CC.OO y UGT exigen al gobierno la modificación del proyecto de Ley General Audiovisual.
En esencia, piden que se respete el tradicional concepto de servicio público de radio y televisión; que el gobierno central no abandone a las comunidades autónomas la regulación general de los medios audiovisuales; que no se abra la puerta a la privatización de los canales públicos autonómicos; que se respeten las condiciones originarias de concesiones y autorizaciones y que, en definitiva, se haga una ordenación del sector que permita el mantenimiento de los puestos de trabajo.
La posición de los sindicatos abre un debate general sobre el proyecto, hasta ahora reducido a polémicas puntuales (pornografía en abierto, sí o no) o defensa de intereses empresariales. Lo que advierten CC.OO y UGT es que el sector puede fragmentarse en regulaciones regionales, que den vía libre a la privatización de los canales públicos y pierdan de vista la consideración de los medios audiovisuales como un servicio, en los términos del art. 128 de la Constitución Española.
Confieso que tengo pendiente todavía un análisis del proyecto de ley. Por el momento, como aportación al debate, coloco el texto, publicado hoy 23 de octubre en el Boletín de las Cortes, aquí y en la página documentos (pdf).
