Pluralismo político y social en la radiotelevisión pública alemana


Tribunal Constitucional Alemania

Tribunal Constitucional de la República Federal de Alemania

 

La televisión pública no puede ser una televisión estatal

Sobre el papel Alemania es el país europeo en el que mejor se garantiza el pluralismo social en los órganos de gobierno y gestión de la readiotelevisión pública.

Las leyes de los estados federados (para los organismos regionales) y el tratado interestatal (para la ZDF) instituyen un Consejo de Radiodifusión, supervisor de los contenidos, que elige un Consejo Administrativo, supervisor de las finanzas y que es quien nombra al Intendente, el ejecutivo de estos organismos. En el Consejo de Radiodifusión están representadas relevantes organizaciones sociales, como sindicatos, patronales, iglesias, agricultores, aosciaciones de artistas, consumidores, emigrantes, grupos culturales o deportivos.

Este pluralismo social queda, sin embargo, desnaturalizado, pues a través de los llamados “círculos de amigos” los partidos vienen en la práctica a contr0lar el nombramiento de estos representantes de la sociedad. Además, los partidos tienen su representación propia. Así, por ejemplo, el Consejo de Radiodifusión de la ZDF (la segunda cadena pública creada por un acuerdo entre los landers) está formado por 77 consejeros, 16 nombrados por los landers, 12 por los partidos políticos y los otros restantes propuestos por organizaciones sociales, pero afines a los partidos o incluso, en algunos casos, políticos que ya no están activos en sus partidos. Además. los representantes nombrados por los landers tienen en determinados asuntos voto de cualidad.

De este modo, el pluralismo social garantizado jurídicamente se convierte en la práctica en una manifestación más de la partitocracia.

En una reciente sentencia (25 de marzo de 2014) el Tribunal Constitucional ordena modificar el tratado interestatal para reforzar el pluralismo social de la ZDF.

El caso parte de un sonado caso de interferencia política, el caso Brender. Nicolaus Brender, redactor jefe de los informativos de la ZDF, fue cesado por el Consejo Administrativo, después de denunciar que el Consejo de Radiofusión había sido copado por la CDU. Los gobiernos regionales de Hamburgo y Renania, en manos de los socialdemócratas, llevaron el caso a la Corte de Karlsruhe.

El Tribunal falla que la televisión pública no puede ser un organismo estatal ni de partido. El art. 5 de la Ley Fundamental exige que las radiotelevisiones públicas estén organizadas de modo que se garantice en sus emisiones el máximo grando de diversidad de las opiniones. Los jueces consideran que no es necesario separar una esfera política de una esfera social, pero sí limitar el peso de esa esfera política. El tratato interestal tendrá que ser modificado antes del 14 de mayo de 2015 para cumplir los siguientes requisitos:

- El número de representantes del Estado o próximos al Estado no puede superar un tercio en ambos órganos supervisores. En este momento, en la ZDF alcanzaba el 44%.

- Entre los representantes del Estado deben estar representantas distintas perspectivas (federal/regional, políticas, de género).

- Los representantes de la sociedad deben ser elegidos sin interferencia política, tomando en cuenta no sólo las corrientes mayoritarias, sino también tomando en cuenta a los pequeños grupos y a nuevas perspectivas. El nuevo tratado debe reforzar las reglas de incompatibilidad para reforzar la independencia de los representante sociales.

- La independencia de todos los miembros en el ejercicio de sus funciones exige que no puedan recibir instrucciones ni puedan ser cesados sino por causas graves.

- La gestión de los órganos supervisores debe ser transparente y deben hacer llegar al público información sobre su trabajo y deliberaciones.

Fuentes

Sentencia (en alemán)

Nota de prensa (inglés)

UER

El Mundo

El País

RTVE

 

 

Las telefónicas tienen que financiar el servicio público audiovisual francés


El Tibunal Europeo de Justicia ha declarado conforme al derecho comunitario el impuesto especial que graba a los operadores de telecomunicaciones franceses y que se destina a financiar a las radiotelevisiones públicas. La sentencia, un precedente para el similar caso español, llega cuando en nuestro país parecía que el gobierno preparaba la reintroducción de la publicidad en TVE.

 

La sentencia: tasas e impuestos especiales

El fallo ha sido una sorpresa porque la mayoría de los expertos apostaban por la abrogación del impuesto especial.

La interpretación dominante -la sostenida por la Comisión en su demanda ante el TEJ- era que la Directiva de autorización de redes y servicios electrónicos de 2002 no permitía grabar a los operadores de telecomunicaciones con cargas impositivas que no fueran destinadas a cubrir los gastos administrativos ocasionados por la gestión, el control y la ejecución del régimen de autorización general.

El Tribunal (adoptandola posición de la República Francesa, apoyada por España y Hungría) entiende  que esa es una intepretación extensiva. Que la tasa que la Directiva regula está vinculada a los gastos originados por la autorización de la actividad y que nada impide a un estado miembro imponer otras cargas fiscales distintas. La regulación de la tasa pretende hacer transparente y no discriminatorio el sistema de autorización y que el estado no condicione la expedición de la autorización a unos gravámenes abusivos.

Para entender la cuestión hay que recordar la clásica distinción del derecho tributario entre tasas e impuestos especiales.

El hecho tributario es en la tasa el beneficio obtenido por el sujeto como consecuencia del disfrute del dominio público o de la prestación de un servicio público. Como recuerda el Tribunal, las tasa (redevances en el derecho francés) tienen carácter remuneratorio. La carga tributaria establecida por la Directiva es una tasa vinculada a la prestación del servicio de autorización.

En cambio, los impuestos especiales gravan una actividad económica específica del sujeto tributario, sin que éste reciba una prestación pública. El Tribunal viene a considerar el gravamen como un impuesto especial (aunque no utiliza esta terminología), que no está vinculado a la prestación del servicio de autorización y que, por tanto, el estado francés puede establecer soberamente, sin que entre en conflicto con la Directiva. Entre otros argumentos, el Tribunal considera que el hecho de que sólo estén obligados los operadores con ingresos superiores a los 5 millones de euros indica que es un gravamen no general y, por tanto, no vinculado al proceso de autorización.

 

El precedente para el caso español

España espera la resolución de un caso prácticamente idéntico. El precedente parece decisivo para desestimar la demanda de la Comisión, pero la experiencia dice que es temerario dar por hecho el sentido de cualquier sentencia en cualquier instancia judicial.

El gobierno Zapatero copió la ocurrencia de Sarkozy de eliminar la publicidad en la televisiones públicas, y establecer, en cambio, un gravamen sobre las televisiones privadas y los operadores de telecomunicaciones. Pero hay diferencias que pueden pesar en la futura sentencia:

- Como en Francia, en España no todos los operadores están sujetos al gravamen. Si en Francia lo están los ingresen más de 5 millones de euros, en España (art. 5 L. 8/2009) el gravamen pesa sobre los de ámbito estatal o superior a una comunidad autónoma, siempre que presten servicios audiovisuales.

- En España se hace una vinculación expresa entre el gravamen y los beneficios obtenidos por los operadores en atención a la nueva regulación de las telecomunicaciones, especialmente la ampliación de los servicios de banda ancha y móvil, la supresión de la publicidad y la renuncia de RTVE a los contenidos de pago o acceso condicional (ar. 5 L. 8/2009).

Esta vinculación podría llevar a calificar de tasa a este gravamen, en cuanto vinculado a unos beneficios, pero en cualquier caso no creo que pueda entenderse que el gravamen es una tasa de autorización, porque no está vinculado a la administración y gestión de la autorización.

 

¿Qué hacemos con la financiación de RTVE?

La abolición de la publicidad fue un regalo político a las televisiones privadas. UTECA, como es lógico, se ha felicitado por sentencia. El ministro de Hacienda e incluso la vicepresidenta Santamaría venían sugiriendo la vuelta de la publicidad.Habrá que esperar a la sentencia sobre España, pero si es desestimatoria de la demanda, el gobierno va a tener muy cuesta arriba volver a instaurar los anuncios. Rajoy, tampoco amigo de conflictos, respiraría tranquilo, al no tener que enfrentarse al poderos lobby de la teles privadas.

Que se superen los obstáculos jurídicos, no quiere decir que el sistema no tenga que ser revisado a la luz de la actual crisis económica.

Soy contrario a la reintroducción de la publicidad, primero porque se perdería la principal seña de identidad con la que audiencia identifica al servicio público, y, segundo, porque si la publicidad se convirtiera dde nuevo en la principal fuente de financiación el Estado se inhibiría en garantizar la suficiencia financiera para cumplir la misión de servicio público, que quedaría, así, a los azares del mercado publicitario.

Nada pasaría, en cambio, si se admitiera la publicidad como fuente de financiación secundaria, con muy estrictas limitaciones (por ejemplo, no más de cuatro minutos por hora, sin interrupción de ningún programa y sin presencia en franjas de especial protección de los menores). Por el momento, hay que clarificar el uso de patrocinios culturales, para que por esa vía no se cuelen disparates como, por ejemplo, anuncios de juegos deportivos que parecen están vinculados al uso por Estudio Estadio de las imágenes del fútbol de la segunda división.

Lo imprescindible es un contrato-programa que establezcan específicamente la programación que supone la misión de servicio público y garantice su financiación.

 

FUENTES

Sentencia de 27 de junio de 2013 TEJ que declara conforme al derecho comunitario el impuesto sobre los operadores de telecomunicaciones franceses destinada a financiar las radiotelevisiones públicas

 

Directiva 2020/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva de autorización) [Diario Oficial L 108 de 24.4.2002]

 

Art. 12 Directiva 2020/20/CE

1. Las tasas administrativas que se impongan a las empresas que presten un servicio o suministren una red al amparo de la autorización general o a quienes se haya otorgado un derecho de uso:

a) cubrirán en total solamente los gastos administrativos que ocasionen la gestión, el control y la ejecución del régimen
de autorización general, de los derechos de uso y de lasobligaciones específicas a que se hace referencia en el apartado
2 del artículo 6, pudiendo quedar incluidos gastos de cooperación internacional, armonización y normalización,
análisis de mercado, respeto de las normas y otros controles de mercado, así como el trabajo de regulación relativo a
la preparación y puesta en práctica de derecho derivado y de decisiones administrativas, como pueden ser decisiones
sobre el acceso y la interconexión; y

b) se impondrán a las empresas de una manera objetiva, transparente y proporcional, que minimice los costes administrativos adicionales y las cargas que se deriven de ellos.

2. Cuando las autoridades nacionales de reglamentación impongan tasas administrativas, publicarán un resumen anual
de sus gastos administrativos y del importe total de las tasas recaudadas. A la vista de la diferencia entre la suma total de las tasas y los gastos administrativos, deberán introducirse los reajustes adecuados.

 

Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación RTVE

 

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El calvario de la financiación de los servicios públicos de radio y televisión

No a la privatización de la televisión pública


El gobierno del PP ha filtrado a Europa Press un anteproyecto de modificación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual que supone un ataque directo e indirecto al servicio público audiovisual. Directo, porque permite privatizar las radiotelevisiones autonómicas. Indirecto, porque permite externalizar los informativos y elimina los objetivos de producción propia. Cuando se da una filtración como ésta se pretende medir la reacción social. Es, pues, el momento de decir muy alto NO.

RTVE: la externalización de los informativos supondría la pérdida de independencia informativa

El PP se propone dinamitar las salvaguardas al servicio público establecidas por la LGCA (pdf). Una de las más importantes, la prohibición de ceder a terceros la edición y producción de programas informativos (art. 40.1 LGCA para todas las radiotelevisiones públicas y específicamente para RTVE art. 7.5 de la Ley 17/2006, pdf).

Si los servicios informativos se ceden a terceros pierde todo sentido el servicio público. No puede haber una información independiente, neutral y al servicio de los ciudadanos, editada y producida por una empresa privada, que se debe a los intereses económicos e ideológicos de sus accionistas.

No vale decir que los programas informativos tendrán que ser elaborados siguiendo los principios editoriales establecidos por la cadena pública. La información no es un servicio que pueda someterse a unos parámetros objetivos de control, como puede ser, por ejemplo, una carretera.

Lo que hay detrás es un doble negocio, político y económico.

Se cede los informativos a una empresa políticamente afín, lo que evita al gobierno de turno los controles a los que está sometida la información en RTVE. ¿Habría consejos de informativos en esa empresas prestadoras de los programas informativos? Evidentemente, no.

Y un negocio económico, porque damos de comer a empresas afines, que nos recompesarán por una u otra vía.

Terminar con el predominio de la producción propia, un desastre económico

El mismo art. 40.1 de la LGCA ordena a las radiotelevisiones públicas que la mayor parte de sus programas sean de producción propia. Aunque inconcreta y supeditada a lo que establezcan los respectivos acuerdos marco y contratos programa, el PP quiere ahora eliminar esta otra seña de identidad del servicio público.

Justo cuando hay que someterse a una austeridad extrema,  las radiotelevisiones públicas deben concentrarse en lo esencial, la producción de programas, rentabilizando al máximo sus recursos económicos, técnicos y humanos.

Levantar esta norma significará convertir a las radiotelevisiones públicas en cascarones vacíos, en cúpulas de directivos dedicados a encargar programas a amiguetes.

Por supuesto, hay que dar espacio al talento ajeno y a los servicios muy especializados, pero las cadenas públicas y, de modo muy destacado RTVE tienen todavía un gran potencial por explotar.

La privatización explícita y encubierta del las radotelevisiones autonómicas

No es ninguna sorpresa que el PP permita a los gobierno autonómicos privatizar a las cadenas públicas regionales. Estaba en su programa. Pero en el anteproyecto filtrado hay trampa.

Los gobiernos autonómicos podrán privatizar directamente. Esto significaría sacar a concurso las frecuencias, las instalaciones y el personal de la cadena y entregárselas a una empresa privada a cambio de un precio. Solución brutal, pero al menos transparente. Los ciudadanos se quedarían sin ese servicio público, pero no seguirían pagando.

La trampa está en la posibilidad de mantener el servicio público bajo la fórmula de gestión indirecta. Esto significaría, como en el caso anterior, seleccionar a a una empresa privada para entregarle frecuencias, instalaciones y personal y, además, encomendarle la misión de servicio público.

Para que lo entiendan los no juristas, bajo este sistema de gestión indirecta del servicio público han funcionado las cadenas generalistas nacionales hasta la LGCA. ¿Dónde estaba el servicio público durante los últimos veinte años?

Como es lógico, el concesionario exigiría por desarrollar esa misión de servicio público, que consideraría muy onerosa, una contraprestación económica.

Otra posibilidad abierta son distintas fórmulas de cooperación público-privada.

¿Por qué se dejan abiertas estas puertas? Porque la privatización pura y dura es hoy inviable con la situación del mercado: crisis y oligopolio (dos grupos se reparten el 80% del mercado). Así que es muy posible que nadie acudiera a un concurso de privatización pura y dura, pero muchas empresas (¿imbricadas en los sistemas clientelares regionales?) pueden considerar rentable la gestión indirecta o la cooperación pública-privada, siempre que haya un bombeo de fondos públicos.

 

Las propuestas electorales sobre la radiotelevisión pública de los partidos minoritarios


Ya sé que a estas altura nadie va decidir su voto por lo que diga un programa sobre un asunto que para la mayoría de la población es marginal, el servicio público de la radio y la televisión. Pero prometí dar cuenta de las propuestas de minoritarios y nacionalistas, así que voy a ello. Creo, no obstante que algunas de estas declaraciones vale la pena comentarlas.

Propuestas de IU

La coalición de izquierdas es la que más atención dedica al servicio público entre estos partidos. En su programa (pp. 76 y ss) dedica un apartado (5. Por unos medios de comunicación públicos y democráticos) dentro de su eje 8 (Propuestas para una cultura y comunicaciones libres).

Considera IU que la “democratización de los medios es la otra cara de la reforma de la ley electoral”, lo cual es cierto, pero empezar así es comenzar mirándose al ombligo. La democratización de los medios pasa por el acceso equitativo de los partidos y grupos sociales, pero también por el acceso (no necesariamente institucional) de los ciudadanos.

Las propuestas de IU pivotan sobre la crítica de los aspectos de la Ley General Audiovisual favorecedores de los operadores privados. Lo más novedoso es la propuesta de un sistema ternario: público, privado y social. El modelo es claramente Argentina. Se propone favorecer la presencia de medios públicos, privados y sociales en los tres ámbitos, estatal, autonómico y local. Es una apuesta clara por el sector público, pero más aún por el sector social. Se propone un reparto equitativo de licencias, la medida más novedosa junto con el blindaje público del espectro radioléctrico.

Otras propuestas son más de consolidación del “modelo Zapatero”: una definición estable y suficiente para los medios públicos; impedir la privatización, constitución del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales; extensión de los consejos de participación profesional a todos los medios públicos. Se echa en falta la exigencia de democratización e independencia de las televisiones autonómicas.

Propone también IU, creo que acertadamente una ley (que tendría que ser orgánica, añado) que desarrolle el derecho de constitucional de acceso. Y es que el ejercicio de un derecho constitucional no puede regularse por una norma del Consejo de Administración de RTVE.

Me parece bien la apuesta por el servicio social (además del público), pero no basta con reservar frecuencias. Como demuestra el caso de TeleK hace falta tejido social que sostenga a estos medios -y también una legislación que les permita financiarse con patrocinios y siempre sin fin de lucro.

Propuesta de UPyD

El programa de UPyD  (p. 52) dedica el apartado 10.2 a los Medios de Comunicación, dentro del capítulo 5 (Cultura). La verdad es que aunque breve, esta parte del programa es muy coherente con la grandes líneas del partido de Rosa Díez: renacionalización de competencias, racionaliación y control fiscal de los servicios públicos y un punto “antipolítico”.

En el eje “jacobino”, UPyD propone un consejo nacional que ya no estatal, sino nacional de medios audiovisuales. En el eje “racionalizador” controlar las subvenciones a la producción audiovisual. En el eje “antipolítico” propone profesionalizar los consejos de admistración de los medios públicos, prohibiendo la presencia de representantantes de partidos y sindicatos. Lo que significaría que los sindicatos no propondrían candidatos, aunque, sin duda, los partidos seguirían nombrando a sus representantes por vía parlamentaria. Ni una palabra sobre independencia.

Su propuesta de más calado abre la vía a la privatización de los medios públicos (¿incluida RTVE?… la redacción es ambigua).

” 370. La Ley General Comunicación Audiovisual debe garantizar la viabilidad de RTVE y la racionalización de los medios públicos de comunicación autonómicos y locales, valorando el servicio público que prestan o deben prestar y permitiendo su privatización o cierre por razones económicas de modo acorde con políticas de transparencia, y garantizando la libertad de concurrencia en el mercado audiovisual, impidiendo la concentración de medios en oligopolios de facto. “

Bueno, se ve que el PP podrá contar con Rosa Díez.

(No) Propuestas de Equo

Salvo que yo no lo haya encontrado, Equo no se acuerda en su programa de la radio y la televisión públicas. Tanto que batallan por los espacios electorales  debieran de haber dedicado un poco de atención al servicio público audiovisual. Que hay vida más allá y antes de las redes sociales.

Propuestas de CiU

En el programa de la coalición nacionalista, más allá de una mención de un plan para la radio digital, la mención más importante reivindica el carácter nacional de la Televisión de Cataluña:

“612. Farem que Televisió de Catalunya assumeixi el rol de televisió nacional del país, tot potenciant la llengua catalana, la cultura catalana i l’imaginari català. Treballarem perquè continuï sent líder d’audiència, televisió de referència i motor audiovisual de Catalunya. Apostarem clarament perquè els informatius refl ecteixin la pluralitat social i política del país.”

Por lo pronto, no sé si para garantizar el pluralismo informativo, han modificado la ley para que el Director General de la Corporación Catalana pueda ser elegido por mayoría simple en segunda votación, o, lo que es lo mismo, ser designado por el gobierno.

Propuestas del PNV

Pocas referencias en el programa del PNV. El fomento del euskera como criterio para las concesiones de licencias y poco más…

PS. Añado esta amplia recopilación realizada por CC.OO.

El PP arrasaría con el servicio público de la radiotelevisión


Más allá de su programa, González Pons ha dejado bien claro lo que el PP se propone hacer con el servicio público de la radio y la televisión: privatizar y englobar las cadenas autonómicas en un único canal, reducir el peso de RTVE (a la que se añadiría EFE) y liberar de cualquier obligación pública a las cadenas privadas.

Las televisiones autonómicas

Durante las últimas semana hay una verdadera ofensiva contra la televisión pública autonómica. Es cierto que en su mayoría son fáciles de criticar, porque sus gestores han incurrido en despilafarros (cuando no directamente en corrupción, como en Valencia) y han convertido sus informativos en una terminal más de la oficina de comunicación del gobierno y su partido. Se esgrime también su caída de audiencia, sin recordar que en semejantes porcentajes han caído las televisiones estatales, públicas y privadas. En plena crisis son innumerables las voces que piden, lisa y llanamente, su desaparición.

Es injusto meter en un mismo saco a todas las autonómicas. La radiotelevisión catalana es un ejemplo de calidad y en este momento de adaptación del servicio público de radio y televisión a un servicio público de medios convergentes en línea. ETB realiza una promoción impagable del euskera. Y las radiotelevisiones de Galicia y Andalucía han conseguido un buen grado de identificación con sus audiencias.

Estos servicios públicos han sido decisivos a la hora de definir un espacio de comunicación específico de las comunidades autónomas, crear opinión pública propia y promover y fortalecer la identidad comunitaria. Esta función nunca va a ser desempeñada por una empresa privada. ¿Retransmitiría una televisión privada en euskera los partidos de la Champions?.

El PP además de su privatización propone ahora la agrupación en un canal estatal con desconexiones. Este es el modelo de la la ley del tercer canal (1983), que pronto se hizo inviable porque cada comunidad, invocando sus competencias estatutarias creó su propio organismo y desarrolló sus canales propios. ¿Se someterán las comunidades a un canal común? Desde Valencia, el propio gobierno del PP ya advierte que no. ¿Quedaría este canal como un gueto para las comunidades “pobres”?.

La solución de las autonómicas pasa por una reforma que instaure una fuerte independencia política, una redefinición de objetivos centrados en la esfera autonómica y una estabilización financiera con dos patas: limitación del techo de gasto y limitación publicitaria. Y por supuesto, por fortalecer los mecanismos de cooperación y producción común a través de la FORTA.

Las privadas, libres de obligaciones públicas

Tras la Ley General de la Comunicación Audiovisual las cadenas privadas estatales dejaron de ser servicio público y sus licencias se convirtieron en un elemento patrimonial negociable. No obstante, la ley atribuye todavía obligaciones públicas a todos los operadores privados. Algunas genéricas (por ejemplo, deber de dilegencia informativa), pero otras muy concretas en materia de cuotas deproducción, fomento de la industria audiovisual y de la identidad lingüística.

El PP propone eliminar estas obligaciones consustanciales al desempeño de un servicio de interés general. Serán entonces las televisiones privadas unas empresas como cualquier otra. La competencia será total y la basura superará sus altísmas maracas actuales. Que no invoquen entonces la libertad de expresión para obtener cualquier tipo de ventajas.

No tendría tampoco sentido mantener esos deberes públicos y no someter su cumplimiento a control de una autoridad independiente. De modo que es coherente eliminar esas obligaciones y derogar el Consejo Audiovisual Estatal. Campo libre.

La irrelevancia de RTVE

González Pons dice que impedirán que la televisión pública compita con las privadas. La eliminación de la publicidad llevó consigo una menor presión por lograr el liderazgo de la audiencia. La LGCA ya estableció importantes limitaciones en materia de adquisición de derechos cinematográficos y deportivos. Pese a todo La Uno es la cadena más vista y en su conjunto de canales RTVE está en algo más de un 20% de audiencia. ¿Qué quiere decir “no competir”? ¿Transferir esas audiencias a los negocios privados?.

Todo apunta, pues, a una televisión pública de bajo presupuesto, centrada en difundir acontecimientos institucionales y que no haga sombra a las privadas.

La programación de servicio público requiere de espacios que aúnen altas audiencias y respeto a los valores constituci0nales. Espacios que sirvan de motor para mantener al público fiel a una programación de información y cultura. Y en el nuevo ecosistema informativo esas programaciones generalistas son son la parte más visible de un servicio público que debe ofrecer a todos los ciudadanos entretenimiento, información y cultura de calidad en cualquier plataforma y en cualquier tiempo y lugar.

Otras entradas:

La televisión pública que nos proponen PP y PSOE

 

La televisión pública que nos proponen PP y PSOE


Tal como está el mundo es seguro que el servicio público de la radiotelevisión no va a ser un tema estrella de la campaña electoral en España. ¿O sí? Porque llama la atención de que entre todo el programa del PP los medios privados ya estén resaltando la propuesta de privatizar las televisiones autonómicas, ávidos de un negocio a estas alturas más que dudoso.

En esta entrada voy a recoger las principales propuestas de los dos grandes partidos para abrir el debate. Intentaré en sucesivas entradas recoger otras propuestas, como las de los nacionalistas, IU, Equo…

Las propuestas del PP

El programa del PP se caracteriza por la falta de detalle de sus propuestas.  En el tema que nos ocupa las referencias las encontramos en el ap. 1.9 “Nuevas tecnologías para la modernización”, dentro del capítulo general de “Estabilidad y reformas para el empleo”. Esto es, las medidas que el PP propone sobre el servicio público audiovisual se consideran reformas para la modernización económica en la línea neoliberal de todo el programa.

La medida más comentada y previsible (sus dirigentes llevan años anunciándola) es abrir la vía a la privatización de las televisiones privadas. Su propuesta 07 (p. 52) reza:

“Impulsaremos las reformas legislativas necesarias para que las administraciones autonómicas y locales tengan libertad para adoptar nuevos modelos
de gestión de las televisiones públicas que permitan la entrada a la participación privada.”

En estos términos genéricos parece que se está pensando más en en convertir los organismo autonómicos en sociedades de capital mixto que en sacar a subasta la licencia de los canales autonómicos. Para ello tendrían que derogar la Ley 46/1983, reguladora del tercer canal y lógicamente luego cada Comunidad Autónoma adoptaría las medidas que se adaptaran al nuevo modelo. (Como bien me advierte Fernando Redondo, la Ley General de la Comunicación Aufdiovisual derogó la ley del tercer canal, pero en su disposición transitoria 2ª. 5 mantiene el régimen de titularidad pública para los canales autonómicos, de acuerdo con las normas de su concesión).

Previamente (p. 52), en su diagnóstico, el PP anuncia un organismo regulador convergente en materia de telecomunicaciones y audiovisual. Todo parece apuntar que lo que harían es atribuir algunas de las competencias (pocas) del nonato Consejo Audiovisual Estatal a la Comisión de las Telecomunicaciones, un organismo concebido para preservar la libre competencia, pero no una comunicación pública al servicio de los ciudadanos, una autoridad, que, por cierto, ha adoptado medidas bien polémicas.

En ese diagnóstico, se promete “ahorraremos dinero a los contribuyentes poniendo freno a los déficits generados por las televisiones públicas en España”.  Lo que luego se concreta en el anuncio (medida 06) del redimensionamiento de las televisiones públicas y establecimiento de un techo de gasto y endeudamiento para todos los medios públicos.

No hay que ser muy sagaz para ver detrás de este anuncio la intención de “jibarizar” a RTVE (porque las radiotelevisiones autonómicas ya se reconvertirían por la vía de privatización, total o parcial).

Las propuestas del PSOE

Como en el resto de sus programa del PSOE, las propuestas de los socialistas sobre estas cuestiones son más concretas. Es significativo también su ubicación dentro del programa: apartado 2.2 “Un sector audiovisual saneado, independiente y plural”, dentro del capítulo V “Democracia” (pp.  117-119). Esto es, se concibe al sector audiovisual como un terreno en el que se juega la profundización de la democracia.

En general, el programa es continuista con la política audiovisual del gobierno de Rodríguez Zapatero. Se promete el impulso de la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, al que se renunció en la legislatura finalizada, pese al mandato del Ley General de la Comunicación Audiovisual. En cualquier caso, esta institución requeriría de un consenso imposible sin una mayoría absoluta del partido gobernante.

En el campo de las radiotelevisiones autonómicas se proponen tres medidas: constituir autoridades audiovisuales independientes (conforme el modelo del CEMA); proseguir la reforma institucional para desgubernamentalizar estos organismos (siguiendo el modelo de RTVE); crear consejos representativos de la sociedad (cuyos miembros no serían remunerados).

En cuanto a la ordenación general del panorama audiovisual se anuncian estudios para “disminuir el volumen total de licencias y títulos habilitantes previstos, facilitando la devolución de licencias a aquellos que no puedan o no quieran explotarlas”. Un reconocimiento del fiasco del modelo de la TDT, del que son responsables tanto los dos últimos gobiernos socialistas como los dos anteriores del PP.

En el asunto espinoso de la financiación, además de promete la revisión de los mecanismo de financiación sin distorsionar la competencia, se anuncia una inconcreta alternativa a la tasa de las telecos, en cuestión en el Tribunal Europeo de Justicia y con muchas posibilidades de ser declarada contraria al derecho comunitario:

“También deberemos asegurar que si la UE entiende que los operadores de telecomunicaciones no deben contribuir al sostenimiento financiero de RTVE, puedan existir instrumentos alternativos de financiación de este servicio público.”

Lo que hacen PP y PSOE

Más allá de las palabras, más allá de los programas, hechos son amores.

PP y PSOE han pactado en Galicia la Ley de Medios Públicos, que establece un sistema de nombramiento del director de la Corporación por mayoría parlamentaria de 2/3, en la línea de la desgubernamentalización.

En Cataluña el PP ha apoyado la reforma liderada por CiU, que reduce el consejo de la Corporación Catalana a 5 miembros, que podrán ser elegidos en segunda votación por mayoría. Una reforma que concentra poder ejecutivo en un director que dependerá del gobierno de turno.

Y en Madrid y Castilla-La Mancha, mientras llegan la privatización que tanto ansían, los populares han puesto al frente de las respectivas radiotelevisiones a periodistas de reconocido sectarismo.

PS. Se me olvidaban otros hechos. Álvarex Cascos forzando la quiebra de la televisión asturiana y el gobierno de Navarra eliminado el Consejo Audiovisual de la Comunidad Foral.

Los errores del Consejo de Administración de RTVE


El País publica un resumen del acta del Consejo de Administración de RTVE de la sesión en la que los consejeros se concedieron el acceso al sistema de edición y gestión de contenidos de los Informativos de TVE (conocido por iNews, denominación comercial del producto informático).

Dejando al margen algunas expresiones chulescas o prepotentes (“si quisiera entraría hoy mismo en el iNews”, “no necesito el iNews”) lo que la mayoría de los consejeros parece confundir es su función de preservar la independencia y pluralismo informativo con el control editorial.

Todo usuario de un sistema de gestión de contenidos tiene su propio perfil de acceso. Así, sería posible que los consejeros pudieran “leer”, pero no “escribir”. Pero esa simple lectura o visualización de los contenidos, de los previstos y de los ya emitidos, sería toda una invitación a la censura previa.

Las facultades del Consejo le permiten una supervisión de lo emitido para garantizar la imparcialidad y el pluralismo, pero esa supervisión no puede hacerse por la vía que se intentó, sino por medio de estudios de análisis de contenidos, cuya metodología fuera aceptada por todos los consejeros y, por tanto, sus resultados fueran incuestionables.

Garantizar la independencia no significa ser el editor colegiado de los informativos. La responsabilidad informativa empieza en reporteros, informadores, montadores, realizadores y culmina en el director de los Servicios Informativos. El Director de los Servicios Informativos está sometido al escrutinio del Consejo, pero su nombramiento y cese corresponde al Presidente de la Corporación.

Otras entradas sobre este tema:

RTVE, imprescindible

Lecciones del intento de interferencia del Consejo de Administración de RTVE: ni un paso atrás en la independencia profesional

El Consejo de Administración de RTVE no tiene competencias para censurar la información de TVE

 

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