVE (porque las radiotelevisiones autonómicas ya se reconvertirían por la vía de privatización, total o parcial).

Las propuestas del PSOE

Como en el resto de sus programa del PSOE, las propuestas de los socialistas sobre estas cuestiones son más concretas. Es significativo también su ubicación dentro del programa: apartado 2.2 “Un sector audiovisual saneado, independiente y plural”, dentro del capítulo V “Democracia” (pp.  117-119). Esto es, se concibe al sector audiovisual como un terreno en el que se juega la profundización de la democracia.

En general, el programa es continuista con la política audiovisual del gobierno de Rodríguez Zapatero. Se promete el impulso de la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, al que se renunció en la legislatura finalizada, pese al mandato del Ley General de la Comunicación Audiovisual. En cualquier caso, esta institución requeriría de un consenso imposible sin una mayoría absoluta del partido gobernante.

En el campo de las radiotelevisiones autonómicas se proponen tres medidas: constituir autoridades audiovisuales independientes (conforme el modelo del CEMA); proseguir la reforma institucional para desgubernamentalizar estos organismos (siguiendo el modelo de RTVE); crear consejos representativos de la sociedad (cuyos miembros no serían remunerados).

En cuanto a la ordenación general del panorama audiovisual se anuncian estudios para “disminuir el volumen total de licencias y títulos habilitantes previstos, facilitando la devolución de licencias a aquellos que no puedan o no quieran explotarlas”. Un reconocimiento del fiasco del modelo de la TDT, del que son responsables tanto los dos últimos gobiernos socialistas como los dos anteriores del PP.

En el asunto espinoso de la financiación, además de promete la revisión de los mecanismo de financiación sin distorsionar la competencia, se anuncia una inconcreta alternativa a la tasa de las telecos, en cuestión en el Tribunal Europeo de Justicia y con muchas posibilidades de ser declarada contraria al derecho comunitario:

“También deberemos asegurar que si la UE entiende que los operadores de telecomunicaciones no deben contribuir al sostenimiento financiero de RTVE, puedan existir instrumentos alternativos de financiación de este servicio público.”

Lo que hacen PP y PSOE

Más allá de las palabras, más allá de los programas, hechos son amores.

PP y PSOE han pactado en Galicia la Ley de Medios Públicos, que establece un sistema de nombramiento del director de la Corporación por mayoría parlamentaria de 2/3, en la línea de la desgubernamentalización.

En Cataluña el PP ha apoyado la reforma liderada por CiU, que reduce el consejo de la Corporación Catalana a 5 miembros, que podrán ser elegidos en segunda votación por mayoría. Una reforma que concentra poder ejecutivo en un director que dependerá del gobierno de turno.

Y en Madrid y Castilla-La Mancha, mientras llegan la privatización que tanto ansían, los populares han puesto al frente de las respectivas radiotelevisiones a periodistas de reconocido sectarismo.

PS. Se me olvidaban otros hechos. Álvarex Cascos forzando la quiebra de la televisión asturiana y el gobierno de Navarra eliminado el Consejo Audiovisual de la Comunidad Foral.

Los errores del Consejo de Administración de RTVE


El País publica un resumen del acta del Consejo de Administración de RTVE de la sesión en la que los consejeros se concedieron el acceso al sistema de edición y gestión de contenidos de los Informativos de TVE (conocido por iNews, denominación comercial del producto informático).

Dejando al margen algunas expresiones chulescas o prepotentes (“si quisiera entraría hoy mismo en el iNews”, “no necesito el iNews”) lo que la mayoría de los consejeros parece confundir es su función de preservar la independencia y pluralismo informativo con el control editorial.

Todo usuario de un sistema de gestión de contenidos tiene su propio perfil de acceso. Así, sería posible que los consejeros pudieran “leer”, pero no “escribir”. Pero esa simple lectura o visualización de los contenidos, de los previstos y de los ya emitidos, sería toda una invitación a la censura previa.

Las facultades del Consejo le permiten una supervisión de lo emitido para garantizar la imparcialidad y el pluralismo, pero esa supervisión no puede hacerse por la vía que se intentó, sino por medio de estudios de análisis de contenidos, cuya metodología fuera aceptada por todos los consejeros y, por tanto, sus resultados fueran incuestionables.

Garantizar la independencia no significa ser el editor colegiado de los informativos. La responsabilidad informativa empieza en reporteros, informadores, montadores, realizadores y culmina en el director de los Servicios Informativos. El Director de los Servicios Informativos está sometido al escrutinio del Consejo, pero su nombramiento y cese corresponde al Presidente de la Corporación.

Otras entradas sobre este tema:

RTVE, imprescindible

Lecciones del intento de interferencia del Consejo de Administración de RTVE: ni un paso atrás en la independencia profesional

El Consejo de Administración de RTVE no tiene competencias para censurar la información de TVE

 

RTVE, imprescindible


A continuación recojo el texto a partir del cual se me cita en el reportaje de El País “La televisión de todos es mía”. (Perdón por los largos párrafos, propios de un artículo y no de una entrada de un blog).

RTVE, imprescindible

El malhadado intento de injerencia editorial del Consejo de Administración de RTVE puede interpretarse como un síntoma de la crisis de la radiotelevisión pública. En realidad es manifestación de un mal más profundo: la partitocracia que contamina todo nuestro sistema político y nos ha degradado a una democracia de baja intensidad. El sistema de reparto de cargos institucionales ha desacreditado a instituciones esenciales como el Consejo del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o RTVE. Es urgente una regeneración democrática; es urgente un cambio de cultura.
La Ley 17/2006 pretendió la desgubernamentalización de RTVE confiriendo el nombramiento del Presidente, con facultades ejecutivas, y del Consejo de Administración a mayorías parlamentarias de 2/3. A los consejeros les exige cualificación y experiencia profesional, que intenta concretar bastante vagamente en formación superior o reconocida experiencia y en desempeño de funciones de alta dirección, control o asesoramiento desempeñadas durante un plazo de cinco años. Sin entrar a analizar si esta cualificación se da en todos los actuales consejeros, o en la trayectoria de algunos de ellos de plena vinculación a los partidos, una anécdota ilustra la falta de cultura de independencia institucional. La ley ordena que antes del nombramiento, los candidatos propuestos se sometan a una audiencia en la cámara respectiva (Congreso o Senado) para determinar su idoneidad. Pues bien, cuando los candidatos comparecieron en el Senado sus señorías no se molestaron en formularlos ni una sola pregunta. Si RTVE hoy no tiene presidente y sus consejeros no se renuevan, es por la misma razón que no se renueva el Tribunal Constitucional.
La política audiovisual de Rodríguez Zapatero se divide en dos períodos: una reforma y una contrarreforma. La reforma, la Ley 17/2006 que dio un estatuto de independencia, al menos formal a RTVE. Además, de la desgubernamentalización, la Ley instituyó órganos de control interno de defensa de la independencia profesional y editorial (los consejos de informativos) que en estos días han mostrado su virtualidad. No se trata, por tanto, de modificar esta ley (si acaso aclarar que los respectivos directores de informativos son los responsables editoriales y jurídicos de la información emitida). De lo que se trata, insisto, es cambiar de cultura.
En la segunda legislatura socialista llegó la contrarreforma, con la Ley 8/2009, que eliminó la publicidad de TVE, estableciendo un sistema de financiación, uno de cuyos pilares, una tasa sobre las telefónicas, se encuentra cuestionada en el ámbito europeo, con posibilidades de que el Tribunal Europeo termine por declararla contraria al derecho comunitario. RTVE ha entrado así en un peligrosísimo periodo de inestabilidad financiera. Además, la Ley 8/2009 impuso a TVE una serie de limitaciones en materia de adquisición de derechos cinematográficos y deportivos, que aboca a La Uno a competir en el mercado audiovisual con las manos atadas a la espalda.
La contrarreforma Zapatero pasó por suavizar las formas anticoncentración, que propició la adquisición de Cuatro por Mediaset y apunta a la consolidación de sólo dos grandes grupos audiovisuales. Contrarreforma que culminó con la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que terminó con el régimen de servicio público de las televisiones privadas y convirtió la licencia en un elemento patrimonial que prácticamente se otorga a perpetuidad. A ello se suma el fiasco de la TDT, con dos de los operadores nacionales dependientes de grandes grupos mediáticos emitiendo programas enlatados. No se ha constituido el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (al que se opone firmemente el PP y que de no existir será exigida por las instituciones europeas) ni tampoco se ha firmado el contrato programa para asignar los recursos necesarios al ambicioso mandato de servicio público que se ha encomendado a RTVE.
En este contexto, la radio y la televisión públicas son más necesarias que nunca. La radiotelevisión de servicio público es imprescindible en una sociedad democrática para promover la cohesión social, el pluralismo político, la diversidad cultural y lingüística, satisfacer el derecho a la información del público y las necesidades de entretenimiento acorde con los valores democráticos. Las funciones del servicio público audiovisual no pueden quedar en manos de compañías mercantiles que hace mucho tiempo dejaron de ser empresas periodísticas para convertirse en conglomerados financieros. Basta repasar el dial de la TDT para comprobar que sólo los canales de TVE aportan contenidos diversos y especializados. Y si nos referimos a la radio, sólo RNE mantiene un canal de noticias, otro de música clásica y otro centrado en música juvenil no sometido a la radiofórmula. Otro de los grandes logros es la televisión a la carta que pone los contenidos de RTVE (especialmente su rico archivo) a disposición de todos de forma interactiva.
La audiencia ha premiado a La Uno, en gran parte por la desaparición de la publicidad. Un retorno a los anuncios parece inviable, así que probablemente la única financiación estable puede llegar vía presupuestos, y esto en el período de contracción actual puede significar más austeridad. Si se desarrolla la producción propia (así se promete en el Convenio Colectivo que acaba de ser refrendado por los trabajadores) hay un cierto margen de maniobra.
El público y la mayoría de los profesionales aprecian que en esta etapa los programas informativos han logrado un aceptable grado de independencia, neutralidad y calidad. No así el PP que sigue utilizando la denuncia de la manipulación como arma arrojadiza. A falta de estudios científicos sobre el contenido, mi opinión es que se ha logrado la neutralidad y un pluralismo institucional sesgado por el bipartidismo, que se ha avanzado en la representación de la diversidad social, pero que queda todavía un camino que recorrer para lograr un pluralismo pleno. El marco jurídico institucional no es perfecto, pero sí aceptable. Reformas legislativas de un gobierno con mayoría absoluta que ataquen la independencia profesional y editorial serían inaceptables.

Hace unos días el presidente del Trust de la BBC (véase su curriculum: presidente del Partido Conservador, Gobernador de Hong Kong, Comisario Europeo, Rector de Oxford) decía que la Corporación es una fuerza moral. La BBC se ha ganado durante más de 80 años el aprecio de los británicos. RTVE construye con dificultad esa función pública, pero la reacción social y profesional de estos días es un buen síntoma.

El servicio público de la radiotelevisión, imprescindible para la democracia


La radiotelevisión de servicio público es imprescindible en una sociedad democrática para promover la cohesión social, el pluralismo político, la diversidad cultural y lingüística, satisfacer el derecho a la información del público y las necesidades de entretenimiento acorde con los valores democráticos.

Como no podía ser menos, los participantes (políticos, académicos, profesionales, sindicalistas y representantes sociales) en la Jornada “La radioletevisión pública y el porvenir de la democracia en España” (organizada por Teledetodos) estuvieron plenamente de acuerdo en esa valoración del servicio público audiovisual. Pero también, como es lógico, la discusión se centró en los modos en que RTVE y las televisiones públicas han de cumplir con esa función de modo eficaz y estable.

Reforma, contrarreforma y marco europeo

El profesor Bustamante expuso su tesis de que a la reforma democrática concretada en la ley de 2006 de RTVE siguió la contrarreforma articulada por la nueva financiación sin publicidad de 2009 y culminada por la Ley General de la Comunicación Audiovisual de 2010. Negando a RTVE una financiación estable, desvirtuando las normas anticoncentración, desrregulando y eliminando o suavizando las obligaciones públicas de los operadores comerciales se ha fortalecido el polo privado y debilitado el público. El sistema apunta a un oligopolio A3-T5, nefasto para la democracia.

Le tocó responder a la diputada socialista Meritxell Batet, quien no tuvo más remedio que remitirse como gran mérito a la desgubernamentalización de RTVE. Todos los participantes admitieron la desgubernamentalización, pero la mayoría denunció la utilización partidista no ya de los contenidos de TVE, pero sí del marco general audiovisual, a través de, por ejemplo, las comisiones de control o de los consejos audiovisuales autonómicos. Por cierto que Batet aseguró que el gobierno trabaja para crear antes del final de la legislatura el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.

Había expectación para ver cómo defendía el PP sus propuestas de reducción de canales de RTVE y privatización de las autonómicas. El diputado Ramón Moreno excusó su presencia en razón de la campaña electoral y envió una declaración genérica de apoyo al servicio público. (Declaración que, por cierto, se compagina mal con las recientes declaraciones de Gabriel Elorriaga, ajeno a la dirección del PP, pero activo en FAES mostrándose partidario de la eliminación de todas las televisiones públicas).

Bustamante insistió en que aunque el marco europeo pueda resultar limitativo es jurídicamente vinculante y tiene elementos suficientes para desarrollar una radiotelevisión pública de calidad al servicio de los ciudadanos.

La extensión del servicio público

El Protocolo de Amsterdam permite a los estados financiar a los organismos de radiotelevisión para llevar a cabo la función pública en los términos en que el propio estado miembro la haya definido, siempre que no altere con ello la competencia.

En la doctrina europea, y, sobre todo, en las comunicaciones y práctica de la Comisión Europea se ha asentado la idea de una subsidiaridad del servicio público, de modo que sólo los programas de servicio público podrían ser financiados con recursos públicos y siempre a su coste neto. Lógicamente, los operadores privados hacen una interpretación extrema de la subsidiaridad, de modo que sólo sería servicio público aquello que ellos no desarrollaran, así que la televisión pública quedaría reducida a conciertos, conferencias y sesudos documentales. Dicho de otro modo, la tele pública está para cubrir los “fallos del mercado”.

El profesor Emili Prado defendió la consideración global de la programación de servicio público. Primero, porque unos programas van vinculados con otros y sólo de esta manera puede mantenerse una audiencia. Pero, sobre todo, porque en todos los programas tienen que manifestarse las funciones del servicio público, no sólo, por ejemplo, en los informativos, sino también en los programas de entretenimiento, producidos desde los valores de la cohesión social y la educación del gusto. Por su parte, Mónica Terribas, directora de TV3, aportó la experiencia de series juveniles que encarnaban esos valores con gran éxito de audiencia.

El nudo gordiano de la financiación

Unanimidad entre los participantes en considerar la supresión de la publicidad de TVE como una medida que no tenía más justificación que salvar los balances de las televisiones privadas. Y convencimiento de que el Tribunal de Luxemburgo fallará contra la tasa a las telecos. Ante el previsible caos financiero la diputada Batet aseguró que el gobierno tomaría en su momento las medidas apropiadas.

Desde el punto de vista de la audiencia la supresión de la publicidad ha sido una bendición para TVE. Pero ¿cuánto tiempo puede mantenerse ese liderazgo sin la adecuada financiación y con las nuevas limitaciones en la compra de derechos? No nos engañemos -se dijo por varios ponentes- el objetivo de las privadas no es sólo llevarse los ingresos publicitarios, sino también la audiencia. Porque los publicitarios no acudirán si no aumentan sus audiencias.

Se escucharon argumentos a favor de la publicidad en las televisiones públicas. Para el profesor Moragas, la televisión es un elemento imprescindible de un servicio público sostenible. Además, la supresión de los anuncios en TVE ha distorsionado el mercado publicitario. Las grandes empresas catalanas -dijo Terribas- quieren vincular su imagen a los valores de nuestra programación, no a los valores de la televisión basura. Pero se reconoció que la reintrodución de la publicidad en TVE sería nefasta para su imagen y posiblemente para su audiencia.

Hubo consenso en que el sistema de tasas sobre actividades más o menos relacionadas con lo audiovisual no era el camino. Pero no apareció un alternativa nítida. ¿Los presupuestos generales? ¿Un canon a pagar por los ciudadanos?

En mi opinión, puesto que la tasa a las privadas y el traspaso de la tasa del espectro radioeléctrico han pasado ya el filtro de Brusela, si el Tribunal de Luxemburgo tumba la tasa de las telecomunicaciones como es probable, no parece que haya otra solución que compensar lo perdido por vía presupuestaria, lo que, en los tiempos que corren, supondría una reducción más o menos drástica de la financiación real de RTVE.

La necesidad de regeneración democrática de las televisiones autonómicas

En la mesa de “televisión de proximidad” se habló, claro, de televisión autonómica y muy poco de televisión local y comunitaria. José Ignacio Pastor denunció la manipulación informativa y la degradación empresarial de la TVV, de cuyo Consejo de Administración es vicepresidente. Los sindicalistas trajeron el caso de la televisión “particular” (de Esperanza Aguirre): una redacción paralela (“el lado oscuro de la fuerza) elabora los informativos de Telemadrid.

Lo más interesante de esta mesa fue contrastar dos modelos de televisiones autonómicas emblemáticas: TV3 y ETB. Miguel Ángel Idígoras, director de ETB, se quejó de la interferencia de los sindicatos nacionalistas y ultranacionalista. Ninguna cadena privada tendría nunca programación en euskera, hablado por el 30% de la población, pero ese techo impide a ETB alcanzar las audiencias de otras autonómicas. Terribas expuso las fortalezas de ETB: una cuota de audiencia de 20% en el conjunto de sus canales, una identificación del público, una redacción no dividida por líneas sectarias y una apuesta por la innovación.

El servicio público en la era digital: del PBS al PMS

PSB: “Public System Broadcasting “, sistema público de radiotelevisión. PSM: “Public System Media”, sistema de medios públicos. El desafío de la era digital es pasar del PBS al PMS, de un servicio público de radiodifusión a un servicio público de contenidos audiovisuales e interactivos.

Fue Terribas quien (en la mesa de la televisión de proximidad) explicó mejor lo que puede ser el nuevo modelo centrado en los contenidos; contenidos producidos para los medios tradicionales y para las nuevas plataformas, con una concepción global y generados por redacciones integradas y periodistas multimedia (previo modificación del convenio laboral). Yolanda Sobero, presidenta del Consejo de Informativos de TVE, mostró su escepticismo sobre el modelo de profesional multimedia, en cuanto puede convertirse en un mero “hombre orquesta”. Roberto Suárez, investigador en políticas de comunicación, abogó también por volver a las esencias del periodismo, colocando las tecnologías al servicio de los objetivos clásicos de una información de calidad.

Interesante debate también entre Eladio Gutiérrez, responsable que fue de Impulsa-TDT y Ricardo Villa, director de Medios Interactivos de RTVE. Gutiérrez reconoció el fracaso de la TDT como plataforma interactiva por falta de un canal de retorno, pero siguió apostando por el “broadcast” como el medio más eficaz y eficiente de difusión y como la esencia del servicio público, planteando el pago de los servicios interactivos y a la carta. Villa defendio, en cambio, un servicio público de acceso general en todas las plataformas.

Participación y derecho de acceso

En la mesa sobre participación social, los representantes de las organizaciones manifestaron una relativa satisfacción ante el desarrollo del derecho de acceso, pero desde el público se criticó la concepción reduccionista que ha aplicado el Consejo de Administración de RTVE, negando un verdadero derecho a las organizaciones representativas y ofreciendo una ronda de intervenciones a aquellas que no hayan tenido voz suficiente en la programación.
(En los próximos días el Canal UNED colgará los vídeos de las distintas mesas y las entrevistas a expertos extranjeros. Por mi parte, “retransmití” a través de Twitter los debates bajo la etiqueta #democraciaytv) (Vídeos en Teledetodos)

Televisión pública y televisión privada, cada vez más diferenciadas


Desde la aparición de las televisiones privadas, la televisión pública sufrió una degradación progresiva que llevó a una pérdida de identidad de TVE. A los ojos de gran parte del público, “todos los canales eran lo mismo”. En el nuevo modelo, cuyas normas básicas son la Ley de la radio y la televisión de titularidad estatal y la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA), lo público y lo privado están en un proceso de nítida diferenciación. De cara al espectador, la desaparición de la publicidad en TVE ha marcado un ante y un después.

La reciente sentencia de la Audiencia Nacional, que declara como no ajustados a Derecho los servicios mínimos impuestos en las televisiones privadas durante la huelga general, es un paso más en este sentido.

La sentencia empieza a dar contenido (restrictivo) a la categoría de “servicio esencial”, régimen jurídico al que, a partir de la LGCA están sujetos los operadores privados. De concesionarios del servicio público (Estatuto de 1980 y Ley de la Televisión Privada) han pasado a ser licenciatarios de un servicio de interés general.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional considera que los servicios mínimos (informativos de 20 minutos) impuestos por Orden del Ministerio de Industria ya no están justificados, pues ese servicio esencial (unos informativos reducidos) ya está satisfecho por los operadores públicos que siguen sometidos a un régimen de servicio público.

Veremos si el Tribunal Supremo y, en su caso, el Constitucional ratifican el criterio de la Audiencia, de modo que a partir de ahora no puedan imponerse servicios mínimos en las televisiones privadas. De lo que no cabe duda es que el servicio público cobra un nuevo valor.

Que la actividad de los operadores privados de televisión sea servicio esencial y no ya servicio público es arma de doble filo.

Los empresarios privados que, ciertamente, han visto consolidadas su posición con unas licencias casi a perpetuidad, se encuentran ahora que no ser servicio público estricto también tiene sus inconvenientes, como no poder imponer unos servicios informativos mínimos.

Los defensores de lo público, que ven ahora ven revalorizado el papel de la televisión pública, no deben tampoco olvidar que la LGCA impone a los titulares de esos servicios de interés general toda una serie de obligaciones de carácter público, formulado a menudo en términos muy genéricos, y que las siguientes batallas deberán librarse por concretar esas obligaciones y exigir su cumplimiento.

Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.

Únete a otros 1.214 seguidores

%d personas les gusta esto: