Titulación y colegiación obligatoria de los periodistas: ¿es constitucional? (II)


¿Vulnera la colegiación obligatoria las libertades de expresión e información del art. 20 CE?

En la anterior entrada expuse la propuesta de los colegios profesionales y razoné la que me parece su poca utilidad. Ahora la someto a un somero análisis de constitucionalidad.

Tienen razón los colegios cuando dicen que el ejercicio profesional del periodismo comporta un interés público. Así lo ha venido a reconocer el Tribunal Constitucional en diversas sentencias, cuya doctrina resumo:

  • Los titulares de los derechos a la libertad de expresión e información son la colectividad y cada uno de sus miembros (STC 105/1983)
  • Los profesionales no gozan de ningún privilegio con respecto al ciudadano común (STC 6/1981), pero, en cuanto mediadores sociales, pueden tener derechos preferentes (por ejemplo, acceso preferente a las vistas judiciales, STC 30/1982) y gozan de una protección cualificada cuando el derecho a expresarse o informar entra en conflicto con los derechos al honor y a la intimidad de terceros (STC 185/1987)

La STC 225/2002 resume más de 20 años de esta doctrina:

“Si bien la jurisprudencia constitucional ha reconocido como titulares de la libertad de información tanto a los medios de comunicación, a los periodistas, así como a cualquier otra persona que facilite la noticia veraz de un hecho y a la colectividad en cuanto receptora de aquélla (por todas, STC 6/1981, 105/1983, 168/1986,165/1987, 6/1988, 176/1995, 4/1996), ha declarado igualmente que la protección constitucional del derecho ‘alcanza su máximo nivel cuando la libertad es ejercitada por los profesionales de la información a través del vehículo institucionalizado de formación de la opinión pública que es la prensa entendida en su más amplia acepción’ (STC 165/1987, reiterada en SSTC 105/1990 y 176/1995, entre otras). Afirmación con la que en modo alguno se quiso decir que los profesionales de la información tuvieran un derecho fundamental reforzado respecto a los demás ciudadanos; sino sólo que, al hallarse sometidos a mayores riesgos en el ejercicio de sus libertades de expresión e información, precisaban —y gozaban de— una protección específica. Protección que enlaza directamente con el reconocimiento a aquellos profesionales del derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional para asegurar el modo de ejercicio de su fundamental libertad de información (STC 6/1981)”

La Ley de la Cláusula de Conciencia (L.O. 2/1997) declara titular de este derecho a los profesionales de la información, sin precisar quienes estos sean. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en el sentido de delimitar la figura del profesional de la información por las funciones realmente realizadas. Así, estima que era irrelevante tener o no la categoría laboral de redactor (como exigía el convenio colectivo), pero en cambio considera que un maquetador tiene una función subordinada que no afecta a los contenidos y por tanto no puede invocar este derecho (STC 199/1999).

La cuestión es, por tanto, si para tener derecho a esa protección reforzada los informadores deben tener una previa habilitación académica y estar obligatoriamente colegiados. Y si eso es así, si ambos requisitos entrañan limitaciones para el resto de los ciudadanos constitucionalmente admisibles.

¿Limitan estos requisitos impuestos a los profesionales los derechos del resto de los ciudadanos?

El Tribunal Constitucional no ha tenido ocasión de pronunciarse expresamente. El Defensor del Pueblo recurrió en 1985 la primera versión de la Ley de Colegio catalán porque establecía la colegiación obligatoria, pero al modificarse la norma y hacerse voluntaria la colegiación, el Defensor retiró el recurso y el Tribunal no se pronunció.

Hay, en cambio, una jurisprudencia bien establecida respecto si la  titulación y la colegiación obligatoria en las profesiones tituladas (médicos, abogados, arquitectos) vulnera el derecho al trabajo y la libertad de elegir ocupación (art. 35.1) y la libertad de asociación del art. 22. Por todas, cabe citar la STC 3/2013, que resumo:

  • El legislador puede establecer el requisito de la titulación y la colegiación en determinadas profesiones, porque el art. 36 de la Constitución se lo permite
  • Estas condiciones suponen una limitación al contenido sustancial de los derechos al trabajo y a la libertad de asociación (y de su negativa, la no asociación)
  • Estas limitaciones serán legítimas en la medida que el colegio tutele los intereses de los destinatarios de los servicios, así como que exista una relación entre la actividad y los derechos e intereses constitucionalmente protegidos
  • Este juicio debe hacerse caso por caso, valorando las circunstancias de cada profesión y siempre eligiendo la alternativa menos gravosa para el ejercicio por todos de los derechos al trabajo y la libertad de asociación.

Estos serían los principios que el Tribunal Constitucional aplicaría si le llegara un recurso contra el título habilitante y la colegiación obligatoria. Pero además tendría que ponderar los derechos del art. 20, esto es si estos requisitos no suponen un límite al derecho que todos tienen a expresarse, opinar, buscar, difundir y recibir información.

Entiendo que estos requisitos no impiden a cualquier ciudadano el ejercicio de estos derechos. Así lo defendí en mi tesis en 2000 (p. 126). Pero también puede argumentarse que aquellos que carecieran de la habilitación tendrían un derecho de segunda categoría, con una protección debilitada. Y hoy, la información de relevancia pública ya no es monopolio de medios y periodistas.

En cualquier caso, el Tribunal Constitucional tendría que entender que el título habilitante y la colegiación obligatoria constituyen la mejor garantía del interés público. Yo personalmente tengo muchas dudas de que eso sea así.

Titulación y colegiación obligatoria de los periodistas: ¿para qué? (I)


Colegios de Periodistas de distintas comunidades autónomas piden incorporar al anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales la colegiación obligatoria.  Soy escéptico sobre la utilidad de la colegiación obligatoria, que me parece un remedio poco útil para los males de la profesión en esta época y sobre el que pesa cuando menos sospecha de inconstitucionalidad.

Llevo bastante tiempo queriendo abordar este asunto, pero me cuesta porque sé que no es la mejor forma de hacer amigos. Es más, me duele discrepar de una petición que llega desde compañeros que se esfuerzan por dignificar esta maltratada profesión. Por si fuera poco, soy profesor de Periodismo.

Creo que debe abrirse un debate entre profesionales, organizaciones profesionales y sindicales, profesores y estudiantes de periodismo, con independencia de que la solicitud previsiblemente no sea ni siquiera tenida en cuenta en un ministerio enemigo de las corporaciones públicas profesionales, a las que quiere restringir sus competencias con el mencionado anteproyecto de ley.

Para no alargarme demasiado trataré en una primera entrada el tema desde una perspectiva profesional y en una segunda abordaré los aspectos constitucionales de la propuesta.

La petición y los argumentos de los colegios

Los colegios de Galicia, Castilla-León, Murcia y Andalucía piden al Ministerio de Economía que en el futuro proyecto de Ley de Servicios Profesionales (anteproyecto), en su disposición adicional 1ª, que menciona las profesiones en las que se mantendrá la colegiación obligatoria, se incluya a los periodistas, en los siguientes términos:

“que sea incorporado a la Disposición Adicional 1ª del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales un apartado a tenor de lo siguiente: (…) En un Colegio de Periodistas para ejercer las actividades propias del periodismo previa la posesión del título universitario de licenciado o grado que resulte habilitante para dicho ejercicio profesional”.

Es decir, para ejercer el periodismo se requeriría:

  • Un titulo habilitante: el título universitario de licenciatura o grado (¿periodismo? ¿comunicación? ¿comunicación audiovisual? ¿publicidad y relaciones públicas?)
  • Colegiación obligatoria, una vez obtenido el título habilitante

La petición se fundamenta en la sensibilidad de los derechos vinculados al periodismo, cuyo ejercicio comporta un interés público, como la propia Constitución pone de manifiesto al reconocer los derechos a la cláusula de conciencia y al secreto profesional:

“… es la propia Constitución la que reconoce la profesión periodística, a la vez que la ampara al atribuirle esos dos derechos concretos y específicos, a los que no se puede acoger cualquier ciudadano si no tan solo el periodista profesional, cuya acreditación debe ser garantizada por la necesidad de la colegiación obligatoria”.

El estatuto profesional de los periodistas

Desde la Transición hasta aquí el llamado acceso a la profesión ha dividido a los periodistas. Eliminado el registro oficial exigido por la Ley Fraga como requisito habilitante, unos (en general la FAPE y sus asociaciones, Facultades) han defendido mantener la habilitación mediante titulación obligatoria y otros (sindicatos, algunas organizaciones sectoriales) la acreditación basada en la práctica profesional.

En el sistema de habilitación, quien no cumple previamente los requisitos (titulación, colegiación) no puede ejercer el periodismo y si lo hace estaría incurriendo en delito, falta administrativa o  responsabilidad profesional (dependiendo del ordenamiento jurídico; por ejemplo, el art. 403 del Código Penal español castiga el delito de intrusismo con penas de multa y prisión de hasta dos años, dependiendo de la modalidad). Los defensores de la habilitación consideran que es el mejor sistema para garantizar la capacitación profesional, la responsabilidad ante la sociedad. Y alegan que, de otro modo, quien decide quien es periodista son las empresas.

En el sistema de acreditación lo que se hace es reconocer públicamente como profesionales aquellos que tienen como ocupación principal y remunerada la búsqueda, tratamiento y difusión de información de interés público. Se trata de extender la protección que implica el reconocimiento a todos aquellos que de modo efectivo, hayan llegado de un modo u otro a la profesión, es decir a los periodistas en activo. Este sistema presupone de un modo u otro la existencia de un período de prácticas en las empresas.

En Europa, Italia es el único país que tiene un sistema de registro obligatoria que controla una organización profesional (Ordine dei Giornalisti). En Brasil, en 2009 el Tribunal Supremo declaró inconstitucional la exigencia de titulación universitaria. Un resumen de los distintos sistemas y su discusión puede encontrarse en este informe sobre el futuro del periodismo de la Federación Internacional de Periodistas (pp. 21-27).

La falta de acuerdo sobre el acceso ha venido a ocultar la necesidad de un estatuto profesional, que desarrolle los derechos y deberes de los periodistas. Después de años de batallas estériles, a principios del siglo el Foro de Organización de Periodistas (que entonces englobaba a todas las organizaciones profesionales y sindicales) elaboró un texto, el Estatuto del Periodista Profesional, que fue tramitado en 2004 como propuesta de ley por Izquierda Unida (Proposición de Ley /Debate de la toma en consideración). 

Este Estatuto establecía un sistema de acreditación a través de carnet profesional expedido por un Consejo Estatal de la Información. Lo importante del proyecto era que por primera vez se reconocían y regulaban de modo específico los derechos y deberes de los periodistas para un mejor servicio al público.

Empresas y doctrinarios liberales sacaron a pasear el espantajo de una ley de prensa represiva (ya se sabe “la que mejor ley de prensa es la que no existe”). Con eso contaban los redactores del proyecto, pero no con el fuego amigo que llegó con la desvinculación de la FAPE (participante activo en el proceso), que abandonó incluso el Foro de Organizaciones de Periodistas. El caso es que aquel intento se  frustró (Aquí las posiciones del debate tal y como se publicaron por El País)

Lo importante es insistir en un estatuto de los periodistas debe suponer un desarrollo de sus derechos constitucionales, para garantizar su independencia frente al poder y sus propios empresarios, buscando fórmulas de equilibrio entre la independencia de los periodistas y la libertad editorial de los propietarios. Y un desarrollo del deber de informar para mejor garantizar el derecho del público a ser informado. Un estatuto no es una ley limitativa sino un marco para un reequilibrio de los derechos de todos los que participan en la relación informativa.

El nuevo ecosistema informativo

En el sistema de acreditación se apuesta por ofrecer la protección a aquellos que efectivamente estén ejerciendo el periodismo. Eso hace tres lustros (más o menos cuando se redactó aquel proyecto de estatuto) era relativamente fácil de establecer. Se podía estar en plantilla de una empresa informativa, ser colaborador a la pieza o freelance. Y así sigue siendo si nos mantenemos en el ecosistema de los medios masivos. Pero hoy la información de relevancia pública se investiga, se elabora, se difunde y se comparte también horizontalmente por todos en el ciberespacio.

A mi entender no existen los llamados “periodistas ciudadanos”. Existen ciudadanos que en algún caso generan información de relevancia pública, pero que más frecuentemente la comparten, siempre de forma esporádica, no profesional. Quien hace un comentario en un ciberdiario, manda una foto a una televisión o comparte un vídeo en Facebook no es por ese solo hecho periodista.

Pero puede que se trate de alguien más comprometido con una causa, movimiento o, simplemente fan de un equipo de fútbol o de un famoso. Entonces sí que empieza a buscar y elaborar información con una cierta habitualidad. Puede que participe en un medio social o que incluso  cree sus propias plataformas en las redes sociales. Y ahí ya va ser muy difícil establecer si está realizando una tarea profesional. Seguramente no cobrará o no cobrará al principio, pero puede que logre “monetizar” su actividad y hasta vivir de ella. No es lo mismo, claro, crear y mantener un proyecto a favor de la sanidad pública que tener un canal de éxito en YouTube de trucos de cocina. No es lo mismo el blog de un profesor universitario que mantener un grupo de seguidores de Justin Bieber en Facebook.

La cuestión es si todos estos comunicadores habituales y en cierto modo profesionalizados merecen la protección reforzada de su derecho a la libertad de expresión e información de la que constitucionalmente gozan los periodistas. La respuesta en el sistema de habilitación académica es no. En el de acreditación el problema es encontrar criterios para verificar si, de modo habitual, se crea, difunde y comparte información de relevancia pública.

Colegios y autorregulación informativa

Es de sentido común que los profesionales de la información deben tener una formación universitaria. Así, parece haberlo entendido la sociedad española cuando las facultades de periodismo y comunicación han producido desde  1976 más de 80.000 titulados (Informe de la Profesión Periodística 2012). No hay en España un problema de intrusismo (si acaso los periodistas son intrusos en otras profesiones de carácter más técnico como las de fotógrafos, cámaras o montadores de televisión).

En cuanto a la colegiación, los colegios profesionales son corporaciones públicas que mediante la adscripción obligatoria, garantizan que todos los practicantes de la profesión cuenten con la formación suficiente y respeten en su práctica las normas deontológicas, al servicio de los que reciben sus servicios y de la sociedad en su conjunto. Pero no se olvide que el ámbito más característico de los colegios es el de las profesiones liberales.

En el caso del periodismo español la batalla por la dignidad hay que darla en primer lugar en las empresas. Para ello, los sindicatos están mejor colocados que las organizaciones puramente profesionales. Es en las empresas donde hay que luchar por unas condiciones de trabajo dignas y por implantar instituciones de pluralismo interno como los consejos o comités profesionales.

Es una buena noticia que en la mayor parte de las comunidades autónomas se estén constituyendo colegios profesionales que tienen el peso de aglutinar toda la representación profesional en una institución de derecho público. Pero hay que volver a la unidad de todas las organizaciones profesionales y sindicales, revitalizar el moribundo Foro y darle quizá una mayor institucionalidad.

Las facultades de comunicación también tienen que implicarse en el proceso de regeneración del periodismo profesional. Puede que cambiar sus planes de estudio de grado sea imposible, pero debieran de comprometerse en crear ámbitos de prácticas y desarrollo profesional. Y negociar sus programas de prácticas de modo que supongan una prolongación del período de formación y no una forma de explotaación laboral.

Correspondería a los colegios impulsar un sistema de autorregulación estatal, que no fuera un sistema interno de los periodistas (como lo es hoy la Comisión de Quejas y Arbitraje de la FAPE) sino aplicable a profesionales y empresas. Como las empresas no están por la labor más que autoregulación sería necesaria la corregulación, lo que no es nada fácil como demuestra el caso del Reino Unido.

Conclusión personal: la titulación y la colegiación obligatoria no resuelven los problemas actuales de los periodistas españoles, la propuesta puede crear otros nuevos problemas y la suscita dudas en cuanto su posible inconstitucionalidad (tema que trataré mañana en una entrada específica)

En defensa de los trabajadores de la RTVV y de las radiotelevisiones públicas autonómicas


El cierre salvaje de la radiotelevisión pública valenciana es un síntoma más de una grave patología de nuestra democracia: el entendimiento de la comunicación como propaganda y de los medios públicos como propiedad privada del partido gobernante.

En este blog se ha defendido reiteradamente el servicio público audiovisual (véase la etiqueta servicio público). Ahora quiero sólo explicitar brevemente mi posición en torno a algunas cuestiones suscitadas en estos dos últimos días en los debates en las redes sociales.

Los trabajadores de RTVV: ni héroes ni villanos

A raíz de un primer tuit de Iolanda Màrmol y de las denuncias realizadas por los trabajadores en su programación en directo, las redes sociales reaccionaron: ¡mentirosos! ¿por qué lo denunciáis ahora que perdéis vuestro puesto de trabajo y no antes? ¿dónde estaba vuestra ética profesional?

Me parece una reacción un poco injusta. Los trabajadores denunciaron la manipulación, primero a través del consejo de redacción, luego, cuando la empresa lo abolió,  a través de comités antimanipulación y siempre a través de los sindicatos y sus representantes. Julià Álvaro y Iolanda Màrmol hacen autocrítica. La resistencia hubiera podido ser mayor o concretarse en gestos más visibles para el público. Pero los periodistas no pueden ser todos los días héroes.

Ni héroes ni villanos. No tienen que ser héroes, porque tiene que haber cauces internos (consejos de redacción) y externos (organizaciones profesionales, órganos de autocontrol) que puedan recoger sus denuncias y protegerlos de represalias. Quien tuvo miedo y no hizo una resistencia enérgica no puede ser considerado un villano, porque el heroísmo no le era exigible.

Lamentablemente, también hubo bastantes villanos en la RTVV, lacayos del poder traídos desde las gabinetes de comunicación para hacer propaganda. Y algunos, ahora, al verse en la calle muerden la mano que les dio de comer.

Pero no echemos todo el peso sobre los hombros de los trabajadores. A sus denuncias se sumaron estudios académicos, como la tesis de Yolanda Verdú, que demostraban la manipulación. Pero los valencianos siguieron dando mayoría absoluta al PP de Gürtel.

No hay servicio público sin público

Ciertamente, un servicio público sin público, sin audiencia, no tiene sentido. Que Nou tenga un 4% es un fracaso sin paliativos, no tanto en comparación con un glorioso 20% de los buenos tiempos, sino con el 8 ó el 10% actual de otras autonómicas. Este fiasco es fruto del descrédito por la manipulación informativa y de una programación sin calidad.

Pero cuidado con los índices de audiencia. Las audiencias masivas se han fragmentado y seguirán fragmentándose. ¿Dónde está el límite de la viabilidad?

En las privadas está muy claro, en la rentabilidad económica. Una televisión puede ser rentable con un 1 ó un 2% de audiencia. En las públicas el criterio tiene que ser la rentabilidad social: no cuántos nos ven o nos oyen puntualmente, sino a qué públicos damos servicio y qué servicio les damos.

Los servicios públicos audiovisuales tiene que conjugar el servicio a las audiencias masivas (y para ello sus programaciones tienen que ser atractivas y sus informativos creíbles) con el servicio a públicos minoritarios y la entrega personalizada de contenidos de calidad. Y hoy es posible con un esquema de un canal generalista, complementado con canales especializados y potentes servicios en línea.

Las televisiones públicas autonómicas tienen sentido

Sin comunicación de masas no hay sociedad. Las televisiones autonómicas eran necesarias para consolidar una esfera pública de las regiones y nacionalidades españolas e incluso diría que hoy son más necesarias que hace 20 años en razón de la desaparición de otros medios regionales y locales. Sin duda están doblemente justificadas en aquellas comunidades con lengua propia.

Nuestro estado autonómico ha carecido de mecanismos de cooperación. Las radiotelevisiones autonómicas no han sido una excepción a esa falta de cooperación. En lugar de optar por el modelo alemán (potentes organismo regionales federados en una cadena naciona), cada comunidad autónoma ha implantado su propio organismo, con una débil cooperación a través de la FORTA.

Los de primera generación, los de las comunidades más grandes, copiaron el viejo modelo mastodóntico y manipulador de la RTVE del Estatuto de 1980.Y pretendieron ser cadenas nacionales, olvidando muchas veces lo local, creando cadenas especializadas difícilmente justificables desde su misión al servicio de una población regional.

Luego, las redacciones fueron engrosándose por capas al servicio del manipulador de turno. En el caso de RTVV, a los trabajadores originarios, que habían ganado una oposición, se fueron sumando los Zaplana, los de Camps, los de Fabra… (No hay nada peor que trabajar por una redacción controlada por un partido dividido).

Las de la segunda generación se han basado en una externalización para dar de comer a las productoras (tantas veces creadas ad hoc) de los amiguetes. Poco fundamento público puede tener delegar los informativos en empresas privadas, como permitió el PP con el cambio de la ley.

Llegados a este punto es necesario replantear un servicio público imprescindible. No hay peor demagogia que la de Fabra: no se trata de elegir entre colegios, hospitales o un servicio público audiovisual. Si hoy no se pueden mantener todos ellos ha sido por la dilapidación y el robo, del que alguien tiene que hacerse responsable, pero no porque no sea esencial en el siglo XXI una comunicación que garantice la cohesión social.

(Dejo aquí el enlace a la emisión en directo de Canal Nou – Ya veremos cuánto aguantan)

PS. Colaboración en El País “Está en juego la cohesión social”

De cómo el gobierno exige responsabilidad a la prensa cuando la sociedad lo reclama


Reino Unido establecerá un sistema de corregulación de la prensa. Los diarios podrán adherirse voluntariamente, pero los que se queden fuera corren el riesgo de pagar indemnizaciones millonarias en los casos de violación de la privacidad. La libertad de prensa no está en riesgo; por el contrario, diarios más responsables serán más libres.

En una insólita reunión en el despacho del jefe de la oposición, Ed Miliband, los partidos británicos y las víctimas del espionaje telefónico cerraron  ayer el acuerdo que da rango legal al sistema de regulación. Los diarios (por ejemplo, The Guardian) interpretan el acuerdo como una derrota del muy debilitado Cameron.

El primer ministro había rechazado que el sistema se estableciera por norma, en la línea de los periódios más recalcitrantes s asumir las recomendaciones del Informe Levenson. Cameron será sin duda ahora objeto de los ataques de los diarios conservadores y sensacionalistas, lo que puede derivar en una camapaña que termine con su ya cuestionado liderazgo. Pero la presión social, encauzada a través de la campaña Hacked Off (con gran protagonismo de famosos espiados como J.K Rowling), ha sido decisiva. No menos importante ha sido la connivencia de sus socios liberal-conservadores con la oposición laborista. En fin, una constelación de circunstancias que harán posible el establecimiento de un sistema riguroso de corregulación.

Hay que recordar que en el Reino Unido han existido otros precedentes de autorregulación, el último la Comisión de Quejas de la Prensa, que han fracasado por su condescendecia con los abusos de los periódicos. El mayor punto de discordia era si una nueva regulación tenía que ser absolutamente voluntaria o establecida por una norma jurídica, aunque su adhesión fuera voluntaria.

Finalmente la regulación tendrá un marco legal, pero de una naturaleza particular. En el Reino Unido se distingue entre Statute Law, la ley ordinaria sobre cualquier materia, y la Royal Charter, una carta real que establece fundaciones, universidades u organismo como la BBC, pero que no deja de ser una norma jurídica de carácter vinculante. La regulación será establecida por Royal Charter.

El borrador del acuerdo alcanzado ayer (pdf) recoge los puntos sustanciales del Informe Levenson:

  • Órgano regulador y controlador independiente de los editores, los poderes políticos y económicos, con fuerte presencia social.
  • Un nuevo código ético más riguroso
  • Sistema voluntario de adhesión. 
  • Resolución de quejas y arbitraje alternativo a los procesos judiciales

Uno de los aspectos que más escuecen a la prensa contraria es que no podrán vetar a los miembros de este organismo. Por primera vez en el Reino Unido, un código ético de la prensa no será redactado únicamente por representantes de la industria.

El mecanismo de arbitraje es el gran incentivo para adherirse al sistema. Las publicaciones que no se acojan a él se enfrentarán a un endurecimiento de las leyes penales que protegen los derechos de la personalidad, con unos altos costes procesales.

Se trata de un sistema de corregulación para la prensa y las webs informativas (radios y televisiones tienen su propio organismo regulador el Ofcom). Parece que se excluirán los blogs, redes sociales y agregadores de información, pero las fronteras son difusas, tanto como lo son entre los cibermedios profesionales y los cibermedios sociales.

El informe Levenson o de como la prensa se autorregula cuando no queda otra


Los cuatro tomos del Informe Levenson

El informe Levenson propone un sistema de corregulación de la prensa. Los editores de los diarios contratacan y proponen una autorregulación voluntaria y mientras los políticos dudan si legislar para establecer el marco de esa autorregulación. ¿Será a partir de ahora más responsable la prensa británica

Enough is enough: The Levenson Inquiry

Cuando miles de personas ven expiadas sus comunicaciones en nombre de la libertad de prensa, cuando todo vale para vender más periódicos llega un momento en que la sociedad dice basta.Y ese día fue el 5 de julio de 2011, cuando The Guardian reveló que el contestador del teléfono de una adolescente secuestrada fue manipulado por News of the World.

La ola de indignación se llevó por delante al periódico sensacionalista, dejó muy tocado al imperio Murdoch y puso en marcha un proceso de revisión  del papel de la prensa, articulado a través de una una encuesta dirigida por el juez supremo Levenson (The Levenson Inquiry).

El objeto de esta encuesta era indagar sobre la cultura, prácticas y ética de la prensa, con especial atención a sus relaciones con la policía y los políticos. Durante meses han desfilado ante el Juez Levenson editores, periodistas, políticos, policías, víctimas de los abusos de la prensa (comparecencias que pueden verse en vídeo). El 29 de noviembre Levenson publicó su informe: 4 gruesos volúmenes con un resumen ejecutivo de 48 páginas.

Una prensa libre, agresiva ¿irresponsable?

Como el juez recuerda, es la séptima vez en 70 años que la prensa es sometida a un proceso de escrutinio público, con sus respectivas comisiones, informes y propuestas.Y seguramente esta no será la última. ¡Qué envidia! Quizá no se acierte con las soluciones, pero al menos estas comisiones dan siempre magníficos diagnósticos.

La prensa británica ha sido y sigue siendo cancerbero del poder, una prensa altamente profesional, libre e independiente.

Tiene en su haber magníficas investigaciones como la de la talidomida (o más recientemente la de los gastos de los diputados o la propia de The Guardian sobre las escuchas) y grandes servicios a la sociedad. Pero en las últimas dos décadas, en el marco de una competencia encarnizada y con no poca responsabilidad de Murdoch y sus secuaces la mayoría de los diarios derivaron hacia el infoentretenmiento, convirtiendo en mercancia la vida privada de cualquier celebrity o simplemente de cualquier persona que por algún motivo se convierta en objeto de interés.

La encuesta ha puesto de manifiesto estos abuso con una tendencia irreflenable al sensacionalismo:

“Ha habido una tendencia en un amplio número de títulos a dar prioridad a las informaciones sensacionalistas, sin considerar el daño que pudieran ocasionar o los derechos que pudieran ser afectados”

Levenson no ha encontrado una pauta general de complicidad de la Policía Metropolitana de Londres con estos abusos, aunque sí conductas inapropiadas de agentes. También concluye que prensa y políticos mantienen unas relaciones demasiado próximas contrarias al interés público. Gobierno y oposición han dedicado tiempo y recursos a la prensa para lograr un tratamiento favorable a sus intereses.

Levenson propone un regulador independiente con respaldo legal

La encuesta también constata el fracaso de la Press Complaint Commission, el órgano de autocontrol establecido por los diarios y dominado por los editores, que sistemáticamente negó amparo a las quejas. Lo que Levenson propone es un sistema de autocontrol alternativo al existente.

El juez deja claro desde las primeras líneas que es contrario a una regulación legal de la actividad de la prensa. Hay que decir que en el Reino Unido todos los medios están sometidos a la ley penal -como no podía ser de otra manera- y dentro de ella a las muy estrictas normas de difamación, así como a la ley civil de protección de datos. En el caso de radios y televisiones están sometidas a un código ético específico y reguladas y controladas por una autoridad independiente, OFCOM.

En síntesis propone:

  • Órgano regulador y controlador independiente de los editores, los poderes políticos y económicos, con fuerte presencia social.
  • Un nuevo código ético más riguroso
  • Que la cláusula de conciencia se incluya en los contratos de trabajo
  • Sistema voluntario de adhesión. Los diarios que no se acogieran estarían bajo la jurisdicción de OFCOM.
  • Resolución de quejas y arbitraje alternativo a los procesos judiciales
  • Respaldo legal del sistema

El gobierno Cameron y los editores se han opuesto a que que este sistema de autocontrol sea establecido y respaldado por la ley.

Levenson propone una corregulación porque da gran importancia al arbitraje obligatorio que tendría que desarrollar este órgano, como alternativo a los procesos judiciales. Los particulares que acudieran a los tribunales o los periódicos que no fueran parte del sistema y no se sometieran al arbitraje tendrían que soportar los elevados costes judiciales y cargar con sospecha de mala fe por negarse a dirimir las diferencias por medio del arbitraje, que tendría plenos efectos jurídicos. Laboristas, Liberales-Demócratas y varias personalidades respaldan el sistema de corregulación.

Regulación, autorregulación, corregulación

El derecho a la libertad de expresión e información no es una patente de corso y los medios tienen que responder de sus actos. La ley penal persigue las conductas informativas que violen los derechos de la personalidad. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos admite que los derechos de la personalidad puedan ser vulnerados en razón del interés público.

La regulación estatal, tanto a nivel penal, como civil para la protección de los datos y la propia imagen, es un marco imprescindible. Lo que no puede la legislación es regular cada extremo de la conducta informativa, primero porque eso facilitaría la interferencia del poder político, pero también porque la legislación es una herramienta de trazo grueso, que no puede normar conductas que sólo los profesionales son capaces de juzgar y entender.

Así pues, la autorregulación no es una alternativa a la regulación, sino un marco de resposabilidad más estricto y al tiempo más flexible. Un sistema de autorregulación implica un código ético de conducta y un órgano que controle su cumplimiento y resuelva quejas. Si no existe organismo de control los compromisos solemnes y los códigos éticos serán un brindis al sol, como ha ocurrido en España con el código suscrito por las televisiones de protección al menor.

Para impedir que la autorregulación se convierta en un sistema complaciente de autoafirmación de los medios se propone la corregulación. El sistema es establecido por ley, aunque su aceptación es voluntaria por cada medio. Las resoluciones del órgano de autocontrol tienen efectos jurídicos e incluso suelen establecerse recursos a otras autoridades independientes de regulación.

Lo que ha propuesto el juez Levenson es un sistema de corregulación para la prensa y no aplicable en general a la actividad informativa en Internet, pero en la medida en que las redacciones de los diarios (casi todas integradas) se sometan a este sistema de responsabilidad su efecto será benéfico en el ciberespacio.

Conclusión: los medios sólo se autorregulan cuando ven las orejas al lobo.

(Para un seguimiento exhaustivo puede consultarse el especial de BBC)

 

(PS Interesante propuesta de los espiados que quieren reforzar la corregulación mediante ley, haciendo vinculantes los premios y castigos propuestos por Levenson y creando una comisión que supervise a la comisión de autorregulación)

¿Es inconstitucional el uso de cámara oculta en los reportajes de investigación?


Acabamos de conocer la Sentencia del Tribunal Constitucional que declara ilegítimo el uso de cámara oculta en la investigación periodística. De la lectura literal de la sentencia parece resultar el carácter ilegítimo de esta técnica. Pero la propia lógica de la sentencia y la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos pueden llevar a conclusiones distintas en otros casos.

Se trata de un viejo asunto, en el que la productora de El Mundo grabó con esta técnica a una esteticista naturista, cuya imagen fue luego utilizada por la televisión pública valenciana en un espacio en el que se denunciaba el intrusismo en las profesiones relacionados con la salud. Ni que decir que en la correspondiente tertulia la espiada fue crucificada. En definitiva, supuesto periodismo de investigación convertido en televisión basura.

Un juzgado de Valencia falló que no existía violación de los derechos a la intimidad y a la propia imagen por entender que la cámara oculta es una técnica del periodismo de investigación. En cambio, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional consideran que se produjo una intromisión ilegítima en los derechos a la imagen y a la intimidad.

El Tribunal Constitucional sigue su reiterada jurisprudencia en casos de colisión entre el derecho a la libertad de información y los derechos de la personalidad y también, de modo destacado, la doctrina establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los casos Hannover y Mosley.

Ponderando los derechos en conflicto, la sentencia reitera que una intromisión en los derechos a la intimidad y a la propia imagen sólo será legítima cuando se trate de una información de relevancia pública (esto es, relevante para la formación de la opinión pública), y delimita bajo que condiciones es admisible tal intromisión: que la afectación de dichos derechos resulte adecuada, necesaria y proporcionada para la realización constitucional del derecho a la libertad de información. Y de tales condiciones obtiene el dictum esencial de este caso:

“… allí donde quepa acceder a la información pretendida sin necesidad de colisionar con los derechos referidos, queda deslegitimada, por desorbitada o desproporcionada, aquella actividad informativa innecesariamente invasora de la intimidad o la imagen ajenos.”

La conclusión es que en este caso, la intromisión no fue proporcionada, pues -dice- hubiera sido suficiente realizar entrevistas a los clientes para llegar a los mismos resultados.

Lo que no creo justificado es la que parece la conclusión general a la que llega la Sala:

“… aun cuando la información hubiera sido de relevancia pública, los términos en que se obtuvo y registró, mediante el uso de una cámara oculta, constituyen en todo caso una ilegítima intromisión en los derechos fundamentales a la intimidad personal y a la propia imagen.”

Y no la creo con base suficiente para ser considerada universalmente ilícita, porque aplicando los principios generales a otro caso se puede llegar a considerar como legítima esta intromisión. ¿No existirán caso en que este sea el único método posible para revelar una conducta reprobable de interés público? ¿No habrá casos donde ese método sea necesario, adecuado y proporcionado?

Confieso que siento desconfianza hacia la técnica de la cámara oculta. Es cierto que puede ser la única manera de probar una conducta ilícita de relevancia pública, pero más a menudo se convierte en un medio de ilustrar más o menos espectacularmente informaciones obtenidas por otros medios más comunes. Al menos en España esta técnica ha estado muy vinculado con un cierto periodismo amarillo, hasta tal punto que se han presentado y editado como grabadas con cámara oculta entrevistas consentidas por el sujeto.

La sentencia (citando la jurisprudencia europea) considera que no puede ser legítima la intromisión con aquellos métodos que vulneren las exigencias de la ética periodística. Los códigos éticos suelen ser más genéricos, pero las normas de buena práctica si suelen bajar hasta el terreno, muchas veces fronterizo y borroso, de la captación de información con cámara o micrófonos ocultos.

Las Guidelines de la BBC (Section 7- Secret Recording, 7.4.10) establecen que la grabación secreta se empleara:

- Como una herramienta de investigación cuando prima facie haya indicios serios (traduzco así evidence) de una conducta, o de la intención de llevar a cabo una conducta que sea de interés público revelar, siempre que la grabación sea necesaria para su prueba y no haya otro medio alternativo.

-En el extrajero, cuando la conducta de un gobierno haga imposible recoger información por los métodos habituales.

- En investigaciones de consumo, científicas o sociales de interés publico, cuando no haya otro modo de capturar la conducta que vaya a estudiarse.

- Y por último, en los programas de humor (al estilo de Objetivo Indiscreto), cuando el uso de este método y el engaño que comportan sean parte sustancial de su naturaleza.

En todos los casos se hace necesaria una autorización editorial expresa antes de utilizar métodos de grabación oculta.

El Manual de Estilo de RTVE (2.6 GRabación oculta o sin consentimiento), exige también autorización expresa, pero es más genérico:

“sólo está justificado en casos muy especiales, como cuando se intenta demostrar la existencia de prácticas ilegales o delictivas que afectan al interés público. La cámara y el micrófono ocultos son el último recurso para probar una acusación o denuncia de verdadero interés público.”

En definitiva, el uso periodístico responsable de la grabación secreta puede ser perfectamente compatible con la doctrina constitucional si resulta imprescindible, sin alternativa ninguna, para revelar una información de interés público. Y casos de corrupción en este país no nos faltan.

¿Manipulación o incompetencia?


Seguimos a vueltas con la manipulación. Como continuación a mi intervención en el Congreso de Educación Mediática y Competencias Digitales me llega por medio de los organizadores esta denuncia de manipulación. Veamos primero el vídeo.

¡Uf ! ¡Qué vergüenza! Una información que nunca tendría que haberse emitido porque no cumple unos mínimos de calidad. ¿Pero es una manipulación?

¿Es una información manipulada? ¿Es un ejemplo de manipulación?

Proyecto Goliath: noticias sin censura es la sección española de un movimiento internacional dedicado a difundir información que consideran censurada y a denunciar la manipulación de los grandes medios. El vídeo que acabamos de ver, sobre un adiestramiento de la Gendarmería Europea en la Rioja, ha sido seleccionado como un ejemplo de la manipulación de TVE.

Tal manipulación se basaría en un encuadre sesgado, tanto mediante la palabra (uso indistinto de términos como “insurgente” y “terrorista”), pero sobre todo visual, al representar a los terroristas o insurgentes con la imagen de un grupo de figurantes-policías que por su actitud (de rodillas, mostrando sus manos) y por los lemas que gritan pudieran recordar a los “indignados”, aunque la pancarta luce en inglés el lema “fuera europeos”.

Tienen razón al exponer este mecanismo de manipulación, pero para que sea tal debe ser efectiva. Esto es, debe superar un umbral de percepción (si no sería subliminal). La “prueba de cargo” más importante son 3 segundos de audio y vídeo en los que se disuelve esa manifestación. Debo confesar que al ver la primera parte del vídeo no se operó en mi cerebro ninguna asociación tal que “insurgentes = terroristas = indignados”. Quizá yo sea un poco lerdo, pero me parece que es cogérsela con papel de fumar.

Es discutible si para considerar una información como manipulada tiene que haber una voluntad del informador de alterar o dar una visión sesgada de la realidad. Por mi parte creo que sí, pues en otro caso más que ante manipulación estaríamos ante un caso de descodificación aberrante. En este caso no tengo elementos para saber si hubo o no esa intencionalidad de asociar el 15-M con el terrrorismo. Presumo que no por parte de la informadora, aunque tengo más dudas por parte de los organizadores del show.

Una información que nunca debió ser emitida

Porque:

- No hay “noticia”. Falta el hecho novedoso de interés público.

- Es un puro “evento mediático”, organizado por el gabinete de comunicación de la Guardia Civil para los periodistas de La Rioja, donde está la academia de formación de fuerzas especiales de esta organización y donde tuvieron lugar estos ejercicios.

- Es un caso más de “periodismo de fuente”, donde el informador se limita a retratar y mostrar lo que el jefe de prensa o relaciones públicas le prepara, sin ninguna visión personal y menos aún crítica. Lamentablemente este uno de los cánceres del periodismo actual en todas las esferas, pero más en el ámbito local, donde los informadores son más dependientes de la benevolencia de las fuentes.

- Es una información mal elaborada, mal redactada, narrativamente caótica y con una imagen poco atractiva (a pesar del teatro organizado) y técnicamente de poca calidad.

Esta información no debiera nunca haber superado los filtros editoriales, primero de la Redacción en La Rioja y después del Telediario Fin de Semana. Puede que ni siquiera fuera sometido a los mismos y que nadie viera el vídeo antes de su emisión. Incompetencia en cualquier caso.

¿Unas fuerzas del orden democráticas?

Más que denunciar la manipulación habría que felicitarse de que este vídeo se haya emitido, pues lo que muestra es que los gendarmes europeos, o más concretamente nuestra Guardia Civil, a la hora de escenificar un movimiento de protesta lo hacen con las formas de expresión de los indignados.

Pareciera que las distintas policías están esperando la luz verde para reprimir a los movimientos sociales que resisten a la crisis. Y esto sí que me da miedo.

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