Libertad, censura y derechos de autor en Internet


En los días pasados se han librado en Internet varias batallas en las que se juega el carácter abierto de la Red

Son episodios de una guerra vieja, entre los que conciben Internet con un espacio sin regulación ni restricciones -ciberlibertarios- y los partidarios de una regulación que, de alguna manera, traslade las normas del espacio físico al ciberespacio -los reguladores. En esta guerra en la que parece que los contendientes son ciberactivistas y gobiernos son, sin embargo, las empresas el verdadero protagonista emboscado.

Como jurista, siempre he creído que el ciberespacio no puede ser un espacio sin ley, que los estados democráticos deben reprimir abusos y delitos y promover usos responsables. El problema es que al intentar transferir los criterios aplicados al espacio físico se producen distorsiones y restricciones a la libre comunicación horizontal, que no otra cosa es el ciberespacio. Y otra dificutad, aún mayor, es que esa regulación no puede ser más que global, lo que resulta imposible por la disparidad de intereses nacionales y culturas diversas. No me han satisfecho ni las posiciones de los reguladores ni las de los libertarios y sin dejar de reflexionar sobre la cuestión he orientado mis líneas de investigación por otros derroteros.

Ante la virulencia de las últimas batallas me arriesgo a dejar aquí algunas reflexiones, demasiado largas para una entrada de blog y lamentablemente poco concluyentes.

Anonymus contra la privacidad

Intolerable que los ciberguerrilleros de Anonymus atenten contra el derecho a la vida privada de los que no piensan como ellos. Castigan -vienen a decir- a los partidarios de que se revele la identidad de los que sean denunciados por violar los derechos de autor -Ojo por ojo, diente por diente. Pero no olvidemos que en la llamada Ley Sinde (texto en la Ley de Economía Sostenible) es un juez el que tiene que autorizar que se revele la identidad del usuario que presuntamente haya cometido la vulneración de los derechos de autor.

No confundir Anonymus con indignados. Anonymus es la encarnación práctica del espíritu hacker, aquel que impone su ley porque tiene unas habilidades técnicas que son la llave de la Red. Y esa supuesta habilidad les da el derecho a establecer lo que es admisible o no la Red. Son también una manifestación de esas multitudes inteligentes (Howard Rheingold), que tan pronto puede ser luchadores por la libertad como turbas fascistas.

La revuelta contra ACTA, PIPA y SOPA

El Acuerdo de Lucha contra la Falsificación (ACTA, por su acrónimo en inglés) acaba de ser suscrito por 22 países de la UE, casi con nocturnidad y alevosía, hasta el punto de que el Relator del Parlamento Europeo, Kader Arif, ha dimitido, calificando el proceso de de mascarada. En Polonia se han registrado protestas populares en la calle, especialmente de jóvenes. El Parlamento tendrá que ratificar ahora el acuerdo.

ACTA, el grueso de cuyo artículado pretende luchar contra la falsificación de mercancías (propuesta Paralemeno Europeo 24 de junio), es un buen ejemplo de las distorsiones que aparecen cuando se quieren trasponer medidas para proteger la propiedad intelectual que pueden ser legítimas en el mundo físico, pero que se convierten en el ciberespacio en intromisiones ilícitas en los derechos a la vida privada y en restricciones a la libertad de comunicar. Y de cómo los intentos para una regulación internacional, hechos por la única vía posible, la de los tratados internacionales, se hacen desde la óptica de las grandes empresas de contenidos.

Tomo las críticas de la orgaización francesa La Quadrature du Net. Bajo las provisiones genéricas del Tratado, los estados miembros podrían establecer mecanismos extrajudiciales para lograr la cooperación de los prestadores de acceso a Internet para revelar los datos personales de los sospechosos de usos que pudieran atentar contra los derechos de autor. Ya en vía penal podría aplicarse sanciones por complicidad a los proveedores de acceso, pero también a los que cooperen con la difusión masiva de informaciones que vulneren los derechos de autor.

Parecidas críticas se realizaron a los proyectos norteamericanos SOPA y PIPA con una una inédita jornada de apagón de Wikipedia. La reacción, por el momento, ha parado los proyectos en el Congreso de los Estados Unidos.

En mi opinión, cualquier intervención que exija revelar la identidad de usuarios o bloquee los contenidos de una página web debe hacerse necesariamente previa orden judicial y de acuerdo con el principio de mínima intervención y proporcionalidad, de modo que se sopesen la gravedad de los hechos perseguidos (no es lo mismo una página de material pedófilo que de enlaces a películas) y los perjuicios originados para usuarios de buena fe.

La razzia de Megauploads

En paralelo, el FBI ha mostrado lo superfluo de muchos de estos nuevos procedimientos. Con la ley penal norteamericana en la mano y los mecanismos de cooperación policial interancional han aplicado al popular agregador de ficheros medidas pensadas para luchar contra el crimen organizado.

Resultado: Megauploads bloqueada, pánico entre los agregadores de material audiovisual de origen ilegal, reactivación del P2P y júbilo entre  los portales de venta de material audiovisual. Intolerable el bloqueo de todos los ficheros, legales o ilegales del agregador. Es como si al intervenir un banco por blanqueo de dinero se confiscaran las cuentas de todos los clientes.

Y una reflexión adicional. ¿Qué pasa con nuestros datos en la nube? ¿Quién los protege? ¿Debemos seguir teniendo copia física de nuestros datos?

Twitter se someterá a las restricciones de los distintos países

Twitter anunció que bloqueará aquellos mensajes que puedan ser ilegales en un determinado país. Cualquier empresa debe someterse a la legislación del país en que opere. Pero los problemas son dos. El primero, es que una empresa privada no es quien para juzgar sobre la procedencia o improcedencia de los contenidos. Y segundo, Twitter se ha convertido en una canal de información global, vital para la movilización social, de modo que, de hecho, la postura de Twitter (como antes la de Google en China) es plegarse a gobiernos autoritarios para desarrollar su negocio.

La protección de los derechos de autor y la libertad de comunicar

Mi postura. Todo el que crea un producto intelectual tiene derecho a su control. Son los derechos morales y patrimoniales. Como estas batallas son de contenido económico, se olvida que el autor puede difundir o no y siempre conserva el derecho a que no se distorsione el sentido de su obra. En cuanto a los derechos patrimoniales, lo que ha entrado en crisis es la explotación económica basada en el control de la copia de la obra. Lo que son necesarios son canales de explotación que garanticen un precio justo al creador para que pueda mantener su independencia.

Como académico, soy partidario de un sistema que permita la reproducción no comercial de mis trabajos, sin obras derivadas y siempre con reconocimiento de la autoría (Véase las distintas posibilidades de las licencias de Creative Commons). Me interesa más la difusión con atribución que cualquier explotación comercial. Pero eso es porque como profesor (y antes como periodista profesional) tengo otros medios de vida.

Es perfectamente legítimo que el creador viva de su obra. Desde luego, impedir que otros se lucren de nuestro esfuerzo no es censura. El creador siempre parte de otras creaciones y por tanto nunca es absolutamente original. Pero no creo que el carácter de procomún permita que se expropie al autor el fruto de su trabajo. ¿Por qué no exigir, entonces, un acceso gratuito a Internet y a los dispositivos técnicos que lo permiten y sólo exigir el disfrute gratuito de las obras de la cultura?. Al final, los que se lucran son una serie de intermediarios, desde agregadores hasta los propios proveedores de acceso.

Otra cosa son las medidas de protección. Creo que la mayoría de las intentadas difícilmente protegen los derechos de los autores y, sin embargo, pueden redundar en vulneración de los derechos de autor y en una censura de contenidos. Sólo una autoridad judicial, con las garantías de un procedimiento penal, puede impedir la difusión de contenidos. Y desde luego no es algo que pueda quedar a la cooperación de los proveedores de acceso. Además, la mayoría de estas medidas, mientras se limiten a una jurisdicción nacional son, en la práctica inoperantes.

Externalización de la censura

El caso Twitter demuestra cómo las empresas están dispuestas a asumir la censura que otrora desarrollaba el Estado, con tal de hacer crecer su negocio. Como tantas otras funciones estatales, la censura se externaliza.

Lo peor es que lo que antes se planteaba como medidas coercitivas de una autoridad pública, y por tanto combatibles invocando los derechos humanos, ahora se convierten en interpretación de unas normas de uso, que todos aceptamos porque no nos queda otra y que terminan por remitirnos, en la mayoría de los casos, a la jurisdicción del estado de California. ¿Algún usuario es capaz de desentrañar el alcance de las normas contractuales a las que se ha comprometido en los términos del Derecho aplicable en California?.

En definitiva, la nueva censura externalizada es infinitamente más insidiosa, pero eso sí tiene como contrapartida la capacidad de presión global de los internautas concienciados.

El espejismo de un ciberespacio libre

El ciberespacio no ese espacio de libertad que nos pintan los tecno-utopistas. Como en el espacio físico, distintos autores intentan imponer sus intereses e ideologías, pero su confrontación no se realiza en los términos ideales del “libre mercado de ideas”.

Es cierto que en el ciberespacio la pluralidad de voces es casi infinita, pero esas voces pasan necesariamente por la mediación de unas empresas, cuya objetivo es maximizar sus beneficios, aunque sea a costa de la explotación de los trabajadores (véase el caso de Apple en China denunciado por The New York Times) “estableciendo estructuras fiscales eficientes” para prácticamente no pagar impuestos fuera de Estados Unidos y explotando nuestros datos personales como materia prima de su negocio. Y esas empresas pueden, en función de sus intereses, establecer determinados peajes.

Otro peligro es terminar con la llamada neutralidad de la red. Por un lado, las redes sociales y de modo destacado Facebook pretenden convertirse en portales universales, que cierren a sus usuarios en un nicho de interacción con sus “amigos”. Por otro, las compañías de telecomunicación quieren privilegiar la circulación de determinados contenidos, un propósito en el que pueden coincidir con las grandes conglomerados multimedia, interesados en reproducir el viejo modelo de distribución unilateral de contenidos audiovisuales.

No, el ciberespacio no es plenamente libre, pero millones de mujeres y hombres en todo el mundo han asumido que necesitan comunicarse libremente, que, incluso (una minoría), tiene cosas que decir. Y eso no tiene marcha atrás.

(PS. Un ejemplo de censura de Facebook: una portada que no podría ser objeto de secuestro o censura conforme a la ley española, pero que no es conforme a las normas privadas de Facebook).

No a la privatización de la televisión pública


El gobierno del PP ha filtrado a Europa Press un anteproyecto de modificación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual que supone un ataque directo e indirecto al servicio público audiovisual. Directo, porque permite privatizar las radiotelevisiones autonómicas. Indirecto, porque permite externalizar los informativos y elimina los objetivos de producción propia. Cuando se da una filtración como ésta se pretende medir la reacción social. Es, pues, el momento de decir muy alto NO.

RTVE: la externalización de los informativos supondría la pérdida de independencia informativa

El PP se propone dinamitar las salvaguardas al servicio público establecidas por la LGCA (pdf). Una de las más importantes, la prohibición de ceder a terceros la edición y producción de programas informativos (art. 40.1 LGCA para todas las radiotelevisiones públicas y específicamente para RTVE art. 7.5 de la Ley 17/2006, pdf).

Si los servicios informativos se ceden a terceros pierde todo sentido el servicio público. No puede haber una información independiente, neutral y al servicio de los ciudadanos, editada y producida por una empresa privada, que se debe a los intereses económicos e ideológicos de sus accionistas.

No vale decir que los programas informativos tendrán que ser elaborados siguiendo los principios editoriales establecidos por la cadena pública. La información no es un servicio que pueda someterse a unos parámetros objetivos de control, como puede ser, por ejemplo, una carretera.

Lo que hay detrás es un doble negocio, político y económico.

Se cede los informativos a una empresa políticamente afín, lo que evita al gobierno de turno los controles a los que está sometida la información en RTVE. ¿Habría consejos de informativos en esa empresas prestadoras de los programas informativos? Evidentemente, no.

Y un negocio económico, porque damos de comer a empresas afines, que nos recompesarán por una u otra vía.

Terminar con el predominio de la producción propia, un desastre económico

El mismo art. 40.1 de la LGCA ordena a las radiotelevisiones públicas que la mayor parte de sus programas sean de producción propia. Aunque inconcreta y supeditada a lo que establezcan los respectivos acuerdos marco y contratos programa, el PP quiere ahora eliminar esta otra seña de identidad del servicio público.

Justo cuando hay que someterse a una austeridad extrema,  las radiotelevisiones públicas deben concentrarse en lo esencial, la producción de programas, rentabilizando al máximo sus recursos económicos, técnicos y humanos.

Levantar esta norma significará convertir a las radiotelevisiones públicas en cascarones vacíos, en cúpulas de directivos dedicados a encargar programas a amiguetes.

Por supuesto, hay que dar espacio al talento ajeno y a los servicios muy especializados, pero las cadenas públicas y, de modo muy destacado RTVE tienen todavía un gran potencial por explotar.

La privatización explícita y encubierta del las radotelevisiones autonómicas

No es ninguna sorpresa que el PP permita a los gobierno autonómicos privatizar a las cadenas públicas regionales. Estaba en su programa. Pero en el anteproyecto filtrado hay trampa.

Los gobiernos autonómicos podrán privatizar directamente. Esto significaría sacar a concurso las frecuencias, las instalaciones y el personal de la cadena y entregárselas a una empresa privada a cambio de un precio. Solución brutal, pero al menos transparente. Los ciudadanos se quedarían sin ese servicio público, pero no seguirían pagando.

La trampa está en la posibilidad de mantener el servicio público bajo la fórmula de gestión indirecta. Esto significaría, como en el caso anterior, seleccionar a a una empresa privada para entregarle frecuencias, instalaciones y personal y, además, encomendarle la misión de servicio público.

Para que lo entiendan los no juristas, bajo este sistema de gestión indirecta del servicio público han funcionado las cadenas generalistas nacionales hasta la LGCA. ¿Dónde estaba el servicio público durante los últimos veinte años?

Como es lógico, el concesionario exigiría por desarrollar esa misión de servicio público, que consideraría muy onerosa, una contraprestación económica.

Otra posibilidad abierta son distintas fórmulas de cooperación público-privada.

¿Por qué se dejan abiertas estas puertas? Porque la privatización pura y dura es hoy inviable con la situación del mercado: crisis y oligopolio (dos grupos se reparten el 80% del mercado). Así que es muy posible que nadie acudiera a un concurso de privatización pura y dura, pero muchas empresas (¿imbricadas en los sistemas clientelares regionales?) pueden considerar rentable la gestión indirecta o la cooperación pública-privada, siempre que haya un bombeo de fondos públicos.

 

Líneas rojas del servicio público de RTVE


RTVE quedará muy mermada por el recorte de 200 millones de euros impuesto por el gobierno Rajoy. Pero con mil millones de euros se puede prestar dignamente el servicio público siempre que no se sobrepasen determinadas líneas rojas.

La medida se enmarca en el objetivo general de reducción del déficit, el gran tijeretazo, la única política que hoy existe en Europa. Pero en este caso no se puede por menos que pensar que más que recorte se trata de un castigo propinado conforme a un plan previo. El PP ya enmendó en la anterior legislatura para reducir el presupuesto justamente en 200 millones, al tiempo que proponía la eliminación de dos canales.

Es más, suena a revancha contra un servicio público reformado por los gobiernos Zapatero, que, con sus luces y sus sombras, ha logrado el liderazgo de audiencia y la estima del público para sus programas e informativos.

Si esta corriente enemiga de RTVE se impone poco quedará por hacer más que resistir, aunque confiemos que todavía quede alguien con sentido de Estado en el PP, al menos ahora que gobiernan. Pero ¿cómo movilizar a la opinión pública para luchar por este servicio público cuando ante sus ojos se desmontan aspectos esenciales de los servicios públicos de sanidad o educación?

Como ya ocurre en la BBC sometida a un parecido estrangulamiento financiero, la calidad de servicios y programas disminuirá. Pero los defensores del servicio público deberíamos ponernos de acuerdo en unas líneas rojas que no puedan sobrepasarse sin desnaturalizar el servicio público. Será más difícil que nunca movilizar a la opinión pública, que ya tiene bastante con ver con se desmontan aspectos esenciales de la sanidad y la educación.

Dejo aquí algunas ideas para buscar esas líneas rojas.

Independencia y pluralismo

Ni un paso atrás en la independencia y pluralismo consagrado por las reformas de Zapatero. Y nunca más la manipulación de Urdaci.

La relación entre Presidente y Consejo de Administración puede haberse demostrado disfuncional, pero ello no puede significar volver a la gubernamentalización del Estatuto de 1980, remedado ahora por la ley catalana fraguada entre CiU y PP.

Presidente y consejeros tienen que contar con tan amplio consenso parlamentario como hasta ahora. No puede eliminarse a los consejeros propuestos por los sindicatos, so pretexto de ahorro. Lo que debe hacerse es elevar el listón de su profesionalidad e independencia, sometiéndolos a un verdadero escrutinio parlamentario antes de su nombramiento.

No deben tocarse otros elementos esenciales del pluralismo, como son el Estatuto y los consejos de informativos. En cambio, debería reforzarse el papel del consejo asesor.

Financiación

Todo el mundo piensa que el Tribunal Europeo de Justicia declarara la tasa que pesa sobre las telecos como contraria al derecho comunitario. Habrá que esperar y ver. Si fuera así, habría que remodelar todo el sistema de financiación.

Ni en un sistema definitivo (ni en una reforma de urgencia vía Decreto-Ley) se debe volver a una financiación mayoritariamente publicitaria. Sería un retroceso. La publicidad puede ser una fuente accesoria, pero no volver a invadir la programación. No está mal como algunos han propuesto cambiar (parcialmente) autopromociones por una publicidad muy selectiva, nada invasiva e introducir patrocinios, también selectivos.

Creo que todavía tiene que quedar mucho recorrido en la explotación comercial de los productos de RTVE. El archivo es de todos y tiene que estar accesible a todos los españoles, pero debe perseguirse cualquier utilización comercial del mismo. Podría pensarse en un servicio de pago fuera de nuestras fronteras, como en el modelo iPlayer de la BBC, pero, puesto que los usarios son, sin duda, hispanoparlantes, poner un muro de pago sería suicida para la función de proyección exterior de España.

La subvención pública no puede ser arbitraria, sino acorde con el Mandato Marco, que impone a RTVE un importante elenco de obligaciones. Para ello es imprescindible la consecución del Contrato Programa, con el que no atrevió el gobierno Zapatero.

¿De dónde recortar?

No de los gastos de personal, que ahora, sobre un presupuesto de 1.000 millones se quedará en un 38%. RTVE ya sufrió la sangría de más de 4.000 profesionales. Lo que hay que hacer es que explotar al máximo todas sus potencialidades. Me temo que con el nuevo convenio colectivo la Dirección realizará en cambio un recorte de pluses, lo que no dejará de mermar la productividad.

La gran poda tiene que venir de las contrataciones y servicios externos, esto es, esencialmente de las productoras. Ha sido siempre un clamor interno la denuncia del despilfarro cuando no de la corrupción de estos contratos. Es hora de dejar lo esencial: aquellos en los que la parte externa aporte verdadero valor añadido que no pueda lograrse con los medios propios.

Puede tener sentido contratar grandes series o tvmovies, pero también se puede explorar este terreno con los medios propios, y, desde luego, deben eliminarse cualquier contratación de magazines, programas realizados en estudio o series documentales (dejando espacio para los jóvenes productores externos) que pueden perfectamente realizarse con los medios y el talento propio.

Por supuesto, en época de vacas flacas habría que revisar los costes de los contratos externos que se salvaran de la poda, los sueldos de las estrellas y los emolumentos de los directivos, empezando por el presidente y los consejeros.

Otro capítulo en el que seguro que se puede ahorrar es el de los grandes despliegues institucionales. Elecciones, actividades de la Corona y del gobierno, eventos de la “marca” España o grandes acontecimientos deportivos concitan unos despliegues técnicos y humanos muchas veces desproporcionados, que terminan por saturar y aburrir. Una sarta interminable de conexiones en directo que terminan por matar a la verdadera información.

Lo imprescindible del servicio público

La Uno de TVE es el buque insignia de la Corporación. Pero hoy ya no es esencial el liderazgo en la cuota de audiencia. No se trata de ser el primero cada día en el prime time sino de hacer llegar a cada público la información que precisa por el medio, la plataforma y en el momento más adecuado.

Son esenciales, por tanto, los medios interactivos y muy especialmente la rtve a la carta, de un enorme éxito, pero más costosa (servidores, ancho de banda) cuanto más éxito tiene.

Los medios interactivos no han matado, ni mucho menos, a los medios tradicionales. El consumo de televisión está en su punto más alto. Para satisfacer a los distintos públicos es vital la diversidad de canales. Por eso creo que una línea roja debiera ser que no se cierre ningún canal. Es más, si es necesario puede ser necesario sacrificar algún oropel de La Uno. O dicho en otras palabras, puede ser más imprescindible para el servicio público el deporte minoritario de Teledeporte que la Champions en La Uno. Es más, hay que potenciar estos canales, especialmente Clan, que no puede ser una simple ventana para productos foráneros, sin un solo espacio verdaderamente educativo.

Resulta también vital promover el compromiso y la complicidad del público y para eso no hay mejor herramienta que la participación. Toda los programa tienen que diseñarse pensando en la participación con el apoyo de las redes sociales.

RTVE debe basar su producción en equipos internos que creen marca y sean capaces de producir para todas las plataformas. Como ejemplos de buena práctica pueden citarse Al Filo de lo Imposible, El Tiempo, Los Lunnis o La Aventura del Saber.

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