Adiós al diploma: los periodistas brasileños ya no tendrán que ser titulados universitarios

Los periodistas brasileños han perdido una importante batalla. El Tribunal Supremo ha declarado inconstitucional la exigencia legal de un título universitario superior (“el diploma” ) para ejercer la profesión de periodista. La mayoría del tribunal ha considerado este requisito (establecido por un Decreto-Ley en 1969, durante la dictadura militar) como contrario a la libertad de expresión, el libre ejercicio de un trabajo, oficio o profesión y como una restricción a estos derechos no establecida en la propia Constitución.

La sentencia acoge el recurso de los empresarios de los medios. Los sindicatos han defendido en estos 40 años que el diploma es imprescindible para una información de calidad y para dignificar las condiciones laborales y el ejercicio profesional. Su abogado invocó en la vista judicial un argumento clásico: a nadie se le impide ejercer la libertad de expresión y publicar en un periódico o aparecer en una radio o una televisión.  Por la parte contraria se llegó a comparar el periodismo con la gastronomía o la costura, profesiones que no requieren ningún tipo de estudios.

La Federación Internacional de Periodistas ha calificado la sentencia como un retroceso profesional de repercusión internacional. En Brasil la desaparición del diploma se enmarca en un proceso de desrregulación de la comunicación social. Los periodistas creen que sus condiciones laborales y profesionales se degradarán. Ya no recibirán la consideración de titulados universitarios, aunque lo sean, y sufrirán el intrusismo de los no diplomados. La exigencia del diploma ha favorecido durante estas cuatro décadas la creación de una plétora de escuelas de periodismo. Brasil es una potencia en los estudios de comunicación en el mundo latino.

La sentencia vuelve a plantear el viejo tema del acceso

¿Debe exigirse a los periodistas algún requisito o cualficación para ejercer una profesión con indudable trascendencia social?. Las respuestas son muy variadas.

- Colegiación obligatoria. Sigue el modelo de los colegios de abogados y médicos con una larga tradición. La colegiación es requisito habilitante para ejercer la profesión. La corporación ejerce el control deontológico sobre sus miembros. El sistema más cercano a este es el del Ordine italiano. En España los colegios de periodistas no son de colegiación obligatoria.

- Acreditación. Los sindicatos y empresarios en juntas mixtas expiden un carnet nacional a aquellos que acrediten el ejercicio del periodismo de modo habitual y como forma de ganarse la vida. Es el sistema francés.

- Sindicación. El ejercicio profesional no requiere habilitación ni acreditación. Los sindicatos y asociaciones profesionales acreditan a sus afiliados como periodistas, defienden sus condiciones profesionales, negocian (los sindicatos) sus condiciones profesionales y ejercen un control ético. Es el  sistema anglosajón y, con matizaciones, el de España.

Personalmente soy partidario de sistemas de acreditación, no de habilitación, con pluralidad de organizaciones coordinadas estatalmente y representadas en organismos universitarios.

En cuanto a la titulación, una cosa es exigirla como requisito para ejercer el periodismo y otra que las normas laborales de empresa (convenios colectivos) exijan la titulación para las categorías de redactor o informador. Lamentablemente, la interpretación que están haciendo las empresas que tienen tales cláusulas es exigir cualquier tipo de titulación universitaria y no específicamente la de periodismo.

Publicar un blog es una actividad pública

Llevo apartado del blog bastantes días, atado a obligaciones académicas y profesionales. Hoy mis alumnos plantean en el foro que compartimos una interesante cuestión ¿Tienen los blogs derecho al anonimato?

La pregunta viene al caso porque la High Court británica ha permitido que el diario The Times revele la identidad de un bloguero anónimo. En febrero de 2008 se creo en esta plataforma, wordpress, un nuevo blog NightJack (ahora borrado a raíz de la decisión judicial) dedicado a denunciar errores y corrupción en la policía, pero también a relatar casos criminales, eliminando, eso sí los datos personales de los implicados. NightJack reveló que era un policía, pero mantuvo oculta su identidad. El blog llegó a tener 60.000 lectores diarios y ganó el premio Orwell al mejor blog.

Entonces se cruzó en su camino el diario conservador The Times. Investigó y encontró que el autor era el policía Richard Horton. Horton solicitó a los tribunales que ordenaran al periódico que no revelara su identidad, pues sería objeto de represalias profesionales. Y la Hihgh Court ha dado la razón al periódico.

No puedo menos que estar de acuerdo con el argumento básico de la sentencia. Publicar un blog es una actividad pública, no privada. Y como actividad pública debe estar sometida a unas reglas de responsabilidad en un estado democrático (no hablamos de dictaduras).

Responsabilidad jurídica, esto es, estar sometido a las normas penales en asuntos como ofensas al honor, la imagen o los derechos de los demas y obligado como cualquier ciudadano a colaborar con la Justicia en la persecución del delito.

Obligaciones éticas, más allá de las que cada uno asuma personalmente, no existen colectivamente para los blogueros. Justamente, la asunción formal de compromisos éticos es lo que puede distinguir los blogs que sirven una información pública de los que no son propiamente informativos. Esta semana pasada he estado en Bruselas en la Federación Internacional de Periodistas en una comisión sobre el futuro del periodismo y ésta ha sido una de las posibilidades que hemos estado discutiendo: abrir la consideración de periodista a aquellos que, aunque no sean profesionales (no se ganan con eso la vida) difundan regularmente información de interés público y asuman formalmente compromisos éticos, en forma, por ejemplo, de adhesión a un código deontológico y algún sistema de autocontrol.

En este caso no es exigible al periódico respeto a la confidencialidad de las fuentes porque el bloguero no es una fuente que haya llegado a un acuerdo con un medio, sino un medio él mismo. The Times no está obligado a respetar a una fuente que no es tal. Pero su conducta es, sin duda, sectaria y aprovechada, pues revelando la identidad del bloguero pone en riesgo la supervivencia de una voz crítica y explota el morbo de revelar quién era ese topo en el cuerpo policial que tanto revuelo había causado.

En España, Pepe Cervera y el siempre recomendable Enric González critican la decisión. Estoy de acuerdo con González en que The Time no ha servido al interés público. Dice el columnista de El País que The Times “ha forzado el cierre de un blog útil e interesante y ha creado una jurisprudencia peligrosa: ningún blogger británico tiene ya derecho legal al anonimato. Todo eso, ¿para qué? Pues para vender unos ejemplares más: estas cosas las hacemos siempre por dinero”.

En los blogs, las fuentes se convierten en medios y hay que pensar nuevas instituciones jurídicas para proteger esta nueva especie de comunicación pública.

Esperemos que por lo menos los tribunales británicos protejan a Holt si es represaliado por sus jefes policiales.

¿Responde RTVE?

El pasado sábado 2 de mayo se emitió el primer programa de la Defensora del Espectador RTVE responde. Desde 2004, RTVE se ha dotado de la figura del Defensor del Espectador y el Radioyente. Los primeros cuatro años desempeñó el cargo Manuel Alonso Erausquín y hace un año fue nombrada Elena Sánchez. Ahora, en esta segunda etapa, se pone en marcha un programa mensual (media hora, los primeros sábados de mes, en La Dos, a las 20:30).

Los Ombudsman o Defensores del Público son figuras de autocontrol interno de los medios. Su función es la de servir de enlace entre los que hacen la información y los que la reciben con el fin de dar satisfacción a los posibles daños que esas informaciones originen, dar cauce a las críticas y confrontarlas con opiniones profesionales.

Su regulación interna suele ser muy flexible y lo que cuenta es la autoridad con que los defensores ejercen su función. Un Defensor que no investigue la denuncia de errores, críticas o violación de los principios editoriales o deontológicos es una figura puramente decorativa. Una parte de su función consiste en el escrutinio interno de las quejas recibidas. Para que esa función de autocontrol sea eficaz, los resultados de ese escrutinio interno deben de hacerse públicos. Es la mejor manera de que los editores e informadores sepan que tendrán que responder ante su público de los posibles errores, pero también de que podrán defenderse públicamente de las críticas infundadas. Así que, es habitual que exista un espacio reservado para el Defensor en el propio medio.

RTVE ha querido seguir este modelo. El resultado de este primer programa me ha resultado decepcionante. RTVE Responde es un espacio amable, parece que más pensado para satisfacer la curiosidad del público que para investigar sus quejas. La mayor parte de las quejas planteadas se resolvieron en una entrevista con el director de los Servicios Informativos, Fran Llorente, y el resto con los responsables de los espacios criticados. Muchas de estas críticas podían resolverse con una respuesta de parte, pues no tenían mayor entidad. Pero otras requerían escrutinio y debate. Por ejemplo, la alusión genérica a las iglesias evangélicas como sectas en una crónica desde Ángola durante el viaje del Papa merecía debate y más diversas opiniones profesionales y no podía despacharse con el manido argumento de la urgencia informativa. O las odiosas autopromociones y autobombos que llenan los telediarios no pueden justificarse como información. Lo mismo en el caso del machismo subyacente en la serie Pelotas, por  mucho que su responsable respondiera bastante satisfactoriamente.

Es cierto que ese debate entre público y profesionales se puede trasladar mejor a un periódico que la televisión, pero, compárese el programa con la Tribuna de la Defensora del Lector del diario El País, en concreto, la última, “Carla Bruni, la princesa Leticia y la fiebre rosa”.

Al final del programa se recuperó un programa antecedente del actual, Tome la palabra, de 1981. Un cuarto de siglo después el tono no había cambiado tanto. En el programa emitido sobraban las felicitaciones y faltaba debate e investigación.

En cualquier caso, por mucho que sea manifiestamente mejorable, bienvenida RTVE responde, una tribuna para la crítica que no existe en ninguna otra televisión española.

La iniciativa del periodismo ético

Ya me referí extensamente en la entrada en El Filo de la Verdad a esta iniciativa de la Federación Internacional de Periodista. Ahora la FIJ abre una página en la que puede descargarse el libro en pdf y otra información útil.

(Con mi limitada conexión de banda estrechísima de Ya.como por el momento no puedo ampliar mucho más el tema)

Imparcialidad o humanidad

La BBC se niega a emitir una campaña de las organizaciones humanitarias para recoger fondos de ayuda a Gaza. El Disasters Emergency Release, que agrupa a las más importantes ongs británicas (Cruz Roja, Oxfam, Safe The Children) ha lanzado un llamamiento urgente para atender a las más perentorias necesidades de la población. La BBC alega que en situaciones volátiles la ayuda humanitaria es cuestionable y que difundir tal llamamiento comprometería su independencia. Sky News ha seguido el mismo camino y también se niega a difundir la campaña.

Como es lógico, la decisión ha levantado una enorme polémica, con la mayoría de los periódicos criticando este veto. El domingo por la tarde, unas 2000 personas se han manifestado en Londres frente a la Casa de la Radio.

Channel Four sí ha emitido el llamamiento. Visto el vídeo, si acaso hay que reprochar a las ong que muestren el sufrimiento de las víctimas, pero no señalen al verdugo.

A continuación recojo el vídeo donde el director general, Mark Thompson defiende que se trata de evitar que el público pueda entender que la Corporación toma partido a favor de uno de los bandos del conflicto.

La decisión es más sorprente en cuanto que la BBC viene emitiendo este tipo de campañas een favor de zonas de conflicto como Congo o Darfur, como se muestra en este Al Jazeera English, que hace un buen resumen de todos los puntos de vista.

El asunto tiene importantes repercusiones internas en la BBC. El Director General dará explicaciones a los trabajadores y el Trust (la instancia máxima de control interno) ha establecido una comisión de control.

De las dos objecciones de la BBC, la primera, la volatilidad, no tiene sentido si tenemos en cuenta que existe una tregua, por muy frágil que sea, y que las necesidades de la población son enormes y urgentes. La segunda, que emitir tal campaña pone en peligro su imparcialidad, resulta incomprensible. Reviso sus Guidelines sobre imparcialidad, y francamente, me parece que estas normas justamente obligan y no impiden emitir este tipo de llamamientos. ¿Es que teme la BBC que los lobbies sionistas consideren tal difusión un acto inamistoso?.

Estoy de acuerdo con el Arzobispo de York, John Sentamu (la segunda autoridad anglicana): con este veto, la BBC ha tomado partido.

En el filo de la verdad

La Federación Internacional de Periodistas (FIJ) ha lanzado la Iniciativa Ética para el Periodismo, una campaña mundial para fortalecer la libertad de prensa, reforzar el periodismo de calidad y consolidar la independencia editorial (pdf). Como parte de esa campaña y para promover el debate sobre los dilemas éticos que conlleva el ejercicio del periodismo, Aidan White, el Secretario General de la FIJ, ha publicado el libro To tell you the truth, que me hace llegar su adjunto Paco Audije.

La obra debiera de ser de obligada lectura en las facultades y escuelas de Periodismo. Lamentablemente, sólo está publicada en inglés y en papel. Su virtud es que, además de plantear los argumentos pertinentes a las obligaciones éticas y los derechos de los periodistas, recoge un elenco de casos en los que esos prinicipios se han visto confrontados con difíciles situaciones de la vida real.

Decir la verdad es la esencia última de todos los deberes de los periodistas. La cuestión es cómo y hasta dónde decir la verdad. La obra está llena de ejemplos que muestran cómo ningún valor es absoluto y todos deben ser sopesados por un correcto juicio profesional.

Por decir la verdad con urgencia se puede mentir. Unas veces esa urgencia viene impuesta por la presión de la empresas; otras por la ambición profesional.

Otras veces, callar la verdad o retrasar su difusión puede salvar vidas. Se recogen casos de periodistas que antepusieron sus obligaciones como seres humanos (auxiliando a un herido, como el equipo de TVE capitaneado por José Antonio Guardiola en Kosovo) a sus urgencias como periodistas.

No revelar las fuentes es un principio sagrado, pero algunos prefirieron descubrírselas al Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia para que los crímenes contra la humanidad fueran castigados.

Callar la presencia del princípe Harry en Afganistán, un pacto entre todos los medios británicos, puede ser entendido como un ejercicio de autocontrol para no poner en peligro la vida de los militares, pero también como una forma de cooperar en una operación de propaganda gubernamental.

El periodista está sujeto por códigos éticos, por su necesidad profesional de mantener su credibilidad y, en último término, por su responsabilidad personal. Los periodistas no profesionales, ciudadanos o bloggers, pueden actuar responsablemente de forma personal, pero no están sujetos a un sistema colectivo de responsabilidad. Pero los periodistas profesionales no pueden ignorar esas voces no profesionales y deben someterse a su escrutinio.

Para decir la verdad es necesario que constituciones y leyes garantizen, desarrollen y protejan el derecho a la libertad de expresión e información. Y es necesario puestos de trabajo estables, razonablemente retribuidos, en redacciones abiertas al debate. La obsesión por la seguridad ha deteriorado la protección jurídica. Y la crisis de los medios analógicos y, ahora, la recesión general dinamitan unas condiciones de trabajo dignas.

Con todo, decir la verdad significará moverse por el borde de la navaja.

La hora de la autorregulación

La hora de la autorregulación… con este título sintetizó el profesor Fernández Areal el espíritu del 6º Congreso Internacional de Ética y Derecho de la Información, organizado por la Fundación COSO, al que he asistido el pasado fin de semana en Valencia. El Congreso estaba convocado bajo el lema “El derecho a la información judicial” y tanto en este tema central, como en todas las áreas de trabajo, especialmente, claro, en la dedicada a “Ética y excelencia informativa” ponencias, comunicaciones y las aportaciones al debate han insistido en la importancia de la autorregulación como instrumento para satisfacer el derecho de los ciudadanos a la información.

La autorregulación no puede ser una alternativa a la regulación. Cada una tiene su ámbito y su misión. La regulación debe desarrollar y delimitar para hacerlos posibles los derechos constitucionalmente garantizados, sin perjuicios de que éstos sean directamente exigibles ante los tribunales. La regulación debe dar una protección efectiva a los derechos de la personalidad de terceros y a otros bienes constitucionalmente garantizados, como es el desarrollo de los menores. La profesora Sánchez Ferriz realizó una síntesis de 30 años de jurisprudencia constitucional, que delimita y precisa los contornos de esa regulación imprescindible.

Pero la regulación no puede resolver todos los conflictos, porque muchos de los que se plantean en el ámbito informativo requieren una solución pronta y flexible, que se adapte a los usos sociales, a las expectativas del público y a la ética contractual de los profesionales. La intervención del Defensor del Pueblo en estos conflictos, con su mediación, se queda en un terreno intermedio entre la regulación y la autorregulación. En su ponencia, presentada por su adjunta, se plantearon los conflictos más frecuentes en relación con la información judicial y policial. Previa también a la autorregulación es la transferencia informativa de los poderes públicos. La ponencia de Agustín Zurita, jefe de comunicación del Consejo del Poder Judicial desde hace 27 años (¡qué aguante! ¡qué discrección! ¡qué profesionalidad!) abogó porque esa transferencia se manifieste institucionalmente y no mediante relaciones privilegiadas de ciertos jueces con ciertos informadores. Ya en el terreno de la deontología abundaron las comunicaciones sobre violencia de género, tratamiento informativo de los menores, fotografía informativa y, sí se me permite la autocita, sobre la independencia profesional e institucional que consagra el Estatuto de Información de RTVE. Son los estatutos de información o redacción una de las manifestaciones más desarrolladas de la autorregulación en España. Entre las ponencias tuvo especial eco la presentación del trabajo de investigación del profesor Alsíus (en colaboración con varias universidades) sobre deontología, con tres partes: codificación de los códigos éticos en una utilísima base de datos; confrontación de sus principios con los valores de los profesionales, confrontación con las expectativas del público.

Desde este enlace puede descargarse el vídeo de la intervención de Mª Luisa Cava, adjunta al Defensor del Pueblo, y el audio de la ponencia de Agustín Zurita.

Indicadores de una información democrática

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa acaba de aprobar su Resolución 1636 Indicadores de los medos en una democracia, un catálogo de los principios básicos a que deben de ajustarse los medios de comunicación en una sociedad democrática. El punto de partida es, naturalmente, el art. 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (puede verse el trabajo de García Ureta y mi tesis Libertad de Programación) que consideran que cualquier limitación y, en general, regulación de las libertades de expresión e información tienen que ser proporcionadas y estar justificadas por los derechos de terceros o el interés público, tal como se interpreta en una sociedad democrática.

Las resoluciones del Consejo de Europa en materia de información se han caracterizado por promover la participación del público y los profesionales, defender el pluralismo (interno y externo) y, en consecuencia, requerir regulaciones contra la concentración y a favor de la transparencia. Es el contrapeso a la política audiovisual de la Comisión Europea, punta de lanza del neoliberalismo en el mundo de la información en Europa. Hay que recordar que la Asamblea Parlamentaria del Consejo no tiene más que una función de foro, sus resoluciones no tienen fuerza ejecutiva y su papel más importante es servir de recomendación para que los ministros europeos (por la vía de la cooperación intergubernamental) adopten tratados u otros instrumentos jurídicos.

No puedo ni siquiera resumir aquí los 27 indicadores que menciona la Resolución. Mencionaré sólo los que me parecen más relevantes:

  • El derecho a la libertad de expresión e información debe de estar garantizado por la legislación nacional (1). De modo que olvidemos eso de que la mejor “ley de prensa es la que no existe”. Eso no quiere decir que no exista un sistema de autorregulación en materias como el derecho de réplica (25). De modo que regulación y autorregulación son perfectamente compatibles.
  • Un síntoma de que ese derecho fundamental puede estar siendo limitado es la existencia de un alto número de litigios judiciales en torno a la información (1). Las sanciones penales que persiguen la propaganda del odio, la protección del orden público o la seguridad nacional tienen que ser proporcionadas (3). Funcionarios y autoridades no debieran de tener una protección penal más rigurosa que la de cualquier ciudadano (2).
  • Los medios tienen que ser independientes de sus propietarios y para ello se proponen códigos de conducta sobre la independencia editorial (13). Debe existir una legislación contra la concentración empresarial y a favor de la transparencia (18).
  • Los periodistas deben regirse por sus propios códigos deontológicos y declarar cualquier conflicto de intereses (26).

La Resolución invita a los parlamentos europeos a que hagan informe periódicos sobre la base de este catálogo de principios.  También exhorta a las empresas a que apliquen y desasrrollen estos principios.

El catálogo encuentra inspiración en el trabajo de la ONG Article 19, que se felicita de la Resolución. También Federación Europea de Periodistas aplude que el Consejo defienda la independencia del periodismo.

El problema es que muchos de estos indicadores tienen una ambigüedad esencial que es la que se considera imprescindible para el normal funcionamiento de una sociedad democrática. Creo que ningún país europeo cumple a satisfacción todos ellos. Por ejemplo, quien protege eficazmente en el terreno penal no tiene un sistema anticoncentración. O, como en el caso español, castiga más duramente las injurias o calumnias contra las altas autoridades. Sería útil que, con una base académica, estos principios se tradujeran en unos indicadores cuantitativos.

Vuelo 5022: derecho a saber

Las filtraciones de las conclusiones provisionales de la Comisión de Investigación sobre el accidente aéreo de Spanair se han convertido en un escándalo político. Además, el juez de Instrucción del caso ha requerido a Prisa para que deje de difundir (“publicar” dice el auto) el vídeo del trágico despegue del avión. Ambas situaciones plantean hasta donde llega el derecho a saber, el derecho a conocer.

El derecho fundamental a la información, reconocido en el artículo 20 de nuestra Constitución, como libertad de expresión y libertad de información, no puede ser sometido a censura previa ni ejercerse esa forma de censura que es el secuestro previo de las publicaciones. Se ejercen, pues estas libertades en un marco de libertad de difusión y responsabilidad a posterior.  Estas libertades no tienen más límites que el respeto a otros derechos fundamentales y, señaladamente, los derechos de la personalidad (intimidad, honor y propia imagen) y la protección de la infancia y juventud. El objeto de este derecho es general, todas las ideas, opiniones e informaciones. De manera que para que determinados hechos se conviertan en excepción y no puedan ser objeto de información tiene que haber muy serios fundamentos, que, además de los derechos mencionados, puede ser la seguridad del estado, a través de informaciones declaradas secretas o reservadas, o el derecho a un juicio justo e imparcial, que justifica la institución del secreto del sumario.

A partir de estas bases, me permito hacer las siguientes reflexiones:

El vídeo y las imágenes del accidente. Desde el primer momento, el juez decretó el embargo de todas las imágenes del accidente. Tal medida sólo tendríajustificación como garantía de las pruebas en el marco del secreto del sumario, lo que no parece el caso. No es de recibo que se retengan las imágenes para evitar sufrimiento a las familias, porque esta cuestión tiene que ser objeto de autocontrol, o, en su caso, de exigencia de responsabilidad a posteriori. En concreto, en lo que se refiere al vídeo, todo el proceso ha sido vergonzoso. Desde AENA pasa al Ministerio de Fomento, y se visiona en la Moncloa antes de que llegue al juez, que es a quien debía de haberse entregado. Una vez, la concepción patrimonial de la información por parte de la Administración. El vídeo debiera de haberse entregado inmediatamente al juez y haberse difundido en su momento, porque su valor informativo era muy alto, mucho más entonces que ahora. Pero se dijo que ese vídeo nunca se difundiría para terminar siendo filtrado a El País. Que ahora el juez requiera su entrega y cese de difusión no tiene ningún sentido, porque su difusión ni obstaculiza la investigación, ni puede crear más dolor en víctimas o familiares, sino, por el contrario, claridad sobre las circunstancias del siniestro. PRISA asegura que lo obtuvo por medios lícitos, pero está claro que ya fuera en medios de Fomento o del juzgado, o bien se pagó o bien hubo uso de relaciones privilegiadas. (Francisco Mercado, el autor de la exclusiva asegura que la obtuvo lícitamente). Todo hubiera sido más transparente con la entrega a todos los medios desde el primer momento. Para colmo, el juez exige la entrega del material, que a estas altura no tiene ya ningún  valor, pues no se trata de una matriz o molde de imprenta y no estamos en el siglo XIX sino en la sociedad digital, donde los contenidos difundidos, y basta con una sola vez, se multiplican exponencialmente.

Las filtraciones del informe provisional. Los periodistas tienen la obligación de indagar y no tienen porque respetar obligaciones de confidencialidad que sólo afectan a las fuentes. Pero que los expertos o personas de su entorno incumplan esos deberes es grave, porque indica la intención de sacar partido a la información (político, económico) y desacredita a la comisión. Pero también, con mayor transparencia este peligro podría haberse evitado. ¿No podría adelantar esta comisión algunos hechos indiscutidos antes de llegar a sus conclusiones  definitivas?.

El respeto a las víctimas. Puede que a los familiares vuelva a despertarles su dolor el vídeo del despegue, pero lo que, más que de dolor, les ha llenado de vergüenza e indignación es el asedio que les han sometido los medios durante los días siguientes a la tragedia. ¿Cómo se puede pregunta a alguien en esas circvunstancias “cómo te sientes”? Creo que todos los medios tendrían que pedir públicamente disculpas y comprometerse a aplicar los códigos deontológicosd que exigen un tratamiento exquisito de estas cuestiones. Normasdeontológicas existen, lo que hace falta es voluntad de aplicarlas

Testimonio

“A veces te trastorna tanto lo que has visto que se te acelera el corazón y sabes que la terrible imagen que tus ojos acaban de ver te acompañará y pesará intolerablemente sobre tu alma toda la vida”

Vasili Grossman

Supe de Vasili Grossman por las reiteradas citas que de su diario y artículos hacía Antony Beevor en sus obras Stalingrado y Berlín. Grossman, escritor ruso de origen judío, cubrió toda la guerra para el periódico Bandera Roja, desde el ataque alemán contra la Unión Soviética en 1941, hasta la toma de Berlín por el Ejército Rojo en 1945. Después leí Vida y Destino y he terminado en sus diarios, editados por Beevor y Luba Vinogradova bajo el título Un escritor en guerra, de donde he sacado la cita que abre esta entrada.

Las palabras de Grossman son pura experiencia. Dio testimonio de lo que vio (el horror de la guerra, el infierno de los campos de exterminio, pero también del heroismo y la solidaridad) y eso pesó siempre sobre su conciencia y cambió su vida. Después de narrar en un artículo el infernal mecanismo de muerte del campo de Treblinka, advierte:

“Si se hace infinitamente duro leer esto, el lector debe creerme que también es infinitamente difícil escribirlo. Alguien puede preguntar: ‘¿Y por qué escribir sobre esto, por qué recordarlo?’ Es el deber del escritor contar esa terrible verdad y el deber civil del lector es conocerla. Quien mirara hacia otro lado, quien cerrara losojos sin querer saber nada insultaría la memoria de los muertos”

Testimoniar la realidad es el deber básico del periodista, testimoniar la realidad y profundizar, además, en el alma humana, es el deber del escritor. Puede que la mayoría de los periodistas se pasen la vida dando testimonio de la realidad construida por los pseudoacontecimientos montados por los poderosos, asistiendo sin descanso de una rueda de prensa a otra, en la que ni siquiera ya pregunta, bien por premura, cansancio, desinterés o pleitesía al poderoso. Pero también muchos periodistas se encuentran de bruces con la realidad, una realidad dura, difícil de aceptar. No hace falta ser corresponsal de guerra, puede que seamos un simple informador (precario) de local que tiene que informar de una revuelta en un barrio marginal. Hay que saber entonces liberarse de clichés e ir más allá de lo evidente y profundizar en la causas, aunque resulte molesto para el lector, el oyente o el espectador.

He defendido siempre no cargar las tintas en imágenes duras o escabrosas, pero someterse al buen gusto o respetar una sensibilidad de espectador demasiado timorato nos llevará a traicionar ese deber de testimonio. ¿Podrían haberse moistrado hoy en los telediarios las imágenes de Auschwitz, Treblinka o Bergen-Belsen tras su liberación, imágenes en color y alta definición? Los periodistas tienen que tener estómago, pero también ha de tenerlo el público, cuando lo que está en juego es la propia dignidad de la especie humana.

Decía que Grossman que esas imágenes que Grossman llevaba en su alma cambiaron su vida. A comienzos de los 60 escribió Vida y Destino, la Guerra y Paz del siglo XX, un alegato contra todos lo totalistarismo y que, precisamente, por su denuncia de estalinismo no pudo ver publicada -murió en 1963 y el manuscrito se salvó gracias a su hija que lo publicó en los 90. Confieso que cuando compré el libro, el título me pareció anodino. Luego comprendí su sentido. Todos tenemos un destino ineludible, muy a menudo un destino terrible como aquellas generaciones, pero todos construimos nuestra propia vida con actos de libertad. Como aquel prisionero, que es torturado y asesinado por no querer construir las cámara de gas. Como ese soldado que sigue resistiendo contra toda esperanza. Como el científico que se niega a retractarse de sus trabajos y a quien rehabilita el propio Stalin con una llamada telefónica, el mismo científico que luego firmara apoyando una purga más… Recomiendo la lectura de Vida y Destino como una obra excepcional.

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