El rostro de la muerte

Circula por la Red la agonía de una joven, supuesta víctima de la agresión de milicianos basiyes a los manifestantes que en Teherán denuncian fraude electoral. Dicen que se llama Neda y su rostro, con un disparo en la frente, se ha convertido en símbolo de la revuelta, por encima del color verde que ha distinguido a los partidarios de Musaví.

Los medios han discutido qué hacer con estas imágenes, mientras que los que se manifiestan en el extranjero las han convertido en símbolo. Hoy tengo otras obligaciones y no puedo remitir a las imágenes, a su empleo y al debate que han suscitado. Sólo puedo añadir mi propia opinión.

Cuidado con las imágenes símbolo

Verificar unas imágenes nunca ha sido fácil. Las imágenes muestran lo que muestran, pero no su contexto.

En situaciones de revolución o crisis los reporteros se han tragado muchas veces anzuelos envenenados. Los cádaveres de Timisoara no habían sido ejecutados por la Securitate rumana, como todas las televisiones del mundo afirmaron, sino que habían sido recuperados de la morgue local para saciar el morbo de las cámaras y servir a la revolución rumana. El cormorán bañado en petróleo no era víctima de un vertido de petróleo ordenado por Sadam Hussein en la primera guerra del Golfo, sino que correpondía a imágenes de archivo del desastre del Exxon Valdez en Alaska, casi dos años antes. Las imágenes eran verdad, porque mostraban lo que mostraban. Las informaciones eran mentira.

Antes las agencias se encargaban de hacer las comprobaciones pertinentes y los medios sólo las investigaban cuando se trataba de alguna imagen que les llegaba en exclusiva. Hoy la verficación es mucho más difícil porque cualquiera con un alias puede colocarlas en Internet. Ahora es necesaria un doble proceso de verificación. Verificación técnica: de qué internauta, a través de que servidor, en qué momento se distribuyeron las imágenes… Y una verificación tradicional, in situ, para investigar lo que realmente ha ocurrido a través de testigos y otras fuentes. En el caso de Irán los medios extranjeros no pueden realizar este segundo proceso debido a las restricciones a las que están sometidos. Por eso cualquier difusión de esas imágenes debiera de ir acompañada de un mensaje de cautela en cuanto a su falta de comprobación.

Contención ante imágenes aflictivas o crueles

Antes se decía “les advertimos que las imágenes que vamos a mostrar puede herir su sensibilidad”. Ahora se sigue haciendo tal advertencia, no para proteger una sensibilidad embotada, sino más bien como un aviso para despertar el morbo. Todos los códigos éticos y libros de estilo piden contención, pero esta contención cada día se da menos.  El debate sigue vivo en las redacciones entre los partidarios de evitar el morbo y los partidarios de dar la realidad en toda su crudeza. Es muy difícil saber hasta donde llegar para no pasarse conviritendo el dolor en espectáculo o no llegar y hurtar imágenes que denuncian la maldad y la injusticia. Remito al excelente ensayo El dolor de los demás de Susan Sontag. Para colmo, nuestra contención puede no tener sentido si esas imágenes circulan viralmente en la Red.

En cualquier caso, convertir la portada de un diario, como ha hecho hoy ABC, en un primerísimo primer plano de un rostro ensangrentado y moribundo no me parece un servicio a la verdad sino un ejercicio de marketing promocional.

(Le Monde en su edición del 23 de junio ha revisado la construcción del símbolo Sigo actualizando esta entrada porque lo ocurrido en Irán está dando lugar a interesantes reflexiones. Para New York Times la regla básica del periodismo, “comprobar las fuentes”, se ha convertido en “primero publicar, luego comprobar”)

El futuro del periodismo

Como diría un castizo, al periodismo le quedan cuatro telediarios… ¿O no?

No, no creo que el periodismo esté a punto de desaparecer, pero si que está viviendo un conjunto de crisis simultáneas. La crisis de credibilidad, la crisis económica y de modelo de negocio y, sobre todo, la crisis de la mediación social. A todas ellas me he referido en mi trabajo Periodismo Civíco vs Periodismo Ciudadano. Ahora la Federación Internacional de Periodistas (FIP) ha puesto en marcha un grupo consultivo sobre el futuro del periodismo, en el que participo junto con otros académicos y representantes de organizaciones de periodistas de Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Sudáfrica, Brasil, Australia, Indonesia  y Bégica. Todos participamos a título personal y no como representantes de organizaciones, aunque algunos de los miembros ostenten altas responsabilidades en las mismas.

El grupo celebró su primera reunión la pasada semana en Bruselas. Entre los presentes hubo acuerdo que las organizaciones deben defender los puestos de trabajo, evitar que se destruya la cultura de redacciones bien asentadas, luchar por una información responsable y de calidad… Pero todo ello no es suficiente, el periodismo no sobrevivirá si no se encuentran nuevos modelos de negocio, si no se definen unos requirimientos éticos más exigentes, si no se descubren nuevos lenguajes y se interactúa con los no profesionales que informan en la Red, si no redefine su misión en una sociedad global y al tiempo fragmentada en comunidades virtuales. Y los periodistas y sus organizaciones deben adelantarse a los acontecimiento, no ir por detrás. Pueden verse las impresiones sobre el encuentro de Guy Berger, que copreside el grupo junto con Jean-Paul Marthoz.

El grupo tiene que presentar un informe al próximo congreso mundial de la FIP que se celebrá en Cádiz en Mayo de 2010. La recogida de información y la reflexión se estrutura en 6 grandes bloques: 1. La crisis del sector de los medios y las relaciones laborales; 2. Periodismo: su importancia para una sociedad democrática; reiventar el periodismo; 3. La profesión de periodista; 4. El trabajo periodístico; 5. Periodismo y educación;6. Sindicatos y organizaciones.

Personalmente me ocupo de coordinar el bloque referente a la profesión de periodista. El debate en este asunto puede resumirse en estos términos:

Hasta ahora había consenso en que el periodista era el profesional de la información. La profesionalidad se reconoce de forma distinta dependiendo de los países, pero siempre supone que la actividad se ejerce de modo habitual y como forma de ganarse la vida, lo que implica, se reconozca o no formalmente, derechos y obligaciones especiales, más allá de la libertad de expresión que tiene cualquier ciudadano. En primer lugar, se trata de levantar restricciones a este ejercicio profesional y buscar fórmulas de transparencia y responsabilidad para un mejor servicio del público. Pero, además, este consenso sobre una definición profesional no puede ignorar que ahora muchos no profesionales difunden información de interés público con una cierta habitualidad. ¿Deben estos ciudadanos ser considerado de alguna manera periodista y reconocerles derechos y exigirles obligaciones especiales?

El informe denunciará abusos, resaltará prácticas positivas, sugerirá herramientas para afrontar la crisis y propondrá sus conclusiones al Congreso de Cádiz. En este momento nos encontramos en una etapa de recogida de información, que la FIP solicitará institucionalmente a sus organizaciones afiliadas, pero que los componentes del grupo también estamos recabando personalmente.

La FIP ha creado una página para seguir las noticias que entrañan cambios en la naturaleza del periodismo. También está disponible la consulta lanzada a sus organizaciones. En mi página Documentos iré recogiendo textos que intenten explorar este futuro incierto.

Adiós al diploma: los periodistas brasileños ya no tendrán que ser titulados universitarios

Los periodistas brasileños han perdido una importante batalla. El Tribunal Supremo ha declarado inconstitucional la exigencia legal de un título universitario superior (”el diploma” ) para ejercer la profesión de periodista. La mayoría del tribunal ha considerado este requisito (establecido por un Decreto-Ley en 1969, durante la dictadura militar) como contrario a la libertad de expresión, el libre ejercicio de un trabajo, oficio o profesión y como una restricción a estos derechos no establecida en la propia Constitución.

La sentencia acoge el recurso de los empresarios de los medios. Los sindicatos han defendido en estos 40 años que el diploma es imprescindible para una información de calidad y para dignificar las condiciones laborales y el ejercicio profesional. Su abogado invocó en la vista judicial un argumento clásico: a nadie se le impide ejercer la libertad de expresión y publicar en un periódico o aparecer en una radio o una televisión.  Por la parte contraria se llegó a comparar el periodismo con la gastronomía o la costura, profesiones que no requieren ningún tipo de estudios.

La Federación Internacional de Periodistas ha calificado la sentencia como un retroceso profesional de repercusión internacional. En Brasil la desaparición del diploma se enmarca en un proceso de desrregulación de la comunicación social. Los periodistas creen que sus condiciones laborales y profesionales se degradarán. Ya no recibirán la consideración de titulados universitarios, aunque lo sean, y sufrirán el intrusismo de los no diplomados. La exigencia del diploma ha favorecido durante estas cuatro décadas la creación de una plétora de escuelas de periodismo. Brasil es una potencia en los estudios de comunicación en el mundo latino.

La sentencia vuelve a plantear el viejo tema del acceso

¿Debe exigirse a los periodistas algún requisito o cualficación para ejercer una profesión con indudable trascendencia social?. Las respuestas son muy variadas.

- Colegiación obligatoria. Sigue el modelo de los colegios de abogados y médicos con una larga tradición. La colegiación es requisito habilitante para ejercer la profesión. La corporación ejerce el control deontológico sobre sus miembros. El sistema más cercano a este es el del Ordine italiano. En España los colegios de periodistas no son de colegiación obligatoria.

- Acreditación. Los sindicatos y empresarios en juntas mixtas expiden un carnet nacional a aquellos que acrediten el ejercicio del periodismo de modo habitual y como forma de ganarse la vida. Es el sistema francés.

- Sindicación. El ejercicio profesional no requiere habilitación ni acreditación. Los sindicatos y asociaciones profesionales acreditan a sus afiliados como periodistas, defienden sus condiciones profesionales, negocian (los sindicatos) sus condiciones profesionales y ejercen un control ético. Es el  sistema anglosajón y, con matizaciones, el de España.

Personalmente soy partidario de sistemas de acreditación, no de habilitación, con pluralidad de organizaciones coordinadas estatalmente y representadas en organismos universitarios.

En cuanto a la titulación, una cosa es exigirla como requisito para ejercer el periodismo y otra que las normas laborales de empresa (convenios colectivos) exijan la titulación para las categorías de redactor o informador. Lamentablemente, la interpretación que están haciendo las empresas que tienen tales cláusulas es exigir cualquier tipo de titulación universitaria y no específicamente la de periodismo.

Publicar un blog es una actividad pública

Llevo apartado del blog bastantes días, atado a obligaciones académicas y profesionales. Hoy mis alumnos plantean en el foro que compartimos una interesante cuestión ¿Tienen los blogs derecho al anonimato?

La pregunta viene al caso porque la High Court británica ha permitido que el diario The Times revele la identidad de un bloguero anónimo. En febrero de 2008 se creo en esta plataforma, wordpress, un nuevo blog NightJack (ahora borrado a raíz de la decisión judicial) dedicado a denunciar errores y corrupción en la policía, pero también a relatar casos criminales, eliminando, eso sí los datos personales de los implicados. NightJack reveló que era un policía, pero mantuvo oculta su identidad. El blog llegó a tener 60.000 lectores diarios y ganó el premio Orwell al mejor blog.

Entonces se cruzó en su camino el diario conservador The Times. Investigó y encontró que el autor era el policía Richard Horton. Horton solicitó a los tribunales que ordenaran al periódico que no revelara su identidad, pues sería objeto de represalias profesionales. Y la Hihgh Court ha dado la razón al periódico.

No puedo menos que estar de acuerdo con el argumento básico de la sentencia. Publicar un blog es una actividad pública, no privada. Y como actividad pública debe estar sometida a unas reglas de responsabilidad en un estado democrático (no hablamos de dictaduras).

Responsabilidad jurídica, esto es, estar sometido a las normas penales en asuntos como ofensas al honor, la imagen o los derechos de los demas y obligado como cualquier ciudadano a colaborar con la Justicia en la persecución del delito.

Obligaciones éticas, más allá de las que cada uno asuma personalmente, no existen colectivamente para los blogueros. Justamente, la asunción formal de compromisos éticos es lo que puede distinguir los blogs que sirven una información pública de los que no son propiamente informativos. Esta semana pasada he estado en Bruselas en la Federación Internacional de Periodistas en una comisión sobre el futuro del periodismo y ésta ha sido una de las posibilidades que hemos estado discutiendo: abrir la consideración de periodista a aquellos que, aunque no sean profesionales (no se ganan con eso la vida) difundan regularmente información de interés público y asuman formalmente compromisos éticos, en forma, por ejemplo, de adhesión a un código deontológico y algún sistema de autocontrol.

En este caso no es exigible al periódico respeto a la confidencialidad de las fuentes porque el bloguero no es una fuente que haya llegado a un acuerdo con un medio, sino un medio él mismo. The Times no está obligado a respetar a una fuente que no es tal. Pero su conducta es, sin duda, sectaria y aprovechada, pues revelando la identidad del bloguero pone en riesgo la supervivencia de una voz crítica y explota el morbo de revelar quién era ese topo en el cuerpo policial que tanto revuelo había causado.

En España, Pepe Cervera y el siempre recomendable Enric González critican la decisión. Estoy de acuerdo con González en que The Time no ha servido al interés público. Dice el columnista de El País que The Times “ha forzado el cierre de un blog útil e interesante y ha creado una jurisprudencia peligrosa: ningún blogger británico tiene ya derecho legal al anonimato. Todo eso, ¿para qué? Pues para vender unos ejemplares más: estas cosas las hacemos siempre por dinero”.

En los blogs, las fuentes se convierten en medios y hay que pensar nuevas instituciones jurídicas para proteger esta nueva especie de comunicación pública.

Esperemos que por lo menos los tribunales británicos protejan a Holt si es represaliado por sus jefes policiales.

¿Responde RTVE?

El pasado sábado 2 de mayo se emitió el primer programa de la Defensora del Espectador RTVE responde. Desde 2004, RTVE se ha dotado de la figura del Defensor del Espectador y el Radioyente. Los primeros cuatro años desempeñó el cargo Manuel Alonso Erausquín y hace un año fue nombrada Elena Sánchez. Ahora, en esta segunda etapa, se pone en marcha un programa mensual (media hora, los primeros sábados de mes, en La Dos, a las 20:30).

Los Ombudsman o Defensores del Público son figuras de autocontrol interno de los medios. Su función es la de servir de enlace entre los que hacen la información y los que la reciben con el fin de dar satisfacción a los posibles daños que esas informaciones originen, dar cauce a las críticas y confrontarlas con opiniones profesionales.

Su regulación interna suele ser muy flexible y lo que cuenta es la autoridad con que los defensores ejercen su función. Un Defensor que no investigue la denuncia de errores, críticas o violación de los principios editoriales o deontológicos es una figura puramente decorativa. Una parte de su función consiste en el escrutinio interno de las quejas recibidas. Para que esa función de autocontrol sea eficaz, los resultados de ese escrutinio interno deben de hacerse públicos. Es la mejor manera de que los editores e informadores sepan que tendrán que responder ante su público de los posibles errores, pero también de que podrán defenderse públicamente de las críticas infundadas. Así que, es habitual que exista un espacio reservado para el Defensor en el propio medio.

RTVE ha querido seguir este modelo. El resultado de este primer programa me ha resultado decepcionante. RTVE Responde es un espacio amable, parece que más pensado para satisfacer la curiosidad del público que para investigar sus quejas. La mayor parte de las quejas planteadas se resolvieron en una entrevista con el director de los Servicios Informativos, Fran Llorente, y el resto con los responsables de los espacios criticados. Muchas de estas críticas podían resolverse con una respuesta de parte, pues no tenían mayor entidad. Pero otras requerían escrutinio y debate. Por ejemplo, la alusión genérica a las iglesias evangélicas como sectas en una crónica desde Ángola durante el viaje del Papa merecía debate y más diversas opiniones profesionales y no podía despacharse con el manido argumento de la urgencia informativa. O las odiosas autopromociones y autobombos que llenan los telediarios no pueden justificarse como información. Lo mismo en el caso del machismo subyacente en la serie Pelotas, por  mucho que su responsable respondiera bastante satisfactoriamente.

Es cierto que ese debate entre público y profesionales se puede trasladar mejor a un periódico que la televisión, pero, compárese el programa con la Tribuna de la Defensora del Lector del diario El País, en concreto, la última, “Carla Bruni, la princesa Leticia y la fiebre rosa”.

Al final del programa se recuperó un programa antecedente del actual, Tome la palabra, de 1981. Un cuarto de siglo después el tono no había cambiado tanto. En el programa emitido sobraban las felicitaciones y faltaba debate e investigación.

En cualquier caso, por mucho que sea manifiestamente mejorable, bienvenida RTVE responde, una tribuna para la crítica que no existe en ninguna otra televisión española.

La iniciativa del periodismo ético

Ya me referí extensamente en la entrada en El Filo de la Verdad a esta iniciativa de la Federación Internacional de Periodista. Ahora la FIJ abre una página en la que puede descargarse el libro en pdf y otra información útil.

(Con mi limitada conexión de banda estrechísima de Ya.como por el momento no puedo ampliar mucho más el tema)

Imparcialidad o humanidad

La BBC se niega a emitir una campaña de las organizaciones humanitarias para recoger fondos de ayuda a Gaza. El Disasters Emergency Release, que agrupa a las más importantes ongs británicas (Cruz Roja, Oxfam, Safe The Children) ha lanzado un llamamiento urgente para atender a las más perentorias necesidades de la población. La BBC alega que en situaciones volátiles la ayuda humanitaria es cuestionable y que difundir tal llamamiento comprometería su independencia. Sky News ha seguido el mismo camino y también se niega a difundir la campaña.

Como es lógico, la decisión ha levantado una enorme polémica, con la mayoría de los periódicos criticando este veto. El domingo por la tarde, unas 2000 personas se han manifestado en Londres frente a la Casa de la Radio.

Channel Four sí ha emitido el llamamiento. Visto el vídeo, si acaso hay que reprochar a las ong que muestren el sufrimiento de las víctimas, pero no señalen al verdugo.

A continuación recojo el vídeo donde el director general, Mark Thompson defiende que se trata de evitar que el público pueda entender que la Corporación toma partido a favor de uno de los bandos del conflicto.

La decisión es más sorprente en cuanto que la BBC viene emitiendo este tipo de campañas een favor de zonas de conflicto como Congo o Darfur, como se muestra en este Al Jazeera English, que hace un buen resumen de todos los puntos de vista.

El asunto tiene importantes repercusiones internas en la BBC. El Director General dará explicaciones a los trabajadores y el Trust (la instancia máxima de control interno) ha establecido una comisión de control.

De las dos objecciones de la BBC, la primera, la volatilidad, no tiene sentido si tenemos en cuenta que existe una tregua, por muy frágil que sea, y que las necesidades de la población son enormes y urgentes. La segunda, que emitir tal campaña pone en peligro su imparcialidad, resulta incomprensible. Reviso sus Guidelines sobre imparcialidad, y francamente, me parece que estas normas justamente obligan y no impiden emitir este tipo de llamamientos. ¿Es que teme la BBC que los lobbies sionistas consideren tal difusión un acto inamistoso?.

Estoy de acuerdo con el Arzobispo de York, John Sentamu (la segunda autoridad anglicana): con este veto, la BBC ha tomado partido.

En el filo de la verdad

La Federación Internacional de Periodistas (FIJ) ha lanzado la Iniciativa Ética para el Periodismo, una campaña mundial para fortalecer la libertad de prensa, reforzar el periodismo de calidad y consolidar la independencia editorial (pdf). Como parte de esa campaña y para promover el debate sobre los dilemas éticos que conlleva el ejercicio del periodismo, Aidan White, el Secretario General de la FIJ, ha publicado el libro To tell you the truth, que me hace llegar su adjunto Paco Audije.

La obra debiera de ser de obligada lectura en las facultades y escuelas de Periodismo. Lamentablemente, sólo está publicada en inglés y en papel. Su virtud es que, además de plantear los argumentos pertinentes a las obligaciones éticas y los derechos de los periodistas, recoge un elenco de casos en los que esos prinicipios se han visto confrontados con difíciles situaciones de la vida real.

Decir la verdad es la esencia última de todos los deberes de los periodistas. La cuestión es cómo y hasta dónde decir la verdad. La obra está llena de ejemplos que muestran cómo ningún valor es absoluto y todos deben ser sopesados por un correcto juicio profesional.

Por decir la verdad con urgencia se puede mentir. Unas veces esa urgencia viene impuesta por la presión de la empresas; otras por la ambición profesional.

Otras veces, callar la verdad o retrasar su difusión puede salvar vidas. Se recogen casos de periodistas que antepusieron sus obligaciones como seres humanos (auxiliando a un herido, como el equipo de TVE capitaneado por José Antonio Guardiola en Kosovo) a sus urgencias como periodistas.

No revelar las fuentes es un principio sagrado, pero algunos prefirieron descubrírselas al Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia para que los crímenes contra la humanidad fueran castigados.

Callar la presencia del princípe Harry en Afganistán, un pacto entre todos los medios británicos, puede ser entendido como un ejercicio de autocontrol para no poner en peligro la vida de los militares, pero también como una forma de cooperar en una operación de propaganda gubernamental.

El periodista está sujeto por códigos éticos, por su necesidad profesional de mantener su credibilidad y, en último término, por su responsabilidad personal. Los periodistas no profesionales, ciudadanos o bloggers, pueden actuar responsablemente de forma personal, pero no están sujetos a un sistema colectivo de responsabilidad. Pero los periodistas profesionales no pueden ignorar esas voces no profesionales y deben someterse a su escrutinio.

Para decir la verdad es necesario que constituciones y leyes garantizen, desarrollen y protejan el derecho a la libertad de expresión e información. Y es necesario puestos de trabajo estables, razonablemente retribuidos, en redacciones abiertas al debate. La obsesión por la seguridad ha deteriorado la protección jurídica. Y la crisis de los medios analógicos y, ahora, la recesión general dinamitan unas condiciones de trabajo dignas.

Con todo, decir la verdad significará moverse por el borde de la navaja.

La hora de la autorregulación

La hora de la autorregulación… con este título sintetizó el profesor Fernández Areal el espíritu del 6º Congreso Internacional de Ética y Derecho de la Información, organizado por la Fundación COSO, al que he asistido el pasado fin de semana en Valencia. El Congreso estaba convocado bajo el lema “El derecho a la información judicial” y tanto en este tema central, como en todas las áreas de trabajo, especialmente, claro, en la dedicada a “Ética y excelencia informativa” ponencias, comunicaciones y las aportaciones al debate han insistido en la importancia de la autorregulación como instrumento para satisfacer el derecho de los ciudadanos a la información.

La autorregulación no puede ser una alternativa a la regulación. Cada una tiene su ámbito y su misión. La regulación debe desarrollar y delimitar para hacerlos posibles los derechos constitucionalmente garantizados, sin perjuicios de que éstos sean directamente exigibles ante los tribunales. La regulación debe dar una protección efectiva a los derechos de la personalidad de terceros y a otros bienes constitucionalmente garantizados, como es el desarrollo de los menores. La profesora Sánchez Ferriz realizó una síntesis de 30 años de jurisprudencia constitucional, que delimita y precisa los contornos de esa regulación imprescindible.

Pero la regulación no puede resolver todos los conflictos, porque muchos de los que se plantean en el ámbito informativo requieren una solución pronta y flexible, que se adapte a los usos sociales, a las expectativas del público y a la ética contractual de los profesionales. La intervención del Defensor del Pueblo en estos conflictos, con su mediación, se queda en un terreno intermedio entre la regulación y la autorregulación. En su ponencia, presentada por su adjunta, se plantearon los conflictos más frecuentes en relación con la información judicial y policial. Previa también a la autorregulación es la transferencia informativa de los poderes públicos. La ponencia de Agustín Zurita, jefe de comunicación del Consejo del Poder Judicial desde hace 27 años (¡qué aguante! ¡qué discrección! ¡qué profesionalidad!) abogó porque esa transferencia se manifieste institucionalmente y no mediante relaciones privilegiadas de ciertos jueces con ciertos informadores. Ya en el terreno de la deontología abundaron las comunicaciones sobre violencia de género, tratamiento informativo de los menores, fotografía informativa y, sí se me permite la autocita, sobre la independencia profesional e institucional que consagra el Estatuto de Información de RTVE. Son los estatutos de información o redacción una de las manifestaciones más desarrolladas de la autorregulación en España. Entre las ponencias tuvo especial eco la presentación del trabajo de investigación del profesor Alsíus (en colaboración con varias universidades) sobre deontología, con tres partes: codificación de los códigos éticos en una utilísima base de datos; confrontación de sus principios con los valores de los profesionales, confrontación con las expectativas del público.

Desde este enlace puede descargarse el vídeo de la intervención de Mª Luisa Cava, adjunta al Defensor del Pueblo, y el audio de la ponencia de Agustín Zurita.

Indicadores de una información democrática

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa acaba de aprobar su Resolución 1636 Indicadores de los medos en una democracia, un catálogo de los principios básicos a que deben de ajustarse los medios de comunicación en una sociedad democrática. El punto de partida es, naturalmente, el art. 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (puede verse el trabajo de García Ureta y mi tesis Libertad de Programación) que consideran que cualquier limitación y, en general, regulación de las libertades de expresión e información tienen que ser proporcionadas y estar justificadas por los derechos de terceros o el interés público, tal como se interpreta en una sociedad democrática.

Las resoluciones del Consejo de Europa en materia de información se han caracterizado por promover la participación del público y los profesionales, defender el pluralismo (interno y externo) y, en consecuencia, requerir regulaciones contra la concentración y a favor de la transparencia. Es el contrapeso a la política audiovisual de la Comisión Europea, punta de lanza del neoliberalismo en el mundo de la información en Europa. Hay que recordar que la Asamblea Parlamentaria del Consejo no tiene más que una función de foro, sus resoluciones no tienen fuerza ejecutiva y su papel más importante es servir de recomendación para que los ministros europeos (por la vía de la cooperación intergubernamental) adopten tratados u otros instrumentos jurídicos.

No puedo ni siquiera resumir aquí los 27 indicadores que menciona la Resolución. Mencionaré sólo los que me parecen más relevantes:

  • El derecho a la libertad de expresión e información debe de estar garantizado por la legislación nacional (1). De modo que olvidemos eso de que la mejor “ley de prensa es la que no existe”. Eso no quiere decir que no exista un sistema de autorregulación en materias como el derecho de réplica (25). De modo que regulación y autorregulación son perfectamente compatibles.
  • Un síntoma de que ese derecho fundamental puede estar siendo limitado es la existencia de un alto número de litigios judiciales en torno a la información (1). Las sanciones penales que persiguen la propaganda del odio, la protección del orden público o la seguridad nacional tienen que ser proporcionadas (3). Funcionarios y autoridades no debieran de tener una protección penal más rigurosa que la de cualquier ciudadano (2).
  • Los medios tienen que ser independientes de sus propietarios y para ello se proponen códigos de conducta sobre la independencia editorial (13). Debe existir una legislación contra la concentración empresarial y a favor de la transparencia (18).
  • Los periodistas deben regirse por sus propios códigos deontológicos y declarar cualquier conflicto de intereses (26).

La Resolución invita a los parlamentos europeos a que hagan informe periódicos sobre la base de este catálogo de principios.  También exhorta a las empresas a que apliquen y desasrrollen estos principios.

El catálogo encuentra inspiración en el trabajo de la ONG Article 19, que se felicita de la Resolución. También Federación Europea de Periodistas aplude que el Consejo defienda la independencia del periodismo.

El problema es que muchos de estos indicadores tienen una ambigüedad esencial que es la que se considera imprescindible para el normal funcionamiento de una sociedad democrática. Creo que ningún país europeo cumple a satisfacción todos ellos. Por ejemplo, quien protege eficazmente en el terreno penal no tiene un sistema anticoncentración. O, como en el caso español, castiga más duramente las injurias o calumnias contra las altas autoridades. Sería útil que, con una base académica, estos principios se tradujeran en unos indicadores cuantitativos.